Muerte en la amazonía. A oídos sordos, violencia explícita

Violencia extrema para ocultar el fracaso y la arbitrariedad del gobierno frente al reclamo indígena. Foto AP

La violencia se desbordó sembrando la muerte y fracturando más el débil tejido social que sostiene las relaciones entre los peruanos. Los incidentes se registraron tras más de 50 días de protesta por parte de las comunidades indígenas en contra de una serie de decretos, presuntamente atentatorios contra el bosque que los cobija y los derechos de propiedad que los amparan. Sepa usted por qué la violencia se desbordó este último viernes en el Perú, en la llamada Curva del Diablo.

El viernes 5 de junio, la violencia se desbordó en el Perú. Desde los años en que los pistoleros maoístas de Sendero Luminoso intentaron tomar el poder por la vía de las armas, la vía insurreccional, no se había visto un nivel de violencia y muerte tan alto, tan absurdo y tan innecesario como el vivido en Bagua, Utcubamba y Corral Quemado, ciudades de la selva peruana.

Al momento del cierre de este informe, el resultado del enfrentamiento entre nativos de las comunidades amazónicas que habitan esta parte norte del país, en la región Amazonas, y la policía arrojaba la inaceptable cifra de 24 policías muertos, a balazos y machetes, y por lo menos 25 nativos asesinados por balas policiales. Esta última cifra no ha sido reconocida por el ministerio del Interior ni por el gobierno del presidente Alan García, que tan sólo reconoce 9 nativos caídos.

En las próximas horas las cifras podrían aumentar ya que hay policías y nativos desaparecidos, cuyo paradero no puede ser determinado debido a que hay zonas controladas por los nativos, haciendo muy difícil el acceso. Se ha formado una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la iglesia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para recorrer los cerros por donde los cadáveres de nativos podrían están esparcidos.

La causa del enfrentamiento se produjo en el intento de la policía de desbloquear dos kilómetros de la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura de la llamada “Curva del diablo”, la principal vía de articulación terrestre entre la selva y parte de la costa peruana encontrando severa resistencia por parte de los indígenas.

Habría que añadir que informes de periodistas locales a través de radios de la zona señalaban que algunos cuerpos de nativos habían sido arrojados a los turbulentos ríos de la selva para no dejar evidencia de la desbordada operación policial. Este último dato ha sido rechazado también por las autoridades.

Mientras tanto, y extrañamente, 79 nativos detenidos fueron trasladados al cuartel militar El Milagro, situación inaceptable en tanto que se trataba de una instalación militar que no garantizaba los derechos constitucionales de los arrestados pese a que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ha señalado que en el lugar hay presencia del Ministerio Público para garantizar la seguridad de los nativos detenidos. Fuentes de la zona han señalado que cadáveres también han sido trasladados hasta allí.

Pero ¿Qué es lo que ha desencadenado este enfrentamiento y esta espiral de violencia cuya tensión no se diluye y que podría volver a explotar en cualquier momento? Esbozamos las razones.

Un Estado sordo

Las comunidades nativas de la selva peruana, que no son pocas y que ancestralmente han habitado esta parte del país, a través de sus organizaciones representativas llevaban más de 50 días protestando contra una serie de decretos legislativos que desde su perspectiva y cosmovisión selvática rompía la relación establecida entre la tierra, el agua, los animales y el ambiente con la comunidad, quebrando un equilibrio que naturalmente se ha mantenido hasta ahora.

Según ellos, estos decretos atentatorios contra su forma de vida habían sido aprobados sin consulta, algo que la Ley peruana exige en tanto se trata de tierras comunales sujetas a una normatividad especial.

Estos decretos, establecidos a partir de la necesidad de armonizar la legislación nacional para poder sacar adelante el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, flexibilizaban la posibilidad del ingreso de la industria extractiva a zonas comunales. Extracción de petróleo, minería y la tala forestal, principalmente. Al no ser consultados los nativos, frente a lo que sienten es una amenaza a su forma de vida, deciden ponerse sus tocados de plumas guerreros, afilar las punta de piedra de sus lanzas de caña de saquara, comenzando una protesta que poco a poco comienza a sonar en la capital. En el Perú de los sordos, si algo no suena en la capital, entonces no existe.

Si algo han aprendido las organizaciones de base peruanas es que el Estado no escucha, no entiende de comunicados, no entiende de visitas de líderes locales, no entiende de necesidades inmediatas en la zona, generando en estos pueblos y en su dirigencias irritabilidad y pérdida natural de la paciencia. El Estado peruano, pese a que pueden existir esfuerzos individuales de quienes entienden la problemática de la selva, rara vez responde activamente a las posibilidades del diálogo.

Es por eso que las organizaciones van pasando de la protesta morigerada a situaciones que la ley sanciona duramente como la toma de carreteras, de locales públicos o de pozos de producción petrolera.

No se puede dejar de señalar que ya con el caldero caliente, el Gobierno intentó negociar con las dirigencias indígenas, sobre todo con la más grande, AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y con su líder nativo Alberto Pizango, quien con la mesa de negociación establecida la dejó plantada en más de una ocasión.

El papel de AIDESEP

Está demás decir que las organizaciones de base, frente a gobiernos que no han instaurado el diálogo como forma natural de resolver conflictos que estén por devenir en situaciones explosivas, se convierten por su importante nivel de representatividad en una suerte de piedra en el zapato. Y eso que el Gobierno cuenta con información clara del inmediato estallido de conflictos sociales, gracias a los permanentes monitoreos de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La posición de AIDESEP y de su dirigencia fue casi la de derogación o muerte, es decir, no cabía para la organización selvática la posibilidad de soluciones intermedias frente a la posibilidad de ingreso de la industria extractiva a sus zonas comunales. Esta aparente terquedad paradójicamente se sostiene en factores necesariamente atendibles.

Uno de esos factores es la enorme desconfianza de estas comunidades frente al Gobierno central, no sólo con el del presidente García sino con toda institucionalidad gubernamental casi desde la fundación de la república. Se ha tratado siempre de pueblos olvidados, no atendidos, explotados y amenazados por la modernidad occidental. Desde los caucheros del siglo pasado, pasando por los colonos que invadieron e invaden sus tierras buscando ampliar la frontera agrícola y por tanto quemando el bosque que los cobija, terminando con los buscadores de oro que con el mercurio envenenan sus aguas.

Otro factor que los hace desconfiar es el enorme racismo con el que siempre se les ha tratado. La palabra chuncho apela despectivamente a la condición de selvático. Decirle a alguien que es un chuncho es tacharlo de ignorante y salvaje. Esa palabra es vocabulario común.

Hay un factor más en toda esta tela de araña: la ausencia de titulación de sus tierras. En tanto las fronteras de la comunidad estén tan poco claras y no estén registradas en el aparato estatal, la posibilidad que la industria extractiva entre en la zona y los vaya desplazando es muy grande. Allí no habrá Estado que proteja a nadie, lo estatal estará ausente como siempre y por ende la resolución de conflictos se logrará por la fuerza, y claro está que la multinacional siempre será más fuerte. En resumen, la propia inseguridad jurídica que el Estado les ha planteado los obliga a cerrarse casi con necedad frente a cualquier nivel de diálogo.

Ahora, cierto es también que existen otras organizaciones indígenas que sí estarían dispuestas a transar bajo ciertas condiciones. No así AIDESEP.

En el tira y afloja con el Gobierno, el líderde la organización Alberto Pizango llamó a la insurgencia, a una suerte de desobediencia civil, algo inaceptable dentro del espacio democrático que sólo acepta la figura insurreccional frente a la interrupción del sistema democrático. Pizango tuvo que rectificarse. Para el Gobierno, antes que cualquier razón justificable, lo que ha habido es un complot en su contra.

El Gobierno ha planteado serias dudas en torno a quien podría estar detrás de la protesta y de AIDESP que habría que evaluar. Si algo hacen estos decretos en cuestión es regular la explotación forestal, sobre todo el decreto 1090. Su regulación garantiza, según el ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, la sostenibilidad del bosque y de la fauna pues limita áreas de explotación y volúmenes de extracción.

Por ello el gobierno planteó que detrás de esta protesta y de la organización nativa se encontrarían mafias dedicadas a la tala ilegal cuyo negocio se iría al traste con esta normatividad.

¿Puede estar viendo fantasmas el gobierno? En el caso de la tala ilegal no hay duda que es un problema real y que la vorágine de estos inescrupulosos está devorando año a año el bosque tropical que hoy debería ser, frente al cambio climático, patrimonio de la humanidad.

Para el gobierno, detrás de AIDESEP, también está el Partido Nacionalista de Ollanta Humala y su chavismo de base. Posibilidad abierta en tanto que en medio de esta crisis el líder indígena Alberto Pizango fue escoltado y protegido permanentemente por congresistas de la bancada Nacionalista. Y claro, no podía faltar, la acusación contra las ONGs de la zona, básicamente medio ambientalistas. En ese sentido este es un fantasma bastante recurrente en el Perú del Presidente Alan García.

García ha señalado que el crecimiento sostenido del Perú desde hace seis años, interrumpido ahora por la crisis financiera internacional, ha tenido una relación directa con su industria extractiva, principalmente con la minería. Por lo tanto no ha dejado de señalar que el subsuelo y su riqueza es de todos los peruanos y no, tan solo, de los miembros de las comunidades nativas que las habitan. Incluso ha señalado que estas zonas del país son las que representan los niveles más altos de desnutrición infantil así como de muerte materna. Este último dato es absolutamente cierto.

En las zonas de las comunidades nativas los índices de salud se disparan negativamente. La paradoja está servida. Frente a la presunta posibilidad de riqueza en la zona con la presencia de industrias fuertes, que podrían según el gobierno, cambiar el rostro de la pobreza en la zona, la organización indígena cierra las puertas a esa posibilidad. Pero claro ¿Quién puede confiar en que dicha industria respetará a las comunidades y a su zona de influencia? Pocos lo confían.

La complejidad de este conflicto tiene una arista más. Las comunidades que se enfrentaron con la policía pertenecen a las etnia awajun y aguarunas lo que complica más el panorama pues ambas participaron activamente en el conflicto con Ecuador de 1995 junto a las tropas peruanas. Su gran conocimiento del terreno los hizo imprescindibles para el ejército. Fueron adiestrados además en el manejo de armas.

Otro dato importante, esta parte de la selva peruana ha pertenecido a los Chachapoyas desde siglos inmemoriales, esta cultura fue una de las pocas que no fue sometida por el poderoso imperio de los Incas por su fiereza y feroz resistencia.

Estamos entonces ante el desencuentro de occidente y oriente, entre la comunidad selvática y la vida occidental, entre el modelo de desarrollo capitalista y el desarrollo comunal, es decir ante dos visiones del mundo y de la vida, inevitablemente atravesadas.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/19652/103/