jueves, 26 de noviembre de 2009

Farc cobran a campesinos las minas que pisan

ENTRE $50 MIL y 2 millones pagan a las Farc las víctimas de minas antipersonal. El argumento es que no son contra ellas sino contra el Ejército. Antioquia, Nariño y Caquetá registran casos de pagos insólitos.

José Guarnizo Álvarez

Archivo. Las minas que utilizan las Farc son en su totalidad artesanales. De 1990 a octubre de 2009, Colombia registra un total de 8.034 víctimas por minas antipersonal. Antioquia presenta la mayor cantidad, con un 22 por ciento. Le siguen Meta, con 10 por ciento, y Caquetá, con 8.

A finales de 2007, a través de la Campaña Colombiana contra Minas, se filtró una denuncia que inicialmente pareció una burla al sentido común. La información provino de un pueblo fantasma del Caquetá de donde habían salido desplazadas 5.000 personas de tiempo atrás y que tiene por nombre La Unión Peneya.

Un hombre que pisó una mina sembrada por el frente 15 de las Farc, que opera en el sur del país, aseguró que la guerrilla le estaba cobrando 500.000 pesos por algo que, según la lógica del grupo armado, no estaba destinado para él. En otras palabras, la razón del cobro era que él había "echado a perder" un explosivo que iba dirigido contra el Ejército.

"El campesino pisaba la mina y, sin importar el daño físico y psicológico, tenía que pagar por el perjuicio que supuestamente había causado", dice un representante de una ONG que tiene una de sus sedes en Florencia, capital del departamento de Caquetá.

En el 2008, quienes perdían sus extremidades al pisar los artefactos comenzaron a ser objeto de tan insólitos cobros. "Manito, ya pisó la mina, piérdase de acá. Si va a poner la denuncia y a socializar el accidente, automáticamente le toca", les decían.

"Entonces, quedabas contra la pared. O voy a los hospitales de Florencia y cuento la verdad, o me quedo callado", cuenta un habitante de la zona. La presión a la que estuvo sometida la población de La Montañita, un municipio de 40 mil habitantes que vive en gran parte del cultivo ilegal de la coca, era casi que hombre por hombre.

"Muchas veces te quedabas en el campo y no salías a los puestos de salud. O si llegabas, no decías lo de la mina, sino que dabas la versión de que se te había disparado la escopeta. Te inventabas infinidades de cuentos que terminaban reportados en la historia clínica", agrega la fuente.

Pasados dos años, las denuncias sobre este tipo de prácticas eran escasas y parecían más un simple rumor. Solo hasta la semana pasada, cuando una víctima en Antioquia hizo el mismo comentario. Entonces salieron a la luz más casos. En una reunión a la que asistió un delegado de la ONG Handicap Internacional se supo de tres víctimas más de minas y cobros en el departamento.

"Funcionarios de hospitales de primer nivel lo pusieron en conocimiento. Eso está saliendo es ahora último, antes no era tan común. Lo escuché a comienzos de este año a tres personas de dos municipios de Antioquia, uno de ellos del Oriente", dice una funcionaria.

Adriana Zapata, presidente de la Asociación de Víctimas de Minas en Antioquia, una mujer que por cierto ha padecido en carne propia la severidad de los explosivos, se encontró la semana pasada en San Juan de Arama, en el Meta, con una víctima más a la que grupos armados le estaban cobrando nada menos que 1 millón 200 mil pesos. "Escuchar a la persona decirlo fue bastante maluco. O sea, no me imaginaba que eso pudiera suceder. Imagínese -agrega- uno con tanto dolor y enseguida otros cobrándole".

Lo que poco se entiende es que una denuncia tan grave haya pasado inadvertida tanto tiempo. Esto sucede, según miembros de una organización humanitaria, porque al momento de un accidente lo que ocupa es atender la emergencia, "mirar la rehabilitación, no saber si les están cobrando". A las agencias internacionales, agregan, no les competería prohibir que cobren por las minas, sino más bien que no las utilicen.

Además, el pánico a denunciar hace que el tema no trascienda el anecdotario. Viviana Martínez, secretaria de Gobierno de Samaniego, Nariño, centro de la mayor cantidad de quejas, dice que el municipio ha solicitado información a la Fiscalía y a la Policía, pero que no hay ninguna denuncia formal. "La razón es que las víctimas se tienen que regresar a las veredas y allá tienen que volver a convivir con esas personas. Otras veces les impiden acceder a los beneficios legales que entrega Acción Social".

La presión que se siente en Montañita es un ejemplo. Allá los civiles han estado sitiados porque sencillamente no pueden entrar y salir cuando quieren. "Si yo digo que me voy de paseo a Florencia y en un mes vuelvo, no dejan. Hay que pedir permiso y estar sometido al constante seguimiento", dice alguien de la zona.

¿Negocio redondo?

Sin embargo, al consultarle por el caso, Andrés Dávila Ladrón de Guevara, director del programa Presidencial contra Minas Antipersonal, asegura que esa dependencia está en miras de recaudar información que podría llevarse a la Corte Penal Internacional. "La parte complicada -explica- es hacer el seguimiento preciso e individualizar el hecho. Para nosotros es un poco difícil, pero creemos que es un tema que hace necesaria la denuncia y la condena".

Para Dávila, que las Farc les cobren a sus víctimas representa el máximo nivel de deterioro y de maltrato a las comunidades. La pregunta que surge entonces es si la guerrilla lo hace por razones económicas. Si se tiene en cuenta que la elaboración de una mina artesanal, de acuerdo con el testimonio de un explosivista de la Policía, es tan sencilla como ir de compras al supermercado, los guerrilleros estarían ante un negocio redondo.

"Los elementos que se necesitan son los mismos que tiene una persona diariamente a la mano. Sobre todo porque el explosivo se puede sacar de los abonos orgánicos a base de nitrato de amonio. El aluminio en polvo, por ejemplo, lo consiguen los polvoreros para hacer sus juegos de luces", argumenta.

Un experto en minas del Ejército asegura que con solo 300 pesos (lo que cuesta un detonador en el mercado negro), casi se puede construir uno de esos artefactos (que en total vale 1 dólar) sin despeinarse. Y, si se compara con los 2 millones de pesos que la guerrilla ha llegado a cobrar en Samaniego, como se lo comentaron a una empleada de Naciones Unidas, la rentabilidad sería altísima.

En la "tabla de precios" que los armados han pedido a personas mutiladas o a familiares de difuntos, 50.000 es la cifra más baja. Existe, incluso, según Dávila, una tarifa que disminuye si la que explota la mina es una recua de mulas y no un ser humano.

Pero más allá de la plata que las Farc les saquen a las víctimas, que en el 97 por ciento de los casos son pobres, según el Gobierno, podría esconderse un asunto de estrategia militar. "Aunque a ellos les sale muy barato construirlas, el riesgo que están asumiendo instalándolas es muy alto. Entonces, que una mina sea activada por alguien que no era su objetivo implica primero tener que responderle a la comunidad; segundo, poner nuevamente a un explosivista a que se vuelva a arriesgar. Y, tercero, es alertar al Ejército", asegura una fuente cercana a los hechos.

Por documentos que ha obtenido inteligencia militar del Secretariado de las Farc, la guerra ahora es con minas y no con disparos. ¿Cuál es el problema de la mina? Que se queda ahí. Colombia, en un escenario de posguerra, tardaría 100 años en desminar sus campos. Un funcionario utiliza la palabra "dantesco" para describir la cantidad de esqueletos de animales que cualquiera se puede encontrar, por ejemplo, en zona rural de Ituango.

En San Rafael, Antioquia, con lo que queda del Noveno Frente y, en el Nudo del Paramillo (bordeado por el Bajo Cauca y el Alto Sinú), con el 18, la guerrilla ha tenido que utilizar minas antipersonal como mecanismo desesperado para contener a 5.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta y varias Brigadas Móviles, incluyendo soldados de la IV y la XIV brigadas. Dicho por el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es una ofensiva sin tregua.

Mucho de lo que relatan quienes visitan las estribaciones del Nudo, que se extiende en un espeso monte de 6.000 kilómetros cuadrados, es que el Ejército no tiene cómo avanzar en terrenos minados. "Una mina, cuya instalación demora una hora, retrasa a las tropas dos o tres días. Por eso no han podido derrotarlos", agrega la fuente.

Este año van 120 víctimas accidentadas en la zona y 35 soldados muertos. Por informe de la Gobernación se sabe que en Antioquia resultaron muertos y heridos 104 militares en 2009. "Es muy duro. Mientras a la mafia no le cuestan nada una lata de cerveza, una jeringa y 300 gramos de explosivo, el Estado invierte algo que no se puede cuantificar y es la vida de una persona", cuenta un militar.

Por eso un campesino que explota una mina lleva a cuestas una cruz doble. Por un lado, tiene que pagar por lo que no se gastó sino que padeció. Y, por otro, como ha ocurrido en Caquetá, carga con el fardo de ser sospechoso de instalar el artefacto. Existe una última y eventual motivación, por parte de las Farc, para quitarle la plata a un mutilado. Algo que trasciende lo económico y lo militar y que nadie se atreve a descartar, pero tampoco a validar: la práctica de la perversidad.

Contexto

Sal, incendios y recuas, todo con tal de no caer

Los campesinos históricamente han tenido varias estrategias para saltar de un lado a otro y así evitar accidentes. "Lo más práctico que hacían era quemar el bosque para que la dinamita explotara con el calor. Lo otro era que identificaban la mina y le echaban sal, y así corroían lo metálico", dice un experto.

Ahora, como lo confirmó el secretario de Gobierno de Argelia a EL COLOMBIANO hace ocho días, los civiles han decidido deshacerse de las minas con recuas.

Tomado de:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_cobran_a_campesinos_las_minas_que_pisan/farc_cobran_a_campesinos_las_minas_que_pisan.asp?CodSeccion=9

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