Libertad de expresión amenazada en Perú

En el ocaso de su vida política, Mercedes Cabanillas expone la dureza de su carácter bufalesco a un ‘exabrupto’ a manera de globo de ensayo contra la libertad de expresión y opinión, con el fin de lograr algo a atención de los medios o de acabar con la escasa prensa de oposición. Foto Internet.

Pronunciamiento del Instituto Prensa Y Sociedad.

El Consejo Directivo del IPYS demanda al Congreso de la República que deje sin efecto el Proyecto de Ley Nº. 2971/2008-CR debido a que representa una clara amenaza a la libertad de expresión. Ofrecemos las siguientes razones:

1. La exposición de motivos del proyecto no incluye la justificación de una nueva regulación del derecho de rectificación.

2. Introduce como causa que habilita la exigencia de rectificación, el que se difundan afirmaciones injuriosas, lo cual abre la posibilidad de que se exija la rectificación de opiniones o juicios de valor y no únicamente los hechos inexactos a los que contradictoriamente el proyecto alude como límite de lo rectificable.

3. Reduce casi a la mitad el plazo de los ciudadanos para presentar su solicitud de rectificación, y el de los medios para publicarla. Asimismo, impone el modo en el que los medios deben hacer la rectificación acogiendo parámetros de proporcionalidad cuestionables, con lo cual no bastaría que el medio haga una rectificación razonable.

4. Establece la responsabilidad civil de los medios de comunicación por conductas de comunicadores, directores o quienes hagan sus veces, sin tener en cuenta que esta materia ya está ampliamente regulada en el Código Civil y en el Código Penal.

5. Reproduce, con notorias deficiencias técnicas, los contenidos de la Ley Nº 26847 o agrega aspectos jurídicamente innecesarios como que los medios de comunicación virtuales o por internet también califican como medios de comunicación.

6. El derecho de rectificación reconocido en el inciso 7) del artículo 2º de la Constitución ya está suficientemente desarrollado en la Ley Nº 26847 del 28 de julio de 1997, la cual corrigió los problemas de amenaza a la libertad de expresión que contenía la Ley Nº 26775, que reguló inicialmente el derecho de rectificación y que fue objeto de un amplio cuestionamiento público en su momento.

7. Durante los más de doce años de vigencia de la Ley Nº 26847, el derecho de rectificación ha gozado de una satisfactoria protección y no se han reportado problemas de insuficiencia o de vacíos normativos que pusieran en riesgo o afectaran la defensa de este derecho fundamental.

Atentado contra la Libertad de Prensa

César Hildebrandt

Mercedes Cabanillas está muy interesada en amedrentar a la prensa y vengarse de ella por todo lo dicho y escrito en torno a la tragedia de Bagua, tragedia en dos actos de la que ella fue autora, promotora e intérprete (en el papel de La Irresponsable).

Bagua es su sombra. Treinta y cuatro cadáveres la persiguen despidiendo briznas y musgos en su carrera. No es el “Thriller” de Jackson: es la danza macabra de la curva del diablo y el ballet esquelético de la Sexta Estación.

Y como la señora está enloqueciendo, entonces presenta su proyecto.

Quiere cambiar las leyes vigentes, que ya castigan el delito cometido a través de la prensa, para incluir a las empresas como terceras civilmente responsables. Con Vega Vega en la Corte Superior y una judicatura ampliamente maleable, el proyecto promete ser un misil en el blanco de la libertad de expresión.

Ahora bien, como la señora Cabanillas se está reconstruyendo y no da puntada sin nudo ni paso sin permiso parece claro que ese proyecto ha sido presentado con el pláceme de Alan García, que en privado culpa a la prensa de su desfalleciente popularidad.

La procedencia palaciega del proyecto estaría probada, además, por el hecho de que hace algunas semanas quien lo presentó fue José Vargas, que es algo así como el Joe Pesci del aprismo en trance de grupo ejecutor. O sea que Pesci, quiero decir Vargas, jamás presenta algo suyo sino que es el mandadero de Palacio y el matón de “Casino”.

El proyecto se las trae. No sólo incluye a las empresas en los juicios por injuria o difamación –un modo eficaz de asustar a los directores y propietarios de medios- sino que modifica el artículo 132 del Código Penal estirando la jurisdicción de la ley a cuanto blog o twitter pueda uno imaginar.

Un partido cuyo lema fue (y es) “sólo el aprismo salvará al Perú” viene de estirpe autoritaria. Con el proyecto García-Cabanillas el Apra vuelve a lo que “La Tribuna” llamaría “sus prístinos orígenes”. Ya no es época de matar a periodistas, por supuesto.

Pero siempre se los puede amedrentar.

Si el proyecto prospera será porque cuenta con el respaldo del Congreso, esa colección –salvo muy honrosas excepciones- de apopléjicos en curso y propietarios de los rabos de paja más extensos de esta comarca. Será entonces –si se aprueba- un gesto de la clase política congresal en contra de la libertad de expresión.

Y el proyecto habla del perentorio derecho de rectificación (que ya existe y está reglamentado) aludiendo, según Andina, a quienes se sientan afectados por “informaciones inexactas o agraviantes”.

Así que veamos.

¿Es inexacto o es agraviante decir que el presidente de la República miente cuando inaugura hospitales inexistentes?

¿Es inexacto o es agraviante decir que Mercedes Cabanillas es la responsable de 34 muertes que pudieron evitarse?

¿Es inexacto o es agraviante decir que el Apra nunca muere y que a más calumnias, más aprismo?

Tanto que hablan de Chávez. Lo que García quiere es ser Uribe a la hora de las repartijas y Chávez a la hora de la prensa. Veremos si el Congreso se lo tolera.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/atentado-contra-la-prensa_44388.html