Colombia: rechazan ley sobre víctimas

Alvaro Uribe.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de más de medio siglo de violencia política en Colombia, que según la oposición y ONG discrimina a los afectados por el Estado exigiéndoles mayores requisitos para la reparación.

Sin discusión previa, la iniciativa fue avalada el martes por la mayoría oficialista en último debate, tras lo cual será sometida a conciliación debido a que el Senado aprobó antes un texto que equiparaba a las víctimas del Estado con las de guerrilleros izquierdistas y paramilitares de ultraderecha.

El proyecto aprobado en la Cámara incluyó una propuesta del gobierno del presidente Alvaro Uribe, según la cual la reparación para víctimas de agentes oficiales sólo procederá cuando haya condena previa.

Otro agregado del Ejecutivo señala que la reparación se hace con criterio de ''solidaridad'' y no por ''responsabilidad''. ''Lo que hizo el gobierno fue una salvajada con las víctimas'', expresó el representante liberal (opositor) Guillermo Rivera, impulsor de la ley.

En su opinión, en la postura oficial hay consideraciones ``políticas e ideológicas''.

Rivera cuenta que durante el trámite un grupo de congresistas, incluido él mismo, se reunió con Uribe para tratar el tema y éste admitió que reparar a las víctimas del Estado por vía administrativa, sin sentencia previa, ``acabaría con la moral de la tropa''.

''Nos dijo que los propósitos de la seguridad democrática se iban a ver lesionados'', añadió, en referencia al proyecto bandera del gobierno, que plantea la derrota militar de la guerrilla.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, se defendió indicando que la ley logra un ''equilibrio'' entre la legislación interna y el respeto a los estándares internacionales, con ``viabilidad fiscal''.

Sin embargo, Rivera enfatizó que la norma viola una resolución de las Organización de Naciones Unidas, que establece que toda víctima tiene derecho a reparación más allá de que su verdugo ``haya sido identificado, procesado o condenado''.

De hecho, agencias de las Naciones Unidas en Colombia cuestionaron la iniciativa el pasado noviembre, señalando que impone ''requisitos más graves'' a los afectados por agentes oficiales, y advirtieron de consecuencias internacionales.

Iván Cepeda, líder de una asociación de víctimas del Estado, anunció que presentará una demanda contra el proyecto ante la Corte Constitucional si no se corrige.

''Desconoce los derechos de las víctimas, viola el principio de igualdad, excluye la restitución de tierras y desfigura el concepto de la reparación al darle carácter asistencialista'', argumentó.

''Están más interesados en dejar los crímenes en la impunidad'', añadió, aludiendo a otro proyecto, aprobado en último debate, que suspendería acciones penales contra irregulares y narcotraficantes que cooperen con la justicia. La iniciativa de reparación establece que los afectados tendrán dos años para acreditarse, aunque el plazo podrá ser prorrogado, y beneficiará a unos cuatro millones de familiares, para lo cual se requieren $10,000 millones.

''Es la continuación de la impunidad'', manifestó Esperanza Marchán, cuyo esposo, Eduardo Avila, un dirigente cívico, fue asesinado presuntamente por la policía en octubre del 2000, sin que hasta el momento haya inculpados.

Asimismo, Esperanza Marchán considera que el proyecto 'evictimiza' a muchos, al exigirles a los parientes poner demandas, pagar abogados y demostrar la culpabilidad de los victimarios, algunos en ejercicio de sus funciones y ante quienes quedarían expuestos.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/19898/1/