viernes, 14 de noviembre de 2008

¿Coca o muerte! 44 años de conflictos en el Alto Huallaga

Militar USA en Uchiza - Alto Huallaga. Foto La República.

La lucha por la defensa de la coca se inicia en 1964 a consecuencia de la dación del DS 254-64 que prohibía nuevas áreas de cultivos. Han transcurrido 44 años y la coca de 2 mil 600 hectáreas en dos cuencas cocaleras avanzó hasta 200 mil has en 1995. Para el 2008 se estima en 70 mil en 16 cuencas cocaleras ubicadas en 15 de los 24 departamentos del Perú. Las cifras oficiales desfasadas indican que son 50 mil hectáreas.

La hoja de coca que en su estado natural es inofensiva y ayuda al campesino en la dura jornada diaria por la sobrevivencia debido a sus cualidades energéticas y medicinales, se convierte en un elemento perturbador para la sociedad y letal para la vida humana cuando se la mezcla con insumos químicos para extraer la cocaína, uno de los 14 elementos que contiene.

Satanizada hasta la saciedad a partir de la decisión cuestionada de las Naciones Unidas de declararla ilegal y colocarla dentro de una lista de drogas alucinógenas junto a la marihuana, la amapola y otras decenas de drogas; se resiste a desaparecer y parece emplazar a sus destructores a dejar de mirarse el ombligo.

Es cierto que el incremento de las plantaciones de coca desde la década del 60, se ha dado a la par del incremento de las bandas de narcotraficantes en las cuencas cocaleras, siendo la primera en adquirir notoriedad la zona del Alto Huallaga, donde en 1989 la época del ocaso del primer gobierno aprista con Alan García como asiduo visitante de Uchiza y Tocache, que alcanzó la cifra espectacular de 60 mil hectáreas y llegó al tope en 1995 con cerca de 80 mil.

Ya desde 1962 se registra un excedente en la producción de coca, con el consiguiente destino de un creciente porcentaje a la elaboración de la pasta básica de cocaína, luego se avanzaría al clorhidrato de cocaína. El consumo legal mediante la masticación ha disminuido con el paso de los años, lo que llevó a realizar un empadronamiento de los cultivos de coca en 1978 que complementó las cifras obtenidas en el censo agropecuario nacional de 1972.

Dos paros de 24 y 48 horas y una huelga de 11 días realizados por 10 mil cocaleros de Huanuco, San Martín y Ucayali, en 1979, 1980 y 1982 fueron considerados como jornadas históricas hasta hoy no superadas, con el Ing. Tito Jaime Fernández a la cabeza, asesinado por desconocidos en 1984. En estas jornadas tuvieron participación directa en la evaluación, organización, movilización y negociación con autoridades del gobierno central varios dirigentes y autoridades y pese a que no hubo desborde de violencia fueron denunciados por el Ministerio Público por el supuesto delito contra la seguridad pública en la modalidad de bloqueo de carreteras, proceso judicial que culminó en 1988 con sentencia absolutoria.

Concursos, exposiciones y campañas de salud o educación como parte del ‘desarrollo’. Foto Prensa Verde.

La erradicación de los cultivos se inicia en 1979 por un grupo especial de la policía, la Marina de Guerra y la DEA norteamericana con el operativo Ver Mar I, para desde 1981 ser continuada por el Proyecto Especial Corah. Desde entonces las negociaciones entre dirigencias cocaleras y autoridades de gobierno fueron una constante, la elaboración de planes de desarrollo y su presentación a la oficialidad se hicieron costumbre pero fueron a parar a saco roto, obran en nuestro poder varios de estos documentos, que desmienten a improvisados que marketean planes que solucionarán el conflicto coca-droga, pobreza y extrema pobreza o violencia-exclusión.

Se ha exagerado con relación al trabajo de unos técnicos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que después de 8 meses –según aseguran- culminaron un ‘plan’ con estimados de 197 millones de dólares de presupuesto, pero dos meses después este mismo ‘plan’ sin sufrir importantes modificaciones se eleva a la friolera exorbitante de mil 100 millones de dólares, ¿Cómo lo hicieron? Mismo Mandrake, y luego insisten con la intervención del presidente regional y alcaldes que este documento, que conocen muy pocos, es la panacea destinada a solucionar definitivamente el problema cocalero.

Rómulo Pizarro de Devida y funcionario USA con campesinos de Uchiza, incentivando las visitas turísticas en las cuencas cocaleras. Foto Prensa Verde.

Con argumentos deficientes consiguieron confundir a algunos dirigentes, productores y comunicadores para que repitan a unísono que ese ‘plan’ es la ‘varita mágica’ y encima marcan distancia con el programa de desarrollo alternativo PDA, porque ni Devida ni Usaid participaron en su elaboración y quienes deberán ejecutarlo son los gobiernos nacional, regional y local, que a su vez sostienen no tener presupuestos para tal fin y menos que sumen 110 millones de dólares anuales. Ante esta realidad intentan camuflarlo con obras ya financiadas y en proceso desde el año 2006, como es el caso de las carreteras Fernando Belaunde y Federico Basadre financiadas por el BID durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entre tantas falsedades, ciertos elementos no dudan en sumar otras para sacar ventaja y crear la confusión. A río revuelto ganancia para los vendedores de sebo de culebra.

En 1999, Contradrogas instauró dos novedosos procedimientos a punta de medidas de fuerza de los cocaleros: Los planes de inversión participativos y las mesas de negociación, donde se involucraron dirigentes y productores de coca, junto a autoridades comunales, autoridades ediles y funcionarios de gobierno. Entonces no existía la división inútil de hoy, la mayoría apuntaban a favor del campesino y no como sucede hoy que primero esta la decisión del grupo sea de dirigentes o funcionarios y luego la posición del agricultor.

Es lugar común observar discrepancias y peleas de porte infantil, en una clara demostración de gran ignorancia sobre la prolongada confrontación. Dicen tener la razón y buscan imponerse al otro de cualquier forma. El todo vale, adquiere especial significado en la permanente contienda.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo con la intervención de sus ministros del Interior, Agricultura y Devida se produce la división que puede resultar funesta para el movimiento cocalero y sus intereses. Como corolario de una gran marcha de miles de cocaleros a la ciudad de Lima y luego de ser apaleados por la policía por órdenes del ministro del Interior y sus valientes funcionarios, se promulga el DS 044-2003-PCM, sobre erradicación concertada o voluntaria, lo que significó el Waterloo de las dirigentes Elsa Malpartida y Nancy Obregón reconocidas entonces como ‘líderes natos’ de los cocaleros, que les permitió ser elegidas como Parlamentaria Andina y Congresista del parlamento nacional, desde donde a decir de sus detractores no hacen nada por los ‘pobres y sufridos’ cocaleros.

Se las acusó y calificó exageradamente como ‘traidoras’ por haber firmado el decreto supremo de marras, a sabiendas que no tenían facultades para hacerlo. La situación de las mencionadas dirigentes se complicó por la participación subalterna del entonces congresista Michel Martínez al actuar este como portapliegos de Devida con el fin de volantear fotocopias de recibos y denunciarlas por supuesta doble moral, es decir, cuestionar a Devida y recibir viáticos de esta institución para asistir a reuniones de capacitación o de carácter técnico por haber sido integrantes de la mesa de negociación.

A consecuencia del escándalo la mesa de diálogo se rompió y decenas de acuerdos a favor de los cocaleros quedaron en nada. Como tampoco se cumplió varios considerandos del DS 044 complementarios a la erradicación concertada, porque simplemente no le dio la gana al gobierno el cumplirlos. Al contrario la campaña de demolición contra dirigentes y ex dirigentes ha continuado con mayor virulencia y obedecería al cumplimiento de un libreto como parte de la estrategia antidrogas que contempla la destrucción hasta su eliminación del cultivo ilegal de hoja de coca. En el Alto Huallaga y el 80% de cuencas cocaleras es tonto hablar de coca legal o ilegal, porque cerca del 90% no cuentan con autorización de Enaco. Por tanto, quienes dicen estar a favor de la erradicación de la coca ilegal y a la vez dicen defender al campesino productor o no saben lo que dicen o simplemente mienten en forma desembozada.

Campesina cocalera en medio de la pobreza. Mal con la coca, peor sin ella. Foto Prensa Verde.

De este laberinto se aprovecharon algunos dirigentes en contubernio con funcionarios toledistas o apristas y comunicadores subvencionados para consolidar la división de la organización cocalera y crear un cisma permanente que hoy se agudiza. Por un lado están quienes no creen en la erradicación concertada, menos empadronamientos o censos y en esto coinciden con ‘analistas’ y ‘expertos’ improvisados que hacen sus pininos desde el 2003, a quienes no les conviene conocer la real problemática cocalera porque prosperan con el oscurantismo y la ilegalidad.

Estos mismos lanzaron el grito al cielo y calificaron de sacrilegio al acta de Tocache sin querer entender su importancia y se revuelcan o entran en crisis con el hígado en cada anuncio de paro o huelga cocalera. Utilizan a bisoños “analistas” expertos en operaciones matemáticas elementales para descubrir y propagandizar supuestos grandes perjuicios en una clara demostración de su odio visceral hacia los cocaleros antes que contra los narcotraficantes y bandas del crimen organizado.

Es verdad que con una huelga que incluye bloqueo de carreteras –sino no sirven de nada- se producen pérdidas económicas, pero también es verdad aunque resulte inaceptable que más pierden las financieras, los comerciantes, los transportistas y todos aquellos que viven de los servicios cuando se erradican los cocales sin anteponer economías alternas para evitar la pobreza y la consiguiente recesión económica como viene sucediendo en los últimos meses en las provincias de Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad.

La mayor parte de los recursos económicos que se movilizan en las cuencas cocaleras provienen de la coca y el narcotráfico y no del cacao, la palma, el café, la papa o de asignaciones presupuestales del gobierno como falsa e interesadamente sostienen ex trabajadores de instituciones y organismos gubernamentales con objetivos represores al campesino cocalero. Estos buenos para nada, que se la llevan o llevaron fácil por su inutilidad para cumplir con sus metas de generar desarrollo y garantizar la paz, deben abstenerse de emitir calificativos descalificadores hacia los campesinos, por un mínimo de decoro y vergüenza.

Desde el 2001 fueron apareciendo un número creciente de Ongés de distinto pelaje, redes de periodistas con supuestos objetivos altruistas y pro desarrollistas o por la conservación del medio ambiente, productoras de novelas y spots publicitarios de pobre nivel. Pero su verdadera orientación tal como sostiene un sector mayoritario de la población era el ataque al cocalero y a sus dirigentes para crear conciencia favorable en la población y así facilitar la eliminación de los cultivos de coca.

El financiamiento de estas ongés, redes y grupos así como las campañas anticoca por varios millones de dólares provino y proviene de los EEUU principal mentor de la estrategia antidrogas donde el gobierno peruano a través de Devida es un convidado de piedra. Sin políticas de Estado ni iniciativas de ningún tipo. Este y otros gobiernos han sido buenos y fieles cumplidores de compromisos internacionales que priorizan el ‘garrote y la zanahoria’ en perjuicio del eslabón más débil de la cadena multinacional y multimillonaria del tráfico ilícito de estupefacientes.

El debate y la discusión en torno al complicado tema coca-narcotráfico-desarrollo descendió al nivel de pobreza de ideas y conocimientos, se prioriza la situación personal y los intereses de grupos. Los contrapuestos afirman que son los auténticos, los verdaderos representantes, los que tienen moral y no son desleales o traidores. Que no son oportunistas. Que no son políticos. Que no quieren ser congresistas o alcaldes. Que tienen planes salvadores y los otros no tienen nada. Que son apristas. Que son o no son narcoterroristas. Que realizan medidas de fuerza mientras los otros se oponen, observan o ruegan para que fracasen; es decir, pura superficialidad, auto engaños y falsas poses.

Los ‘halcones’ del ‘Tio Sam’ siembran cizaña, ahondan la división y pugnan por que la sangre llegue al río y así justificar mayor represión en contra del campesinado, es más, con gran descaro azuzan a la policía y los militares para reprimir cualquier movilización que afecte al comercio, al turismo o sus bolsillos. La actividad de ‘cuentistas’ es la que mejor réditos proporciona en la actualidad, porque los bufones del pan y circo son cotizados en billete verde, verde como la hoja de coca y verde como la esperanza de una vida digna para los agricultores en general. El pan y circo de los concursitos, premios o estímulos contados con los dedos de la mano –del lobo un pelo-, propaganda rastrera contra la coca y las familias cocaleras. Campañas sociales que deberían estar en manos de los ministerios de agricultura, salud y educación por ser parte de sus obligaciones y razón de ser, son apropiadas por otras oficinas solo para justificar su existencia.

Así estamos y así seguiremos por varias décadas. Quienes tienen sus negocios sustentados directa o indirectamente en la coca y el narcotráfico pueden dormir tranquilos porque tiene pan para rato, ahora que los precios del cacao, la palma y el café que permitían subsistir a duras penas al productor se caen a niveles de miseria por efectos de la crisis financiera global originada por los Estados Unidos. Sino pregúntenle a las financieras, hoteles y comercios que abrieron sus oficinas y centros en los últimos 4 años en Tingo María, Aucayacu, Tocache, Aguaytia, Juanjui, Pucallpa, Huánuco; entre otros lugares con buen movimiento económico. Ellos no invirtieron por filántropos sino para ganar dinero o lavar dinero.

Ante el anuncio de una nueva huelga indefinida en rechazo a la erradicación de los cocales en Aucayacu y a las mecidas del gobierno nacional, los intelectos ¿optaran por mayor responsabilidad para no seguir haciendo el ridículo? Ojalá que todos actuemos con sensatez, aunque lo vemos muy difícil.

Algunos se preguntan si los paros o huelgas cocaleras sirvieron o sirven para algo, otros que se creen más avispados dicen que no han servido para nada, ‘no se logró nada’ sostienen con aires de inquisidor. La respuesta es que, si han servido a los intereses de los cocaleros y a las economías de los comerciantes, porque lograron defender e incrementar los cultivos en cuatro décadas, invertir en construcciones, implementar otros cultivos e inyectar dinero a la economía local, regional y nacional. Cuando uno visita una parcela de cacao, café u otros cultivos se encuentra casi siempre con un área pequeña de coca que tiene la función de caja chica para el agricultor, ante la falta de capitales y un cúmulo de necesidades. Entonces no seamos mezquinos, seamos auténticos y dejemos de actuar por encargo.

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