El fracaso general de la guerra contra el narcotráfico lleva a América Latina a debatir nuevas formas de regulación del consumo personal. La región comienza a dejar atrás el prohibicionismo de antaño.
por Rodrigo Lara Serrano
El modelo a seguir es Portugal, que descriminalizó el consumo personal de todo tipo de drogas.
El mar Caribe estaba calmo. Por ello, la andanada de proyectiles que impactó al pesquero Crystal sonó a truenos de día claro. Segundos después se fue a pique y sólo entonces la tripulación del HMS Iron Duke irrumpió en vítores. Un día antes la fragata había abordado esa nave para descubrir 212 paquetes de cocaína escondidos bajo un suelo de cemento falso en su bodega: 5,5 toneladas. O, puesto en valor de mercado, US$382 millones de dólares. Parco, aunque ufano, Andrew Stacey, capitán de la nave de guerra del Reino Unido, comentó: “el Iron Duke seguirá a la caza de traficantes de cocaína. Este es nuestro trabajo y lo hacemos bien”.
Pocas veces una derrota fue anunciada con tanta satisfacción.
Si se cree que la cantidad total de cocaína producida en el planeta en 2008 fue de 885 toneladas (datos de la Agencia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen), la requisa del Iron Duke es un triunfo. Por el contrario, si se contabiliza el dinero y recursos movilizados contra el tráfico de drogas por el Plan Colombia, el Acuerdo de Mérida, las policías nacionales, y se lo compara con el florecimiento del crimen organizado asociado a las sustancias ilícitas en México, Centroamérica, Golfo de Guinea (vía Colombia), Brasil, Perú, Colombia misma y Argentina, la situación adquiere un aspecto bastante más sombrío. El “prohibicionismo”, la doctrina que llama a considerar el tema de las drogas como una “guerra” que acabará con ellas, comienza a parecer un “negacionismo”.
Números malos. “Las cifras que se dan (de la lucha contra) droga son cualquier cosa. Son una farsa”, dice Francisco H. Thoumi, titular de la cátedra de Economía Política y Problema de Drogas de América Latina de la Universidad de Texas. “En Colombia, en cada uno de los últimos siete años, el gobierno dice que ha erradicado más cultivos del total producido”, agrega.
En la misma línea, Juan Toklatián, compilador y autor de “La guerra contra las drogas en el mundo andino: hacia un paradigma post prohibicionista”, contrasta que “en el informe anual del Departamento de Estado sobre narcóticos se habla de que el tráfico de drogas produce del 2 al 4% del PBI mundial. Esto es, de 250 a más de US$300.000M de dólares, pero la entidad que habla del dinero que se recupera en la lucha contra los carteles asevera que es el 0,5% de ese monto. Una de las cifras no es correcta”.
Pero aún creyendo que los números son aceptables, la situación no lo es. “En Perú la erradicación del cultivo de coca es de 10 mil hectáreas anuales, pero tenemos de 56 a 60.000 hectáreas en plena producción y están aumentando”, asevera Ricardo Soberón, presidente del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos. “La producción peruana de cocaína es hoy de 290 a 300 toneladas”.
En Brasil, un informe del Instituto de Estudios de la Religión (Iser), conocido hace pocos días, asevera que más de 10.000 civiles murieron sólo en Río de Janeiro en supuestos enfrentamientos armados con la policía entre 1995 y 2007. La jueza brasileña y ex Defensora Pública de la ciudad, María Lucía Karam es más dura: “Cerca del 20% de los homicidios en Río son hechos por policías”. No le parece raro, ya que “quien debe ‘combatir’ al ‘enemigo’ debe eliminarlo. ¿Cómo espantarse entonces de que los policías brasileños torturen y maten?”.
Mientras tanto, el bello norte de México se ha convertido en el campo de batalla en que los comandos paramilitares de alrededor de una decena de baby cartels se enfrentan entre sí y con un puñado de policías municipales, estaduales y 50 mil hombres de Ejército mexicano. Y no es el ejército el que va ganando.
Cómo cantar derrota. Así, en México, “las perspectivas de triunfo o de logros, como siempre, son nulas. En esto no se gana. En esto, incluso, es muy difícil siquiera, avanzar”. Es lo que afirma Jorge Castañeda, el ex canciller, que acaba de publicar (con Héctor Aguilar Camín) “El Narco: una guerra fallida”. Para él, “lo que sí puede hacer el presidente Calderón, y parece que está empezando a hacerlo, es -por la fuerza de los hechos- ir bajando el perfil de la guerra dentro del conjunto de las actividades gubernamentales”. Concentrarse en la economía, en el empleo, en las reformas institucionales “y entonces, por default casi, va a ir disminuyendo la importancia de la guerra y un buen día cantar victoria, retirarse y ya. Obviamente, sin haber ganado”.
Quien ya se retiró fue Naciones Unidas. “Los resultados de La Década de la Lucha contra las Drogas, lanzada por la organización en 1998, no se conocen porque no se hizo la evaluación de los resultados a los 10 años. En 2008, no hubo ninguna cumbre. Fue patético”, reseña Toklatián. La verdad, agrega, es que “hay una enorme convicción de que el régimen antinarcóticos está siendo perforado. Las políticas concertadas entre países están teniendo resultados muy magros”. En tanto, que “se está viendo la creación de facto de una verdadera clase social criminal que controla espacios, recursos y dictamina dinámicas políticas locales”.
Quiebres. Para colmo, las cárceles no dan abasto. “La situación penitenciaria en la región es explosiva. Tenemos más de dos millones de reclusos por drogas. Es mucho”, dice Soberón, en Lima. ¿Qué hacer? Para unos, la única salida seria es la legalización. Permitir que con las drogas ilícitas pase como con las “lícitas”, el alcohol y el tabaco.
Es lo que postula Karam, miembro de LEAP (Law Enforcement Against Prohibition), una entidad creada en Estados Unidos y que integran policías, jueces, agentes penitenciarios y expertos. “Este modelo nefasto, que provoca violencia y destruye vidas, precisa ser anulado y sustituido por un modelo racional que, legalizando la producción, el comercio y el consumo de todas las drogas, respete los derechos fundamentales de todos los individuos y efectivamente regule aquellas actividades”, dice.
En la vereda del frente de LEAP está la Federación Mundial Contra las Drogas (FMCD). Se trata de 600 ONGs lideradas por la reina de Suecia, que exigen la prohibición absoluta y la intolerancia total hacia el consumo.
En una posición que no coincide con ninguno de los dos grupos está Thoumi. “Quienes plantean la legalización, simplemente no tienen ningún entendimiento de cómo ha surgido el prohibicionismo”, dice. De hecho, reconoce, el prohibicionismo del alcohol funciona muy bien en los países islámicos. Para él se trata de pensar el problema de otra forma. Y ejemplifica: “¿Por qué Colombia encuentra más competencia en el mundo para su café que para su cocaína, si la cocaína es mucho más rentable? ¿Por qué la producción de coca está concentrada en tres países?’’.
La explicación, afirma, es que en los países productores de droga hay una gran brecha entre las normas legales y las normas de comportamiento aceptadas por grupos importantes. “Lo llamo anomia completa. Es un individualismo amoral donde a la gente no le importan los efectos de sus acciones sobre los demás”, define. Para él, que Colombia sea centro neurálgico de la cocaína se relaciona con que “siempre ha estado entre los primeros productores de dólares falsos; es el primer productor de sicarios; es el primero o segundo productor de niños guerrilleros y el primer o segundo exportador de prostitutas”.
Todos efectos de un quiebre socio-institucional profundo. “Antes de la globalización, las sociedades que tenían estructuras señoriales eran estables, pero con los cambios eso ya no es estable”. Según el estudioso, que Latinoamérica impulsara la legalización, sería cómo decirle al mundo “como nosotros no podemos cambiar, por favor ustedes cambien”.
Pero ya en la región, internamente, algunas cosas están cambiando.
Modelo portugués. Los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) presentaron hace poco una declaración que recomienda explorar las posibilidades de descriminalizar (aunque no de legalizar) el consumo de marihuana. La Corte Suprema de Argentina habilitó el consumo personal de marihuana en lugares no públicos este año. En México, una nueva ley despenalizó el uso de opio (3 gramos), heroína (50 miligramos), marihuana (5 gramos), cocaína (500 miligramos), metanfetaminas (40 miligramos) y LSD (0.015 miligramos).
En Paraguay, se evalúa permitir el consumo y transporte de la cannabis. En Ecuador, el artículo 364 de la nueva Constitución establece que las drogas son un asunto de salud pública. Y en Bolivia, el gobierno de Evo Morales pidió la eliminación de dos artículos de la Convención contra las Drogas, para sacar a la hoja de coca de la Lista 1, que define a las drogas más peligrosas.
El modelo hoy es Portugal, “que descriminalizó el consumo personal de todo tipo de drogas, y los niveles de violencia y consumo no han crecido, y tampoco se ha convertido en paraíso de la criminalidad”, puntualiza Toklatián.
Sin embargo, es un camino con límites. Uno es ético-personal. Quien consuma, consume drogas que se producen en algún lugar. Ilegalmente. Y en ese lugar los productores se siguen matando a balazos con la policía. El otro, internacional. Existe la normativa establecida por tres convenciones contra las drogas, que prohíbe a cualquier país cambiar sus leyes y legalizar la producción y distribución de alguna de las sustancias prohibidas. Para cambiarla “habría que convencer a los países islámicos, Japón, China y las ex repúblicas soviéticas que son horriblemente prohibicionistas”, sentencia Thoumi. Soberón es más optimista. “El sistema de la ONU ha comenzado a mostrar algunas fracturas: en el último encuentro de Viena surgieron disensos”.
El Dr. Cristiano Avila Maronna, director ejecutivo del Ibccrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), ve la ola de despenalización del consumo como el primer paso hacia la legalización plena: “A mediano y largo plazo seria necesario profundizar esa política con vistas a una legalización futura controlada de cualquier substancia, escenario en que habría una política de salud pública unificada: prevención y tratamiento, pero no represión penal”.
A este respecto, lo que haga la sociedad brasileña en los próximos años podría tener un fuerte impacto mundial. Porque, excepto la India, los grandes países emergentes no tienen ningún interés en promover alternativas al prohibicionismo. Por ahora Brasil también se mueve lento. El problema es que, dice Toklatián, “contraintuitivamente, los brasileños siguen insistiendo en que no hay grandes grupos criminales de talla internacional en Brasil, cuando hoy el corredor más ocupado para mover droga en la región es el amazónico”.
Thoumi, para quien la legalización no es más que un sueño, propone una opción distinta. Como camino práctico para empezar a cambiar las mentalidades, sugiere “tomar el alcohol y el tabaco, que son legales, y establecer un seguro contra la adicción, porque hoy los impuestos a esas drogas no están relacionados con el costo social. Hay que vincular el costo social del consumo, con el consumo”. Lo anterior “permitiría sacar el debate de las drogas de la parte moralista, que es donde está estancado, porque si algo es religioso, es algo que no se puede negociar”.
El debate debe seguir. Es probable que el descubrimiento sorprendente de que la cocaína y el alcohol se mezclan en el hígado humano creando una nueva droga, el cocaetileno, de efectos muy dañinos, será una nueva arma para los prohibicionistas. Pero los legalizadores ahora tienen a su favor la evidencia de la extensión creciente y no criminal del uso del khat. En el fondo, el debate real es sobre cómo moderamos el sufrimiento que nos inflingimos unos a otros y a nosotros mismos. Y si eso supone “domesticar” algunas sustancias que alteran la mente o mantenerlas “salvajes”.
Con la colaboración de Graziele Dal-Bó en Sao Paulo.
Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/368866-Hacia-un-mundo-con-drogas.note.aspx
por Rodrigo Lara Serrano
El modelo a seguir es Portugal, que descriminalizó el consumo personal de todo tipo de drogas.
El mar Caribe estaba calmo. Por ello, la andanada de proyectiles que impactó al pesquero Crystal sonó a truenos de día claro. Segundos después se fue a pique y sólo entonces la tripulación del HMS Iron Duke irrumpió en vítores. Un día antes la fragata había abordado esa nave para descubrir 212 paquetes de cocaína escondidos bajo un suelo de cemento falso en su bodega: 5,5 toneladas. O, puesto en valor de mercado, US$382 millones de dólares. Parco, aunque ufano, Andrew Stacey, capitán de la nave de guerra del Reino Unido, comentó: “el Iron Duke seguirá a la caza de traficantes de cocaína. Este es nuestro trabajo y lo hacemos bien”.
Pocas veces una derrota fue anunciada con tanta satisfacción.
Si se cree que la cantidad total de cocaína producida en el planeta en 2008 fue de 885 toneladas (datos de la Agencia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen), la requisa del Iron Duke es un triunfo. Por el contrario, si se contabiliza el dinero y recursos movilizados contra el tráfico de drogas por el Plan Colombia, el Acuerdo de Mérida, las policías nacionales, y se lo compara con el florecimiento del crimen organizado asociado a las sustancias ilícitas en México, Centroamérica, Golfo de Guinea (vía Colombia), Brasil, Perú, Colombia misma y Argentina, la situación adquiere un aspecto bastante más sombrío. El “prohibicionismo”, la doctrina que llama a considerar el tema de las drogas como una “guerra” que acabará con ellas, comienza a parecer un “negacionismo”.
Números malos. “Las cifras que se dan (de la lucha contra) droga son cualquier cosa. Son una farsa”, dice Francisco H. Thoumi, titular de la cátedra de Economía Política y Problema de Drogas de América Latina de la Universidad de Texas. “En Colombia, en cada uno de los últimos siete años, el gobierno dice que ha erradicado más cultivos del total producido”, agrega.
En la misma línea, Juan Toklatián, compilador y autor de “La guerra contra las drogas en el mundo andino: hacia un paradigma post prohibicionista”, contrasta que “en el informe anual del Departamento de Estado sobre narcóticos se habla de que el tráfico de drogas produce del 2 al 4% del PBI mundial. Esto es, de 250 a más de US$300.000M de dólares, pero la entidad que habla del dinero que se recupera en la lucha contra los carteles asevera que es el 0,5% de ese monto. Una de las cifras no es correcta”.
Pero aún creyendo que los números son aceptables, la situación no lo es. “En Perú la erradicación del cultivo de coca es de 10 mil hectáreas anuales, pero tenemos de 56 a 60.000 hectáreas en plena producción y están aumentando”, asevera Ricardo Soberón, presidente del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos. “La producción peruana de cocaína es hoy de 290 a 300 toneladas”.
En Brasil, un informe del Instituto de Estudios de la Religión (Iser), conocido hace pocos días, asevera que más de 10.000 civiles murieron sólo en Río de Janeiro en supuestos enfrentamientos armados con la policía entre 1995 y 2007. La jueza brasileña y ex Defensora Pública de la ciudad, María Lucía Karam es más dura: “Cerca del 20% de los homicidios en Río son hechos por policías”. No le parece raro, ya que “quien debe ‘combatir’ al ‘enemigo’ debe eliminarlo. ¿Cómo espantarse entonces de que los policías brasileños torturen y maten?”.
Mientras tanto, el bello norte de México se ha convertido en el campo de batalla en que los comandos paramilitares de alrededor de una decena de baby cartels se enfrentan entre sí y con un puñado de policías municipales, estaduales y 50 mil hombres de Ejército mexicano. Y no es el ejército el que va ganando.
Cómo cantar derrota. Así, en México, “las perspectivas de triunfo o de logros, como siempre, son nulas. En esto no se gana. En esto, incluso, es muy difícil siquiera, avanzar”. Es lo que afirma Jorge Castañeda, el ex canciller, que acaba de publicar (con Héctor Aguilar Camín) “El Narco: una guerra fallida”. Para él, “lo que sí puede hacer el presidente Calderón, y parece que está empezando a hacerlo, es -por la fuerza de los hechos- ir bajando el perfil de la guerra dentro del conjunto de las actividades gubernamentales”. Concentrarse en la economía, en el empleo, en las reformas institucionales “y entonces, por default casi, va a ir disminuyendo la importancia de la guerra y un buen día cantar victoria, retirarse y ya. Obviamente, sin haber ganado”.
Quien ya se retiró fue Naciones Unidas. “Los resultados de La Década de la Lucha contra las Drogas, lanzada por la organización en 1998, no se conocen porque no se hizo la evaluación de los resultados a los 10 años. En 2008, no hubo ninguna cumbre. Fue patético”, reseña Toklatián. La verdad, agrega, es que “hay una enorme convicción de que el régimen antinarcóticos está siendo perforado. Las políticas concertadas entre países están teniendo resultados muy magros”. En tanto, que “se está viendo la creación de facto de una verdadera clase social criminal que controla espacios, recursos y dictamina dinámicas políticas locales”.
Quiebres. Para colmo, las cárceles no dan abasto. “La situación penitenciaria en la región es explosiva. Tenemos más de dos millones de reclusos por drogas. Es mucho”, dice Soberón, en Lima. ¿Qué hacer? Para unos, la única salida seria es la legalización. Permitir que con las drogas ilícitas pase como con las “lícitas”, el alcohol y el tabaco.
Es lo que postula Karam, miembro de LEAP (Law Enforcement Against Prohibition), una entidad creada en Estados Unidos y que integran policías, jueces, agentes penitenciarios y expertos. “Este modelo nefasto, que provoca violencia y destruye vidas, precisa ser anulado y sustituido por un modelo racional que, legalizando la producción, el comercio y el consumo de todas las drogas, respete los derechos fundamentales de todos los individuos y efectivamente regule aquellas actividades”, dice.
En la vereda del frente de LEAP está la Federación Mundial Contra las Drogas (FMCD). Se trata de 600 ONGs lideradas por la reina de Suecia, que exigen la prohibición absoluta y la intolerancia total hacia el consumo.
En una posición que no coincide con ninguno de los dos grupos está Thoumi. “Quienes plantean la legalización, simplemente no tienen ningún entendimiento de cómo ha surgido el prohibicionismo”, dice. De hecho, reconoce, el prohibicionismo del alcohol funciona muy bien en los países islámicos. Para él se trata de pensar el problema de otra forma. Y ejemplifica: “¿Por qué Colombia encuentra más competencia en el mundo para su café que para su cocaína, si la cocaína es mucho más rentable? ¿Por qué la producción de coca está concentrada en tres países?’’.
La explicación, afirma, es que en los países productores de droga hay una gran brecha entre las normas legales y las normas de comportamiento aceptadas por grupos importantes. “Lo llamo anomia completa. Es un individualismo amoral donde a la gente no le importan los efectos de sus acciones sobre los demás”, define. Para él, que Colombia sea centro neurálgico de la cocaína se relaciona con que “siempre ha estado entre los primeros productores de dólares falsos; es el primer productor de sicarios; es el primero o segundo productor de niños guerrilleros y el primer o segundo exportador de prostitutas”.
Todos efectos de un quiebre socio-institucional profundo. “Antes de la globalización, las sociedades que tenían estructuras señoriales eran estables, pero con los cambios eso ya no es estable”. Según el estudioso, que Latinoamérica impulsara la legalización, sería cómo decirle al mundo “como nosotros no podemos cambiar, por favor ustedes cambien”.
Pero ya en la región, internamente, algunas cosas están cambiando.
Modelo portugués. Los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) presentaron hace poco una declaración que recomienda explorar las posibilidades de descriminalizar (aunque no de legalizar) el consumo de marihuana. La Corte Suprema de Argentina habilitó el consumo personal de marihuana en lugares no públicos este año. En México, una nueva ley despenalizó el uso de opio (3 gramos), heroína (50 miligramos), marihuana (5 gramos), cocaína (500 miligramos), metanfetaminas (40 miligramos) y LSD (0.015 miligramos).
En Paraguay, se evalúa permitir el consumo y transporte de la cannabis. En Ecuador, el artículo 364 de la nueva Constitución establece que las drogas son un asunto de salud pública. Y en Bolivia, el gobierno de Evo Morales pidió la eliminación de dos artículos de la Convención contra las Drogas, para sacar a la hoja de coca de la Lista 1, que define a las drogas más peligrosas.
El modelo hoy es Portugal, “que descriminalizó el consumo personal de todo tipo de drogas, y los niveles de violencia y consumo no han crecido, y tampoco se ha convertido en paraíso de la criminalidad”, puntualiza Toklatián.
Sin embargo, es un camino con límites. Uno es ético-personal. Quien consuma, consume drogas que se producen en algún lugar. Ilegalmente. Y en ese lugar los productores se siguen matando a balazos con la policía. El otro, internacional. Existe la normativa establecida por tres convenciones contra las drogas, que prohíbe a cualquier país cambiar sus leyes y legalizar la producción y distribución de alguna de las sustancias prohibidas. Para cambiarla “habría que convencer a los países islámicos, Japón, China y las ex repúblicas soviéticas que son horriblemente prohibicionistas”, sentencia Thoumi. Soberón es más optimista. “El sistema de la ONU ha comenzado a mostrar algunas fracturas: en el último encuentro de Viena surgieron disensos”.
El Dr. Cristiano Avila Maronna, director ejecutivo del Ibccrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), ve la ola de despenalización del consumo como el primer paso hacia la legalización plena: “A mediano y largo plazo seria necesario profundizar esa política con vistas a una legalización futura controlada de cualquier substancia, escenario en que habría una política de salud pública unificada: prevención y tratamiento, pero no represión penal”.
A este respecto, lo que haga la sociedad brasileña en los próximos años podría tener un fuerte impacto mundial. Porque, excepto la India, los grandes países emergentes no tienen ningún interés en promover alternativas al prohibicionismo. Por ahora Brasil también se mueve lento. El problema es que, dice Toklatián, “contraintuitivamente, los brasileños siguen insistiendo en que no hay grandes grupos criminales de talla internacional en Brasil, cuando hoy el corredor más ocupado para mover droga en la región es el amazónico”.
Thoumi, para quien la legalización no es más que un sueño, propone una opción distinta. Como camino práctico para empezar a cambiar las mentalidades, sugiere “tomar el alcohol y el tabaco, que son legales, y establecer un seguro contra la adicción, porque hoy los impuestos a esas drogas no están relacionados con el costo social. Hay que vincular el costo social del consumo, con el consumo”. Lo anterior “permitiría sacar el debate de las drogas de la parte moralista, que es donde está estancado, porque si algo es religioso, es algo que no se puede negociar”.
El debate debe seguir. Es probable que el descubrimiento sorprendente de que la cocaína y el alcohol se mezclan en el hígado humano creando una nueva droga, el cocaetileno, de efectos muy dañinos, será una nueva arma para los prohibicionistas. Pero los legalizadores ahora tienen a su favor la evidencia de la extensión creciente y no criminal del uso del khat. En el fondo, el debate real es sobre cómo moderamos el sufrimiento que nos inflingimos unos a otros y a nosotros mismos. Y si eso supone “domesticar” algunas sustancias que alteran la mente o mantenerlas “salvajes”.
Con la colaboración de Graziele Dal-Bó en Sao Paulo.
Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/368866-Hacia-un-mundo-con-drogas.note.aspx
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