El Relator de la ONU no cree en la regulación estatal, en un registro de medios, la colegiatura obligatoria ni otros temas de debate en la Ley de Comunicación.
Redacción Política
Hace un año, usted comentó que el Estado debe actuar proactivamente sobre el tema de la libertad de expresión. Con las actuales condiciones políticas del continente, ¿piensa que ese criterio todavía es válido?
Absolutamente. El paradigma de Estado y la idea de que intervenga lo menos posible en la libertad de expresión han cambiado. Creo que el Estado debe ser el garante del desarrollo de los DD.HH. En el caso de la libertad de expresión, se debe mantener la no censura y la no intervención en los contenidos, salvo en aquellos que violen la Ley. Pero el Estado debe buscar que todos tengan libertad de expresión. Defender a los medios que siempre la han tenido y procurar que otros también la tengan; un ejemplo es con la comunicación comunitaria.
En ese sentido, el papel del Estado es de un correcto distribuidor de frecuencias o ¿qué otras acciones deberá ejecutar para cumplir con este concepto?
El Estado debe mantener una reserva de frecuencias para las tres clases de comunicación: pública, privada y comunitaria. En el caso de Argentina, esa división se realizó con porcentajes exactos, pero yo no me atrevería a hacer eso. Asimismo, la revolución digital es la oportunidad histórica del Estado para velar por el desarrollo de todos los medios. El modelo de desarrollo económico ahora depende de la comunicación. En ese caso, hay que garantizar que Internet llegue hasta a las regiones más apartadas.
Hoja de vida
Frank La Rue
Es guatemalteco. En junio del año pasado fue designado relator de la Libertad de Opinión de las Naciones Unidas.
No presentará un informe oficial sobre Ecuador a la ONU, sino sus observaciones sobre la nueva Ley de Comunicación.
¿El Estado debe ser un facilitador de insumos para el trabajo de los medios y no un regulador de contenidos?
El Estado solo regula el acceso a los medios, da facilidades tecnológicas, reserva las frecuencias, garantiza la parte técnica o económica con subsidios de algunos servicios y con la comunicación pública. Pero el contenido no; aunque sean sus críticos. Eso es parte de la democracia. El único lugar donde se aplica la regulación es para proteger otros derechos, como los de la niñez cuando se califica una película, los horarios familiares. Es decir, son solo casos excepcionales.
En Europa hay consejos nacionales para los medios y en Ecuador se quiere implementar uno. ¿Se pretende que grupos sociales, gremios y autoridades estatales puedan monitorear la información que divulga la prensa?
Europa tiene las llamadas corporaciones de las telecomunicaciones, pero no es para un monitoreo de contenidos. Debe existir una autoridad nacional de telecomunicaciones. El problema está en establecer sus principios: porque deben ser órganos colegiados, con la mayor representatividad posible, evitando los conflictos de intereses; deben ser independientes de los poderes del Estado y deberían entregar una rendición de cuentas a la Contraloría o a los Congresos; pero no estar supeditado a esos organismos.
Para mí no debe existir una inscripción de medios (ante un órgano estatal) y tampoco de periodistas.
¿Qué luz debería guiar a estos consejos?
La independencia y la autonomía. Unos de los principios en la libertad de expresión son el pluralismo y la diversidad. Nadie debe aprovecharse de ellos. No hay que beneficiar o castigar a los más críticos con la publicidad oficial y debe existir un manejo de frecuencias y evitar los monopolios.
Este momento en Ecuador se aprobó la responsabilidad ulterior para el periodista. ¿Esa es una censura?
Es una censura velada, salvo en casos de incitación a la violencia o de pornografía infantil. Los periodistas deben tener libertad para acceder a noticias, para mantener sus fuentes en reserva, para dar sus opiniones y análisis. No se ha detectado en Ecuador, pero en América hay mecanismos de intimidación y actos de violencia contra periodistas. Allí el Estado está obligado en proteger al periodista e indagar los abusos.
El Estado regula el acceso a los medios, la facilidad tecnológica (...) pero el contenido no; aunque sean críticos.
También se discute la posibilidad de que los medios se registren periódicamente ante un órgano público. ¿Eso es correcto?
En los medios escritos no debe existir ninguna inscripción. La diferencia con la radio y TV es por la entrega de frecuencias, que son estatales. Pero, para mí, no debe existir una inscripción de medios y tampoco de periodistas.
¿No cree en la colegiatura?
Creo en la profesionalización, en dar cursos de capacitación y técnica para elevar el nivel. Pero tan comunicador es un periodista de un medio grande como un locutor de una radio comunitaria.
Este momento la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) debate los peligros para la libertad de expresión, especialmente en varios gobiernos de la región. ¿Usted conocía algo de ese debate?
Cada país debe analizar casa adentro para ver cuál es su récord en libertad de expresión. No metería a todos en un paquete. No es bueno que la SIP quiera poner esto como un tema ideológico.
Usted felicitó la ley de Argentina, que ha sido cuestionada casa adentro.
Cuestionada por algunos medios. Yo no compartí la fijación de porcentajes de las frecuencias, pero sí felicité que se clasifiquen para las tres clases de medios de comunicación. La Ley que tenía Argentina venía de la dictadura. Hay que modernizar las leyes.
Ecuador también tiene una legislación de los setenta.
Hay que modernizar la legislatura. Tengo entendido que en Ecuador hubo una auditoría de la entrega de frecuencias, porque muchas fueron arbitrariamente concedidas. No planteó que se las retire, pero sí que se haga una reflexión, para que exista un proceso legítimo, transparente, que se cree un sistema para no volver a cometer los errores del pasado.
Tomado de:
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315518&id_seccion=3
Redacción Política
Hace un año, usted comentó que el Estado debe actuar proactivamente sobre el tema de la libertad de expresión. Con las actuales condiciones políticas del continente, ¿piensa que ese criterio todavía es válido?Absolutamente. El paradigma de Estado y la idea de que intervenga lo menos posible en la libertad de expresión han cambiado. Creo que el Estado debe ser el garante del desarrollo de los DD.HH. En el caso de la libertad de expresión, se debe mantener la no censura y la no intervención en los contenidos, salvo en aquellos que violen la Ley. Pero el Estado debe buscar que todos tengan libertad de expresión. Defender a los medios que siempre la han tenido y procurar que otros también la tengan; un ejemplo es con la comunicación comunitaria.
En ese sentido, el papel del Estado es de un correcto distribuidor de frecuencias o ¿qué otras acciones deberá ejecutar para cumplir con este concepto?
El Estado debe mantener una reserva de frecuencias para las tres clases de comunicación: pública, privada y comunitaria. En el caso de Argentina, esa división se realizó con porcentajes exactos, pero yo no me atrevería a hacer eso. Asimismo, la revolución digital es la oportunidad histórica del Estado para velar por el desarrollo de todos los medios. El modelo de desarrollo económico ahora depende de la comunicación. En ese caso, hay que garantizar que Internet llegue hasta a las regiones más apartadas.
Hoja de vida
Frank La Rue
Es guatemalteco. En junio del año pasado fue designado relator de la Libertad de Opinión de las Naciones Unidas.
No presentará un informe oficial sobre Ecuador a la ONU, sino sus observaciones sobre la nueva Ley de Comunicación.
¿El Estado debe ser un facilitador de insumos para el trabajo de los medios y no un regulador de contenidos?
El Estado solo regula el acceso a los medios, da facilidades tecnológicas, reserva las frecuencias, garantiza la parte técnica o económica con subsidios de algunos servicios y con la comunicación pública. Pero el contenido no; aunque sean sus críticos. Eso es parte de la democracia. El único lugar donde se aplica la regulación es para proteger otros derechos, como los de la niñez cuando se califica una película, los horarios familiares. Es decir, son solo casos excepcionales.
En Europa hay consejos nacionales para los medios y en Ecuador se quiere implementar uno. ¿Se pretende que grupos sociales, gremios y autoridades estatales puedan monitorear la información que divulga la prensa?
Europa tiene las llamadas corporaciones de las telecomunicaciones, pero no es para un monitoreo de contenidos. Debe existir una autoridad nacional de telecomunicaciones. El problema está en establecer sus principios: porque deben ser órganos colegiados, con la mayor representatividad posible, evitando los conflictos de intereses; deben ser independientes de los poderes del Estado y deberían entregar una rendición de cuentas a la Contraloría o a los Congresos; pero no estar supeditado a esos organismos.
Para mí no debe existir una inscripción de medios (ante un órgano estatal) y tampoco de periodistas.
¿Qué luz debería guiar a estos consejos?
La independencia y la autonomía. Unos de los principios en la libertad de expresión son el pluralismo y la diversidad. Nadie debe aprovecharse de ellos. No hay que beneficiar o castigar a los más críticos con la publicidad oficial y debe existir un manejo de frecuencias y evitar los monopolios.
Este momento en Ecuador se aprobó la responsabilidad ulterior para el periodista. ¿Esa es una censura?
Es una censura velada, salvo en casos de incitación a la violencia o de pornografía infantil. Los periodistas deben tener libertad para acceder a noticias, para mantener sus fuentes en reserva, para dar sus opiniones y análisis. No se ha detectado en Ecuador, pero en América hay mecanismos de intimidación y actos de violencia contra periodistas. Allí el Estado está obligado en proteger al periodista e indagar los abusos.
El Estado regula el acceso a los medios, la facilidad tecnológica (...) pero el contenido no; aunque sean críticos.
También se discute la posibilidad de que los medios se registren periódicamente ante un órgano público. ¿Eso es correcto?
En los medios escritos no debe existir ninguna inscripción. La diferencia con la radio y TV es por la entrega de frecuencias, que son estatales. Pero, para mí, no debe existir una inscripción de medios y tampoco de periodistas.
¿No cree en la colegiatura?
Creo en la profesionalización, en dar cursos de capacitación y técnica para elevar el nivel. Pero tan comunicador es un periodista de un medio grande como un locutor de una radio comunitaria.
Este momento la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) debate los peligros para la libertad de expresión, especialmente en varios gobiernos de la región. ¿Usted conocía algo de ese debate?
Cada país debe analizar casa adentro para ver cuál es su récord en libertad de expresión. No metería a todos en un paquete. No es bueno que la SIP quiera poner esto como un tema ideológico.
Usted felicitó la ley de Argentina, que ha sido cuestionada casa adentro.
Cuestionada por algunos medios. Yo no compartí la fijación de porcentajes de las frecuencias, pero sí felicité que se clasifiquen para las tres clases de medios de comunicación. La Ley que tenía Argentina venía de la dictadura. Hay que modernizar las leyes.
Ecuador también tiene una legislación de los setenta.
Hay que modernizar la legislatura. Tengo entendido que en Ecuador hubo una auditoría de la entrega de frecuencias, porque muchas fueron arbitrariamente concedidas. No planteó que se las retire, pero sí que se haga una reflexión, para que exista un proceso legítimo, transparente, que se cree un sistema para no volver a cometer los errores del pasado.
Tomado de:
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315518&id_seccion=3
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