miércoles, 28 de julio de 2010

Uribe y Estados Unidos: función de despedida que trae cola.

Por Atilio A. Boron

Incondicional peón del imperio, Alvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso, el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta.” En la misma línea se manifestó el subsecretario adjunto para América latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria.” Ambas declaraciones hablan elocuentemente sobre el talante moral de ambos funcionarios.

Fueron los administradores imperiales quienes le pidieron a Uribe una última “prueba de amor” pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.

Miente Uribe porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 por ciento del territorio nacional (como el propio gobierno colombiano lo ha reconocido más de una vez) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1500 hombres del teatro de operaciones en Colombia y organizar 85 campamentos guerrilleros en Venezuela. Es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del Estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descriptas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él mismo ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio país. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, obviando el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína –y, ahora, de narcotraficantes– es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano.

Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela –¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!– es una vulgar engañifa al servicio del imperio que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio.

En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC. Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo – vestidos inclusive con pijamas – al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia, lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada.

Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de Estado? El 16 de febrero de este año la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. Agréguese a esto que tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad.

Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos”. Durante los tres últimos años de gobierno de Uribe se comprobó que –ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla– el ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y a sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado superan los mil casos.

Como ocurrió con todos los terrorismos de Estado que asolaron la región, los crímenes de lesa humanidad cometidos tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. La cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras –por lo menos unos seis millones de hectáreas– fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocio, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo.

Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la violenta militarización de la política exterior norteamericana. Por eso Washington insiste en desplegar su impresionante dispositivo militar: allí están las siete bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7000 marines y toda clase de armamento en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia tratando de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur y, en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial y perjudicar las chances electorales de Chávez.

Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar y denunciar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la Unasur para desbaratar los planes de Washington en nuestra América. Este no es un tema para la OEA, que además no supo manejar la provocación uribista, sino para la Unasur, que será puesta a prueba con este incidente.

*Politólogo.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/150206-48251.html

“No me mires que te voy a matar”

DETALLES SOBRE LOS FUSILAMIENTOS A PRESOS POLÍTICOS EN LA UP1 DE CORDOBA

El testigo Fermín Rivera describió cómo fueron asesinados los detenidos y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía “de la Penitenciaría”.

Jorge Rafael Videla encabeza una lista de 31 represores que están siendo juzgados en Córdoba. Imagen: Télam

Por Alejandra Dandan

“Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear.”

Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo “por los medios”, pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel “Gato” Gómez “de la Penitenciaría”.

Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. “Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía.” Eran las siete de la tarde. “Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas.”

La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante “no sé cuántos días” mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.

La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. “Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí”, dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.

Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. “La relación con el servicio penitenciario era muy buena”, dijo. “Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el ’75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más.”

El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. “Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar.” El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.

“Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más.” Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. “Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos.” Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.

El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. “Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez.”

Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. “Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento.”

Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.

Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-150016.html

Doe Run Perú al borde del cierre definitivo

Perú

Doe Run Perú no está operando con un plan ambiental, debe US$110 millones a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por US$150 millones. Este martes podría ser el plazo fatal.
Doe Run Perú, una unidad del estadounidense Renco Group, paralizó su operación en la fundición en junio del 2009.


Lima. Reuters

La mayor metalúrgica de Perú podría cerrar definitivamente sus puertas este martes si no presenta garantías de que podrá cumplir con un vital plan ambiental y honrar sus deudas.

La posible clausura de Doe Run Perú, que una vez fue la sexta exportadora de metales del país, generaría malestar en un sector crucial para la economía local y dejaría en el aire la concreción de un plan ambiental en una de las localidades más contaminadas del mundo.

Doe Run Perú, una unidad del estadounidense Renco Group, paralizó su operación en la fundición en junio del 2009, luego de que un grupo de bancos cortó sus líneas de crédito tras una crisis financiera que la llevó a la firma al borde de la quiebra.

La compañía, que opera la refinería de La Oroya, debe US$110 millones a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por US$150 millones para la culminación del plan de reparación ecológica, llamado PAMA.

La empresa debía entregar el jueves pasado al gobierno los contratos de fideicomisos y un avance de sus acuerdos con los acreedores. Y aunque dijo a Reuters que los entregarían, las autoridades precisaron que no lo hizo.

Restando menos de 12 horas para que venza el plazo, un funcionario del Ministerio de Energía y Minas dijo a Reuters que "no hay ningún indicativo de que pueda presentar". La fuente agregó que tampoco tienen prevista una reunión con la empresa.

Si la firma incumple con retomar sus labores el martes podría enfrentar en un proceso de liquidación, según fuentes del gobierno.

Empleo. La prolongada crisis de Doe Run ha preocupado al gobierno del presidente Alan García, porque el despido de 3.500 trabajadores directos y otros 16.000 indirectos de la firma generaría un problema social. Si bien el Ministerio de Trabajo prevé reubicar a los trabajadores metalúrgicos, éstos rechazan esa opción.

"Son 13 meses de espera y aún seguimos en incertidumbre, hoy día a las 6.00 de la tarde tenemos asamblea y mañana (martes) estamos incorporándonos a nuestro centro de trabajo convoque o no convoquen el reinicio de las operaciones", dijo a Reuters el dirigente sindical Royberto Guzmán.

El año pasado, enfrentamientos entre la población de La Oroya y la policía dejaron una persona muerta.

Ejecutivos de Doe Run Perú afirman que han desembolsado US$70 millones en salarios parciales a sus trabajadores durante el período de paralización de la firma, según un acuerdo previo con el sindicato de la minera y el gobierno.

Sin acuerdos. Doe Run anunció en marzo un acuerdo financiero con la operadora de materias primas suiza Glencore, que allanaba el camino para reiniciar las operaciones y completar al plan ambiental en el contaminado pueblo adyacente al complejo.

El acuerdo contemplaba un préstamo de US$100 millones, según Doe Run. Un portavoz de Glencore en Suiza declinó dialogar con Reuters sobre el pacto con la firma. Hasta el lunes, Doe Run aún no alcanzaba un acuerdo definitivo con todos sus acreedores.

"El 14 de julio hubo una reunión que ofrecieron algo, nosotros dijimos que sí y cuando los plasmaron en un papel decía totalmente distinto", dijo una fuente de una de las empresas acreedoras. "Entonces tuvimos que decir que no", agregó la fuente.

Entre sus acreedores figuran la productora de metales preciosos Buenaventura, la productora de zinc y plata Volcan y la polimetálica El Brocal. En Perú, Doe Run refina material polimetálico de los Andes centrales de la nación en unos 10 metales: cobre, zinc, plata, plomo, indio, bismuto y oro, entre otros.

La compañía, que también opera la mina de cobre Cobriza, reportó en 2008 ventas por US$1.217 millones.

Perú, un gran proveedor mundial de metales, es el primer productor de plata, el segundo de cobre y el sexto de oro.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mayor-metalurgica-peru-esta-al-borde-de-cierre-definitivo

Política y terrorismo. Filtran 90 mil documentos que ponen en jaque estrategia de E.U en Afganistán

Asia, Estados Unidos
Los documentos revelados por el sitio WikiLeaks darían cuenta de que Washington ha ocultado pruebas de sus propias actuaciones fuera de la ley, como del poderío militar acumulado por el régimen talibán.
Además de los documentos filtrados, la organización se ha reservado otros 15.000 a petición de su fuente.


Washington. Funcionarios de Estados Unidos en Afganistán sospecharon que Pakistán apoyaba secretamente a los talibanes mientras recibía asistencia estadounidense, mostraron el domingo reportes militares filtrados.

Ante esta situación, que abre nuevos interrogantes sobre la estrategia de guerra del presidente Barack Obama, la Casa Blanca respondió con una fuerte condena a las filtraciones producidas por la organización WikiLeaks, diciendo que pueden amenazar la seguridad nacional y poner en peligro vidas de estadounidenses y sus aliados.

Navegador Semántico

Personas Mencionadas
Barack Obama

Pero el asesor de seguridad nacional de Obama, Jim Jones, dijo que la filtración no afectará "nuestro compromiso de profundizar nuestra alianza con Afganistán y Pakistán".

Las revelaciones contenidas en más de 90.000 documentos clasificados podrían alimentar las crecientes dudas en el Congreso sobre la estrategia de guerra de Obama, cuando la cifra de bajas estadounidenses crece y el apoyo público para la guerra que ya lleva 9 años disminuye.

Pese a los esfuerzos de la Casa Blanca por contener las consecuencias políticas, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry -uno de los más cercanos aliados demócratas de Obama-, dijo que los documentos filtrados generan "serios interrogantes sobre la realidad de la política estadounidense hacia Pakistán y Afganistán".

Bajó el título "Afghan War Diary" ("Diario de guerra afgano"), los 91.000 documentos del ejército estadounidenses recolectados en Afganistán cubren la guerra desde el 2004 al 2010, señaló WikiLeaks en un sumario.

Los documentos fueron facilitados también a las redacciones de los diarios estadounidense The New York Times, el británico The Guardian y del semanario alemán Der Spiegel.

WikiLeaks promueve la filtración de información para la lucha contra la corrupción gubernamental y empresarial. A comienzos de año difundió un video confidencial que muestra el ataque de un helicóptero estadounidense a docenas de personas en Irak y mató, entre otros, a dos periodistas de Reuters.

Además de los documentos filtrados, la organización se ha reservado otros 15.000 a petición de su fuente, aunque los publicará posteriormente tras ocultar datos que puedan ser perjudiciales.

Unidad secreta. Según The Guardian, los documentos permiten formarse la convicción de que Estados unidos cuenta con un grupo de élite que se desempeña al margen de la ley en operativos contra los jerarcas del régimen talibán.

"Una unidad secreta de fuerzas especiales traza a los líderes talibán para matarlos o capturarlos sin juicio", reseña El País de España.

El periódico británico también reconoce que los documentos dan cuenta de la muerte de un gran número de civiles.

Se estima que al menos 195 civiles han muerto y otros 174 han resultado heridos, aunque es probable que estas cifras "estén subestimadas porque muchos incidentes en duda se omiten”.

Varios incidentes "parecen ser el resultado de soldados que abren fuego contra conductores desarmados o motociclistas para protegerse de terroristas suicidas", reseña el documento.

Doble juego paquistaní. Los documentos sobre el supuesto doble juego de Pakistán podrían dar material a los legisladores que quieren que Obama se ajuste a un plazo de retirada de las tropas para julio próximo, e incrementa la presión sobre el Gobierno para que defina una estrategia clara de retirada.

Uno de los documentos filtrados habla de una reunión de insurgentes a la que asistió un ex funcionario de inteligencia paquistaní que parece estar trabajando contra fuerzas estadounidenses en Afganistán.

"Los documentos (...) sugieren que Pakistán, un aparente aliado de Estados Unidos, permite a representantes de sus servicios de espionaje reunirse directamente con los talibanes en sesiones secretas de estrategia para organizar redes de grupos milicianos para que luchen contra soldados estadounidenses en Afganistán, e incluso para tramar asesinatos de líderes afganos", dijo el Times.

Desafíos. Funcionarios estadounidenses dijeron que los documentos se focalizaban en el período que desembocó en el lanzamiento de la estrategia de Obama para Afganistán en diciembre del 2009, cuando el mandatario autorizó el despliegue de 30.000 soldados más.

"El presidente Obama anunció una nueva estrategia con un importante aumento de los recursos para Afganistán, e incrementó el foco en los refugios de Al Qaeda y los talibanes en Pakistán precisamente por la grave situación que se había desarrollado durante años", dijo Jones.

"Sabemos que tenemos serios desafíos por delante, pero si se permite que Afganistán retroceda, otra vez enfrentaremos una amenaza de violentos grupos extremistas como al Qaeda, que tendrá más espacio para organizar complots y entrenamientos", agregó.

El embajador de Pakistán en Estados Unidos, Husain Haqqani, dijo que la filtración de reportes de batalla sin procesar era irresponsable. "Esos reportes reflejan nada más que los comentarios y rumores de una sola fuente, que abundan a ambos lados de la frontera Pakistán-Afganistán y suele comprobarse que son erróneas", dijo el diplomático en un comunicado.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/filtran-mas-de-90000-documentos-que-ponen-en-jaque-estrategia-de-eeuu-en-

viernes, 23 de julio de 2010

Estados Unidos anuncia oficialmente recompensa por ‘Artemio’ y ‘José’

Ofrecimiento de recompensa por ‘Artemio’ en la publicación en internet del Departamento de Estado. Debajo, otra página de la misma publicación con datos sobre 'José'.

Por Jacqueline Fowks.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informa desde ayer en su página web del programa de recompensas de narcotráfico la recompensa de hasta $ 5 millones de dólares que ofrece por información que conduzca al arresto y condena de ‘José’ y ‘Artemio’, los líderes de Sendero Luminoso en el VRAE y en el Huallaga, a quienes describe como narcotraficantes de importancia.

“Si tiene información y está fuera de los Estados Unidos, por favor contacte con la embajada o consulado estadounidense más cercano”, indica el aviso del Departamento de Estado, en el espacio donde también figuran fotos e información de capos de carteles mexicanos y colombianos, miembros de las FARC, y asiáticos involucrados en narcotráfico.

La dependencia solicita, además, a las personas que se encuentran en Estados Unidos que para efecto de la recompensa contacten con las oficinas locales de la Drug Enforcement Administration (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), o la Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Eso contradice al canciller José Antonio García Belaunde, quien indicó el martes 13 que Estados Unidos “no ha ofrecido entregar 5 millones de dólares para quien dé información que lleve a la captura de cabecillas terroristas, sino que ha puesto a disposición del Perú esa suma para que decida si la emplea con ese objetivo”.

García Belaunde dijo además que “será el gobierno del Perú el que determine si hay alguien que lo merezca (el monto asignado), pero es a partir de lo que el gobierno peruano decida”.

Ahora, la información del Departamento de Estado es un desmentido a las aseveraciones del canciller.

IDL-Reporteros intentó comunicarse hoy con el general Horacio Huivin, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, para preguntarle si se ha establecido o no procedimientos y coordinaciones desde el Estado peruano para la administración del programa estadounidense de recompensas, pero de acuerdo con la información de sus subordinados, se puede inferir que el general Huivin se encontraba en reuniones en serie. Según un funcionario de la Dirandro, Huivin participaba en una reunión en la Embajada de Estados Unidos la penúltima vez que llamó IDL-Reporteros. En la última ocasión, ya se encontraba en el despacho del Interior reunido con el ministro Octavio Salazar.

Acerca de Víctor Quispe Palomino, el Departamento de Estado informa que sus alias son ‘José’, ‘Martín’ e ‘Ivan’ y que “actualmente es el líder de los remanentes de SL en el VRAE”. Esas actividades, según el gobierno estadounidense, “incluyen extorsión, exigencia de pago de cupos a narcotraficantes locales a cambio de seguridad para laboratorios de cocaína y para despachos de cocaína realizadas desde el VRAE”.

David Johnson (der.), secretario de la Oficina Antidrogas Internacional y de Asuntos de Aplicación de la ley, durante visita a base antidrogas de Palmapampa, con el Cmdt. PNP Miguel Valdivia, en junio último. Al centro, el director de oficina antidrogas de EEUU en Lima (NAS), Tony Arias. (Foto: Departamento de Estado).

“Además, actualmente Sendero posee varias parcelas de coca y laboratorios de pasta básica de cocaína en el VRAE. Esta facción también se destaca por estar involucrada en ataques bien coordinados y extremadamente violentos contra personal de la Policía Nacional del Perú y militares peruanos”, agrega la Oficina Antidrogas Internacional y de Asuntos de Aplicación de la ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) del Departamento de Estado.

A Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’, el Departamento de Estado lo describe como “líder actual de los remanentes de Sendero en el valle del Huallaga, que supervisa todas sus actividades ilícitas. Estas incluyen extorsión, soborno, asesinato y narcotráfico”.

Al igual que en el caso de ‘José’ para el VRAE, refieren que las actividades de narcotráfico de la facción de ‘Artemio’ incluyen el cobro de cupos a los traficantes locales a cambio de dar seguridad a las chacras, laboratorios y embarques realizados en los valles del Monzón y del Huallaga.

Según el Departamento de Estado, Flores Hala está involucrado en el comercio local de cocaína en el Huallaga, dado que “invierte reiteradamente su propio dinero o el de Sendero en negocios con narcotraficantes locales. Flores-Hala también usa repetidamente la violencia contra efectivos de la Policía Nacional del Perú, otro personal del gobierno peruano, y la población local para lograr sus objetivos”.

Tomado de:
http://idl-reporteros.pe/2010/07/19/estados-unidos-anuncia-oficialmente-recompensa-por-artemio-y-jose/

Despliegue militar norteamericano en AL

La militarización de las relaciones diplomáticas se acrecienta bajo el régimen de Obama.


(1) Obama usa al narcotráfico como pretexto para justificar el despliegue militar en América Latina, sin embargo EE.UU. es el primer productor de marihuana. (2) Tropas militares de EE.UU. de gran poder de fuego se dirigen a la pacífica Costa Rica. (3) La presencia militar de EE.UU. en diversos países no ha reducido el narcotráfico.

Bajo el pretexto del combate al narcotráfico, el gobierno de Barack Obama acaba de anunciar que a partir del primero de agosto serán desplegados 1,200 guardias nacionales en la frontera con México y que se utilizarán aeronaves de vigilancia a control remoto (drones), como las empleadas en la guerra en Afganistán.

Con el envío de las nuevas fuerzas, un total de 20 mil efectivos custodiarán la frontera a lo largo de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Además, se movilizarán agentes de aduanas con el objeto de impedir el tráfico de Drogas y armas y la inmigración ilegal.

Las tropas estarán armadas con fines de autodefensa, afirma el jefe de la oficina de la Guardia Nacional, Craig McKinley. Pero pocos creen en esta versión, pues el número de muertes de indocumentados que ingresan por el desierto de Arizona colapsó la oficina del forense.

Desde el primero de julio, 40 cadáveres se acumulan en las oficinas forenses del condado de Pima y se teme que el total mensual supere el récord de 68, de julio de 2005.

“Definitivamente, está en curso de ser tal vez el mes más mortal de todos los tiempos”, afirma el médico Bruce Parks. De enero a mediados de julio, él recibió los cuerpos de 134 indocumentados.

Lo cierto es que el origen del mal se da en Estados Unidos y no al revés. Las bandas de narcotráfico mexicanas surgieron hace 15 años cuando los grandes compradores del norte decidieron que México debería ser también un país consumidor. Y empezaron a pagar con droga los cargamentos, dando lugar a la formación de carteles.

Todo ello sumado a la crisis del campo, la migración y la falta de oportunidades, lo que dio lugar a que miles de mexicanos encontraran una fuente de subsistencia en el mercado de la droga. Miles de pobres fueron reclutados para el negocio. En el 2006, era claro para todos que las fuerzas del Estado habían perdido el control de gran parte del territorio. Y Felipe Calderón decidió meter al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que hasta el momento ha costado casi 25 mil muertos.

¿La decisión de Obama ayudará en algo a resolver esta situación? Pocos creen en ella.

En Costa Rica

El anuncio de tropas en la frontera mexicana se suma a la decisión del gobierno de Costa Rica de autorizar el ingreso de 46 buques de guerra, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines, bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Todo parece indicar que fue Washington quien hizo el pedido, aceptado generosamente por el gobierno liderado por Laura Chinchilla, un personaje vinculado a la agencia USAID. Lo que se le informó al país centroamericano fue que la situación en México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas tradicionales de ingreso a Estados Unidos y que para desbaratar la maniobra era preciso garantizar el despliegue de un contingente de fuerzas en el istmo centroamericano.

El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1 de julio, aunque con los yankis y sus socios nunca se sabe. Los marines tendrán total inmunidad ante la justicia y podrán entrar y salir del país a entera voluntad, y circular por todo el territorio nacional con sus pertrechos y armamentos de combate.

La autorización del Congreso costarricense permite el ingreso de guardacostas y pequeños navíos pero también de portaaviones de última generación, como el MakinIsland, dotado de capacidad para albergar a 102 oficiales y 1.449 marines, 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks; o el USS Freedom, con capacidad para combatir a submarinos e internarse en aguas poco profundas.

Falsa premisa

Este despliegue de fuerzas sucede a los realizados tras el terremoto de Haití, así como el que se realizó tras la aprobación del Plan Colombia y la instalación de bases militares en el país de Álvaro Uribe. Esos acuerdos también tuvieron como pretexto el combate al narcotráfico. Sin embargo, fuentes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen demuestran que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Colombia se registraron notables incrementos en los cultivos de coca.

Todo eso pese a que entre el 2000 y 2006, el Plan Colombia recibió US$2.800 millones de dólares, cifra que sumada a la asistencia del Departamento de Defensa promedió los US$4.900 millones de dólares. Estas partidas convirtieron a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda de los Estados Unidos, pero los avances en la lucha contra las Drogas no tuvieron éxitos significativos.

Lo mismo ocurre en Afganistán, país ocupado con récords en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína. Lo que sucede es que el país que se arroga el derecho a combatir el narcotráfico en el mundo demuestra una nula capacidad para hacer lo propio dentro de sus fronteras y para desarticular las redes de las mafias con autoridades y policías, que hacen posible el negocio.

El poder narco

El narcotráfico mueve una cifra que supera los 400.000 millones de dólares, anuales, que son “lavados” en los numerosos paraísos fiscales que existen a lo largo y a lo ancho del planeta. Esos dineros luego son introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecen los negocios del capital financiero.

Además, Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana. Según la Fundación Drug Science, ese producto reporta una suma superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor combinado de la producción de trigo y maíz.

Pero existen otras razones adicionales para explicar la incapacidad de Estados Unidos de combatir al poder del narcotráfico y la corrupción. ¿Acaso no es conveniente para la potencia tener una América latina con gobiernos desgastados por la corrupción, las mafias y los paramilitares. ¿Gobiernos incapaces de ofrecer soluciones a sus problemas y sin la menor resistencia a los designios imperiales?

Todo este despliegue demuestra que está en curso una creciente militarización de la política exterior de los Estados Unidos, que se expresa en la reactivación de la Cuarta Flota, la firma del tratado Obama-Uribe, la ocupación militar de Haití, la construcción del muro entre México y Estados Unidos, el golpe de Estado en Honduras y la posterior legitimación del fraude electoral, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno de Panamá. A eso se suma el bloqueo a Cuba y el hostigamiento a los gobiernos nacionalistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

De acuerdo a diversos analistas, el despliegue de fuerzas en Costa Rica debe ser interpretado en el marco de una inminente guerra contra Irán y la abierta provocación a Corea del Norte, sobre cuyas consecuencias viene advirtiendo el comandante Fidel Castro. Si la agresión a Irán llega a consumarse, la situación internacional impulsaría a Estados Unidos a garantizar a cualquier precio el control absoluto de lo que sus estrategas denominan la gran isla americana, un enorme continente que se extiende desde Alaska a Tierra del Fuego, y que según ellos desempeña un papel fundamental para su seguridad nacional.

Esa y no otra es la razón de la militarización de la política exterior estadounidense. Es ridículo que se pretenda que la veintena de bases militares establecidas en Centro y SudAmérica y en el Caribe, a las que ahora se suma el desembarco en Costa Rica, y la activación de la Cuarta Flota, tienen por objetivo combatir al narcotráfico, afirma el analista Atilio Borón.

“El desembarco de los marines en Costa Rica tiene por objetivo reforzar la dominación estadounidense en la región, derrocar por diversos métodos a los gobiernos considerados “enemigos” (Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador), debilitar aún más a los vacilantes y ambivalentes gobiernos de “centro-izquierda” y fortalecer a la derecha que se ha hecho fuerte en el litoral del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México), reordenando de ese modo el “patio trasero” del imperio para así tener las manos libres y la retaguardia asegurada para salir a reafirmar la prepotencia imperial guerreando en otras latitudes”, concluye.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/despliegue-militar-norteamericano-en-al_66635.html

La violencia hunde a México

En el Fin de Semana, Hubo Unas 50 Victimas de la Agresión Narco

Un comando de hombres fuertemente armados irrumpió en una fiesta en el estado de Coahuila y asesinó a 17 personas. Las víctimas tenían entre 20 y 38 años. La de ayer fue la quinta matanza en lo que va del año.

Supuestos grupos sicarios asesinaron a cuatro policías en el sureño estado de Guerrero. Imagen: EFE

Una fiesta en el norte de México terminó en tragedia. Un comando de hombres fuertemente armados irrumpió en la celebración, asesinó a 17 personas y dejó heridas a otras 18. En el fin de semana, cerca de 50 personas cayeron por la violencia narco en territorio mexicano.

Hombres armados irrumpieron a los tiros en la quinta Italia Inn, ubicada en la ciudad de Torreón (norte). La Fiscalía General de Coahuila inició una investigación y hasta ahora existen denuncias de que los atacantes habrían llegado a bordo de cinco camionetas. “Mátenlos a todos”, fue el grito que presagió la balacera, según relataron sobrevivientes de la masacre. Cinco mujeres y doce hombres resultaron muertos, mientras que los heridos llegaban a 18.

Según la Fiscalía, los ataques ocurrieron cuatro horas después de que la fiesta había concluido. Grupos gays habían organizado la velada a través de la red social Facebook. Por otra red, Twitter, se conocieron horas más tarde las fotos de cómo había quedado todo después de los asesinatos.

De acuerdo con lo que informó el diario mexicano La Jornada, en el predio se encontraron centenares de casquillos de armas de grueso calibre, especialmente de unas a las que llaman “Cuero de Chivo”. Ese tipo de armamento es utilizado habitualmente por sicarios del crimen organizado.

Las víctimas tenían entre 20 y 38 años. La de ayer fue la quinta matanza perpetrada en México en lo que va del año. En enero, 15 jóvenes habían sido asesinados mientras participaban de una fiesta en Ciudad Juárez. Desde Los Pinos, salieron rápidamente a denunciar que se trataba de un ajuste de cuentas, pero el gobierno debió rectificar su información y decir que se trataba de “buenos estudiantes”. El caso aún no tuvo resolución. La matanza de ayer de 17 personas es la segunda cifra más alta registrada desde que el 11 de junio pasado un comando de entre 25 y 30 hombres armados mató a 19 jóvenes en un centro de rehabilitación antidrogas de Ciudad Juárez, el distrito más peligroso de Chihuahua.

El viernes estalló un coche-bomba en Ciudad Juárez. Según las autoridades policiales, el atentado que dejó cuatro muertos fue en respuesta al arresto de un integrante del Cartel de Juárez. La explosión fue comandada a distancia desde un celular y éste fue el primer ataque de este tipo durante la administración de Felipe Calderón. La jornada del sábado también estuvo plagada de muertes. Supuestos grupos sicarios asesinaron a cuatro agentes de la Policía Preventiva Rural, en el sureño estado de Guerrero. Los uniformados tenían entre 19 y 30 años.

De acuerdo con estimaciones actualizadas hasta el viernes, 7048 personas fueron asesinadas en lo que va del año. Desde que Calderón asumió en 2006, las bajas ascienden al escalofriante número de 24.826. Hace poco menos de un mes, el mandatario mexicano llamó a formar una coalición para derrotar al narcotráfico, un enemigo que ataca sin cuarteles y que viene derrotando a la administración panista. La estrategia de Calderón de sacar a los militares para combatir a los grupos narcos terminó exacerbando la escalada de violencia, como denunciaron diferentes organizaciones civiles.

Otros datos resultan también estremecedores. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 99 por ciento de los crímenes que se cometen en México termina impune. La Justicia mexicana tiene aún pendientes más de 400 mil órdenes de arresto. A ese clima de impunidad se le suma el temor a sufrir represalias por denunciar.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-149771.html

sábado, 17 de julio de 2010

Discordias y Cocaspeak

Escribe Gustavo Gorriti

Ministro Salazar en maratónica disputa con Miguel Hidalgo condecora a uno de los 30 policías que abatieron a ‘Rubén’. Foto Internet.

EL viernes 9, IDL-Reporteros dio a conocer la recompensa de hasta 5 millones de dólares que ofrece el gobierno estadounidense por información que lleve a la captura de los dirigentes senderistas ‘José’, de la facción del VRAE, y ‘Artemio’, de la del Alto Huallaga.

La información fue confirmada por funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Lima. El sábado 10, el premier Velásquez Quesquén aceptó también ese hecho: “Es verdad que se ha ofrecido recompensas y éste es un tema que se da en el contexto de una cooperación entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos”, declaró por teléfono a la Associated Press.

El mismo despacho de la AP mencionaba otro hecho poco conocido: ya existe un programa de recompensas que ofrece el gobierno peruano por la captura de los líderes de ambas facciones senderistas y las de sus principales lugartenientes. El programa, dirigido por la oficina del primer ministro, ha tenido hasta ahora una eficacia limitada. Su efecto ha sido, más bien, el de azuzar discordias entre los miembros de las fuerzas de seguridad dedicados a la persecución de los senderistas.

Aquel viejo dicho de que la derrota es huérfana pero que la victoria tiene muchos padres se aplica también para los preliminares de lo que se percibe como previsible victoria en el Huallaga: un juego de sillas musicales con la sutileza del rugby y la amabilidad del estilete para salir en el centro de la foto de la gran captura.

Luego de la muerte del dirigente senderista ‘Rubén’ el 20 de mayo pasado, cerca de Aucayacu, hubo una especie de carrera aérea entre el jefe de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo, y el ministro del Interior Octavio Salazar por ganarse el camera opportunity que brindó la muerte de Rubén.

El que sacó la delantera al día siguiente, fue Hidalgo, quien madrugó literalmente a Salazar y llegó temprano a Tingo María en un Antonov de la Policía, con un contingente de camarógrafos. Fue filmado en Aucayacu junto a los protagonistas del tiroteo de la noche anterior, mientras los furiosos llamados de Salazar desde Lima no lograban traspasar las condiciones meteorológicas que resultan tan convenientes en la selva cuando no se quiere contestar los celulares.

Ministro Salazar para la foto, en comisaría de Aucayacu, ocultó la verdad sobre el cómo y el por qué fue abatido el camarada ‘Rubén’. Foto Internet.

SALAZAR llegó a ordenar, furioso, que no movieran nada y que lo esperaran en Aucayacu; pero, entre guiños y sorderas lo terminaron esperando, con el programa terminado, en Tingo María. El ministro aterrizó poco después en esa ciudad en otra aeronave de la Policía, cuando Hidalgo, todo sonrisas, se aprestaba a regresar a Lima.

Pero si a algo se ha dedicado Salazar en todos estos años es a las movidas mediáticas, y no iba a dejar que le escamoteen la ocasión. Ordenó que todos volvieran a Aucayacu, para otra ceremonia más, en la que dispuso el ascenso de los policías que participaron en esa acción.

Esos policías tuvieron suerte de encontrarse como extras en la pugna de Hidalgo y Salazar (compañeros de promoción en la ex Guardia Republicana) por los reflectores. Otros no tuvieron igual fortuna. Es el caso, por ejemplo, del mayor PNP José Oblitas, quien enfrentó una cruenta emboscada senderista el 26 de noviembre de 2008 en Pumahuasi, en la carretera Federico Basadre.

Aunque en la primera parte de la emboscada murieron cinco policías y tres quedaron heridos, el mayor Oblitas y los once policías sobrevivientes contraatacaron a los senderistas, los hicieron huir e impidieron la pérdida de armamento, que es siempre objetivo principal de las emboscadas de Sendero. Pese a todas las recomendaciones de ascenso por acción distinguida, Oblitas sigue en el mismo grado hasta ahora. Si hubiera llamado a camarógrafos de Lima, Salazar probablemente habría llegado con los galones de comandante en las manos.

El hecho es que cada uno de los logros policiales en la lucha contra Sendero en el Huallaga derivó en largas y penosas gestiones de ascenso, preñadas de injusticias, postergaciones, criolladas y mecidas. En muchos casos, los policías terminaron invirtiendo más tiempo y esfuerzo en esas gestiones que en profundizar la investigación contra Sendero. Y dado que hubo inequidades, surgió, inevitable, la discordia entre policías.

Luego, la administración de los menguados fondos de inteligencia de la Dircote (la Digimin y Dirandro tienen sus propios fondos) y de las recompensas por la captura de dirigentes senderistas de cierta importancia, ha agudizado los conflictos intrapoliciales y con otros estamentos del Estado. Por eso, el detrimento de la coordinación y eficiencia operativa ya es manifiesto.

En esas condiciones se anunció el cañonazo de cinco millones de dólares [para el Huallaga y otros tantos para el VRAE] que daba Estados Unidos por las capturas de ‘Artemio’ y ‘José’. Las declaraciones iniciales de fuentes de la Embajada de Estados Unidos y las de personas cercanas a ella, hicieron suponer que los estadounidenses administrarían ese dinero. Al fin y al cabo, Estados Unidos financia y controla operativamente, para todo propósito práctico, la llamada “guerra” antidrogas en el Perú.

El martes 13, sin embargo, el canciller José Antonio, ‘Joselo’ García Belaunde dijo que Estados Unidos “no ha ofrecido entregar 5 millones de dólares para quien dé información que lleve a la captura de cabecillas terroristas, sino que ha puesto a disposición del Perú esa suma para que decida si la emplea con ese objetivo”.

¿Puede emplearlos en, por ejemplo, comerciales de “el Perú avanza”? Parece que no. Joselo aclaró que “será el gobierno del Perú el que determine si hay alguien que lo merezca (el monto asignado), pero es a partir de lo que el gobierno peruano decida”.

Si fuera así (tengo algunas dudas al respecto, que buscaré aclarar cuanto antes), sería lo correcto. El uso de la fuerza pública, la aplicación de la ley y las recompensas son un medio poderoso para facilitar lo uno y lo otro, corresponden al Estado peruano en su territorio y no deben delegarse a uno extranjero.

La pregunta, claro está, es cómo va a administrar el Estado esos 10 millones de dólares de recompensa. ¿Va a hacerlo a través de la misma oficina de la PCM que maneja las comparativamente menguadas recompensas nacionales? ¿Con qué nivel de supervisión y rendición de cuentas? Si una fracción de esa suma ha producido las hasta hoy sordas pero reveseras confrontaciones entre los funcionarios que buscan a ‘Artemio’, habrá que ver lo que cinco millones de dólares, ascensos posibles y, sobre todo, cámaras y más cámaras, le hacen a la gente, empezando en este último aspecto por el ministro Salazar.

Lo paradójico del asunto es que la recompensa que Estados Unidos ofrece por las capturas de ‘Artemio’ y ‘José’, los considera tácitamente como los narcotraficantes más importantes del país.

Esa es obviamente una exageración. Ni son los narcotraficantes más importantes del país, ni son tampoco centralmente narcotraficantes. Están implicados en el narcotráfico, pero su objetivo central no es ese, y tampoco, como lo saben bien muchas empresas extractivas, su única fuente de ingresos.

Cuando estuve en el Huallaga, hace pocas semanas, y llegué a los pueblos que ‘Artemio’ había ocupado recientemente, me llamó la atención el testimonio de varias de las personas que habían estado en reuniones convocadas por él. Según ellos, ‘Artemio’ se habría declarado en contra del monocultivo de la coca y habría instado a los agricultores a plantar cultivos legales que hicieran posible un desarrollo alternativo. Ello habría preocupado a varios dirigentes cocaleros.

Mientras en la compleja realidad del Huallaga, ‘Artemio’ parece tomar distancia de la coca, y en tanto sus posibles futuros captores se pelean por el adelanto de méritos de un arresto que todavía no se produce, un ofrecimiento de recompensa estadounidense define al líder senderista solo como narcotraficante. Pero no lo hace por lectura de la realidad, sino porque las leyes gringas no permiten ayuda contrainsurgente. Lo que para Orwell era el newspeak, para nosotros sigue siendo el cocaspeak.

Tomado de la revista Caretas. Edición jueves 15 de julio de 2010

E.U y narcoterrorismo: 8 mil millones para Plan Colombia y 800 millones para plan Perú, en 10 años.

Foto: Archivo / EL TIEMPO . El Plan Colombia deja positivos resultados en reducción de cultivos ilícitos y acciones de la guerrilla, así como más inversión extranjera.

Se cumplieron 10 años desde que el Congreso estadounidense dio vida a este programa.

Y pese a existir críticas, no hay duda que le ha cambiado el rostro al país.

Para ponerlo en contexto, hace algunas semanas -en entrevista con EL TIEMPO-, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela recordaba la Colombia que existía en el verano del año 2.000 cuando el legislativo de EE. U.U. -por pedido de entonces mandatario Bill Clinton-, aprobó los primeros 1.300 millones de dólares para financiarlo.

"En esa época cuando comenzamos a trabajar en esto había muchas dudas sobre los desafios que enfrentaba la sociedad colombiana. Había una situación de seguridad relacionada a tres tipos de insurgencia, una crisis económica muy fuerte, donde ya se hablaba que se había pasado de la guerra de guerrillas a guerra de movimientos. Viéndolo en retrospectiva creo que fue un gran éxito", dice Valenzuela que es considerado uno de los "papás" del Plan Colombia pues ayudó a elaborarlo cuando se desempeñaba como Asesor de Seguridad Nacional para América Latina de Clinton.

Eso, sin contar las hordas de colombianos que abandonaban al país por amenazas a su seguridad o buscando alternativas económicas, y el repliegue de la inversión extranjera dada la valoración negativa de los calificadores de riesgo.

Desde entonces E.U ha invertido casi 8.000 millones de dólares si se suman los aportes del Departamento de Estado y de Defensa en adición a todo el gasto del estado colombiano.

Gracias a ello es lo que ha cambiado, especialmente en seguridad pública e inversión económica.

Aunque la estrategia inicial era eminentemente antinarcóticos y planteaba como eje central reducir a la mitad los cultivos ilícitos que existían en el país en cinco años y llevar desarrollo alternativo a esas zonas apartadas, pronto fue evolucionado hacia un combate abierto contra el "narcoterrorismo" dada la conexión de las guerrillas y paramilitares con el tráfico ilícito.

Ese cambio de énfasis, que fue autorizado por el Congreso de E.E. U.U. en el 2002 -gracias en parte a los atentados terroristas del 2001 contra Washington y Nueva York- le cambió la dinámica a la situación de orden público en el país pues desde entonces todos los recursos que entrega E.E. U.U. pueden ser usados para combatir a los grupos irregulares.

De acuerdo con estadísticas del gobierno colombiano, del 2002 a la fecha los atentados terroristas se han reducido en un 84 por ciento, los secuestros otro 88 por ciento, y la tasa de homicidios ha bajado un 45 por ciento. Las Farc, de ser un grupo que contaba con unos 20.000 mil hombres y controlaba grandes zonas del país, ha bajado a menos de 10.000 y en actitud de repliegue.

La inversión extranjera, en la medida que ha mejorado el clima de seguridad ha ido regresando. De acuerdo con la embajadora Carolina Barco, la cifra se ubica ya en más de 10.000 millones de dólares anuales (cifra de 2008) de los 2500 que se registraban en el 2000.

Igual ha pasado con el turismo que se ha más que duplicado en este mismo período (de 800 mil turistas en 2000 a 1 millón 700 mil en 2009).

Según Valenzuela, pese a los errores que se cometieron -y que admite- "los historiadores tendrán que valorar ese esfuerzo conjunto y concluir que fue esto lo que le permitió a Colombia comenzar a cambiar su rumbo".

Pese a todo ello, es en la lucha contra las drogas - el objetivo central del plan como fue concebido- donde los resultados son mixtos.

El último estudio de Naciones Unidas dice que los cultivos ilícitos en Colombia se redujeron un 58 por ciento entre 2000 y 2009. Y si bien el dato es bueno, está lejos de la meta fijada al comienzo que buscaba casi esa misma disminución pero en solo 5 años. Además, aún restan en el país 68.000 hectáreas cultivadas que tiene un potencial de producción superior a las 250 toneladas métricas y que equivale a la demanda de E.U. en un año.

El precio de la coca en las calles estadounidenses ha comenzado a subir un poco en los últimos años -lo cual indica cierta escasez en el mercado- pero la producción potencial de coca en la región andina, unas 800 toneladas métricas anuales- sigue siendo suficiente para abastecer los mercados mundiales.

"A lo mejor subestimamos la posibilidad de poder eliminar completamente la producción de drogas que se encuentra con fenómenos como que si erradicas en una parte surgen en otro lado", dice Valenzuela.

Y en buena parte eso ha ido pasando. En Colombia, donde los cultivos se desplazaron del Putumayo y Caquetá, a otros departamentos como Nariño y Bolívar, y en el proceso se destruyeron más de millón de hectáreas de bosques en esta década.

El problema también ha migrado a otros países, caso Perú, que viene registrando un vertiginoso ascenso de sus cultivos.

Es decir, la corroboración del famoso "efecto globo", que tanto advirtieron los críticos.

Y aunque parte de la violencia que genera el narcotráfico ha ido menguando en Colombia, se ha visto desplazada a Centro América y México.

La otra debilidad del Plan ha estado por el lado del desarrollo alternativo en regiones donde hay cultivos ilícitos.

De acuerdo con un estudio elaborado para E.E. U.U. por la firma consultora Management Systems International, si bien el Plan Colombia ha sido una iniciativa exitosa en muchos frente pues ha logrado expandir los niveles de seguridad, golpear a organizaciones ilegales como las Farc y los paramilitares y mejorar el clima de inversión en el país, los beneficios no han fluido a las poblaciones más pobres y rurales que son actores principales en la producción de sustancias ilícitas.

"El Estado ha sido lento a la hora complementar los avances en seguridad con inversiones comparables en las esferas económicas y sociales,, incluso en zonas consideradas de alta prioridad.

El "seguimiento civil" a las operaciones militares de limpieza y aseguramiento es por lo general lento, descoordinado, subfinanciado y sufre por la falta de compromiso y sentido de propiedad en los más altos niveles del gobierno", sostiene el reporte.

Por eso, dice Valenzuela, es que E.E. U.U. está dando prioridad al desarrollo económico en lo que llama la "segunda fase" del Plan y que en Colombia se conoce como "la consolidación".

Pero está por verse ya que E.E. U.U. ha venido reduciendo sus aportes de manera sostenida. De los 700 millones (promedio) que recibió entre 2000 y 2007, ha bajado a unos US 400 millones anuales de allí en adelante.

Valenzuela explica que la reducción es por que los programas de corte social y desarrollo son menos costosos que los militares, que incluían compra y mantenimientos de helicópteros y otros equipos. Además, que Colombia ha comenzado a asumir muchos de los costos en la medida que la situación he mejorado.

Pero también es cierto que los recortes obedecen a un cambio de prioridades de Washington sumado a la crisis económica que ha golpeado su billetera.

Y si bien el Plan Colombia no desaparecerá de la noche a la mañana, se estima que, hacia el futuro, E.E. U.U. seguirá en retirada.

SERGIO GÓMEZ M.

Corresponsal de El TIEMPO
WASHINGTON

Tomado de:
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/eeuu-ha-aportado-mil-millones-de-dolares-en-10-anos-de-plan-colombia_7805624-1

Historia de los juicios por las matanzas en la dictadura Argentina

Se están realizando los procesos por Margarita Belén, la U9 de La Plata y la UP1 de Córdoba. En cambio, la causa por Palomitas, en Salta, está paralizada. Las historias de los presos y los asesinatos.



Por Werner Pertot

“Una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias.” Rodolfo Walsh se refiere a un aspecto del terrorismo de Estado que durante muchos años fue opacado por la denuncia de los campos de exterminio. Se trata de las masacres de presos políticos y del rol que cumplieron las cárceles. Las tres principales matanzas de presos están siendo juzgadas: los fusilamientos en Córdoba, la masacre de Margarita Belén, en Chaco, y los pabellones de la muerte de La Plata. El único que sigue en suspenso es el de la Masacre de Palomitas, en Salta (ver aparte).

Por las cárceles de la dictadura pasaron entre 10 y 12 mil presos políticos, en paralelo a los desaparecidos. No se trató de dos realidades separadas: las cárceles y los campos clandestinos de detención y exterminio formaron un “continuum represivo”, según la denominación que encontró Pilar Calveiro. La politóloga (y sobreviviente de un campo) señala entre otras características comunes: los asesinatos en forma impune de prisioneros; la clasificación en “recuperables”, “casi recuperables” e “irrecuperables” y el “traslado” como eufemismo del asesinato.

La dictadura dividió el país en zonas, subzonas y áreas para organizar la represión. Hubo masacres de presos políticos en la zona 1 (los pabellones de la muerte), en la zona 2 (Margarita Belén) y en la zona 3 (los fusilamientos en Córdoba y la Masacre de Palomitas, además de los asesinatos de detenidos en Santiago del Estero y Jujuy). “En la Argentina no hay presos políticos. Quienes se hallan detenidos no lo son con motivo de sus ideas o de sus discrepancias con el gobierno sino por la comisión de gravísimos delitos”, afirmaba el dictador Jorge Rafael Videla ante el diario Clarín el 16 de junio de 1979.

Con la venia de Videla

Cuando lo detuvieron en 1973, Gustavo Tissera era obrero fabril y militante del PRT-ERP en Córdoba. Tras las torturas en una comisaría, fue a parar a la Cárcel de Encausados.

“Inauguramos la cárcel”, recuerda Tissera. Los llevaron a la Cárcel de Encausados y los dejaron entre los presos comunes. “Ustedes son la pesada gil, porque roban pero para otros”, le decía un preso común. Los presos políticos tenían un régimen autoimpuesto. “Nosotros nos levantábamos tempranísimo, hacíamos gimnasia, estudiábamos. Luego de la caída del gobernador peronista Ricardo Obregón Cano trasladaron a los presos políticos a la Unidad Provincial 1 (UP1), en un pabellón especial. En diciembre de 1975 tuvieron la primera requisa pesada y el día del golpe se suspendieron todas las visitas. Los militares desembarcaron en la cárcel el 1º de abril. Los sacaron al patio a los golpes y culatazos. Les dejaron la celda pelada.

“Lo único que nos quedó era una frazada”, recuerda Tissera.

El general Juan Bautista Sasiaiñ fue personalmente, entró a la celda de Tissera. Sasiaiñ miró un plato de caldo con dos o tres fideos. “Claro, así cualquiera es subversivo”, dijo y pateó el plato. “Están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, porque van a morir lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido”, les dijo. Golpeó a un preso y se fue. Desde entonces las diferencias entre lo que ocurría en esa cárcel y lo que pasaba en los campos se angostaron. Les tapiaron las ventanas y les dieron un tacho para hacer sus necesidades. Las guardias quedaron a cargo de la policía militar, la Gendarmería y los militares. Se generalizaron las palizas colectivas, las torturas, los simulacros de fusilamiento.

El capitán Gustavo Alsina era uno de los que más se ensañaba con las mujeres, a las que obligaron a entregar a sus bebés a las familias. “Despedite de tu hijo, porque no lo vas a ver más”, le dijo a una de ellas el represor Enrique Pedro Mones Ruiz, el mismo que llamó en el juicio “ese terrorista” al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

El 5 de junio de 1976, en una de estas sesiones de tortura, en las que los obligaban a hacer ejercicios militares, Raúl “Paco” Bauducco recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. El cabo Miguel Angel Pérez, que lo había golpeado, sacó su arma y se la puso en la cabeza. “No doy más”, le respondió Bauducco, cuando le ordenó levantarse. Pérez miró a su superior, Mones Ruiz, quien asintió. Y lo fusiló frente a cincuenta testigos.

En tandas, sacaron a grupos de presos y los fusilaron. A Eduardo Bártoli lo llevaron de la cárcel al centro clandestino de detención D2, donde lo mataron el 30 de abril junto a dos desaparecidos. No fue el único caso de conexiones entre cárcel y centros clandestinos: el oficial de inteligencia Carlos Yanicelli sacó de la cárcel a Diana Fidelman y la llevó al D2, donde se ensañaron con ella en la tortura por ser judía. “Te vamos a hacer jabón”, le decían. La salida la autorizó el juez Adolfo Zamboni Ledesma, lo que demuestra que la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado está lejos de ser un patrimonio sólo de Mendoza.

El 17 de mayo fue el primero de los “traslados”. Diana Fidelman había estado bailando todo el día. Con las otras presas, hicieron una obra de teatro donde satirizaban a los represores, como forma de resistir las torturas diarias. Se la llevaron junto a Miguel Mozé, José Svagusa, Ricardo Verón, Eduardo Hernández, Ricardo Yung. Antes de que la fusilaran, ella los miró con sus ojos azules y les gritó: “No sean cobardes. Mátenme de frente”. El barrio escuchó los sonidos secos de los disparos.

El siguiente “traslado” fue el 28 de mayo. Una patota militar fue en busca de dos presos del ERP, Carlos Sgandurra y José Angel Pucheta. En el enfrentamiento fraguado en el que los fusilaron también mataron a José Osvaldo Villada, un desaparecido al que hicieron pasar como un miembro del “bando atacante”. El 19 de junio se llevaron a Claudio Zorrilla, Miguel Angel Barrera, Esther Berberis y Mirta Abdón. A las presas las tuvieron que sacar en andas. “Nos quieren matar”, gritaba La Turca Abdón. El 30 de junio fusilaron a José Cristian Funes y Marta Rosetti, quien antes de irse repartió su ropa entre todas sus compañeras.

El 14 de julio de 1976, Alsina sorprendió a José René “Turco” Moukarzel recibiendo un paquete de sal de un preso común. Lo desnudaron y lo estaquearon en un patio, donde le tiraron agua fría, mientras lo golpeaban. Lo dejaron una noche helada, hasta que murió. Alsina fue a la enfermería a ver el cuerpo y golpeó al enfermero que estaba intentando asistirlo. “Dejá que se atienda solo. Total, es médico”, le dijo.

El 12 de agosto de 1976 el teniente Osvaldo Quiroga retiró de la cárcel a Eduardo de Breuil, Gustavo de Breuil, Miguel Vaca Narvaja e Higinio Toranzo. Los encapucharon a todos. En un momento el vehículo se detuvo en un lugar donde había militares entrenando.

–Teniente D’Aloia, ¿va a jugar el sábado contra la escuela de aviación? –preguntó un soldado.
–Callate, que acá tenemos unos subversivos. Después te veo –contestó, irritado, el teniente Francisco D’Aloia.

Los vehículos volvieron a avanzar. Tiraron una moneda para decidir a cuál de los hermanos De Breuil dejaban vivo. A Eduardo lo obligaron a ver el fusilamiento de su hermano, de 21 años: “Ahora volvés a la cárcel y les contás esto que viste. Les va a pasar a todos”, le dijeron. El 20 de agosto fusilaron a Ricardo Tramontini y Liliana Páez y el 11 de octubre a Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Cevallos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto.

En el juicio están acusados, además de Videla y Luciano Benjamín Menéndez, otros 31 represores, incluidos Yanicelli, Quiroga, D’Aloia, Pérez, Alsina y Mones Ruiz.

Margarita Belén

Los presos políticos de la cárcel de Resistencia (Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal) tuvieron una larga discusión. Se habían enterado, gracias a un guardia, de que iban a fusilar a algunos de ellos. Incluso tenían una lista. La pregunta era: ¿Resistir colectivamente o dejar que sacaran a un grupo de presos? “Es mejor que maten a veinte y no a los doscientos que somos, compañeros”, argumentó Néstor Sala.

En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 el oficial Oscar Casco se acercó a la reja y nombró a los que tenían que salir.

–¿Qué pasa, señor? –se le acercó Jorge Giles.
–Traslado, Giles, traslado.
–¿Un día domingo, celador?
–Yo sólo cumplo órdenes.

Afuera estaba lleno de camiones del Ejército. Casco dio un ultimátum: “¿No los quieren dejar salir? Yo me retiro y entra el Ejército. Pero no entran a buscarlo a Sala, sino para matarlos a todos por el delito de motín”. Néstor Sala salió, no sin antes dar un discurso ante los otros presos. “Hoy nos sacan para matarnos. Les pido que se lo cuenten a mi mujer, a mi hijo y al pueblo. ¡Viva Perón, carajo!”, gritó. Con él, se llevaron a Luis Angel Barco, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte, Luis Fransen, Mario Cuevas y Patricio Tierno.

Los llevaron a la Alcaidía donde los torturaron salvajemente. Luego, los juntaron con un grupo de desaparecidos y marcharon hacia Margarita Belén. Todos los militares y policías de la comitiva dispararon, en un pacto de sangre. Luego se sentaron a comer un asado en el lugar de la masacre.

En Chaco están siendo juzgados por esto Horacio Losito, Germán Riquelme, Guillermo Reyes, Athos Renés, Rafael Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Simoni, Aldo Martínes Segón y Luis Eduardo Chas. Norberto Tozzo está en trámite de extradición, preso en Brasil. “Tanto la causa de Córdoba como la de Chaco sustentaron la causa 13, del Juicio a las Juntas, porque allí están todas las huellas de la cadena de mandos”, planteó a Página/12 Jorge Giles, ex preso político y director del Inecip.

Pabellones de la Muerte

Eduardo Jozami llegó a La Plata en un traslado de Devoto en octubre de 1976. En diciembre, asumió un nuevo director: Abel Dupuy. El 13 de diciembre de 1976, el mismo día de la masacre de Margarita Belén, los sacaron a todos de la celda. “Nos hacían caminar entre dos filas de milicos con palos. Esa requisa fue la señal de que cambiaban las cosas en la cárcel. Fue de una violencia exagerada”, recuerda Jozami. Luego de su acto de asunción, Dupuy ordenó sacar todos los libros que les habían secuestrado (cerca de cinco mil) y los quemó en frente de la cárcel.

A partir de allí, se generalizaron las torturas: les hacían sacar la cabeza por el pasaplatos para golpearlos o pincharles los ojos, alternaban palizas con baños de agua helada. En una de estas sesiones, a Marcos Ibáñez Gatica lo dejaron en estado vegetativo y murió a los pocos días.

Lo mismo ocurrió en los casos de Juan Barrientos y Alberto Pintos.

El 3 de enero de 1977 organizaron a los presos según su procedencia política y su grado en las organizaciones armadas. En el pabellón 1 colocaron a los dirigentes de Montoneros. En el 2, a los del PRT-ERP. Los presos políticos los llamaron “los pabellones de la Muerte”. No se equivocaron. A las cinco de la tarde del 5 de enero de 1977 vinieron a buscar a Dardo Cabo y Rufino Pirles, dos dirigentes de Montoneros. Los raparon y los sacaron para un “traslado” a Sierra Chica. “El día que los sacan nos pareció medio raro. Dardo hacía preguntas: ‘Che, qué raro un traslado a esta hora’. Al otro día nos enteramos de que los habían matado. Después de eso cada vez que salías del pabellón te daban por muerto. A mí una vez me sacaron para ver un abogado y cuando volví, me recibieron como si hubiera resucitado”, relata Jozami, actual director del centro cultural de la memoria Haroldo Conti.

El 27 de enero se llevaron a Julio César Urien y Angel Georgiadis. Militante de Montoneros, Urien era marino y provenía de una familia militar, que hizo gestiones con el general Albano Harguindeguy y consiguió que no lo mataran. Luego de dos días encapuchado, lo subieron a una camioneta, lo colgaron de los pies y lo llevaron a la cárcel. “Apareció” en Sierra Chica. En su lugar, volvieron a La Plata y se llevaron a Horacio Rapaport, que estaba en una celda de castigo por haber reclamado por los otros dos presos que habían sacado.

La existencia de los pabellones de la muerte fue denunciada internacionalmente, lo que llevó a los represores a cambiar la metodología. “Nos volvió a tomar de sorpresa cuando lo sacan a Domínguez y a los dos compañeros del pabellón 2”, plantea Jozami. A Guillermo Segalli, Abel Carranza y Miguel Alejandro Domínguez los liberaron en febrero de 1978 (estaban a disposición del PE nacional). Afuera los esperaba una patota, que los secuestró. Poco después, el juez Eduardo Marquard le dio la libertad a Jorge García, que era en realidad Juan Pettigiani (estaba preso con un nombre falso). También lo secuestraron. La metodología se repitió el 21 de marzo de 1978 a las once de la noche, cuando dejaron salir al abogado Juan Carlos Deghi. Se lo llevaron dos Falcon verdes a cien metros de la salida de la cárcel. Sus hijas lo estaban esperando con las velitas en su casa para festejar su cumpleaños.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-149283.html



La Masacre de Palomitas

La causa pendiente

Por Werner Pertot

El fiscal Jorge Auat denunció por mal desempeño a Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal de Jujuy, por el nulo avance de las causas de derechos humanos, entre ellas, la de la Masacre de Palomitas. Olivera Pastor tiene desde hace dos años las condiciones para dictar una sentencia, pero su principal medida fue liberar a uno de los responsables de la masacre, Hugo César Espeche. “Liberaron a un asesino confeso, porque me pidió perdón en el ámbito judicial”, recordó Nora Leonard, ex presa política y hermana de una de las fusiladas en la masacre.

En la cárcel de Salta se cortaron todas las visitas el 24 de marzo de 1976. El 6 de julio los vinieron a buscar para un supuesto traslado a Córdoba. El capitán Espeche ordenó que apagaran las luces externas del penal de Villa Las Rosas. Como diría Roberto Bolaño: con ellos, entró la noche, salió la noche. Y con la noche se fueron Benjamin Avila, María Alonso de Fernández, Evangelina Botta, Georgina Droz, Amaru Luque, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Victorio Povolo, Rodolfo Usinger, Alerto Sabransky y Celia Leonard. Los obligaron a amontonarse en dos autos que un operativo comandado por Joaquín Guil había robado esa noche y los mataron. La primera investigación por Palomitas empezó con la causa 13 en el Juicio a las Juntas. La condena a los represores salteños fue frenada por las leyes de impunidad, lo que no le impidió a Nora Leonard presentarse en 1998 ante el juez español Baltasar Garzón. “Estamos en un lugar muy conservador. Hacer cada cosa nos tomó un esfuerzo enorme. Somos predicadores en el desierto”, explica. El 19 de diciembre de 2001, mientras el país estallaba, Leonard y Espeche se volvieron a ver la cara en un juzgado. “Yo empecé a gritarle que la mató a mi hermana con un bebé de 4 meses y medio. Le dije que destruyó a mi familia. El se agarró la cabeza y me dijo: ‘No sabe lo que es vivir con esto. Yo era joven. Las órdenes eran secretas, no sabía para que me mandaban. Yo le pido perdón a usted y a su familia’”, relata.

Luego de que se anularon las leyes de impunidad, el juez Ricardo Lona renunció en medio de un jury por su complicidad en la masacre. Allí comenzó lo que Leonard define como “una historia kafkiana, porque en el Poder Judicial estaban los amigos de Lona”. Todos los jueces y fiscales de Salta se excusaron en la causa Palomitas.

Para intentar agilizar la causa, se la dividió en tres partes: “Palomitas I”, la que llegó hasta la instancia en que se puede dictar sentencia tiene como acusados a Espeche, a Carlos Alberto Mulhall y a Miguel Raul Gentil. Las otras dos, mucho más atrasadas, incluyen a Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, además de a Guil. “La causa tuvo muchísimos incidentes, que implicaron ocho años más de instrucción. Es la vergüenza más grande para la Justicia federal salteña”, señaló a Página/12 la abogada Tania Nieves Kiriako, quien viene siendo amenazada: le dejan grabaciones de marchas militares en el contestador del estudio.

La causa cayó en manos de Olivera Pastor, quien liberó a Espeche cuatro días antes de que se terminara el plazo para que la fiscalía apelara el pedido de libertad condicional. Sí se habían presentado la Secretaría de Derechos Humanos y los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Salta. Cuando la fiscalía le pidió que lo volviera a detener, no hizo nada. Auat lo denunció por su “invariable actitud en las investigaciones por crímenes contra la humanidad”.


“Proceder inhumano”


A Fermín Rivera lo sacaron de la cárcel y lo torturaron para que revele dónde habían enterrado a dos guerrilleros en 1974, luego del copamiento del regimiento de Villa María por parte del PRT-ERP. Lo metieron en un baúl de un auto y lo llevaron a una finca, cercana a Río Tercero. Allí montaron un show periodístico. El 4 de abril de 1978, el diario La Nación afirmó que “la ubicación de la vivienda y el hallazgo de la tumba fue posible por la declaración de un extremista actualmente detenido, quien se avino a cooperar con la acción judicial”. Luciano Benjamín Menéndez, en un despliegue de cinismo, defendió ante los periodistas el derecho de los padres a enterrar a sus hijos: “Este proceder de por sí inhumano es todavía más execrable cuando se piensa que esos muertos son después usados para engañar a desprevenidos y hacerlos pasar como desaparecidos, reclamando sobre el paradero de individuos que los propios delincuentes subversivos han enterrado”.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149283-47937-2010-07-11.html

Injusticia Globalizada: Diez millones padecen hambre en África Occidental.

Por: InspirAction


La foto es de Annabel Davis (c) InspirAction

El epicentro de la crisis es Níger, donde siete millones de personas carecen de alimentos. Acción Contra el Hambre, Intermón Oxfam, InspirAction, Plan España, World Vision y Save the Children solicitan un incremento significativo de la ayuda humanitaria en la zona.

Seis de las principales ONG españolas han hecho un llamamiento para aumentar considerablemente los esfuerzos de ayuda humanitaria destinados a asistir a los 10 millones de personas que se enfrentan a una hambruna severa en la región de Sáhel, en África occidental y central. El epicentro de la crisis es Níger, donde siete millones de personas, casi la mitad de la población, carecen de alimentos. Otros dos millones de personas en Chad y cientos de miles más en Mali, Mauritania, regiones de Burkina Faso y la región más septentrional de Nigeria están afectados por esta crisis.

Las ONG (Acción Contra el Hambre, Intermón Oxfam, InspirAction, Plan España, World Vision y Save the Children), han manifestado que las cifras de la desnutrición evidencian la necesidad de actuar inmediatamente. Las últimas estadísticas de Níger indican que casi el 17% de los menores de cinco años están sufriendo de desnutrición aguda, un porcentaje que es un tercio superior al del año pasado.

La respuesta internacional resulta imprescindible para impulsar la distribución de la ayuda de una manera eficaz y rápida, así como para garantizar más fondos. Concretamente, las ONG han instado a la ONU a que nombre a un representante especial para la crisis, que acelere y coordine los esfuerzos de ayuda de varios países, y que medie entre los gobiernos de los países afectados y los países donantes.

A pesar de los llamamientos emitidos durante los últimos seis meses, los fondos para responder a la crisis son escasos y llegan con retraso. Así, el llamamiento de emergencia que la ONU hiciera para paliar la crisis en Níger ha reunido 107 millones de dólares menos que lo programado. Mientras que algunos países han incrementado su apoyo, otros han respondido con demora y han sido menos generosos. Las agencias de ayuda humanitaria han solicitado a los países ricos que hagan donaciones generosas y que financien cuanto antes la crisis, con el fin de prevenir una catástrofe. También han instado a dichos países a que garanticen la participación de los altos cargos gubernamentales, de modo que se eliminen los retrasos en la distribución de la ayuda.

Precisamente por estas demoras, en las zonas afectadas la ayuda alimentaria se ha adquirido y distribuido demasiado tarde, como en el caso de Níger, donde las distribuciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzaron demasiado tarde y llegaron a pocas personas. En vista de las últimas cifras alarmantes sobre la desnutrición, el 2 de julio el PMA anunció que aumentaría el número de nigerianos a los que está asistiendo, pasando de 2 a 4,5 millones de personas. En Chad, donde el PMA necesita otros 20 millones de dólares, la distribución de alimentos solo se ha programado para dos meses a pesar de que, como en Níger, la próxima recogida de cosechas no será hasta dentro de tres o cuatro meses.

La sequía, el fracaso de los cultivos, las plagas, el aumento del precio de los alimentos y los niveles de miseria extrema han provocado la severa escasez de alimentos, y las tierras de pastoreo son ahora apenas fértiles. La gente ha tenido que abandonar sus hogares, y vender las pocas posesiones que tenían o sacrificar su ganado moribundo. Las agencias han advertido que estas medidas desesperadas no solo indican la agudeza de la crisis si no que también socavan las inversiones para el desarrollo a largo plazo.

A este respecto, Philippe Bassinga, de InpirAction, ha manifestado: “En las zonas rurales de Níger la población vive en un perpetuo desplazamiento en busca de semillas, agua, y pastos inciertos. Una pobre mujer me decía hoy que ya no se nota la diferencia entre pobres y ricos, porque lo único que se puede consumir es harina de mandioca. Del mismo modo en que los animales hambrientos, sedientos y cansados que ya no pueden desplazarse son abandonados por sus propietarios, los hombres y sobre todo las mujeres con niños parecen vivir la misma pesadilla, porque yano tienen fuerzas de desplazarse y buscar ayuda. La cuestión es: ¿vamos a dejar que estas mujeres y niños agonicen en silencio? ¿Por qué dudamos todavía? Es hora de actuar.”

Níger, que es el país menos desarrollado del mundo, es también el más afectado por la catástrofe, con 7,1 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Entre ellos, hay casi medio millón de menores de menos de cinco años que padecen desnutrición aguda, enfrentándose por lo tanto a lesiones irreversibles, y que fallecerán si no reciben urgentemente un tratamiento. La cosecha de cereales ha decrecido hasta un 30% y los pastos, que son fundamentales para los ganaderos, están por debajo del 60% del nivel necesario.

En Chad, donde se vive un conflicto de larga duración, hay dos millones de personas afectadas por la falta de alimentos. Hay informes que señalan que algunas mujeres se han visto obligadas a comer semillas de los hormigueros y que los índices de desnutrición alcanzan un 27% en algunas regiones. Cientos de miles de personas también se encuentran en situación de riesgo en Mali, Burkina Faso y al norte de Nigeria.

Tomado de:
http://www.canalsolidario.org/noticia/10-millones-de-personas-se-enfrentan-al-hambre-en-africa-occidental-es-hora-de-actuar/24239?utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=diarioCSO

domingo, 11 de julio de 2010

EEUU ofrece hasta $5 millones de recompensa por ‘Artemio’ y por ‘José’

Víctor Quispe Palomino (José), líder de la facción de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), y Eleuterio Flores Hala (Artemio), cabeza de la agrupación en el Huallaga.

Por Gustavo Gorriti.- IDL-Reporteros recabó una información que ha sido confirmada por la embajada de Estados Unidos en Lima: el gobierno estadounidense ha decidido ofrecer “hasta 5 millones de dólares” por información que “conduzca al arresto o convicción [sic]” de los dos principales líderes de las facciones de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga (‘Artemio’) y en el VRAE (‘José’).

Fuentes de la embajada estadounidense, que pidieron reserva de identidad, indicaron que el ofrecimiento de recompensa se enmarca en el “programa de recompensas anti-narcóticos”, que tiene “alcance mundial” y fue “establecido por el Congreso de los Estados Unidos en 1986”.

Según las fuentes de la embajada de Estados Unidos, “en el Hemisferio Occidental, el programa ha identificado traficantes principalmente en Colombia y México”. Su propósito es “ayudar a poner a disposición de la justicia a importantes traficantes de drogas”.

¿Cómo se va a administrar la información para la recompensa? Todo indica que será a través de la Policía Nacional, especialmente a través de direcciones (como la Dirandro, por ejemplo), que trabajan más estrechamente con Estados Unidos.

Según fuentes bien informadas de la PNP, la Policía servirá para canalizar la información y los informantes, pero la evaluación y la decisión de concederla o negarla, estará en manos de los funcionarios estadounidenses en el Perú que dirigen la colaboración con la Policía.

No quedó claro si estos serán miembros de la DEA (Drug Enforcement Administration), que pertenece al Departamento de Justicia estadounidense; o de la NAS (Narcotics Affairs Section), del Departamento de Estado.

La recompensa tiene solo dos objetivos: Florindo Eleuterio FLORES Hala, alias ‘José Flores León’ o alias ‘Artemio’ y Víctor QUISPE Palomino, alias ‘José’. Es decir, los principales líderes de las dos facciones de Sendero, en el Huallaga y el VRAE. Ambos son descritos por la fuente de la Embajada de Estados Unidos como “dos traficantes de drogas peruanos que están siendo buscados”. El ofrecimiento es de hasta US$ 5 millones que “pueden ser puestos a disposición por cada uno”.

¿Se busca la extradición de los líderes senderistas en el caso que fueran capturados? Según la fuente de la embajada de Estados Unidos, “el programa no tiene requerimiento de extradición”. La misma fuente no quiso precisar cuál sería el mecanismo para decidir el pago de la recompensa, con la frase usual de: “No discutimos asuntos operacionales”.

Es obvio que la decisión de Estados Unidos, de ofrecer una recompensa cuantiosa (y creíble en cuanto a su desembolso) representa un cambio sustantivo en el papel de Estados Unidos en la lucha contrainsurgente en el Perú. Hasta ahora, incluso los pilotos policiales peruanos de helicóptero, que trabajan en el Huallaga o el VRAE en las bases antidrogas, tenían prohibido, por los estadounidenses, ayudar a la Fuerza Armada en operaciones contra Sendero. Hasta en casos extremos, como la evacuación de militares heridos en choques o emboscadas, los pilotos de las bases antidroga (financiadas por Estados Unidos) de Palmapampa, Santa Lucía, o Tingo María, tenían que obtener una autorización explícita de la embajada de Estados Unidos en Lima antes de despegar para intervenir. La línea entre la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el senderismo parecía estar rígidamente trazada.

La nueva disposición, de pagar recompensa por los líderes senderistas significa que Estados Unidos ha entrado a participar en la lucha contrainsurgente y que, para respetar sus propios mandatos y limitaciones legales, lo hace dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico. Por eso define como “traficantes de drogas peruanos” a ‘Artemio’ y ‘José’.

Cuando IDL-Reporteros preguntó a la fuente de la embajada estadounidense por qué se ofrecía recompensa solo por la captura de ‘Artemio’ y ‘José’ y no por la de narcotraficantes de mayor importancia, la respuesta fue una risa ligeramente nerviosa.

¿Cómo se va a ofrecer públicamente la recompensa? ¿Se va a reconocer, a través de funcionarios del gobierno peruano, que la plata proviene de y es controlada por Estados Unidos?

En los próximos días lo sabremos.

Tomado de:
http://idl-reporteros.pe/2010/07/09/eeuu-ofrece-hasta-5-millones-de-recompensa-por-%E2%80%98artemio%E2%80%99-y-por-%E2%80%98jose%E2%80%99/

Farc en la encrucijada: Cerco a "Cano" se cierra en Las Hermosas

Archivo Según analistas, las Farc no están heridas de muerte pero están debilitadas en su estructura. Aún tienen capacidad de hacer atentados terroristas o golpes que afectan unidades militares. Su accionar se limita a atacar y esconderse.

ANTE EL RUMOR de la muerte del máximo jefe de las Farc, el general Padilla admitió los combates en la zona donde puede encontrarse el guerrillero, pero aseguró desconocer su suerte. Especialistas aseguran que abatir a "Cano" sería un golpe demoledor a esa guerrilla.

Javier Alexánder Macías

A los rumores que tomaron fuerza ayer sobre la supuesta muerte de Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", jefe máximo de las Farc, el general de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, les salió al paso y desmintió las versiones que alcanzaron a circular por algunos medios.

El alto mando explicó que "se han venido realizando intensas y permanentes operaciones militares en todo el territorio nacional contra los cabecillas y estructuras de las diferentes organizaciones terroristas y criminales que delinquen en el país", pero hizo énfasis en que "en el caso particular de alias 'Alfonso Cano' hasta el momento no se tiene información sobre su suerte".

El rumor de la supuesta muerte del jefe guerrillero nace de las intensas operaciones militares que desde hace dos meses desarrollan las tropas en el cañón de Las Hermosas, uno de los santuarios de las Farc, por el que movilizan armas y droga.

Analistas consultados por EL COLOMBIANO consideran que no sería tan descabellado pensar en una posible muerte de "Cano", si se tiene en cuenta que con estas acciones militares, prácticamente le están respirando en el hombro al jefe guerrillero y lo obligan a huir.

Pero, ¿qué significaría la muerte del jefe máximo de las Farc?

El coronel (r) del Ejército, Jhon Marulanda, consultor internacional de Seguridad y Defensa, manifiesta que el abatimiento de "Alfonso Cano" "sería el broche de oro de la gran estrategia antiterrorista del presidente Uribe".

"Este suceso enviaría un mensaje muy claro a los países que de una u otra manera acogen en su seno a los líderes de esta agrupación. Esto sería, incluso, más importante que la Operación Jaque y el operativo en el que fue abatido Raúl Reyes", expresó Marulanda.

Para el coronel (r), si las Fuerzas Militares no bajan el impulso de las operaciones en el cañón de Las Hermosas y continúan con entusiasmo la avanzada, "más tarde que temprano 'Alfonso Cano' y su séquito serán neutralizados".

"Las Farc están ad-portas de la derrota definitiva, lo que hace falta es que se presente la baja de uno de sus jefes, eso las desmoronaría", señaló Marulanda.

El general (r) de la Policía, Jairo Delgado, director de análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, coincide en que la muerte de "Cano" sería un impacto significativo en la guerrilla, aunque su abatimiento o captura no podría considerarse como un golpe definitivo porque solo generaría una condición transitoria de falta de mando.

"Debemos considerar que esa estructura, con cerca de 8 mil hombres conserva niveles de jerarquía y de reclutamiento, que en cualquier momento podrían tener un tipo de recuperación. Me parece que por el número de hombres que tiene y de control por la jerarquía, les da capacidad de cohesión", dijo Delgado.

El analista agregó que la posible muerte de "Cano" "no es un trofeo porque no se trata de logros personales, el logro es la confrontación para debilitar de tal manera a las Farc que se propicie un espacio de diálogo, negociación o sometimiento. Esto no puede quedar solo en lo simbólico".

Las Farc están debilitadas

Tanto Marulanda como Delgado coinciden en afirmar que las Farc están debilitadas por las acciones de la Fuerza Pública.

Ambos analistas apuntan a que se ha presentado un debilitamiento estructural en el grupo guerrillero, pero esto no significa una derrota.

"En este momento están desarticuladas. No tienen un direccionamiento operativo ni estratégico y están actuando aisladamente. Cada jefe de cuadrilla actúa con su criterio en áreas lejanas una de la otra y eso no es lo más beneficioso para un grupo de esta naturaleza", comentó Marulanda.

"Por las acciones militares hay modificaciones en su accionar para que les permita la movilidad, capacidad de repliegue inmediato para no ser contratacadas por la Fuerza Pública. No tienen como repeler un ataque directo de las Fuerzas Militares, por eso usan la emboscada, la bomba o acciones propias de una confrontación irregular porque no se enfrentan directamente", precisó Delgado.

Marulanda y Delgado afirmaron que el debilitamiento de las Farc se debe a la unión de todas las fuerzas de seguridad del Estado y que, de seguir así, el fin del grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica estaría cerca.

» Contexto

¿Quién es "Alfonso Cano"?


"Alfonso Cano" es un bogotano que nació el 22 de julio de 1948 y estudió Antropología en la Universidad Nacional. Lleva más de tres décadas de militancia en las Farc y es considerado como uno de los ideólogos del grupo guerrillero, pero antes de ingresar a la insurgencia, perteneció al Partido Comunista Colombiano y fue su "comisario político". En el 2000 impulsó el Movimiento Bolivariano de la Nueva Colombia, ideas políticas del grupo guerrillero. Tiene 47 órdenes de captura y una de la Interpol por los cargos de rebelión, terrorismo, homicidio y secuestro. Tras la muerte de "Manuel Marulanda", en marzo de 2008, asumió la comandancia de las Farc y desde entonces se ha visto una guerrilla más radical en sus posturas.

Golpes más fuertes a las Farc

Muerte de "Raúl Reyes"

Uno de los golpes más fuertes que ha recibido la cúpula de las Farc fue la muerte de Luis Édgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", en un bombardeo del Ejército en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. Ingresó al grupo insurgente en los años 70, era uno de los hombres de confianza de "Tirofijo". Fue el responsable de numerosas acciones delictivas.

Desmovilizaciones y capturas

El 7 de marzo de 2008, José Juvenal Velandia, alias "Iván Ríos", miembro del Secretariado de las Farc, fue asesinado por uno de sus hombres. El 25 de octubre de 2007, Gustavo Rueda Díaz, alias "Martín Caballero", jefe de las Farc en la costa caribeña, fue abatido por militares junto con otros 19 guerrilleros, en los Montes de María. El 1 de septiembre de 2007, el guerrillero Tomás Medina Caracas, alias "El Negro Acacio", responsable del negocio de las drogas dentro de las Farc, fue abatido por el Ejército en la región del Vichada. El 16 de mayo de 2008 se desmovilizó alias "Karina", jefe del frente 47 de las Farc. Y Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias "Simón Trinidad", miembro del Secretariado y jefe de finanzas de las Farc, fue capturado en Ecuador y extraditado a E.U. el 31 de diciembre de 2005.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cerco_a_cano_se_cierra_en_las_hermosas/cerco_a_cano_se_cierra_en_las_hermosas.asp?CodSeccion=211

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