Ni para salvar la democracia se pueden cometer atrocidades

El Director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco explica porqué ‘rajó’ al Gobierno de Uribe.

Hace catorce años está al frente de Human Right Watch, la más importante ONG Defensora de Derechos Humanos que, como su nombre lo indica, mantiene permanentemente su ojo avizor sobre todos los países del mundo para vigilar si respetan o violan esos derechos.

Una tarea monumental y difícil que le granjea descalificaciones, ataques y hasta expulsiones, como la que sufrió hace unas semanas cuando luego de presentar su informe en Caracas, veinte esbirros de Chávez lo sacaron “en guando” de Venezuela y lo embarcaron en un vuelo con destino a Sao Pablo.

Un hecho sin precedentes, que asume con la convicción de quien sabe que la labor del organismo que representa es absolutamente fundamental para frenar, o al menos paliar los excesos y atropellos que, por acción u omisión, propician contra los derechos fundamentales, gobiernos, entidades y grupos de diversa laya, a lo largo y ancho del orbe.

Esta semana estuvo en Colombia presentando el informe anual de HRW, que deja muy mal parado al Gobierno, por sus constantes y escandalosos enfrentamientos con la Corte Suprema y la Fiscalía y lo que califica como maniobras para dificultar el proceso de la llamada “parapolítica”.

La Casa de Nariño, como era previsible, rechazó los términos del extenso minucioso y documentado trabajo, elaborado a lo largo del año. El cubrimiento mediático ha sido- como siempre- superficial, pero ya está, para los interesados en su página http://hrw.org/doc/?t=spanish&c=colomb.

Empecemos por temas foráneos, ¿Son los Estados Unidos un país violador de los derechos humanos en este momento?

Respuesta corta, sí. Respuesta larga, ningún estado está exento de problemas en materia de Derechos Humanos ni nosotros tenemos una visión maniquea al respecto. Desde luego que, desgraciadamente, se violan los Derechos Humanos en Estados Unidos y también en Europa.

Sin embargo, hay una cuestión de grados y hay que decir que, antes del 11 de Septiembre, la temática de la lucha anti terrorista no formaba parte de la agenda de ese país. Las violaciones estaban concentradas en los problemas que le mencioné anteriormente, a los que hoy, después del atentado a las Torres Gemelas, se ha incorporado un ingrediente muy serio como es la política antiterrorismo de la administración Bush.

¿Cuál es la posición de HRW frente al escandaloso tema de Guantánamo?

Hemos hecho innumerables informes y constantemente estamos haciendo publicaciones sobre la situación de Derechos Humanos en Estados Unidos, incluyendo, desde luego las violaciones y los abusos cometidos no solo en Guantánamo, sino en zonas de conflicto donde ellos están comprometidos. También en otros temas como la pena de muerte, la violencia policial, la situación de las prisiones, la discriminación racial, la situación de los inmigrantes.

Desde el punto de vista de HRW ¿qué significa el hecho de que una mayoría absoluta de países suramericanos tengan hoy regímenes de izquierda?

Yo diría más bien que lo que hoy día gobierna América Latina es más bien una social democracia, con algunas excepciones, obviamente, pero sobre eso no tenemos mayor preocupación.

Si gobernaran en América sectores social cristianos, o demócratas cristianos, o socialistas moderados, o de centro derecha, como podría ocurrir mañana en cualquiera de estos países, nos tendría sin cuidado. No tenemos opinión sobre las preferencias ideológicas, religiosas o culturales. Falta ver, en todo caso, si esos gobiernos, con las modificaciones constitucionales que promueven, entienden la importancia de gobernar respetando las instituciones democráticas.

Hace pocas semanas usted fue expulsado de Venezuela. Chávez se las ha arreglado para manejar todos los hilos de los tres poderes, lo cual indica que no solo quiere perpetuarse, sino que paulatinamente podría convertirse en un dictador. ¿Qué tan cerca ve esa posibilidad?

Nosotros no creemos que exista una dictadura en Venezuela. En ese país hay espacios, una oposición bastante activa, un debate público vibrante, hay medios escritos influyentes en la opinión pública abiertamente discrepantes de la línea oficial. Se perdió la concesión de RCTV pero hay canales de televisión por cable que son críticos del gobierno. Próximamente habrá elecciones, hace poco se derrotó al presidente en un referendo público. Hay también una sociedad civil bastante arrinconada, que es objeto de todo tipo de hostigamientos por parte del gobierno, pero que existe, puede moverse y actuar. Los medios están operando en un clima de autocensura por la legislación promovida por el presidente Chávez, pero las elecciones han sido, hasta ahora, certificadas por la OEA y el Centro Carter. Hay que decir sí, que existe un régimen donde las instituciones democráticas se han ido degradando por responsabilidad directa del presidente Chávez, que no hay controles y que el poder judicial fue intervenido en 2004.

Creo que la situación de Venezuela es preocupante y que hay que seguir muy de cerca la evolución de las prácticas del gobierno, que cada vez se conduce con mayor intolerancia y grados serios de autoritarismo.

¿Qué le chocó tanto del informe de HRW a Chávez?

Nunca les han gustado nuestros informes. Yo creo que simplemente es un reflejo de un gobierno cada vez más personal, donde el poder obnubila al gobernante que siente el país casi como propiedad privada.

El informe sobre Colombia es durísimo en cuanto afirma que: “1º- El gobierno de Uribe pareciera realizar una campaña dirigida a deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia. 2º- Se ha opuesto a propuestas serias de reforma al Congreso para eliminar y sancionar la influencia paramilitar. 3º-Ha propuesto reformas constitucionales que podrían sacar los procesos de lo que se ha llamado la parapolítica, de la competencia de la misma Corte Suprema”... ¿Cree que el presidente Uribe no quiere que se investigue el tema porque tendría alguna relación con el paramilitarismo?

Nosotros no decimos eso. Pero se deduce.

Cualquiera es libre de emitir una opinión, pero ese no es el mensaje del informe. Hablamos de una serie de ataques concretos que permiten socavar la legitimidad de la Corte y eso es muy serio. Es muy grave que el Presidente permita abrir las puertas del Palacio de Nariño para recibir a delincuentes que dicen tener pruebas contra la Corte Suprema.

Yo entiendo que en el peor de los casos y en circunstancias muy dramáticas, una autoridad podría dar la bienvenida a pruebas para demostrar que tales o cuales grupos criminales -mafiosos-narcotráfico- están incursos en graves delitos. Pero aplicar ese método frente a otro poder del Estado revela falta de entendimiento sobre cómo debe operar el poder en una democracia.

¿Otros temas como el hundimiento de la “silla vacía”, las reformas para sacar los procesos de la parapolítica de la Corte y trasladarlos a la Fiscalía, indicarían que el gobierno estaría haciendo “movidas”, sino ilegales, al menos tramposas?

Nosotros no nos pronunciamos respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos. Para eso está la Corte Constitucional. Lo que nos parece es que cuando se investigan hechos universalmente condenados como son los crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra y se está tratando de dilucidar hasta dónde llegan quienes son cómplices en actividades típicas de una verdadera mafia, hay que apoyar a la justicia y dejar que ella trabaje, pero no estar constantemente poniendo en entredicho la función que, como poder del Estado, están cumpliendo la Corte Suprema o la Fiscalía.

HRW ha criticado la extradición de los 14 jefes paramilitares y la verdad es que hoy el país se pregunta que pasará con la verdad, justicia y reparación de las víctimas...

La decisión de extraditar a todo el grupo de un golpe la tomó el presidente Uribe. Ojalá sirviera para desmantelar la cadena de mando de esas mafias y para que reciban penas ejemplares por sus delitos de narcotráfico. No pagarán por los delitos atroces cometidos en Colombia, pero, ¿para qué nos hacemos los sorprendidos hoy? Hay es que hacer esfuerzos para que el departamento de Justicia de los Estados Unidos elabore una política criminal que permita cooperar con la justicia colombiana.

¿Qué fuentes del gobierno consultaron para establecer qué hace el gobierno por los Derechos Humanos?

Hemos tenido reuniones con algunas autoridades del Ministerio de Defensa que tienen información relevante, para entender la complejidad de los fenómenos y analizar estos casos desde todo punto de vista para no quedarnos con versiones sin contrastar. Sin embargo, el fuerte son las investigaciones de Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría e instancias como personeros o defensores que investigan estos hechos y que nos permiten armar una visión lo más objetiva posible de lo que ocurre.

¿Habría hechos para destacar por parte de HRW?

La Fiscalía nos ha sorprendido muy positivamente con las investigaciones reabiertas en casos históricos como el Palacio de Justicia y el General Rito Alejo del Río, por violaciones a los Derechos Humanos. Hay que reconocer que la captura del computador de Jorge 40 fue una labor adelantada por la Fiscalía, no obstante, hay otros casos en los que no entendemos por qué demoran tanto las investigaciones, como los que podrían comprometer al Almirante Quiñones o a Iván Ramírez en casos como El Salado o Chengue. La masacre de El Aro, de acuerdo con los testimonios de Mancuso, se habría coordinado con un general del Ejército de apellido Manosalva. La masacre se ejecuta un año más tarde cuando estaba a cargo de la IV Brigada el General Ospina y los fiscales, según las grabaciones, no le preguntan que ocurrió cuando se ejecutó la masacre. Hay vacíos y algunos casos tienen demoras, en otros se avanza y en otros como el de Jorge Noguera, ex director del Das, ha habido continuos problemas procesales. Quisiéramos que la Fiscalía, que felizmente hoy cuenta con recursos materiales y humanos, siga avanzando como lo ha hecho en algunos casos ejemplares.

A ustedes les parece bien que los demócratas en el congreso de Estados Unidos y su candidato Obama se muestren reticentes a la aprobación del TLC con Colombia.

Hemos estado activos en toda la discusión del TLC en los Estados Unidos y ciertamente estoy muy satisfecho con la respuesta que dio el senador Obama en el último debate cuando explicó que las razones por las cuales Estados Unidos debe postergar la ratificación del tratado se deben a los asesinatos impunes de sindicalistas en Colombia. Es el único caso, en esta parte del mundo, en que quisimos oponernos a la aprobación de un Tratado de Libre Comercio y creemos que ha sido muy positivo no solo para el tema sindical sino también para crear conciencia en Colombia- y especialmente en el gobierno- de la importancia de proteger a los sindicalistas.

Un 85% de colombianos apoya la gestión del presidente Uribe y se recolectaron 5 millones de firmas para tramitar un referendo que posibilite la segunda reelección. Algo debe estar haciendo bien Uribe, ¿o no?

El tema de derechos humanos es normalmente de minorías y la labor que uno cumple es muchas veces impopular. Lo que nos preocupa es asegurar la vigencia de valores que son universales y que, en cualquier circunstancia, por difícil que sea, deben ser respetados. La tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones, los abusos de poder, no pueden ser tolerados en ninguna circunstancia, ni siquiera en nombre de salvar la democracia. No hay móvil ideológico legítimo que permita la comisión de atrocidades y si esas atrocidades se cometen, existen compromisos internacionales que obligan a determinar responsabilidades y castigar a los culpables. No tenemos posición respecto a reelecciones. Esa es una materia que se resuelve soberanamente. Si esas elecciones se ganaran con fraude o sobre la base de la intimidación, sería otro tema.

El problema es que no se decide el estado de los Derechos Humanos sobre la base del respaldo de mayorías o minorías. Después de la destrucción de la Torres Gemelas los americanos le dieron un cheque en blanco al presidente Bush para hacer y deshacer. Los resultados están a la vista.

En sus palabras

“La tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones, los abusos de poder, no pueden ser tolerados en ninguna circunstancia”.

“La Fiscalía nos ha sorprendido muy positivamente con las investigaciones reabiertas en casos históricos como el Palacio de Justicia y el General Rito Alejo del Río”.

Tomado de:
http://www.elpais.com.co/historico/oct192008/NAL/hrw.html