Guerra subversiva y contrasubversiva en el Alto Huallaga: Grave retroceso en derechos humanos.

Integrantes de la Defensoría del Pueblo y de la prensa constatando la destrucción de casas y otras arbitrariedades cometidas en Mendoza-Alto Corvina los días 28 y 29 de abril. Foto cortesía Radio Amistad.

En un momento de la historia, Aristóteles le dijo a su discípulo Nicómano: “Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”.

En un informe anterior hicimos referencia a “Tierra arrasada” como un método brutal, sanguinario e ilegal a manera de respuesta contra el accionar violentista de grupos subversivos armados o terroristas que se enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado.

Durante las décadas del 80 y 90 cada ataque de Sendero Luminoso o del MRTA eran respondidas con la destrucción de casas, persecución de pobladores, capturas arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o el ‘bombardeo’ de comunidades consideradas como supuestos ‘nidos de terroristas’, que provocaron el éxodo de las poblaciones para escapar de la violencia sin sentido y desproporcionada.

Producto de la masiva violación de los derechos humanos de los terroristas y de las fuerzas militares o grupos paramilitares son las miles de victimas consignadas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, que hasta hoy permanecen en la impunidad y claman por justicia.

La terrible realidad vivida en el área rural y cinturones marginales de las ciudades, que se creía superada, ha vuelto a registrarse luego de la emboscada contra erradicadores de cultivos de coca. Acción armada que fue reivindicada por el camarada “Artemio” de Sendero Luminoso en comunicación con una radio de Aucayacu, distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco.

El ataque se produjo el 27 de abril, falleciendo dos erradicadores del proyecto Corah y un efectivo del Frente Policial Huallaga, FPH. La emboscada fue facilitada por la falta de una estrategia efectiva contra los grupos armados y por la complejidad de la enmarañada selva.

Traslado de policía abatido en la emboscada senderista del 27 de abril, donde también perecieron dos trabajadores del proyecto Corah, que presuntamente provocaron la respuesta con los sucesos que hoy se denuncian y lamentan. Foto PNP.

Por información extraoficial se conoce que luego de la emboscada del 27 de abril en el sector Mendoza de Alto Corvina, un fuerte contingente de agentes policiales y militares persiguieron a los atacantes, aún a sabiendas que por el tiempo transcurrido los senderistas pudieron escapar tranquilamente y que resultaba ingenuo presumir que los atacantes permanecerían en el mismo caserío o en caseríos cercanos. Aparentemente se intentó que alguien pagara el alto costo de las vidas perdidas o conseguir información aplicando métodos irregulares.

Según testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo de Huanuco y por periodistas de Aucayacu quienes constataron los hechos en el mismo lugar, los agentes del orden enviados para capturar a los senderistas habrían cometido abusos contra los campesinos con la quema de 14 viviendas, verificadas por el fiscal de Aucayacu Ricardo Agüero, agresiones contra 3 personas y el asesinato del agricultor Aurelio Niño Ambrosio de 22 años, en circunstancias aún no esclarecidas.

El periodista Bladimir Angulo de Radio Amistad remitió información a la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, con el testimonio de los pobladores entre ellos de David Cruz delegado del sector de Mendoza, quien indicó que los presuntos policías prendieron fuego a las precarias viviendas de la zona entre el miércoles 28 y jueves 29. Información idéntica fue difundida en un medio de Tingo María por el periodista Tony Bravo.

Una de las viviendas incineradas era la de Aurelio Niño Ambrosio (22) reportado como desaparecido el 28 de abril, su cadáver fue ubicado a inmediaciones del río Pucayacu que desemboca en el río Magdalena, el 01 de mayo. David Cruz también refirió que la mayoría de las 40 familias empadronadas en Mendoza optaron por abandonar la zona luego que sus cultivos fueran destruidos y se produjeran los hechos de violencia denunciados.

La situación de grave afectación a los derechos humanos fue registrada también por la periodista María Elena Hidalgo del diario La República que en un amplio reportaje desde Mendoza–Alto Corvina, publicado el 5 de mayo, consignaba las declaraciones de los damnificados, graficaba la devastación producida y reprodujo la versión del defensor del Pueblo oficina Huanuco Pier Paolo Marzo.

“La Defensoría del Pueblo investigó preliminarmente la denuncia formulada por los habitantes del sector Mendoza–Alto Corvina” aseguró Pier Paolo Marzo, que con fecha 4 de mayo remitió a la fiscalía de Aucayacu los resultados de la indagación exhortándole se encargue de las investigaciones a fin de determinar el contexto de los hechos y la ubicación de los responsables.

En declaraciones al periodista Rubén Valdez de radio Studio 5 de la ciudad de Huanuco, Paolo Marzo dijo que había obtenido información sobre la captura de tres personas la madrugada del 28 en el caserío Mendoza, dos de ellos fueron llevados al campamento del Corah y luego puestos en libertad. No informó sobre el destino de la tercera persona que según versiones de moradores habría sido baleado cuando escapó de sus captores.

Operativo de ubicación del enemigo, en el pasado era costumbre que justos pagaran por pecadores. Hoy parece que la historia se repite. Foto Internet.

El coronel PNP Jorge Linares, convertido en vocero del Frente Policial Huallaga, negó reiterativamente y en distintos tonos que él y su personal hubieran cometido los hechos denunciados, dejando entrever que pudieron ser otras personas, entre ellas, los propios senderistas para producir un psicosocial en contra de la policía nacional. Insistió en que quienes efectuaban las denuncias serían voceros del narcoterrorismo ¿…?

El general PNP Marlon Savitzky, jefe del Frente Policial Huallaga, además de exponer lo que considera los logros del FPH en un exclusivo reportaje en La República del 3 de mayo, rechazó las denuncias sobre participación de sus efectivos en los abusos cometidos en Mendoza-Alto Corvina y en lo que pareciera ser una estrategia evasiva-distractiva aseguró que las denuncias formarían parte de los planes del camarada ‘Artemio’ con el fin de desacreditar la labor de su comando.

Agregó que por acción de inteligencia contaba con información en el sentido que el líder subversivo utilizaba a personas para mentir y atribuir responsabilidad a las fuerzas del orden ante los casos de torturas, daños materiales y asesinato de campesinos como el denunciado por los moradores de Alto Corvina que fue constatado por la defensoría, la fiscalía de Aucayacu y la prensa.

Los pobladores afectados emitieron pronunciamientos de rechazo y condena, realizaron reuniones informativas y de coordinación el sábado 8 en Aucayacu y otra en Corvina el domingo 9. El martes 11 de mayo ofrecerán una conferencia de prensa, donde según adelantaron denunciarán con pruebas las gravísimas violaciones de derechos humanos y la situación de miseria en que quedaron, sin que autoridad alguna se pronuncie o haga algo para ayudarlos en el mantenimiento de sus menores hijos que padecen hambre y pueden llegar a morir porque actualmente pernoctan en chozas improvisadas construidas con plásticos y palos.

Trascendió que el fiscal de Aucayacu presentaría el video y la defensoría del pueblo las fotografías registradas en Mendoza-Alto Corvina con ocasión de los trabajos de constatación que realizaron. También los agricultores afectados y las organizaciones de base realizarán una movilización por las calles de Aucayacu reclamando justicia.

En definitiva, la detención con agresión (tortura) a 3 campesinos, la quema de 14 viviendas y el asesinato de un agricultor, son hechos que se registraron los días 28 y 29 de abril, que fueron comprobados por autoridades y la prensa, por tanto no pueden negarse sin hacer el ridículo.

Son hechos que configuran la temida estrategia de “tierra arrasada” que debe investigarse con rapidez e imparcialidad para ubicar a los responsables, sea quien fuera y aplicarles todo el peso de la ley como escarmiento para que no vuelvan a ocurrir.

La violación de los derechos humanos debe ser repudiada sin distingos, dado que no existe justificación, solo condena total, en opinión de dirigentes campesinos y autoridades comunales, quienes sufren en carne propia estos absurdos y repulsivos actos, producto de la insensatez de personas envalentonadas con el poder de muerte de sus armas y la ofuscación incontrolada luego de un ataque.

Campesinos de Mendoza-Alto Corvina, mostrando a la prensa los restos de sus viviendas incineradas, nótese la humildad y presúmase el nivel cultural de los afectados. Foto publicada en el Diario La República.

El retroceso a las décadas del 80 y 90 en materia de derechos humanos es incompatible con los objetivos de desarrollo y paz e inadmisible en un estado democrático con plena vigencia (se supone) de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

A manera de ejemplo recordemos que similar acción se vivió en Guatemala, luego de la intervención estadounidense para derrocar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán, el avance de 10 años de gobierno revolucionario fue destruido y se dio inicio a una férrea persecución de poblaciones y organizaciones sindicales y sociales.

Durante el conflicto armado interno, el ejército y los sectores oligárquicos de Guatemala, ensayaron una serie de estrategias a fin de restarle base y respaldo social a al movimiento revolucionario (convertido en subversivo), muchas de las cuales fueron delineadas directamente por los Estados Unidos en el marco de la guerra fría y especialmente por la denominada “Escuela de las Américas”.

Dentro de las estrategias, por su crudeza y salvajismo, resalta la denominada “Política de Tierra Arrasada” que, a diferencia de la estrategia militar de “tierra arrasada”, que presupone la quema de casas, cultivos y animales, en Guatemala esta se extendió a la masacre y exterminio de poblaciones enteras. En sí, tierra arrasada en Guatemala fue sinónimo de Genocidio.

En el Perú, por ironías del destino se vivió también una situación calificada de genocidio entre 1984 y 1995, que pretende ser negada en el objetivo de blindar a los perpetradores de los derechos humanos, con el justificativo que lo malo que hicieron fue “para salvarnos del terrorismo” y en nombre de la seguridad, las inversiones, la democracia y la efímera paz. Cantaleta que hasta hoy repiten los advenedizos creyentes del falso desarrollo con represión.

En consecuencia, en función a los hechos de sangre y la inestabilidad social, no basta con alzarse en armas, tampoco basta con usar las armas del Estado en forma indiscriminada; hay que saber contra quién, cuándo, para qué, por qué y anteponer el respeto a la vida y a las propiedades de las poblaciones indefensas que sobreviven sin la presencia activa del Estado.

“El desafío al futuro no solo es de las instituciones públicas en su contexto de papel del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. En el fenómeno de refundar el pacto democrático, se entiende que la consolidación del estado democrático pasa por el buen ejercicio de los derechos humanos, en la construcción de una cultura de defensa y promoción de los derechos humanos.” Emilio Álvarez Icasa, experto mexicano.

El periodismo independiente debe jugar un papel preponderante en la ventilación de los hechos, en la fiscalización y denuncia pero con responsabilidad, en la exigencia de la investigación cuando se producen violaciones de los derechos humanos y en la influencia hasta lograr sanción para quienes actuando al margen de la ley cometan actos de lesa humanidad.

En este reto poco importa que algunas personas sin autoridad ética profesional intenten descalificarla imputándole sin prueba alguna, ser vocera del crimen organizado, cuando no actúa como caja de resonancia de la interesada, maquillada y a veces espuria comunicación oficial, que casi siempre se da con el censurable objetivo de distorsionar u ocultar la verdad.

Al final la verdad siempre sale a la luz. Tal como ocurrió con las mentiras y latrocinios de la nefasta década del fujimontesinismo alabada y magnificada por medios y periodistas comprados o sometidos por el imperio de la mega corrupción.

La historia indica que los criminales cualquiera sean su origen y objetivos, nunca admitieron responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos. Fue lugar común observar que les soplan la pluma a otros, con el fin de aliviar su conciencia, evitarse la censura pública o evadir la sanción penal.