Guerra interna en Perú: víctimas, reparaciones y corrupción.

Miles de asesinados en la guerra fratricida, fueron enterrados simbólicamente por sus familiares, ahora esperan justicia y reparación (colectiva e individual) del Estado. Foto CNR.

Familiares de miles de victimas de la violencia terrorista y contraterrorista, continúan esperando por las reparaciones, que con criterio de justicia se prometieron. Sin embargo lo que vienen recibiendo son pequeñas obras y el menosprecio de los gobiernos nacional, regional y local. Las reparaciones colectivas iniciadas en 2007, naufragan en la ciénaga de la corrupción municipal, encargadas de ejecutar las pequeñas obras con un costo de 100 mil soles cada una, monto del que un 40% son apropiadas para cubrir intereses de alcaldes, constructores, proyectistas y comechados.

La mayoría de las obras financiadas y ejecutadas desde el 2007 y 2008 están inconclusas o fueron abandonadas en la región Huánuco y otras regiones. En el distrito de José Crespo Castillo varias de las obras iniciadas en este periodo no fueron culminadas por diferentes motivos, afectando seriamente las aspiraciones legítimas de las comunidades. En Padre Felipe Luyando las escasas obras sirven para hacer proselitismo político oportunista tendiente a evitar la revocatoria de un alcalde considerado como una de las cabezas visibles de la corrupción municipal en la provincia de Leoncio Prado. Obras que de ninguna manera pueden considerarse como reparación al inmenso dolor de las familias que vivieron y enfrentaron lo peor de la violencia. Familias a las que les falta casi todo para alcanzar bienestar y una vida digna.

En audiencia pública de balance al proceso de reparaciones en el Congreso de la República, la Defensora Adjunta para Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, incidió sobre los temas pendientes en el proceso de reparaciones en favor de los familiares de víctimas de la violencia.

“La reparación es una tarea compleja, pero a la vez una obligación impostergable del Estado, que merece toda la atención de las autoridades centrales, regionales y locales para lograr un proceso de reparaciones ordenado, transparente, justo, oportuno y eficiente”. Sostuvo.

“El impulso inicial otorgado a este proceso y el compromiso asumido por las autoridades no se traduce en una política pública coherente, integral y sostenible, lo que permitiría fortalecer el proceso, dotándolo de recursos para implementar los siete programas de reparación, reconocido por Ley 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR)”. Agregó.

La labor de las instituciones encargadas del monitoreo y ejecución del PIR en estos tres años fue insuficiente con relación a las demandas de las víctimas. Los mayores avances se dieron en lo legal con la creación de instancias o registros especiales y el Programa de Reparaciones Colectivas. Las reparaciones individuales en salud, educación, vivienda y de carácter económico continúan postergadas.

La Defensoría del Pueblo propone como principal tema pendiente la elaboración de un cronograma con metas y plazos determinados para la ejecución de los programas de reparación individual en el año 2010.

En zonas afectadas por la violencia de Ayacucho, Huánuco, San Martín y otros, se destinaron 77 millones de soles para 770 obras por reparaciones colectivas, de los cuales 250 correspondieron a Huánuco, que por los problemas señalados no han logrado satisfacciones, sino reclamos, rechazo y frustraciones, al extremo que varias obras se inauguraron sin la presencia de los supuestos beneficiarios en protesta por haber sido dejados de lado en la fiscalización, pese a ser autores directos de la gestión.

Cartel de obra en Pueblo Nuevo, se diferencia de los carteles en Padre Felipe Luyando, donde el alcalde colocó su foto en cuestionable aprovechamiento politiquero, pero tuvo que borrarlo ante el reclamo de la población. Foto Grupo Prensa Verde.

Según la PCM, desde el 2007 se habrían beneficiado 476 mil personas de los centros poblados y comunidades en las regiones Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica, San Martín, Ucayali, Pasco, Puno, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lima y Piura, que eligieron sus propios proyectos de reparación para sus comunidades.

Los proyectos del Programa de Reparaciones Colectivas son ejecutados descentralizadamente por 335 gobiernos locales. Los proyectos fueron cofinanciados con los gobiernos locales con montos insignificantes lo que les dio oportunidad para el manejo arbitrario y oscuro de los recursos asignados por el gobierno nacional, salvo contadas excepciones.

Las comunidades beneficiarias eligieron sus proyectos en Asamblea Comunal y el Comité de Gestión que los representa apoyó las gestiones para el financiamiento y ejecución de los proyectos, pero previamente deberían haber sido capacitados por la CMAN mediante un Módulo de Vigilancia Comunitaria para fiscalizar los gastos del proyecto, lo que no se hizo, porque según los coordinadores regionales adolecen de personal y logística para esta actividad, así como para el monitoreo permanente.

Para Gastón Garatea ex comisionado de la CVR, el gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para resarcir a familiares de víctimas de la violencia. “A seis años de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el gobierno aún no le ha puesto todo el empeño a la reconciliación ni al resarcimiento a los familiares de las víctimas que fallecieron durante los 20 años de guerra interna que vivió el Perú, el gobierno ha creído que con las obras sociales era suficiente, pero no ha entendido que las personas no se pueden quedar tranquilas con un hijo muerto. Lo que debe haber es una indemnización mínima”. Expresó.

La negativa del Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para transferir los recursos que requiere el Consejo de Reparaciones (CR) para asegurar la continuidad de sus labores afectó a las regiones.

La coordinadora regional de Huánuco, Lupe Ayllón Ruiz, informó que realizan la entrega de las acreditaciones a víctimas en coordinación con organizaciones como Paz y Esperanza, Cáritas y asociaciones de afectados, pero queda pendiente la entrega de aproximadamente seis mil acreditaciones en la región Huánuco.

Las ceremonias de inauguración en muchos casos no contaron con la presencia de los pobladores. En la foto Javier Magallanes Godoy con gorro, presidente del comité de gestión de Pueblo Nuevo y Ronel Hidalgo Huertas coordinador regional CMAN. Foto Grupo Prensa Verde.

“El desembolso tardío o no desembolso va a perjudicar a las víctimas cuyas fichas ya han sido llenadas, pero no van a poder calificar porque no hay presupuesto para evaluarlo y menos para acreditarlo”, indicó.

El premier Javier Velásquez aseguró ante el Congreso que las reparaciones a las víctimas de la violencia están garantizadas, pero no se pronunció sobre el emplazamiento de la Defensoría del Pueblo para que, independientemente de las asignaciones del MEF, priorice la demanda presupuestal del Consejo de Reparaciones.

No sólo en Huánuco se siente malestar. La Comisión Multisectorial Consultiva y de Monitoreo del Tratamiento de las secuelas de la violencia Política y de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la Región Apurímac (CMR-A) emitió un pronunciamiento exigiendo al gobierno cumpla con el desembolso que requiere el Consejo de Reparaciones, como primer paso para implementar las reparaciones individuales, tal como ofrecieron las autoridades del Ejecutivo.

Este pronunciamiento se suma a otro difundido con anterioridad por el ‘Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho’ en el que lamentaban las “amenazas del gobierno central” al proceso de reparación.

El Consejo de Reparaciones tiene oficinas regionales en Huánuco, Ayacucho y Junín. Hay también un total de 88 módulos para el registro de víctimas que funcionan gracias a convenios con municipios y organizaciones de derechos humanos.

Decenas de militares y policías cayeron en el Vrae el 2008 y 2009. Sendero Luminoso se ha fortalecido, mientras la estrategia antiterrorista hace agua, con ministros como Rafael Rey a quien lo único que le interesa es la impunidad de los combatientes de la oficialidad. Foto Nuevo Herald.

El presidente García llevó hasta palacio a ediles y comuneros para en un acto de fanfarria y ridiculez hacerles entrega de dinero para algunas obras ya programadas y presupuestadas desde el 2008, dando pie para que algunas autoridades sorprendieran a sus poblaciones manifestando que esos recursos eran producto de su gestión, desconociendo la tarea de las comunidades y de los coordinadores regionales de la CMAN.

La politiquería presidencial se da la mano con la falta de transparencia y eficiencia en la inversión de los 100 mil soles. Según se pudo conocer de ese monto 60 mil es para la obra, los otros 40 mil se destinan para el estudio, gestiones, la coima municipal, la prebenda para algunos integrantes del Comité de Gestión, etc. ¿Qué se puede hacer con 60 mil soles? Muy poco en obras de calidad que tengan el efecto emblemático en las comunidades y que duren en el tiempo.

Pontones, trochas, enripiado de calles, cunetas, pequeñas instalaciones de agua por gravedad, locales comunales, no solo significan muy poco para el desarrollo de los pueblos, sino que caen en el circulo vicioso del mal llamado desarrollo alternativo que vino haciendo lo mismo por más de 20 años, con resultados insatisfactorios.

En la reciente inauguración de una de estas obras en Padre Felipe Luyando, el alcalde José Quiroz, se vanagloriaba frente a Ronel Hidalgo el coordinador de la CMAN en la región Huánuco, al asegurar suelto de huesos que los 100 mil soles que supuestamente costaba la obra fueron conseguidos por él, “son producto de mi gestión” le decía a los pocos asistentes, mientras Hidalgo sonreía y movía la cabeza de un lado a otro. Permitió que Quiroz mintiera, quizá por cálculo político. Lo grave en esta ceremonia es que tanto alcalde como coordinador no fueron claros en sus informes, al extremo que algunos de los presentes comentaron que los 100 mil soles salieron de los bolsillos de Quiroz y de Hidalgo al estilo de Robin Hood.

Hace unos meses fui invitado por los pobladores de Pueblo Nuevo y Anda a las inauguraciones de dos obras. Enripiado de calles, construcción de alcantarillas con colocación de madera sobre las cunetas. En las ceremonias la mayoría de pobladores estuvieron ausentes, en protesta por las irregularidades detectadas oportunamente, pero que al no ser subsanadas por los responsables, en evidente complicidad, devinieron en frustración por la falta de transparencia y eficiencia en la calidad de obra.

Las pequeñas obras ejecutadas con el cliché de reparaciones colectivas, con los vicios y deficiencias detectados no significan reparación alguna, en contrario, sirvieron para incrementar la corrupción en las municipalidades con el consiguiente desengaño de los familiares de las victimas de la violencia, que buscan y anhelan justicia, para voltear la página de una tragedia, perennizada con dolor y odio. Así nunca habrá paz, se pronuncian autoridades de distintas comunidades.