En un país que se desangra por décadas, constatar que el terrorismo de Estado es el causante de la tragedia de miles de familias, es deplorable. Foto el PaísA puerta cerrada y bajo el mayor sigilo, el Ministerio de Defensa de Colombia aprobó en noviembre del 2005 una directiva mediante la cual el gobierno le puso precio a la cabeza de comandantes, lugartenientes y cabos rasos de los grupos armados irregulares.
A partir de esa fecha, de acuerdo con el documento obtenido por El Nuevo Herald, se pagarían millones de dólares en recompensas por "la captura o el abatimiento en combate'' de miembros de organizaciones al margen de la ley, así como por la incautación de armas, pertrechos y hasta caballos de la insurgencia.
El Gobierno colombiano sostiene que el programa secreto sirvió para la captura de altos mandos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero en un país bajo un sangriento conflicto civil y con uno de los índices de violencia más altos del mundo, están surgiendo testimonios e indicios de que la directiva podría haberse convertido en un fatal aliciente para algunos militares, que se dedicaron a matar civiles inocentes a fin de cobrar las recompensas, presentándolos como guerrilleros muertos en combate.
Estas ejecuciones, conocidas como "falsos positivos'', constituyen hoy el escándalo de violación de derechos humanos más escabroso de los últimos años en Colombia, un país ya agobiado por una prolongada y sangrienta guerra civil.
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, este organismo investiga 1,855 asesinatos de civiles ajenos al conflicto que fueron interceptados, secuestrados y en algunos casos drogados por "reclutadores'', intermediarios de los militares.
Luego, según los testimonios aportados a los expedientes de la fiscalía, habrían sido ejecutados por miembros de las fuerzas armadas. Algunos de los muertos aparecieron con uniformes de las FARC intactos, sin agujeros de disparos.
La creciente cifra de falsos positivos ha provocado una alarma internacional.
Philipe Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, se encuentra esta semana en Bogotá recaudando testimonios y otras pruebas sobre la práctica que se extendió por casi todo el país.
Entre las víctimas se encuentran niños de 14 a 16 años, retrasados mentales, un indigente que trabajaba como mimo/estatua en el centro de la ciudad de Neiva, drogadictos y hasta un soldado del mismo ejército. En algunas de las casas de los ejecutados visitadas por El Nuevo Herald sus padres aún hoy exhiben los diplomas del servicio militar.
Aladino Ríos, un campesino del pueblo de Palestina, en el departamento del Huila, relató a El Nuevo Herald paso a paso cómo se salvó de haber sido ejecutado por sus captores, a quienes describió como un grupo de militares de la 9na. Brigada del ejército.
Ríos perdió sus testículos por una ráfaga que le dispararon los militares cuando escapaba.
En su casa de los cerros de Soacha, una populosa ciudad al sur de Bogotá, Blanca Nubia Monroy se llenó de rabia cuando contó a los reporteros de El Nuevo Herald cómo varios miembros de su familia habían dedicado su vida al ejército, incluyendo un hermano que fue muerto por la guerrilla.
"Todo esto para que ahora ese mismo ejército me entregue el cadáver de mi hijo con un reporte falso de que murió como guerrilero de las FARC'', dijo Monroy. "Le di un hermano a este país, lo mató la guerrilla, y ahora ellos me quitan, me matan un hijo sin razón''.
Hasta el día antes de ser supuestamente dados de baja en cruentos combates, los jóvenes se preparaban para trabajar o estaban en sus pueblos, bailando o jugando billar.
En uno de los casos denunciados, un campesino víctima de la ejecución fue reconocido por un tío suyo, perteneciente al ejército, en el momento en que otros militares de su batallón lo enterraban como combatiente anónimo de las FARC en un cementerio cercano al municipio Puente de Oro, en el departamento del Meta.
EL ORIGEN DEL DINERO
Colombia es el país que recibe más fondos de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y aunque no existen evidencias de que las recompensas pagadas a civiles o militares por falsos positivos provengan de fondos del gobierno estadounidense, algunas de las unidades presuntamente involucradas en los asesinatos han recibido dinero y entrenamiento de Washington, según un informe del 2007 de Amnistía Internacional y la organización Fellowship on Reconciliation, con sede en Nyack, New York.
De hecho, en una de las disposiciones de la Directiva ministerial permanente #29 se estipula que los fondos para pagar las recompensas saldrán en parte de la ayuda internacional y serán manejados por las unidades de inteligencia.
El contralor general de Colombia, Julio César Turbay Quintero, explicó a El Nuevo Herald que en una auditoría que su oficina realizó este año a los batallones señalados de la ejecución de falsos positivos, no se encontraron pruebas de pagos con fondos extranjeros, aunque advirtió que el acceso que sus investigadores tienen a los gastos reservados del Ministerio de Defensa es muy limitado.
"Es difícil establecer [el origen del dinero] porque tenemos limitaciones para ir a la fuente; solamente estamos autorizados por la ley a revisar los documentos suministrados por las fuerzas militares'', dijo Turbay.
MEDIDAS Y RECOMPENSAS
Frente a la crisis de los falsos positivos, el Gobierno del presidente Alvaro Uribe ha tomado algunas medidas que, no obstante, han sido criticadas por tardías y por no tener consecuencias legales.
En noviembre del año pasado, el comandante del ejército, general Mario Montoya, y 17 altos oficiales, renunciaron en medio de los primeros indicios del escándalo que había sido sistemáticamente negado por el Gobierno.
Sólo algunos de los oficiales han sido investigados judicialmente. Otros han sido ‘‘recompensados'', como lo denunció en marzo pasado el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy.
"El general Montoya renunció bajo presión debido al escándalo de los falsos positivos y fue castigado, como siempre ocurre en Colombia, nombrándosele embajador'', afirmó Leahy, quien sigue de cerca la situación del país sudamericano.
Actual embajador en República Dominicana, Montoya es señalado por activistas de derechos humanos como el promotor de una política de "conteo de cadáveres'' que generalizó en las Fuerzas Armadas la necesidad de mostrar resultados basándose excesivamente en las estadísticas de bajas del enemigo.
Montoya ha preferido no referirse al tema con los medios de comunicación y no está disponible para comentarios. El Gobierno ha admitido que existieron los falsos positivos pero que algunos abogados y organizaciones han exagerado el número de casos.
En enero de este año, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que el gobierno está dispuesto a luchar contra los falsos positivos hasta el final.
"Aquí hay una decisión clara y contundente del Presidente y de los altos mandos para erradicar de raíz el tema de los llamados falsos positivos'', dijo.
Uribe ha defendido el plan de recompensas. En noviembre pasado, durante un consejo comunitario en el departamento de Antioquia, relató que sus colaboradores lo llamaron preocupados por la discusión que había surgido en torno al plan de las recompensas y los falsos positivos.
"Les dije: ‘Vean, ¿cómo vamos a poner ahora en duda algo bien útil, que ha sido la política de recompensas?' '', comentó Uribe. "Ayer pude explicar: la política de recompensas no es para la Fuerza Pública [. . .] se paga recompensa a los civiles que con su información le permitan a la Fuerza Pública tener eficacia en las acciones contra los criminales''.
En mayo pasado Uribe pidió claridad en las estadísticas.
"El Gobierno tiene que ser tan firme para evitar, sancionar y buscar la sanción de los falsos positivos, como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta Política de Seguridad Democrática'', afirmó Uribe durante la sexta rendición de cuentas sobre derechos humanos, una periódica reunión gubernamental.
Firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, la directiva ha sido citada por críticos y activistas de derechos humanos como un posible detonador de los falsos positivos.
Desde soldados que reconocen que recibieron vacaciones como premio a sus acciones, hasta el actual fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, han planteado serios interrogantes.
"¿No será que el afán por el positivo y las ansias por las recompensas que permitían acciones en contra están generando estos graves y oscuros procesos?", se preguntó Iguarán el pasado noviembre cuando estalló el primer escándalo de los falsos positivos. A partir de la lectura de la directiva, agregó, "puede hacerse una interpretación que lleva a la delincuencia''.
El congresista opositor Gustavo Petro no descarta que la directiva "pudo haber determinado en buena parte que centenares de jóvenes fueran asesinados como inocentes a través de desapariciones forzadas''.
ESTADISTICAS SUSPICACES
Quizás el pasaje más palpable de los estragos de la política de recompensas dentro del ejército quedó plasmado en una declaración del sargento Alexander Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación en enero del 2008.
El sargento declaró que siendo miembro de la 15ta. Brigada Móvil, acantonada en la ciudad de Ocaña, departamento del Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, fue testigo de homicidios de inocentes cometidos por militares para hacerlos pasar como bajas en combate.
Entre sus declaraciones denunció que, en noviembre del 2007, un "sargento Ordóñez'' ordenó que cada soldado bajo su mando aportara $10 para contribuir a comprar una pistola de reglamento que habían utilizado para colocársela a un hombre al que habían matado, para hacerlo pasar por guerrillero.
Todos pagaron para "legalizar'' el muerto como "baja en combate'' porque sabían que ‘‘nos daban cinco días de descanso por cada muerto'', declaró Ordóñez.
Un análisis de las estadísticas también despierta suspicacias.
En una carta que el Procurador General de la Nación envió en noviembre del 2007 a Santos, entonces ministro de Defensa, el funcionario afirmó que los fusilamientos atribuidos a las fuerzas del orden habían aumentado a partir del 2005, fecha en que fue aprobada la directiva secreta.
De 200 casos conocidos para ese año por el organismo investigador, la cifra subió al año siguiente a 274; y en lo que iba del 2007 el día de la carta, sumaban 252.
La directiva, conocida en su totalidad por El Nuevo Herald, ofrece $2.5 millones por los máximos cabecillas que, sin ser del más alto rango, "son públicamente reconocidos por sus atrocidades en su accionar contra la población''.
En un segundo nivel, se pagan uno $900,000 por los cabecillas de grupos responsables de planificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas.
Si el muerto, adicionalmente, lleva un fusil, el precio de la recompensa fijado en la directiva sube en $500. Por una granada de mano: $50. Si viste un pantalón y una camisa de uso militar, se suman $10 por cada uno. Y si, acaso, el cadáver tiene una ametralladora Punto 50, son $1,500 más.
Asimismo, la directiva contempla 245 objetos, desde la captura de una guadañadora eléctrica para cortar césped ($15) hasta un caballo ($5), pasando por una cámara fotográfica digital ($100) o una mira telescópica para carabina ($35).
La captura o muerte del terrorista debe hacerse con base en "información recolectada en forma previa, posterior o con información hipotética de inteligencia y/o contrainteligencia, lo mismo que el prontuario o antecedentes delictivos de los sujetos reportados''.
Dado que la disposición ministerial es secreta, en ninguna instancia del Gobierno se dan explicaciones sobre su aplicación. Unicamente se sabe que la directiva está vigente porque así lo confirmó hace varias semanas Santos, antes de dejar el Ministerio de Defensa.
Otro tipo de recompensas por bajas en combate se concede en forma de días de descanso para los militares. Varias organizaciones que investigan el tema de los falsos positivos sostienen que los muertos durante supuestos combates aumentan considerablemente en vísperas de fechas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y Día de la Madre.
DISCULPAS OFRECIDAS
El pasado 10 de junio, el Comandante General de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla de León, presentó en Bogotá un informe sobre el avance de 15 disposiciones adoptadas para tratar de frenar las ejecuciones extrajudiciales.
Padilla, quien ya le ha ofrecido disculpas al país por esos homicidios, estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, y los inspectores de las fuerzas armadas.
"Quiero decirles a los colombianos que marchen con tranquilidad, que los efectos positivos de los ajustes que estamos realizando son para bien de nuestro esfuerzo operacional, un esfuerzo con transparencia y eficiencia'', dijo Padilla.
Jaramillo, por su parte, advirtió que a pesar de todos los controles que puedan adoptarse para garantizar el respeto de los derechos humanos, nunca podrán decir que no volverá a pasar otra vez un caso similar.
"Pero lo que sí podemos decir es que cuando ocurran estaremos ahí, inmediatamente, investigando'', señaló Jaramillo.
Tomado de:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/septimo_dia/v-fullstory/story/474396.html
El sargento declaró que siendo miembro de la 15ta. Brigada Móvil, acantonada en la ciudad de Ocaña, departamento del Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, fue testigo de homicidios de inocentes cometidos por militares para hacerlos pasar como bajas en combate.
Entre sus declaraciones denunció que, en noviembre del 2007, un "sargento Ordóñez'' ordenó que cada soldado bajo su mando aportara $10 para contribuir a comprar una pistola de reglamento que habían utilizado para colocársela a un hombre al que habían matado, para hacerlo pasar por guerrillero.
Todos pagaron para "legalizar'' el muerto como "baja en combate'' porque sabían que ‘‘nos daban cinco días de descanso por cada muerto'', declaró Ordóñez.
Un análisis de las estadísticas también despierta suspicacias.
En una carta que el Procurador General de la Nación envió en noviembre del 2007 a Santos, entonces ministro de Defensa, el funcionario afirmó que los fusilamientos atribuidos a las fuerzas del orden habían aumentado a partir del 2005, fecha en que fue aprobada la directiva secreta.
De 200 casos conocidos para ese año por el organismo investigador, la cifra subió al año siguiente a 274; y en lo que iba del 2007 el día de la carta, sumaban 252.
La directiva, conocida en su totalidad por El Nuevo Herald, ofrece $2.5 millones por los máximos cabecillas que, sin ser del más alto rango, "son públicamente reconocidos por sus atrocidades en su accionar contra la población''.
En un segundo nivel, se pagan uno $900,000 por los cabecillas de grupos responsables de planificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas.
Si el muerto, adicionalmente, lleva un fusil, el precio de la recompensa fijado en la directiva sube en $500. Por una granada de mano: $50. Si viste un pantalón y una camisa de uso militar, se suman $10 por cada uno. Y si, acaso, el cadáver tiene una ametralladora Punto 50, son $1,500 más.
Asimismo, la directiva contempla 245 objetos, desde la captura de una guadañadora eléctrica para cortar césped ($15) hasta un caballo ($5), pasando por una cámara fotográfica digital ($100) o una mira telescópica para carabina ($35).
La captura o muerte del terrorista debe hacerse con base en "información recolectada en forma previa, posterior o con información hipotética de inteligencia y/o contrainteligencia, lo mismo que el prontuario o antecedentes delictivos de los sujetos reportados''.
Dado que la disposición ministerial es secreta, en ninguna instancia del Gobierno se dan explicaciones sobre su aplicación. Unicamente se sabe que la directiva está vigente porque así lo confirmó hace varias semanas Santos, antes de dejar el Ministerio de Defensa.
Otro tipo de recompensas por bajas en combate se concede en forma de días de descanso para los militares. Varias organizaciones que investigan el tema de los falsos positivos sostienen que los muertos durante supuestos combates aumentan considerablemente en vísperas de fechas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y Día de la Madre.
DISCULPAS OFRECIDAS
El pasado 10 de junio, el Comandante General de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla de León, presentó en Bogotá un informe sobre el avance de 15 disposiciones adoptadas para tratar de frenar las ejecuciones extrajudiciales.
Padilla, quien ya le ha ofrecido disculpas al país por esos homicidios, estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, y los inspectores de las fuerzas armadas.
"Quiero decirles a los colombianos que marchen con tranquilidad, que los efectos positivos de los ajustes que estamos realizando son para bien de nuestro esfuerzo operacional, un esfuerzo con transparencia y eficiencia'', dijo Padilla.
Jaramillo, por su parte, advirtió que a pesar de todos los controles que puedan adoptarse para garantizar el respeto de los derechos humanos, nunca podrán decir que no volverá a pasar otra vez un caso similar.
"Pero lo que sí podemos decir es que cuando ocurran estaremos ahí, inmediatamente, investigando'', señaló Jaramillo.
Tomado de:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/septimo_dia/v-fullstory/story/474396.html
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