TODOS LOS ACTORES armados dentro del conflicto del país utilizan el abuso sexual como tortura, factor de desplazamiento y muestra de poderío, pero sólo el 5 por ciento de las mujeres víctimas denuncian el delito.
Archivo. La vergüenza y el miedo a una represalia por parte de su agresor, llevan a las mujeres a abstenerse de denunciar los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado, situación que invisibiliza a estas víctimas y esconde al país la realidad de este delito considerado un crimen de lesa humanidad.
Nadie sabrá con exactitud cuántos niños ha engendrado la guerra como consecuencia de las violaciones sexuales que todos los actores armados, legales e ilegales, siguen cometiendo contra las mujeres.
Sólo el 5 por ciento de las víctimas de violación dentro del marco del conflicto armado denuncian el hecho, agresión que es utilizada en el campo de batalla como tortura, como factor de desplazamiento o como muestra de dominio.
Así muchos crean que la violencia del país ha menguado o hasta desaparecido, los cuerpos de muchas mujeres siguen siendo testigos mudos de lo que cualquier hombre con un arma en sus manos parece sentirse con derecho de hacer.
El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008, indica que "los actos de violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado continúan presentando un alto nivel de impunidad".
En el auto 092 de abril de 2008, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigara 183 casos específicos que denunciaban a abusos sexuales cometidos por miembros de grupos armados ilegales e integrantes de la Fuerza Pública.
Al respecto, la Fiscalía entregó un informe respecto al avance de las investigaciones sobre los delitos de este tipo del que fueron víctimas cerca de 500 mujeres y ocurrieron entre 1993 y 2008, en 88 poblaciones de 26 departamentos.
Por su parte, los postulados a la Ley de Justicia y Paz en sus versiones libres han enunciado 27 casos de violaciones y solo hay 12 confesiones de estos hechos que afectaron a más de 17 víctimas. La mayoría ocurrieron en municipios de la costa atlántica. Estas confesiones contrastan con las 228 víctimas que han denunciado ante la Unidad de Justicia y Paz haber sido víctimas de delitos sexuales por miembros de las autodefensas.
Palabras de mujer
"En marzo de este año en una noche de mucha lluvia llegaron a mi finca unos hombres y empezaron a hacer ruido como para ver si salíamos, prendimos el bombillo de afuera para ver quién era, resultó ser un hombre encapuchado y armado. Nos asustamos y él soltó un tiro al aire. Nos quedamos callados y empezó a preguntarnos por gente conocida, haciéndose pasar por miembro de un grupo armado, nos preguntó que cuántos estábamos en la casa, yo estaba con mi esposo y mi hijo de cinco años. Nos pidió que abriéramos la puerta, que nos iba más bien si abríamos a las buenas. Nunca me imaginé que venía expresamente a violarme", narra Amanda Restrepo* quien debió huir del Nordeste antioqueño con su familia, una vez denunció el hecho.
"Abrimos la puerta, encerraron a mi esposo y a mi hijo y a mí me vendaron los ojos y me sacaron fuera de la casa. Él conocía muy bien mi familia, sabía de todos y con eso y un arma en la mano, me amenazó. Quedarme callada es permitir que él lo siga haciendo, por eso hay que hablar y denunciar por más miedo que uno tenga".
Catherine Zapa es la encargada del tema de mujer y guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para Antioquia, Córdoba y el Eje Cafetero. Esta enfermera atiende a las mujeres víctimas de delitos sexuales de estas regiones.
"Mediante un convenio que tenemos con Profamilia les brindamos atención médica y psicológica, sin importar si la víctima ha denunciado o no el hecho", señala Catherine, quien indica que las mujeres entre los 15 y los 49 años son las más vulnerables.
Rocío Pineda, defensora de los derechos de la mujer en diferentes organizaciones, explica que en el abuso sexual alrededor del conflicto armado se presenta un triple silenciamiento, "La presión de la sociedad que discrimina y culpa a la víctima, la amenaza del actor armado victimario y la ley, que no le brinda protección, hace que sea aún más complejo de afrontar", dice.
Rocío además hace hincapié en que esta es una práctica de todos los actores armados y que aún la atención a las víctimas no se correlaciona con la gravedad que para una mujer supone una violación. "En el país los delitos sexuales aún son considerados como delitos de segunda categoría, cuando este flagelo se presenta mucho más de lo que nos imaginamos", concluye.
Y es que el subregistro de las víctimas es la constante en estos delitos. "En el país hay un 95 por ciento de impunidad para las agresiones sexuales, en las que el 90 por ciento de los victimarios son hombres", indica Piedad Morales de la Corporación Vamos Mujer.
Además de la agresión mental, física y emocional irreparable que padecen las víctimas de una violación sexual, muchas de ellas quedan embarazadas de su agresor. "Nos llegan muchas historias de mujeres que hoy crían hijos producto del abuso, y si tenemos en cuenta que aproximadamente el 30 por ciento de las mujeres violadas quedan en embarazo y le sumamos factores culturales, Colombia nunca sabrá cuántos hijos han quedado de esta guerra", señala Rocío Pineda.
Incontables y anónimas son las mujeres víctimas de delitos sexuales que ha dejado el conflicto, silenciadas por miedo a su agresor, a ser cuestionadas y discriminadas. Amanda, a pesar del miedo habló y señaló a su violador, y su decisión la obligó a huir de su tierra.
"La justicia ha sido lenta para resolver mi caso y me da rabia pensar que él sigue con una vida normal, con un arma en la mano que le da poder, mientras que por su culpa yo tuve que desbaratar mi vida y la de mi familia".
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
Contexto
Abuso sexual en masacres
Los delitos sexuales no solo se refieren a violaciones sino que existen otras formas de abuso, que la comunidad internacional ha tipificado en crímenes como son la prostitución forzada, el aborto forzado, la tortura con manoseo del cuerpo y el sometimiento doméstico.
El desplazamiento es una consecuencia de este delito, así lo confirman los datos del Ministerio de Protección Social, que indican que una de cada tres mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales.
Para entender lo presente que están estos delitos en el conflicto armado del país, la Corte Constitucional ha señalado que en por lo menos nueve masacres se conoce que hubo casos de violencia sexual contra las mujeres. Estas son El Salado, en Bolívar; La Hormiga, en Putumayo; Alto Naya, en límites de Cauca y Valle; Ovejas y San Benito Abad, en Sucre; El Tarra y Teorama, en Norte de Santander; y Puerto Caicedo, Putumayo.
Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_guerra_que_se_libra_en_los_cuerpos_de_las_mujeres/la_guerra_que_se_libra_en_los_cuerpos_de_las_mujeres.asp?CodSeccion=9
Archivo. La vergüenza y el miedo a una represalia por parte de su agresor, llevan a las mujeres a abstenerse de denunciar los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado, situación que invisibiliza a estas víctimas y esconde al país la realidad de este delito considerado un crimen de lesa humanidad.Nadie sabrá con exactitud cuántos niños ha engendrado la guerra como consecuencia de las violaciones sexuales que todos los actores armados, legales e ilegales, siguen cometiendo contra las mujeres.
Sólo el 5 por ciento de las víctimas de violación dentro del marco del conflicto armado denuncian el hecho, agresión que es utilizada en el campo de batalla como tortura, como factor de desplazamiento o como muestra de dominio.
Así muchos crean que la violencia del país ha menguado o hasta desaparecido, los cuerpos de muchas mujeres siguen siendo testigos mudos de lo que cualquier hombre con un arma en sus manos parece sentirse con derecho de hacer.
El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008, indica que "los actos de violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado continúan presentando un alto nivel de impunidad".
En el auto 092 de abril de 2008, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigara 183 casos específicos que denunciaban a abusos sexuales cometidos por miembros de grupos armados ilegales e integrantes de la Fuerza Pública.
Al respecto, la Fiscalía entregó un informe respecto al avance de las investigaciones sobre los delitos de este tipo del que fueron víctimas cerca de 500 mujeres y ocurrieron entre 1993 y 2008, en 88 poblaciones de 26 departamentos.
Por su parte, los postulados a la Ley de Justicia y Paz en sus versiones libres han enunciado 27 casos de violaciones y solo hay 12 confesiones de estos hechos que afectaron a más de 17 víctimas. La mayoría ocurrieron en municipios de la costa atlántica. Estas confesiones contrastan con las 228 víctimas que han denunciado ante la Unidad de Justicia y Paz haber sido víctimas de delitos sexuales por miembros de las autodefensas.
Palabras de mujer
"En marzo de este año en una noche de mucha lluvia llegaron a mi finca unos hombres y empezaron a hacer ruido como para ver si salíamos, prendimos el bombillo de afuera para ver quién era, resultó ser un hombre encapuchado y armado. Nos asustamos y él soltó un tiro al aire. Nos quedamos callados y empezó a preguntarnos por gente conocida, haciéndose pasar por miembro de un grupo armado, nos preguntó que cuántos estábamos en la casa, yo estaba con mi esposo y mi hijo de cinco años. Nos pidió que abriéramos la puerta, que nos iba más bien si abríamos a las buenas. Nunca me imaginé que venía expresamente a violarme", narra Amanda Restrepo* quien debió huir del Nordeste antioqueño con su familia, una vez denunció el hecho.
"Abrimos la puerta, encerraron a mi esposo y a mi hijo y a mí me vendaron los ojos y me sacaron fuera de la casa. Él conocía muy bien mi familia, sabía de todos y con eso y un arma en la mano, me amenazó. Quedarme callada es permitir que él lo siga haciendo, por eso hay que hablar y denunciar por más miedo que uno tenga".
Catherine Zapa es la encargada del tema de mujer y guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para Antioquia, Córdoba y el Eje Cafetero. Esta enfermera atiende a las mujeres víctimas de delitos sexuales de estas regiones.
"Mediante un convenio que tenemos con Profamilia les brindamos atención médica y psicológica, sin importar si la víctima ha denunciado o no el hecho", señala Catherine, quien indica que las mujeres entre los 15 y los 49 años son las más vulnerables.
Rocío Pineda, defensora de los derechos de la mujer en diferentes organizaciones, explica que en el abuso sexual alrededor del conflicto armado se presenta un triple silenciamiento, "La presión de la sociedad que discrimina y culpa a la víctima, la amenaza del actor armado victimario y la ley, que no le brinda protección, hace que sea aún más complejo de afrontar", dice.
Rocío además hace hincapié en que esta es una práctica de todos los actores armados y que aún la atención a las víctimas no se correlaciona con la gravedad que para una mujer supone una violación. "En el país los delitos sexuales aún son considerados como delitos de segunda categoría, cuando este flagelo se presenta mucho más de lo que nos imaginamos", concluye.
Y es que el subregistro de las víctimas es la constante en estos delitos. "En el país hay un 95 por ciento de impunidad para las agresiones sexuales, en las que el 90 por ciento de los victimarios son hombres", indica Piedad Morales de la Corporación Vamos Mujer.
Además de la agresión mental, física y emocional irreparable que padecen las víctimas de una violación sexual, muchas de ellas quedan embarazadas de su agresor. "Nos llegan muchas historias de mujeres que hoy crían hijos producto del abuso, y si tenemos en cuenta que aproximadamente el 30 por ciento de las mujeres violadas quedan en embarazo y le sumamos factores culturales, Colombia nunca sabrá cuántos hijos han quedado de esta guerra", señala Rocío Pineda.
Incontables y anónimas son las mujeres víctimas de delitos sexuales que ha dejado el conflicto, silenciadas por miedo a su agresor, a ser cuestionadas y discriminadas. Amanda, a pesar del miedo habló y señaló a su violador, y su decisión la obligó a huir de su tierra.
"La justicia ha sido lenta para resolver mi caso y me da rabia pensar que él sigue con una vida normal, con un arma en la mano que le da poder, mientras que por su culpa yo tuve que desbaratar mi vida y la de mi familia".
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
Contexto
Abuso sexual en masacres
Los delitos sexuales no solo se refieren a violaciones sino que existen otras formas de abuso, que la comunidad internacional ha tipificado en crímenes como son la prostitución forzada, el aborto forzado, la tortura con manoseo del cuerpo y el sometimiento doméstico.
El desplazamiento es una consecuencia de este delito, así lo confirman los datos del Ministerio de Protección Social, que indican que una de cada tres mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales.
Para entender lo presente que están estos delitos en el conflicto armado del país, la Corte Constitucional ha señalado que en por lo menos nueve masacres se conoce que hubo casos de violencia sexual contra las mujeres. Estas son El Salado, en Bolívar; La Hormiga, en Putumayo; Alto Naya, en límites de Cauca y Valle; Ovejas y San Benito Abad, en Sucre; El Tarra y Teorama, en Norte de Santander; y Puerto Caicedo, Putumayo.
Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_guerra_que_se_libra_en_los_cuerpos_de_las_mujeres/la_guerra_que_se_libra_en_los_cuerpos_de_las_mujeres.asp?CodSeccion=9
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