Conflicto armado en Colombia: Las victimas civiles

Como consecuencia del informe contundente de Amnistía Internacional y de una comisión interna evaluadora de los resultados de la lucha interna, fue puesto al descubierto el horror generado contra la población civil por las fuerzas que combaten el narcoterrorismo. El presidente Álvaro Uribe a destituyo a 27 oficiales y suboficiales del ejército colombiano. El fiscal Mario Iguaran sindicó al sistema de recompensas por denunciar a criminales como propulsor de crímenes y delitos por varios miles, verdaderos genocidios que permanecen en la impunidad. Queda en evidencia que la imagen de respeto a los derechos humanos en Colombia es distorsionada. Foto Internet.

“El 28 de diciembre de 2007, varios soldados detuvieron a Parmenio Manuel Hernández Anaya. Según los informes, tropas adscritas al Batallón Calibío de la XIV Brigada registraron su vivienda en la vereda1 La Poza, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, y lo amenazaron con matarlo a él y a su familia. Al cabo de unas horas, los soldados dejaron marchar a su esposa y a sus hijos y se llevaron a Parmenio Hernández a un lugar desconocido. El 3 de enero de 2008, su cadáver apareció en la morgue de Barrancabermeja, departamento de Santander, vestido con prendas militares. Tenía un disparo en la espalda. El ejército afirmó que se trataba de un guerrillero muerto en combate.

“La joven de 16 años Ingrid Yahaira Sinisterra fue secuestrada por paramilitares y murió a manos de éstos el 24 de agosto de 2007 en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Sus familiares acudieron a reclamar a los paramilitares que les entregaran el cuerpo. Éstos les dijeron que la habían matado como advertencia para que nadie tuviera relaciones con guerrilleros. Les dijeron que habían atado el cadáver a un poste de la energía y que debían acudir al día siguiente a recuperar el cuerpo. Cuando la familia volvió a la mañana siguiente, les dijeron que al cadáver de Ingrid le habían abierto el vientre, le habían sacado los órganos y lo habían arrojado al mar. Ese mismo día la familia logró rescatar del mar el cuerpo, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, y el 27 de agosto le dieron sepultura.

“El 27 de junio de 2008, tres niños indígenas de la reserva indígena de Las Planadas Telembi, perteneciente al municipio de Samaniego, departamento de Nariño, caminaban por la ribera del río Telembi cuando cayeron en un campo de minas instalado por un grupo guerrillero. Dumar Alexander Paí Nastacuas, de 15 años, Leibar Paí Nastacuas, de 12, y José Edilmer Paí Nastacuas, de 8, murieron al instante. Los grupos guerrilleros continúan utilizando minas terrestres antipersonal, muchas de cuyas víctimas son civiles. Según los informes, Colombia es el país del mundo con más víctimas mortales por las minas terrestres antipersonal”.

Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ante la dolorosa situación de sancionara miembros de su ejército que le tributara éxitos contundentes contra la guerrilla de las Farc. Foto Presidencia de Colombia.

El conflicto interno armado que tiene lugar en Colombia enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los grupos paramilitares contra los grupos guerrilleros desde hace más de 40 años. Este conflicto se ha caracterizado por niveles extraordinarios de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, y ha afectado principalmente a la población civil.

Decenas de miles de civiles han perdido la vida en el conflicto. Miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad o de los paramilitares, o han sido secuestradas por grupos guerrilleros. La toma de rehenes, sobre todo por parte de los grupos guerrilleros, y la tortura a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las fuerzas de la guerrilla, son algunas de las tácticas para sembrar el terror utilizadas en un conflicto que también se ha caracterizado por la utilización de niños y niñas soldados y la violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas. Tales abusos han dado como resultado una de las mayores crisis de personas desplazadas que se conocen en el mundo; se cree que entre tres y cuatro millones de colombianos han huido de sus casas para escapar de la violencia. Estos crímenes son una muestra del desprecio que todas las partes implicadas en el conflicto exhiben por el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos.

No hay consenso sobre las causas que subyacen al conflicto armado. De hecho, esta falta de acuerdo se hace extensiva a la cuestión de si en Colombia tiene lugar un conflicto armado o más bien una «guerra contra el terror». La respuesta del gobierno colombiano a la crisis que afecta a una proporción tan elevada de su ciudadanía sigue siendo contradictoria. Gobiernos sucesivos han adoptado programas integrales de formación en materia de derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos dirigidos a las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha negado que exista un conflicto armado en el país y, al hacerlo, ha socavado algunas de las protecciones que el derecho internacional puede y debe facilitar.

Es indudable que los programas oficiales de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas han conseguido salvar vidas. Sin embargo, las acusaciones reiteradas y los ataques verbales procedentes de los más altos funcionarios del Estado y autoridades del gobierno, así como de altos miembros de la jerarquía militar, han socavado la labor de las personas que defienden los derechos humanos y de los activistas sociales y han incrementado el riesgo de ataques contra estas personas.

El gobierno afirma que en Colombia están teniendo lugar un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de decenas de miles de combatientes paramilitares, y una justicia efectiva para las víctimas de abusos contra los derechos humanos. Sin duda es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos. Otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados. Además, la reciente escalada de la violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos y sindicalistas es motivo de grave preocupación. También hay indicios que muestran claramente que los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario.

El conflicto colombiano es, en definitiva, la trágica y vívida historia de innumerables personas que han sido víctimas de abusos sistemáticos que destruyeron sus vidas y sus comunidades y cuyos responsables nunca recibieron castigo. Ninguna parte del país ha escapado a las consecuencias del conflicto, aunque en las áreas rurales más remotas, ricas en recursos naturales, el grado de destrucción es quizás el más elevado y el peor documentado. Es una historia que no se refleja en las estadísticas, de crímenes horrendos que rara vez se denuncian y de tragedias que se silencian.

El núcleo de este trabajo lo forman historias de comunidades indígenas diezmadas por el conflicto, de familias de afrodescendientes expulsadas de sus hogares, de mujeres violadas y de niños y niñas destrozados por minas terrestres, así como testimonios de la voluntad y capacidad de resistencia de comunidades que han adoptado una postura activa para defender su derecho a no ser involucradas en el conflicto. (Basado en informe 2008 de Amnistía Internacional y publicaciones de Colombia).