Situación de la prensa en Perú

El autoritarismo y la intolerancia se apoderan del gobierno alanista, cerró medios y persigue críticos, así como castiga con la publicidad a los que no son incondicionales. El Instituto Prensa y Sociedad afirmó su presencia en América Latina. Foto CNR.

Este período se inició con un trascendental paso en la lucha contra la impunidad en los casos de ataques a periodistas en el Perú, cuando el 7 de abril la Corte Suprema de Poder Judicial sentenció al ex Presidente Alberto Fujimori, a 25 años de prisión, por delitos contra los derechos humanos, incluyendo el secuestro en 1992 del periodista Gustavo Gorriti.

En septiembre, Fujimori se declaró culpable de interceptación telefónica en perjuicio de políticos y periodistas, así como de corrupción de candidatos, autoridades electas, periodistas y propietarios de medios de comunicación, a quienes con su asesor Vladimiro Montesinos sobornó con fondos públicos a cambio de su apoyo a la re elección del 2000.

Se observa con preocupación el incremento tanto de agresiones a periodistas y ataques a medios, particularmente en provincias, como de diversas propuestas legislativas proclives a censurar a la prensa, en vísperas de la campaña para elegir autoridades regionales, municipales y previo a los comicios presidencial y congresal a fines del 2010.

El 5 de junio fue clausurada la Radio La Voz de Bagua, en la provincia de Bagua, tras un enfrentamiento violento con saldo de 24 policías y 10 civiles muertos.

El periodista Segundo Alvines Díaz, de la Revista Punto Aparte denunció que un efectivo policial lo encañonó para evitar que grabara o tomase fotografías en la zona de la Curva del Diablo. Asimismo, señalaron haber recibido amenazas telefónicas los periodistas Carlos Flores Borja, director de los espacios noticiosos de Radio La Voz de Bagua Grande, José Carlos Flores Burgos del noticiero Sin Censura y del diario Ahora, y Alberto Pintado Villaverde, corresponsal periodístico de Andina.

Si bien el retiro de la licencia de la radio ocurrió tres días más tarde, el 5 de junio, las autoridades de más alto rango del gobierno, incluyendo el primer ministro, la ministra del interior y el presidente del Congreso de la República, acusaron públicamente a la radio de ocasionar las muertes.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, anunció que investigaría, individualizaría y sancionaría a emisoras radiales de la zona que “incitaron a la violencia”. Los medios de Bagua protestaron y urgieron al gobierno no contribuir a exacerbar la división generada por la protesta de las comunidades nativas.

El propietario y director de la radio, que apoyaba otorgando espacios al aire a iniciativas educativas, para discapacitados y a la policía nacional, negó las imputaciones políticas y administrativas.

Hasta la fecha, las autoridades no han demostrado sustento para esas acusaciones.

Casi medio año más tarde, Radio la Voz de Bagua continúa silenciada. En octubre, la defensa de la radioemisora pudo presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial que aún está pendiente.

El juez del Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas, Julio César Aquino Medina inició el 7 de octubre inició un proceso penal contra el periodista Geovanni Acate, director de Radio Oriente y Canal 8 TV, a propósito de protestas y paralizaciones realizadas en mayo, por los indígenas de las etnias Shawi y Cocama Cocamilla, en Yurimaguas, poco antes de los sucesos de Bagua. El juez ha considerado que Acate, se valió de los micrófonos de la radio para, azuzar a los indígenas y manifestantes para que se unieran y apoyen en las marchas, movilizaciones y bloqueo de carreteras, concluyendo que utilizó sus medios de comunicación con fines políticos para instigar a la población en contra del orden democrático.

Las licencias de operación de radios se está convirtiendo en una fuente, muchas veces, injustificada, de clausuras particularmente en provincias adonde la Cámara de Radio y Televisión del Cusco y el Consejo de la Prensa Peruana advierten que ya se procedió a revertir el permiso de operación de algunas de las alrededor de 400 radioemisoras como consecuencia de una inconsistencia en la redacción del articulado sobre la renovación automática de la licencias en la Ley de Radio y TV del 2005.

En cuanto la lucha contra la impunidad en casos de asesinatos contra periodistas, se espera el pronunciamiento del juicio que lleva la Tercera sala Penal de Reos Libres, de la Corte Superior de Lima por el juicio por el asesinato de Alberto Rivera Fernández, en la ciudad de Pucallpa en el 2004.

Durante los últimos años, este caso ha sido motivo de misiones y acciones conjuntas de la SIP y el Consejo de la Prensa Peruana y cuyos esfuerzos contribuyeron a que en abril del 2009, la Corte Suprema determine el traslado a Lima del proceso contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta –hoy recluido en un penal de máxima seguridad acusado de lavado de activos-- y del ex magistrado Solio Ramírez, por homicidio calificado en agravio del periodista, debido a los cuestionamientos de los que fueron objeto los jueces del distrito Judicial de Ucayali, encargados, en su momento, del juzgamiento a Valdez Villacorta.

Si bien a mediados de octubre, el proceso sufrió un revés, cuando, que sobre la base de un exagerado tecnicismo, el presidente de la sala lo anuló por una tardanza del representante del Ministerio Público, este se reinició el 30 de octubre. El fiscal superior Ramiro Salinas Siccha, ha solicitado una pena de 20 años de prisión para los presuntos autores intelectuales del crimen.

El 16 de mayo la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchinqpaq (ADEHR), quien representa a los familiares de las víctimas del caso Huanta, denunció que el fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Andrés Cáceres Ortega, negó el peritaje para conocer si el desaparecido periodista Jaime Ayala Sulca está entre los 37 restos humanos que fueron exhumados en el cementerio de dicha provincia.

En junio, días después que el presidente Alan García lo dejara entrever, causó gran suspicacia la decisión de intervenir y ejercer la administración tributaria de Panamericana Televisión de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). La reacción pública y de los medios de comunicación por el temor a un control político, propició que la SUNAT desista tras haber pedido en enero la insolvencia de Canal 5, cuya propiedad ha sido motivo de una prolongada disputa judicial entre dos partes que se irrogan su propiedad: los broadcasters Ernesto Schutz y Genaro Delgado Parker.

El 26 de junio, en el contexto de una interpelación al Primer Ministro, por la intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión, el ex premier y Congresista Jorge del Castillo, circuló una moción de Orden del Día solicitando a la SUNAT ampliar su investigación a todos los medios de comunicación y al diario de oposición La Primera y al vocero del partido de gobierno al que pertenece del Castillo, “para aclarar cómo se financian”.

En el Congreso se presentaron varios proyectos legislativos que hasta la fecha no prosperan. En agosto, la Comisión de Constitución y Reglamento dio nueva vigencia al proyecto de ley de rectificación, popularizado como la “ley de la mordaza” , había sido presentado y encarpetado, en enero por el congresista José Vargas y miembros de la bancada de gobierno, que propone regular el derecho de personas afectadas por afirmaciones inexactas o injuriosas en los medios.

Esta iniciativa fue cuestionada porque incorporaba, entre otros temas, la opinión al ámbito del derecho de rectificación. El 22 de agosto, Vargas retiró el proyecto de ley.

En septiembre del 2009, la Comisión de Constitución y Reglamento comenzó a debatir el proyecto de ley 912/2006-CR que propone despenalizar los delitos contra el honor y que estos supuestos sean juzgados en un proceso civil, una iniciativa presentada hace dos años por el congresista aprista Javier Valle Riestra. El 15 de septiembre, la Comisión de Constitución abrió un debate durante el cual el Consejo de la Prensa Peruana expuso que si bien existe una tendencia hacia la despenalización de los delitos de prensa se observaban incongruencias en su redacción que en la práctica afectarían a la libertad de prensa.

A continuación la cronología de hechos relevantes:

El 17 de marzo, alrededor de 30 periodistas de diversos medios de comunicación de los departamentos de Loreto y San Martín, fueron impedidos de cubrir el acto durante el cual el presidente de la república, Alan García Pérez, inauguró la carretera que une ambas regiones. Los periodistas colocaron sus cámaras, grabadoras y micrófonos sobre la pista en señal de protesta.

El 23 de marzo, Jaime Abanto Padilla, director del diario Panorama Cajamarquino, del departamento norteño de Cajamarca, denunció que recibe amenazas de muerte anónimas debido a sus denuncias sobre supuestos actos de corrupción en el penal de Huacariz que involucrarían a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El 6 de abril, durante una ceremonia de inauguración de obras públicas y tal como lo hace desde que inició su mandato en el 2007, el presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, volvió a arremeter contra la prensa denunciando a los periodistas de extorsión, sin ofrecer pruebas o detalles.

El 9 de abril, Walter Castillo Chávez, periodista de Radio Libertad de la ciudad de Arequipa, denunció que en la madrugada, luego de recibir amenazas anónimas vía telefónica, desconocidos lanzaron piedras contra su vivienda, rompiendo vidrios y ocasionando otros daños materiales menores.

El 15 de abril, un grupo de simpatizantes del ex alcalde de la ciudad de Huarmey, Pedro Gorki Tapia Marcel, intentaron ingresar al local de Radio Manantial, emisora que difundió denuncias de corrupción contra el burgomaestre contribuyendo a su destitución del cargo el 11 de abril. Días antes, el 13 de abril, un grupo de desconocidos desconectaron el cable de la antena de transmisión de la radio emisora.

El 29 de abril, la periodista Rosa Huapaya y el camarógrafo Julio Bazán, de RTC Canal 13, del departamento de La Libertad, fueron violentamente agredidos por un grupo de manifestantes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTEP) y del Frente de Defensa de los Intereses de los Pueblos (FEDIPE), mientras cubrían una marcha de protesta en la ciudad de Huamachuco.

El 7 de mayo, el reportero Diego Rojas La Torre y el camarógrafo Miguel Martínez Pinedo, del programa Confirmado Trujillo, que transmite TV Perú, fueron agredidos y despojados de sus equipos de trabajo, por miembros de seguridad de la minera Comarsa.

El 21 de mayo, el alcalde provincial de Maynas, departamento de Loreto, Salomón Abensur Díaz, presentó una demanda por supuesto delito de falsificación, ocultamiento de identidad y contra la fe pública, ante la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, contra el periodista Manuel Rosas Mattos, de radio La Karibeña, luego que en el mes de abril difundió un audio en el que se supuestamente se escucha al alcalde comentar que viene pagando las deudas contraídas durante su campaña electoral, adjudicando contratos y licitaciones a sus acreedores, entre quienes mencionó a Herman Pezo, uno de los principales proveedores de la municipalidad.

El 16 de julio, el estudiante Javier Martell Quispe, denunció que desde el mes de junio autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) adoptaron diversas medidas conducentes a censurar la publicación universitaria El Estándar Social, publicación de análisis político y social que dirige desde 2006, que incluye una página Web, impresos anuales y tres periódicos murales ubicados alrededor del campus universitario. En junio, sólo los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales, una de tres adonde se ubican los periódicos murales, ordenaron retirarlos al depósito aduciendo proselitismo durante las elecciones estudiantiles.

El 31 de agosto, Elías Asmat Goicochea, redactor del diario Últimas Noticias, de la ciudad de Pacasmayo, departamento de La Libertad, denunció haber recibido una amenaza de muerte anónima, vía telefónica, conminándolo a que cese la publicación de su investigación periodística sobre una presunta sobrevaloración en la adquisición de maquinarias realizada por la municipalidad provincial de Pacasmayo.

El 1 de setiembre, Carlos Pérez León, hermano de la regidora de la municipalidad provincial de Pisco, Margarita Pérez León, atacó al director del programa Matices, que transmite Radio TV Paracas, Eduardo Ramos Velarde.

El 8 de setiembre, el magistrado Jorge Luis Salas, juez de la Sala Penal de Ampliaciones de la Corte Superior de Arequipa, resolvió anular la sentencia dictada en primera instancia, por el juez José Carpio Medina contra la directora del semanario El Búho, Mabel Cáceres en la demanda presentada por el catedrático Percy Chocano Núñez, a raíz de la publicación de informes cuestionando la validez de sus títulos de postgrado el entonces director de la Escuela de Post Grado de la Universidad San Agustín. También determinó que el proceso sea derivado a un juez de primera instancia.

El 8 de setiembre, Mary Espinoza Santiago y Edgar Cayllahua Mallma, directora y camarógrafo del programa Selva al Día, que transmite Canal 9, en la provincia de Satipo, departamento de Junín, fueron agredidos y amenazados por una turba de manifestantes liderada por Jorge Ribbek, presidente del Comité de Autodefensa, mientras cubrían una protesta pública.

El 16 de setiembre, un grupo de trabajadores de la municipalidad provincial de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, agredieron, insultaron y despojaron de sus equipos de trabajo a los periodistas Manuel Ventura, de Canal 21 y Walter Condorpusa, corresponsal de Panamericana Televisión, quienes cubrían el traslado de dos funcionarios ediles, sentenciados por los delitos de peculado, falsificación de documentos y de realizar pagos indebidos a periodistas por supuestos contratos de publicidad que no se realizaron.

El 1 de octubre, Juan José Rampirez Villacorta, conductor de Radio Superior, de la ciudad de Huari, departamento de Ancash, fue agredido y amenazado de muerte por dos personas entre quienes reconoció a Edwin Sánchez, empleado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo cuya labor ha criticado el periodista radial.

El 4 de octubre, Raquel Salazar, reportera de Radio Programas del Perú (RPP) fue agredida, golpeada en el rostro y despojada de su micrófono por un efectivo de la Policía Nacional, miembro de la custodia de seguridad del presidente Alan García Pérez mientras cubría actividades del presidente en la ciudad de Lima.

El 11 de octubre, Fernando Mejía Jara, reportero del programa El Equipo de la Noticia, que transmite Radio Melodía, en la ciudad de Huari, departamento de Ancash, denunció que fue obligado a retirarse del coliseo taurino local por un gripo de guardias municipales que le informaron que actuaron bajo la orden del alcalde provincial Edwards Vizcarra Zorrilla. El periodista atribuye el hecho a las críticas sobre la gestión edil que formula durante su programa.

El 18 de octubre, en la ciudad de Chimbote, departamento de Ancash, los periodistas Ever Araujo, del canal Cable Futuro Noticias y Abigail Díaz, del diario El Trome fueron violentamente agredidos y por un grupo de comerciantes informales quienes lanzando piedras, intentaban evitar que cubran las incidencias de un operativo policial, para desalojarlos de la vía pública. Al día siguiente, el 19 de octubre, los comerciantes mientras increpaban a la prensa por desinformar a la población, insultaron y también agredieron a los periodistas Josué Ibarra Julia, del diario La Industria de Chimbote, Paul Meza Castañeda, del diario Correo, y Roxana Peña, corresponsal del noticiero América Noticias para evitar que cubran nuevos enfrentamientos con efectivos policiales.

Tomado de:
http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=24&infoid=384&idioma=sp