sábado, 20 de febrero de 2010

Fiscalía de Colombia: Mil masacres y 2 mil 500 desaparecidos por paramilitares

CONFESIONES DE LOS PARAMILITARES ANTE LA FISCALIA COLOMBIANA EN EL MARCO DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

La suma de las confesiones de 4000 desmovilizados paramilitares da 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones, 1033 secuestros, 1437 casos de reclutamiento ilícito, 2326 desplazamientos forzados y 1642 extorsiones.

La ley de Uribe contempla un máximo de ocho años de cárcel para los “paras” confesos.

Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellín


Escandalosas cifras de los crímenes cometidos por los paramilitares fueron reveladas ayer en un informe de la Fiscalía colombiana. Se habla de 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones. Es la suma de las confesiones de cuatro mil desmovilizados paramilitares que, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, relatan sus crímenes a los fiscales para obtener los beneficios de esta ley que promovió Uribe: máximo ocho años de cárcel sin posibilidad alguna de ser extraditado, aun cuando los crímenes cometidos sean de lesa humanidad.

Aunque son horrorosas las estadísticas, no hubo reacciones del gobierno ni mayor repercusión en la agenda política nacional. Sin embargo, entre los defensores de los derechos humanos, ONG y académicos sí se manifestó gran preocupación. Pues además de los números ya conocidos, se cree que los crímenes son muchos más. Esto dado que algunos desmovilizados todavía no confiesan todos sus crímenes. Los bloques paramilitares y los militantes son tan numerosos que se ha dificultado corroborar toda la información otorgada. Además, estos beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz están relatando crímenes anteriores al año 2005.

Hace un mes, en el diario El Tiempo de Bogotá se informó que la Fiscalía recibió 300 mil denuncias por el asesinato de, al menos, unas 150 mil personas. Las denuncias vinieron de 400 ciudades y poblaciones colombianas y se señala en todas como responsables a los paramilitares. Además, en muchos de los casos, como lo señaló recientemente el informe de Human Right Watch, los desmovilizados se armaron mientras el surgimiento de grupos ilegales paramilitares no se detuvo con la reinserción a la vida civil. Hoy están fortalecidos, aseguran las pesquisas de HRW.

En el informe se habla también de 1033 secuestros, 1437 casos de reclutamiento ilícito, 2326 desplazamientos forzados y 1642 extorsiones, además de los 30.470 homicidios. En el documento preparado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, creada hace cuatro años para sacar adelante el proceso de desmovilización que comenzó en Medellín, se dice que las víctimas de homicidio son mujeres, hombres y niños; y las masacres se realizaron contra campesinos y líderes de localidades por todo el país. Entre las víctimas hay también militares, sindicalistas, funcionarios de entidades públicas y dirigentes políticos. Luis González León, director de esta Unidad, habló recientemente de la necesidad de juzgar más pronta y severamente a estos criminales a través de imputaciones parciales.

Gracias a las confesiones que dan origen a estas escalofriantes cifras, se abrieron múltiples investigaciones por complicidad con el accionar “para” de 240 militares y policías colombianos, 311 dirigentes políticos y 106 funcionarios de instituciones públicas. El ejército paramilitar surgió en los años ’80, como brazo armado de hacendados y empresarios que buscaban defenderse de las guerrillas, en especial del secuestro. De ahí su nombre de Autodefensas. También tiene su origen en la guerra entre carteles de la mafia durante los años de reino de Pablo Escobar y el clan de los Ochoa. Algunos investigadores señalan como otro génesis del paramilitarismo la creación de grupos de Convivir, civiles armados para defender las calles de Medellín de la delincuencia en los años ’90, por parte del entonces gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez.

Desde 2003, unos 32 mil paramilitares se han sumado al proceso de negociaciones con el gobierno de Uribe. Algunos, como los comandantes extraditados a Estados Unidos en 2008, son expulsados del programa perdiendo los beneficios. Los que no van a la cárcel reciben pensiones mensuales de alrededor de 300 dólares, estudian y se capacitan para el empleo. Otros enuncian delitos a diestra y siniestra esperando recibir beneficios, sin embargo después no aceptan su participación y no responden a las víctimas.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-140428.html

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