sábado, 18 de octubre de 2008

La Fortuna Que lo Hundió

La captura del alcalde de Pucallpa por lavado de dinero y el millonario decomiso de sus propiedades.

Martes 14, mediodía. Alcalde Luis Valdez en la sede de la Dirandro en Pucallpa.

El jefe de la Dirección Antidrogas, general PNP Miguel Hidalgo, apareció en la sede del Primer Juzgado Penal Supranacional, en el centro de Lima, y pidió ser atendido por la jueza Sara Jessica León Yarango, quien se encontraba de turno. Eran las 10:30 p.m. del lunes último.

Hidalgo había oído que León Yarango era una magistrada proba y particularmente dura en casos sensibles. La papa caliente que llevaba entre manos no podía caer en el despacho de un juez corrupto o pusilánime.

Sin perder tiempo, el jefe de la Dirandro entregó a León Yarango un expediente sobre el origen de la fortuna del alcalde de Coronel Portillo (Pucallpa), Luis Valdez Villacorta. El documento policial concluye que el burgomaestre posee un patrimonio millonario originado en el lavado de dinero. Hidalgo pidió a la jueza que ordenara la detención preventiva de Valdez y de otras 21 personas, así como la incautación de sus propiedades en Pucallpa, Iquitos y Lima. “Es una cuestión de Estado”, le dijo.

La jueza analizó con calma la documentación probatoria y estampó su firma pasada la medianoche. Valdez tenía las horas contadas.

Al día siguiente, el martes 14 a las 10:15 de la mañana, un grupo de efectivos irrumpió en el despacho principal de la alcaldía de Coronel Portillo. Valdez se encontraba reunido con el alcalde de Punchana (Maynas), Joiner Vásquez Pinedo, y el asesor de este último, Felipe Valera.

“Estábamos conversando cuando de pronto ingresaron los policías armados y sin mediar mayores palabras sacaron al señor Valdez (…) afuera de la municipalidad, la zona estaba rodeada por policías. Se montó todo un operativo”, contó Vásquez Pinedo a la radio ‘La Voz de la Selva’.

A esa misma hora, otros grupos policiales y 26 fiscales intervinieron sus propiedades y capturaron a otras personas en Pucallpa, Iquitos y Lima.

Ucayali era un hervidero. Desde hace más de 30 años, Valdez ha sido vinculado al narcotráfico y, en más de una ocasión, se cuestionó el origen de su fortuna. Pero el burgomaestre, apodado ‘El Gato’, solía caer de pie.

La historia es otra ahora. El expediente policial, al cual CARETAS tuvo acceso, revela que Valdez no ha podido justificar el origen de US$ 71 millones que posee en cuentas, empresas y bienes. Y hay más.

‘Operación Anguila’

En el 2006, un equipo de la División de Investigación Financiera de la Dirandro investigó las empresas de Valdez y alegó no haber encontrado indicios de lavado de dinero. Sin embargo, en marzo de este año, el titular de la Primera Fiscalía Contra la Corrupción, Jorge Chávez Cotrina, abrió una nueva investigación ante la aparición de un testigo clave.

Raimundo Ferrari Ramírez, detenido por narcotráfico, ofreció nueva información a la Policía sobre las empresas, cuentas y socios de Valdez.

Entonces, se conformó un equipo especial supervisado por el jefe de la Dirandro y dirigido por el fiscal Chávez. Se le llamó ‘Operación Anguila’.

Valdez se encuentra referenciado en múltiples y antiguos atestados por tráfico de drogas (CARETAS 1929 y 1960), siendo el último caso el hallazgo de 523.5 kilos de cocaína acondicionados en un container con planchas de triplay de la empresa Industrial Ucayali SAC, propiedad del burgomaestre pucallpino. El decomiso ocurrió el 18 de octubre del 2003.

Inicialmente, Julio Gamboa Bazalar, uno de los detenidos por dicho incidente, sindicó a Valdez como el “encargado de enviar el dinero y dar el visto bueno” para el envío de la droga. Poco después se retractó.

Pero Ferrari sí habló. Confirmó el testimonio acusatorio de Gamboa e identificó a dos ‘socios’ de Valdez: Lester Marina Pastor y Ramón Gonzales Lazo.

El primero posee numerosos antecedentes por narcotráfico y, según la Policía, operó con los hermanos Cachique Rivera y con Wilder Alvarado, ‘Champa’. Gonzales Lazo está ligado a cárteles colombianos de la droga.

Pues bien, Lester Marina proveía de madera a Triplay Enchapes SAC, empresa del alcalde. Del 2000 al 2005, ambos efectuaron operaciones por S/ 2’202,933.00, monto que no pudo ser acreditado legalmente.

La Policía estableció, además, un incremento injustificado de activos en Triplay Enchapes por un monto que supera los S/. 6 millones. Y no sólo eso.

Se descubrió una contradicción entre las exportaciones de madera del alcalde de Pucallpa y el dinero que recibía cada mes. Las operaciones se realizaban a través de una casa de cambio colombiana que, este año, fue intervenida y acusada de lavar dinero de cárteles de la droga.

El expediente policial añade que, en los últimos cinco meses, los investigadores revisaron la contabilidad de todas las empresas de Valdez (más de 10 en total) y encontraron “incrementos y disminuciones no disponiéndose de documentación contable que determinara su procedencia (libro de inventarios y balances, libro diario y registro de activos fijos”.

El 3 de abril del 2008, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá, informó a sus pares peruanos que las autoridades bancarias de ese país habían detectado y congelado cuentas corrientes a nombre de Luis Valdez, Universal Import, Industrial Ucayali y Triplay Enchapes por US$ 3’017,605.81.

Confrontado por el fiscal Chávez, el alcalde no supo sustentar el origen de esas cuentas ni de otros US$ 71 millones repartidos entre sus empresas, socios y testaferros en el Perú. Entonces, temiendo una eventual fuga, la Policía preparó su captura.

El decomiso de sus bienes, entre los que figuran residencias, una planta cervecera, hoteles, grifos y hasta 50 embarcaciones fluviales, asciende a US$ 250 millones. “Tenía más plata que Zevallos”, comentó un alto oficial.

Valdez era, pues, un magnate del departamento de Ucayali y, hasta esta semana, un hombre con particular suerte. Es alcalde de Coronel Portillo desde el 2002. Ahora será interrogado en Lima y luego recluido en prisión.

El burgomaestre, por cierto, tiene pendiente el nuevo juicio por el asesinato del periodista Alberto Rivera, en el 2004. El proceso debió iniciarse el 25 de setiembre, pero fue postergado por la Corte Suprema.

César Nakazaki, abogado de Valdez, dijo que éste es víctima de una injusticia. Para la Policía, por el contrario, el ‘Caso Valdez’ es un mensaje para los barones de la droga: “pueden ocultarse mucho tiempo, pero no todo el tiempo”. (Escribe: Américo Zambrano)

Tomado de:
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=798&idSTo=0&idA=35666

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