El asesinato de periodistas se incrementa en varios países, mientras la censura es la tentación totalitaria. Foto Internet.Treinta periodistas fueron asesinados en América Latina y el Caribe durante el 2009. México con 13 víctimas se convierte en el país más riesgoso para el ejercicio periodístico en la región. A la lista se suma Colombia, con seis asesinados, Guatemala con cuatro, Honduras y Brasil con dos, El Salvador, Venezuela y Paraguay con uno.
En Latinoamérica, en los últimos doce meses, se registraron retrocesos en materia de libertad de prensa y derechos laborales de los trabajadores de medios, en un contexto de crisis económica global que ha significado despidos masivos en algunos países.
La grave crisis humanitaria en México, se ha profundizado con los 13 crímenes de periodistas, donde se confabulan el narcotráfico y la impune inactividad del Estado. Esto en medio de una avalancha de agresiones y amenazas contra periodistas críticos e independientes que ha obligado a buena parte de la prensa a la autocensura, como mecanismo de protección.
En Colombia el gobierno minimiza los crímenes de periodistas (seis en el 2009), el crecimiento geométrico de los ataques violentos contra los comunicadores y el acoso judicial, mediante una sugestiva campaña internacional que ha dado engañosos frutos.
Lamentablemente, en dicho país un proyecto de ley para despenalizar la injuria y la calumnia, presentado por la Federación Colombiana de Periodistas, fue eclipsado por los debates por una segunda reelección del actual gobierno.
En Venezuela las agresiones vienen principalmente del Estado, mediante ataques de simpatizantes del gobierno a periodistas (en un solo hecho fueron golpeados y heridos 12 colegas) y a través de la no renovación de licencias a medios de comunicación de oposición o simplemente críticos de políticas oficiales. Esta situación adversa a la libertad de prensa, está acabando con la diversidad informativa que caracteriza a cualquier sociedad democrática para darle paso a un sistema informativo afecto al gobierno.
En República Dominicana las agresiones físicas contra periodistas suman en el 2009 casi un centenar. Esta realidad se agrava al verse invisibilizados los países caribeños en todos los registros de violaciones a la libertad de expresión.
Honduras se vio ensombrecida por un golpe de Estado, con la consecuente represión contra los medios de comunicación críticos, periodistas independientes y corresponsales internacionales.
Brasil, el único país que contemplaba jurídicamente la exigencia de título profesional para el ejercicio del periodismo, perdió esta prerrogativa que garantizaba un mínimo en la calidad de la información, tras un fallo del Tribunal Supremo Federal. La sentencia se produjo bajo un fuerte looby de los empresarios de medios.
En Perú, aunque no se producen crímenes de periodistas, las agresiones superan a las de cualquier país de la región, con 180 casos en el 2009. El caso más emblemático, sin duda, el silenciamiento de Radio La Voz, de Bagua, emisora independiente “castigada políticamente” por haber dado a conocer la verdad de lo ocurrido durante la matanza criminal de policías y nativos selváticos (5 de junio 2009).
En Argentina se logró la aprobación de una Ley de Medios –de especial acento contra la propiedad monopólica de los medios de comunicación-, presentada por el gobierno, pero redactada por una coalición de sindicatos, ONG y organizaciones sociales, liderada por la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa (FATPREN).
En Uruguay, la Asociación de Prensa Uruguaya consiguió la despenalización de los delitos de prensa, en el mes de junio.
Los asesinatos, y las agresiones en general, han estado, la mayoría de las veces, vinculados a destapes de casos de corrupción, en la escena local, nacional o continental. Las víctimas de las agresiones no suelen ser, por regla general, directivos o trabajadores de los grandes medios escritos o audiovisuales. Salvo en casos excepcionales, las muertes tienen por escenario pequeñas poblaciones y alcanzan a comunicadores de medios locales y comunitarios o a corresponsales de grandes medios en ciudades menores.
La consigna durante el 2009 en América Latina-Caribe ha sido eliminar el mensaje. Para ello, en México, Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil Paraguay y Venezuela se decidió por “matar al mensajero”, con el consiguiente drama que ello arrastra para las familias, los colegas y la organización en sí misma. Se ha matado al mensajero, desapareciéndolo físicamente o silenciándole la voz.
Tomado de:
http://www.fepalc.org/noticias_det.php?Itemid=318
En Venezuela las agresiones vienen principalmente del Estado, mediante ataques de simpatizantes del gobierno a periodistas (en un solo hecho fueron golpeados y heridos 12 colegas) y a través de la no renovación de licencias a medios de comunicación de oposición o simplemente críticos de políticas oficiales. Esta situación adversa a la libertad de prensa, está acabando con la diversidad informativa que caracteriza a cualquier sociedad democrática para darle paso a un sistema informativo afecto al gobierno.
En República Dominicana las agresiones físicas contra periodistas suman en el 2009 casi un centenar. Esta realidad se agrava al verse invisibilizados los países caribeños en todos los registros de violaciones a la libertad de expresión.
Honduras se vio ensombrecida por un golpe de Estado, con la consecuente represión contra los medios de comunicación críticos, periodistas independientes y corresponsales internacionales.
Brasil, el único país que contemplaba jurídicamente la exigencia de título profesional para el ejercicio del periodismo, perdió esta prerrogativa que garantizaba un mínimo en la calidad de la información, tras un fallo del Tribunal Supremo Federal. La sentencia se produjo bajo un fuerte looby de los empresarios de medios.
En Perú, aunque no se producen crímenes de periodistas, las agresiones superan a las de cualquier país de la región, con 180 casos en el 2009. El caso más emblemático, sin duda, el silenciamiento de Radio La Voz, de Bagua, emisora independiente “castigada políticamente” por haber dado a conocer la verdad de lo ocurrido durante la matanza criminal de policías y nativos selváticos (5 de junio 2009).
En Argentina se logró la aprobación de una Ley de Medios –de especial acento contra la propiedad monopólica de los medios de comunicación-, presentada por el gobierno, pero redactada por una coalición de sindicatos, ONG y organizaciones sociales, liderada por la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa (FATPREN).
En Uruguay, la Asociación de Prensa Uruguaya consiguió la despenalización de los delitos de prensa, en el mes de junio.
Los asesinatos, y las agresiones en general, han estado, la mayoría de las veces, vinculados a destapes de casos de corrupción, en la escena local, nacional o continental. Las víctimas de las agresiones no suelen ser, por regla general, directivos o trabajadores de los grandes medios escritos o audiovisuales. Salvo en casos excepcionales, las muertes tienen por escenario pequeñas poblaciones y alcanzan a comunicadores de medios locales y comunitarios o a corresponsales de grandes medios en ciudades menores.
La consigna durante el 2009 en América Latina-Caribe ha sido eliminar el mensaje. Para ello, en México, Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil Paraguay y Venezuela se decidió por “matar al mensajero”, con el consiguiente drama que ello arrastra para las familias, los colegas y la organización en sí misma. Se ha matado al mensajero, desapareciéndolo físicamente o silenciándole la voz.
Tomado de:
http://www.fepalc.org/noticias_det.php?Itemid=318
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