LAS DENUNCIAS POR presuntas violaciones a los d.h. que salpicaron a la II y la VII División del Ejército derivaron en la suspensión de ayudas de E.U. a esas unidades. Pero todo indica que no recibían recursos de Plan Colombia.
El comando de la VII División, con sede en Medellín, es una de las tres unidades a las cuales no se le destinarían recursos de E.U. La medida se toma por denuncias contra la Brigada XIV.
El anuncio del embajador de Estados Unidos, William Brownfield, sobre la suspensión de la ayuda de ese país a tres unidades militares colombianas involucradas en denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, era de esperarse.
Y es que uno de los requisitos para la ayuda militar del Plan Colombia es que las unidades que reciben recursos y entrenamiento deben garantizar el respeto a los derechos humanos.
A esto se suma el informe de la GAO de E.U. (Oficina de Responsabilidad de Gobierno, algo así como la Contraloría General de la Nación, en Colombia), el cual señala que el Plan Colombia, si bien ha ayudado a mejorar la seguridad, no ha dado los resultados esperados en la lucha antidrogas, que es la parte que más le interesa a Estados Unidos.
El estudio de 108 páginas fue realizado por petición del vicepresidente electo, Joseph Biden y aunque se entregó el 6 de octubre, solo se divulgó el 4 de noviembre.
Pese a la decisión, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, cree que en la medida en que se demuestren los avances para garantizar la protección de los derechos humanos por parte de esas unidades, se levantarán los vetos.
El primer paso será el fortalecimiento de las inspecciones militares para que "las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y no solamente se puedan castigar a los responsables, sino que los procedimientos se corrijan".
El impacto no es tan grande
Desde Cartagena, el embajador Brownfield indicó que la decisión de suspender la ayuda a las tres unidades militares se tomó hace dos días, pero reconoció que estaba mal informado cuando le dijo a Santos que no había restricciones a unidades militares en el país.
El diplomático no quiso dar los nombres de las unidades para no satanizarlas, pero según el documento del Departamento de Estado divulgado por CNN se trataría de los comandos de la II y la VII División y una unidad de desminado.
Esta decisión implica que no se asignarían recursos a estas unidades ni sus miembros podrían recibir entrenamiento o capacitación por parte de los Estados Unidos. Estos recursos se destinarán a otras unidades.
Voceros del Ejército explicaron que la medida no afecta a las divisiones en su totalidad, es decir, que no toca a las brigadas y batallones.
Si la medida afectara a las divisiones en su totalidad, se presentaría una situación complicada en Arauca, que está en la jurisdicción de la II División. Allí las empresas petroleras (algunas de ellas de los Estados Unidos) tienen convenios de protección con el Ejército.
No es permanente
Brownfield también aclaró que no se trata de una medida de carácter permanente y que nada tiene que ver con la certificación en materia de derechos humanos que es exigida por el Congreso para aprobar el desembolso de recursos del Plan Colombia.
Recordó que por cinco años se impuso una sanción similar a una base de la Fuerza Aérea y que cuando se "hicieron los correctivos" se restableció el apoyo.
Esta unidad militar fue la base de Palanquero (en Puerto Salgar, Cundinamarca), de la cual partieron el 13 de diciembre de 1998 los helicópteros que acudieron a apoyar a las tropas del Ejército que enfrentaban a las Farc en Santo Domingo, Arauca.
Las aeronaves bombardearon la zona, lo que causó la muerte de 18 personas. De ahí se derivó una demanda en contra del Estado.
En 2007 cuando fueron condenados los pilotos, se restableció la ayuda. Los uniformados alegaron en su defensa que acudieron con las coordenadas dadas por contratistas de E.U.
Antioquia bilingüe
3 Army units lose U.S. aid
The U.S. Ambassador to Colombia, William Brownfield, announced the United States Government will suspend the military aid outlined in Plan Colombia to three units of the National Army allegedly involved in human rights violation cases. Brownfield indicated that the measure has already been applied on other occasions, one having to do with the Palanquero base over the death of 18 civilians in Arauca.
Contexto
1. El 29 de octubre el presidente Álvaro Uribe ordenó el retiro de 27 militares por su presunta acción u omisión en violaciones a los d.h.
2. Los retiros afectaron a la II División del Ejército (Brigada 30 y la Brigada Móvil 15) por la desaparición y muerte de 23 jóvenes en Soacha.
3. En Antioquia los retiros tocaron a la VII División y la Brigada 14, con sede en Puerto Berrío, por una presunta ejecución extrajudicial.
4. Jaime Sierra, defensor del Tesoro Público de Cali, denunció ayer siete casos de aparentes falsos positivos. Las víctimas eran hombres.
Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tres_comandos_se_quedan_sin_plata_de_eu/tres_comandos_se_quedan_sin_plata_de_eu.asp?CodSeccion=9
El comando de la VII División, con sede en Medellín, es una de las tres unidades a las cuales no se le destinarían recursos de E.U. La medida se toma por denuncias contra la Brigada XIV.
El anuncio del embajador de Estados Unidos, William Brownfield, sobre la suspensión de la ayuda de ese país a tres unidades militares colombianas involucradas en denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, era de esperarse.
Y es que uno de los requisitos para la ayuda militar del Plan Colombia es que las unidades que reciben recursos y entrenamiento deben garantizar el respeto a los derechos humanos.
A esto se suma el informe de la GAO de E.U. (Oficina de Responsabilidad de Gobierno, algo así como la Contraloría General de la Nación, en Colombia), el cual señala que el Plan Colombia, si bien ha ayudado a mejorar la seguridad, no ha dado los resultados esperados en la lucha antidrogas, que es la parte que más le interesa a Estados Unidos.
El estudio de 108 páginas fue realizado por petición del vicepresidente electo, Joseph Biden y aunque se entregó el 6 de octubre, solo se divulgó el 4 de noviembre.
Pese a la decisión, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, cree que en la medida en que se demuestren los avances para garantizar la protección de los derechos humanos por parte de esas unidades, se levantarán los vetos.
El primer paso será el fortalecimiento de las inspecciones militares para que "las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y no solamente se puedan castigar a los responsables, sino que los procedimientos se corrijan".
El impacto no es tan grande
Desde Cartagena, el embajador Brownfield indicó que la decisión de suspender la ayuda a las tres unidades militares se tomó hace dos días, pero reconoció que estaba mal informado cuando le dijo a Santos que no había restricciones a unidades militares en el país.
El diplomático no quiso dar los nombres de las unidades para no satanizarlas, pero según el documento del Departamento de Estado divulgado por CNN se trataría de los comandos de la II y la VII División y una unidad de desminado.
Esta decisión implica que no se asignarían recursos a estas unidades ni sus miembros podrían recibir entrenamiento o capacitación por parte de los Estados Unidos. Estos recursos se destinarán a otras unidades.
Voceros del Ejército explicaron que la medida no afecta a las divisiones en su totalidad, es decir, que no toca a las brigadas y batallones.
Si la medida afectara a las divisiones en su totalidad, se presentaría una situación complicada en Arauca, que está en la jurisdicción de la II División. Allí las empresas petroleras (algunas de ellas de los Estados Unidos) tienen convenios de protección con el Ejército.
No es permanente
Brownfield también aclaró que no se trata de una medida de carácter permanente y que nada tiene que ver con la certificación en materia de derechos humanos que es exigida por el Congreso para aprobar el desembolso de recursos del Plan Colombia.
Recordó que por cinco años se impuso una sanción similar a una base de la Fuerza Aérea y que cuando se "hicieron los correctivos" se restableció el apoyo.
Esta unidad militar fue la base de Palanquero (en Puerto Salgar, Cundinamarca), de la cual partieron el 13 de diciembre de 1998 los helicópteros que acudieron a apoyar a las tropas del Ejército que enfrentaban a las Farc en Santo Domingo, Arauca.
Las aeronaves bombardearon la zona, lo que causó la muerte de 18 personas. De ahí se derivó una demanda en contra del Estado.
En 2007 cuando fueron condenados los pilotos, se restableció la ayuda. Los uniformados alegaron en su defensa que acudieron con las coordenadas dadas por contratistas de E.U.
Antioquia bilingüe
3 Army units lose U.S. aid
The U.S. Ambassador to Colombia, William Brownfield, announced the United States Government will suspend the military aid outlined in Plan Colombia to three units of the National Army allegedly involved in human rights violation cases. Brownfield indicated that the measure has already been applied on other occasions, one having to do with the Palanquero base over the death of 18 civilians in Arauca.
Contexto
1. El 29 de octubre el presidente Álvaro Uribe ordenó el retiro de 27 militares por su presunta acción u omisión en violaciones a los d.h.
2. Los retiros afectaron a la II División del Ejército (Brigada 30 y la Brigada Móvil 15) por la desaparición y muerte de 23 jóvenes en Soacha.
3. En Antioquia los retiros tocaron a la VII División y la Brigada 14, con sede en Puerto Berrío, por una presunta ejecución extrajudicial.
4. Jaime Sierra, defensor del Tesoro Público de Cali, denunció ayer siete casos de aparentes falsos positivos. Las víctimas eran hombres.
Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tres_comandos_se_quedan_sin_plata_de_eu/tres_comandos_se_quedan_sin_plata_de_eu.asp?CodSeccion=9
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