sábado, 20 de febrero de 2010

Acusaciones de paramilitar contra Ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales crean revuelo

POR GONZALO GUILLEN/EL NUEVO HERALD
BOGOTA/
GGUILLEN@ELNUEVOHERALD.COM

El jefe paramilitar y narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, confesó este martes a la Fiscalía General haber presuntamente ayudado a miembros del Ejército a cometer 180 ejecuciones extrajudiciales de personas indefensas.

Además aseguró que su organización armada le dio alrededor de $700,000 al ex comandante del Ejército y hoy embajador de Colombia en República Dominicana, general Mario Montoya Uribe.

Rendón Herrera fue interrogado el martes bajo la gravedad del juramento por la fiscal Elba Beatriz Silva, a quien entregó una lista de las 180 personas a las que miembros del Ejército habrían asesinado con su ayuda entre el 2002 y el 2005.

El narcotraficante colombiano Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", es custodiado por miembros de la policía hoy, 15 de abril de 2009, en Bogotá (Colombia).

La declaración de Rendón se une a otros testimonios que han cuestionado gravemente la conducta de Montoya, cuya imagen le dio la vuelta al mundo por su participación en la operación que culminó con liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Bentancourt y tres contratistas norteamericanos en julio del 2008.

La semana pasada, en declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia, Montoya también fue señalado por el paramilitar Libardo Duarte, alias Ban-Ban, de haberlo protegido y guiado durante una serie de homicidios que cometió en zonas de miseria en Medellín por petición, supuestamente, del alto oficial.

Diez oficiales subalternos de Montoya lo acusaron judicialmente el pasado 5 de febrero de haber enviado guías paramilitares para cometer una masacre de 10 personas, incluidos cuatro niños, en el municipio de San José de Apartadó, que tuvo lugar el 21 de febrero del 2005.

El martes, Montoya rechazó desde República Dominicana las alegaciones.

"Repudio rotundamente esas acusaciones malintencionadas'', afirmó a El Nuevo Herald.

Rendón aseguró que el dinero entregado a Montoya --$500,000 en efectivo y un apartamento en Bogotá de $200,000-- tenía como fin conseguir el respaldo del Ejército Nacional para combatir a sus rivales, también paramilitares y narcotraficantes, conocidos como Los Buitrago.

El ex jefe paramilitar permanece preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, al norte de Bogotá, y está inscrito en el programa especial de Justicia y Paz que le permite evitar una condena superior a ocho años siempre que confiese todos sus crímenes.

Rendón aseguró que su organización, conocida como Bloque Centauros, pagó sobornos a otros militares y policías entre los que mencionó, además de Montoya, al coronel Héctor Alejandro Cabulla de León, y a Halcón, un piloto de la Fuerza Aérea Colombiana que, supuestamente, recibía una paga mensual de $4,000.

Sostuvo igualmente que su organización criminal cada mes distribuía $120,000 en pagos a comandantes de las estaciones de la Policía Nacional en los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico, Mesetas, Lejanías, Granada, Castillo, Vistahermosa y San Juan de Arama, en el departamento de Meta, oriente de Colombia.

Mencionó también a un capitán de la Policía Nacional "de apellido Chala''. Este, según afirmó, recibió unos $200,000 a cambio de proteger al Bloque Centauros durante la guerra contra Los Buitrago.

En su declaración, Rendón sostuvo que para derrotar a sus enemigos tuvo el apoyo de un avión de la Fuerza Aérea que supuestamente proveía el coronel Cabulla, a quien describió como "mi empleado''.

Ese avión, aseguró, bombardeaba a las tropas de Los Buitrago cuando combatían contra las suyas.

Aseguró que las 180 personas asesinadas por miembros del Ejército con su ayuda fueron presentadas a la opinión pública por Cabulla como rebeldes caídos en combate.

La Fiscalía General dijo a El Nuevo Herald que durante los últimos nueve años miembros de las fuerzas militares han sido señalados de haber asesinado en ejecuciones extrajudiciales por lo menos a 2,221 civiles, incluidos 116 niños y 117 mujeres, cuyos cuerpos fueron presentados como bajas logradas en combates que no tuvieron lugar.

En esas muertes, de acuerdo con la Fiscalía, están involucrados 823 oficiales y soldados, en su mayor parte del Ejército Nacional; 508 de ellos están presos.

Por su parte, un alto funcionario de la Fiscalía General aseguró el martes que hasta ahora los grupos paramilitares desmovilizados han confesado la comisión de 30,470 homicidios y calculó que esa cifra podría elevarse a 120,000.

"Yo creo que estamos llegando al primer cuarto'' o la confesión de los primeros 30,000 muertos, de su cálculo de al menos 120,000 homicidios cometidos por esas bandas desde 1994 y hasta el inicio de la desmovilización de tales grupos en el 2003, explicó en diálogo telefónico con la Associated Press Luis González León.

González León es jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, la dependencia de la Fiscalía que conoce todas las confesiones de los paramilitares desmovilizados. La cifra de 30,470 homicidios confesados supera en unos 4,000 muertos a los homicidios confesados por desmovilizados ante la Unidad de Justicia y Paz hasta septiembre pasado, según González.

Su cálculo de 120,000 víctimas se basa en la cifra de paramilitares desmovilizados --1,900-- que hasta ahora han confesado crímenes. Explicó que como faltan por confesar unos 2m600 desmovilizados, por una simple regla de tres se podrían llegar a los 45,000 homicidios, pero como ya ha habido casos en que un solo desmovilizado asume su responsabilidad por más de un millar de víctimas, entonces, los homicidios podrían cuadriplicarse para períodos más amplios y no sólo a inicios de los 90.

Ya el mismo González, además de activistas de derechos humanos y parientes de víctimas han ubicado la cifra de muertos y desaparecidos a manos de los paramilitares en varios miles, pero desde inicios de la década de los 80.

El funcionario añadió en la jornada que el más reciente informe de sus fiscales, el 15 de enero, aparte de los 30,470 homicidios, también da cuenta de 1,085 masacres confesadas, 2,520 casos de desapariciones forzadas y 1,033 secuestros.

Según González, de ese total de 30,470 homicidios están los confesados por los 14 ex jefes paramilitares que, bajo cargos de narcotráfico, fueron extraditados a Estados Unidos en mayo del 2008. "Aunque la verdad son muy pocos'', precisó.

De los 30,470 homicidios, amplió González, la mayoría de los cadáveres fueron enterrados y no forman parte de listados diferentes de víctimas de desaparición.

Debido a esas confesiones, hasta el 10 de enero pasado, la Fiscalía había encontrado 2,388 fosas con un total de 2,901 cadáveres y apenas 750 de ellos entregados a sus parientes con identificación plena, por lo complejo del proceso tanto de exhumación e identificación.

Tomado de:
http://www.elnuevoherald.com/370/v-fullstory/story/655278.html

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