La mafia azteca

Desde hace unos cinco años, la prensa peruana reporta cada vez con más frecuencia la presencia de carteles de Sinaloa, Tijuana o del Golfo. Las autoridades antidrogas atribuyen a estas el financiamiento de la producción y exportación del 80 por ciento de la droga que sale del país, así como de ocasionales ejecuciones en Lima. ¿Ingresamos a una espiral de violencia y drogas generadas por la presencia de poderosas mafias aztecas? Todo indica que sí.

Un incidente ocurrido hace casi dos años grafica tal vez el grado de presencia de los carteles mexicanos en el Perú. El 21 de noviembre del 2006, un asesinato sacudió la habitual calma de la urbanización El Cuadro, en Chaclacayo. El colombiano Andrés Murcia Hernández fue golpeado brutalmente y luego arrastrado al segundo piso de su casa antes de morir apuñalado cien veces en la espalda y el vientre. El hallazgo en una recámara contigua de varios kilogramos de cocaína prensada en paquetes rectangulares hizo suponer a la policía que el móvil del asesinato estaba relacionado a un negociado de drogas.

No pasó mucho tiempo para que los agentes antinarcóticos comprobaran que de por medio estaba una organización internacional que se aprestaba a enviar un alijo de droga. Uno de los autores del asesinato fue identificado como el mexicano Víctor Rivera Félix. Su importancia pudo haber pasado inadvertida si no fuera porque uno de los agentes se dio cuenta de que era el hijo predilecto de Manuel Rivera Niebla, alias "El Charro", a quien la policía de medio mundo tenía fichado como el principal coordinador en Sudamérica de una de las principales organizaciones del narcotráfico asentada en Guadalajara.

Luego la policía verificó que el capo mexicano había estado en el Perú desde el año 2000 ampliando las operaciones de producción y transporte de su organización con las mafias de nuestro país. Desde entonces el narcotraficante azteca había recorrido no solo territorio nacional sino también Panamá y Ecuador contactando con nuevos abastecedores de cocaína.

En setiembre del 2003, la policía peruana y la policía antidrogas norteamericana (DEA) impidieron que un cargamento de más de una tonelada de cocaína saliera del puerto de Chimbote, en una naviera de propiedad del empresario peruano José Manuel de la Jara. El destino era Estados Unidos. El mexicano Manuel Rivera estuvo verificando personalmente los detalles del envío ilegal poco antes de producirse la incautación.

El capo mexicano –quien también era buscado por una de las cortes del Estado de Florida por los cargos de concierto para importar y distribuir cocaína–, fue capturado el 9 de octubre del 2006 en el aeropuerto de Cali cuando se disponía a viajar a su país. En su poder se encontraron documentos que probaban que trabajaba con los hermanos Valencia Espinoza, "Los Pirañas", antiguos empleados del narcotraficante colombiano Diego Montoya (a) "Don Diego", actuales jefes del Cartel del Norte del Valle.

Como reza el dicho preferido por los narcotraficantes –"A rey muerto, rey puesto"–, Manuel Rivera Niebla fue días después reemplazado por su hijo Víctor Rivera Félix. Este empezó a recuperar las funciones de coordinador de su padre y hacer pagar con su vida a quienes no cumplían con su palabra, como el colombiano Andrés Murcia, quien había intentado engañar a la organización para la cual trabajaba su progenitor.

PLAZA CODICIADA

El papel en Perú de Manuel Rivera Niebla (a) "El Charro" revela de manera contundente cómo las organizaciones mexicanas de la droga están interesadas en ocupar los espacios que entre los años 80 y 90 controlaban los carteles de Cali y Medellín.

"Las organizaciones mexicanas han tomado un enorme poder desde fines de los 80 cuando se rompió el corredor del Caribe, y el de Centroamérica-México se convirtió en el más importante de la droga proveniente del sur", declaró el pasado miércoles en un foro internacional Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el aparato estatal dedicado a la represión del narcotráfico en México.
Algunos elementos confirman esta versión. De un tiempo a esta parte el número de mexicanos presos ha aumentado notablemente en el Perú.

En 2005, la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) capturó a 40 narcotraficantes mexicanos. En febrero de ese año, la policía peruana desarticuló en Lima una banda de mexicanos, colombianos y peruanos que se aprestaba a despachar casi una tonelada de cocaína a los Estados Unidos. Los siete mexicanos detenidos confesaron participar en el acondicionamiento de la droga en paquetes de formas rectangulares, a fin de que no sea detectada fácilmente.

En octubre del 2007, la Dirandro capturó en Piura a miembros de una banda conectada con una organización mexicana que alistaba el envío de 900 kilos de cocaína a tierras mexicanas, con la complicidad del empresario pesquero Rolando Velasco Heysen.

Según funcionarios de la embajada de México en Lima, hay más de 70 mexicanos en nuestras prisiones acusados de ser empleados de carteles mexicanos o por haber sido "burriers".

La mayor presencia de mexicanos no significa necesariamente que los carteles hayan instalado su oficina comercial en nuestro país. "Hay más presencia de mexicanos por los esfuerzos que demanda preparar, acondicionar y exportar ilegalmente grandes cantidades de droga. Millones de dólares llegan al Perú para financiar el proceso de producción de por lo menos dos toneladas", dijo el titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda Garay.

Casi todos estaban laborando en la fase de producción de la droga cuando fueron detenidos. "La mayor parte de mexicanos detenidos aquí no ocupan un rol importante dentro de los carteles. Los cabecillas no se aparecen por aquí. Para eso están los hombres de confianza del cartel. Ellos vienen aquí por el tema financiero y a certificar que la droga que sale a tierras aztecas sea de una calidad aceptable", explicó el fiscal Castañeda, quien ha tenido en sus manos, durante los últimos seis años que labora en esa fiscalía, las investigaciones preliminares de las más importantes organizaciones mexicanas desbaratadas en nuestro país.

En las pasadas décadas la presencia de organizaciones aztecas dispuestas a comprar la mercancía ilegal era un hecho casi anecdótico. Muy por el contrario, eran los narcotraficantes peruanos quienes en su búsqueda de consolidarse deseaban entrar en negocios con las mafias aztecas, saltándose a veces el filtro impuesto por los carteles colombianos.

Tal es el caso del narcotraficante peruano Reynaldo Rodríguez López (a) "El Padrino" o el clan familiar de los López Paredes, quienes en algún momento hicieron negocios con capos mexicanos de la talla de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el "Señor de los Cielos".

La actual investigación policial y fiscal por lavado de activos abierta contra el emporio financiero de la familia Sánchez Paredes tiene precisamente como antecedente principal los negocios de droga efectuados por un miembro de la familia con mexicanos a mediados de los ochenta.

El 11 de diciembre de 1987, Segundo Simón Sánchez Paredes y otros dos peruanos fueron asesinados en el "Rancho Luna" en el estado de Hidalgo. La policía mexicana halló dentro de la casa de propiedad de Simón Sánchez Paredes un laboratorio para procesar droga, 135 kilos de cocaína y una variedad de insumos químicos. Para las autoridades policiales y fiscales, Segundo Sánchez Paredes o bien trabajaba para sus patrones mexicanos o bien pretendía recibir desde allí la droga que le remesaban sus socios en Lima. En todo caso no queda duda para nadie de que las organizaciones mexicanas están rondando desde hace un buen tiempo el Perú.

* Imagen: 1) Cartel de Tijuana. El primer megajuicio efectuado en el Perú el 2006 contra empleados de una poderosa organización mexicana que intentó sacar cocaína del país. 2) Violentos. Víctor Rivera retomó el negocio de su padre a su estilo. 3) Lucha desigual. Autoridades examinan decomiso de 2.5 toneladas de cocaína el pasado 7 de setiembre. Por cada tonelada de droga incautada, otras cuatro salen del país. 4) señal de alerta. Asesinato del magistrado Hernán Saturno en julio del 2006 por dos sicarios que se movilizaban en moto. 5) Preocupado. Fiscal Eduardo Castañeda.

Tomado de:
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