Violencia familiar, cambios necesarios para evitar la impunidad

A pesar de la existencia de diversos tratados internacionales que han señalado a la violencia contra la mujer como una grave vulneración de derechos humanos, a los cuales el Perú se ha sumado, y que han fijado su reducción como objetivo común de la comunidad internacional, la violencia contra la mujer sigue siendo un grave problema social de grandes proporciones y de resultados aún escasos.

En los últimos años, en el país se ha incrementado la conciencia respecto de la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo, un promedio de 40% de mujeres continúa recibiendo maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas e incluso de sus ex parejas. Esta es una de las expresiones más palpables de que seguimos manteniendo y reproduciendo una cultura en la que las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda categoría y, por lo tanto, la violencia es tolerada, generando niveles altísimos de impunidad.

Esta situación se manifiesta no solo cuando una mujer recibe todo tipo de maltrato en sus relaciones de pareja, sino también cuando las instituciones del Estado no cumplen con sus obligaciones de hacer respetar y garantizar sus derechos. Cuando se condiciona el registro de la denuncia al resultado del médico legista, cuando el proceso se hace interminable y la medida de protección se otorga extemporáneamente o es ineficaz, las ciudadanas sienten que sus derechos no son respetados y la acción del Estado puede ser postergada sin considerar que la violencia contra ellas puede derivar en graves daños a su salud física y psíquica e incluso en asesinatos.

Los registros oficiales con los que cuenta el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) dan cuenta de un preocupante 18% y 12% de mujeres que han sido asesinadas después de haber denunciado, por lo menos en una ocasión, un hecho de violencia familiar, sin que las instituciones del Estado hayan sido capaces de evitarlo.

Uno de los obstáculos que se enfrentan son precisamente los criterios con los que comúnmente intervienen operadores y operadoras de justicia (policía, jueces, médicos legistas, etc.) en los casos de violencia familiar, pues muchas veces no brindan una atención adecuada a las víctimas de violencia porque consideran la violencia justificada. Por ello es indispensable la implementación de políticas orientadas a modificar los patrones culturales que toleran la violencia contra las mujeres como un asunto sin importancia.

Existen importantes esfuerzos por mejorar los contenidos normativos de la Ley de Protección frente a la violencia familiar con el propósito de hacer más efectiva su aplicación. Precisamente la creación de la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia –en la que se está discutiendo interesantes propuestas de modificación– constituye una muestra de ello. Sin embargo, las modificaciones en el contenido de la norma no son suficientes. Se requiere cambios de actitudes entre quienes definen y aplican las políticas de prevención atención y sanción de la violencia.

Por ello la Adjuntía para los Derechos de la Mujer ha puesto especial énfasis en supervisar la labor del Estado a través de diversos estudios. En particular el Informe Defensorial N° 110 “Violencia Familiar: Un análisis desde el derecho penal” (2006) en el que se evalúa la eficacia del sistema penal en el procesamiento de casos de violencia familiar, constatándose que existe renuencia por parte de los (y las) jueces para brindar las medidas de protección a las denunciantes de violencia familiar.

Asimismo, a través de nuestras oficinas defensoriales ubicadas en todo el país recibimos las quejas y consultas sobre este y otros casos que afectan los derechos de la mujer y de la población en general.

Tomado de:
http://puma.defensoria.gob.pe/blog/?p=1466