Armas y narcotráfico ensucian relación México-EE.UU.

EE.UU. debe poner algún control al tráfico de armamento si quiere apoyar a México en su guerra contra los carteles de la droga.

El problema es cada vez más doméstico para EE.UU.: las armas permiten el tráfico de drogas. (AP)

Washington DC. Si se encuentra en medio de una balacera, siga estos consejos: tírese al suelo y cubra su cabeza con ambas manos. Si está en el interior de un vehículo arrójese al piso y proteja a los menores. No salga del automóvil pues los criminales pueden confundirlo con un rival. Espere a que cesen los disparos y aunque lleguen las patrullas, salga con las manos en alto para que los agentes tampoco lo confundan. Recuerde que son momentos de tensión para todos.

Estas instrucciones fueron publicadas en uno de los diarios locales del estado de Durango, al norte de México. Se trata de una de las zonas más afectadas por la violencia de los carteles de droga. Camionetas baleadas, asesinatos en plena calle, amenazas de muerte en las paredes públicas… De todo se ve en Durango, así como en Ciudad Juárez y Tijuana, sedes principales de una ola de violencia que ya lleva más de 1.100 muertos en los tres primeros meses de este año.

La causa de esto es la guerra del estado mexicano contra los carteles de la droga en México. Una guerra, no obstante, que se hace con armas estadounidenses. De acuerdo a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), un 90% de las armas que se confiscan al crimen organizado en México provienen de ese país. Un problema que ha ido creciendo en relevancia en Washington y que se ha transformado en una de las cuestiones más urgentes de la agenda de la nueva administración del demócrata Barack Obama con América Latina.

No es para menos. En las cercanías de los 3.141 kilómetros de frontera que comparte con México, Estados Unidos cobija 6.600 distribuidores de armas autorizados, el 12% de los existente en todo el país. Estos puntos de venta no están obligados a reportar compras de grandes cantidades de armas, como por ejemplo de las réplicas de las AK-47 –una de las más usadas por los carteles en México– ya que caen bajo la clasificación de rifles.

Mientras que en México para un ciudadano es casi imposible conseguir un arma, en EE.UU. muchas personas las compran y pasean con orgullo. Las tiendas de armas parecen verdaderos supermercados, equipadas con salas de práctica de tiro, libros, y hasta camisetas que dicen “los criminales prefieren a víctimas que no portan armas”, sin incluir una enorme cantidad de variedad de revólveres y rifles semi-automáticos que buscan complacer el gusto de los cerca de 250 millones clientes que hay en todo el país, según cifras de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Es el resultado de la Segunda Enmienda y que transforma en Estados Unidos al derecho de tener y portar armas en algo sagrado. Un derecho tan polémico, que sale a flote en cada elección presidencial y que los republicanos están ávidos de defender y los demócratas ansiosos de limitar.

La ley y su ambiguedad. El ambiente era tenso. A las 16 horas del 23 de febrero, en la embajada de México en Washington había un calor que hacía olvidar el frío exterior.

Era el momento en que Eduardo Medina Mora, el procurador general de la república (PGR) de México, explicaba los resultados de su reunión con el procurador de justicia estadounidense Eric Holder y con la secretaria de seguridad interna, Janet Napolitano.

Estados Unidos comparte el sentido de urgencia de nuestro país frente el flujo de armas y dinero que llega a los carteles”, decía Medina Mora de su país, tratando de mantener la calma y seguridad. Le siguió una lluvia de inquietudes de los periodistas que cuestionaban sus declaraciones y la imagen de control que su gobierno trata de proyectar sobre la creciente violencia en México. Y es que aunque es innegable que la ofensiva del ejército mexicano ha tenido resultados, también es cierto que las versiones sobre un avance o retroceso en la seguridad de México, y específicamente en el área de flujo de armas, son siempre contradictorias. Por ello para México es urgente que Estados Unidos restrinja de algún modo el libertinaje de su industria armamentista.

Pero no es fácil. En su historia, EE.UU. sólo ha dictado tres normas que restringen la Segunda Enmienda. La primera de ellas fue el acta de 1968 que prohíbe las transferencias de armas entre distintos estados de la nación, excepto entre distribuidores autorizados. Esa acta, prohíbe además la posesión de armas a personas condenadas a un crimen federal, fugitivos, adictos a las drogas, entre otros. La segunda acta, firmada por Bill Clinton en 1993, conocida como la ley Brady, determinó que los compradores de armas debían ser sometidos a un chequeo, que en la actualidad se realiza a través del Sistema Nacional Instantáneo de Chequeo de Antecedentes. La tercera es de 1994 cuando se aprobó una prohibición a la venta de armas semi-automáticas a los civiles. Sin embargo, la proscripción expiró en septiembre de 2004 y no ha vuelto a renovarse.

La resistencia legal de la Segunda Enmienda encuentra parte de su explicación en las sumas que se invierten en el cabildeo o lobby en el Congreso. Sólo en el último trimestre de 2008, la NRA pagó US$ 580.000 a diferentes firmas para proteger la segunda enmienda y asegurarse que nada pueda amenazarla. Mientras los documentos oficiales no registran que el gobierno mexicano haya invertido en lobby para favorecer su postura, la NRA no pasa inadvertida. “Dada la influencia política del NRA y otros grupos pro-armas, ubicados especialmente en los estados del sur, no existe virtualmente ninguna oportunidad que se aplique un control más estricto de las leyes relacionadas con el control de armas”, dice Ted Carpenter vicepresidente para defensa y política exterior del Instituto Cato, un centro de estudios liberal que defiende el derecho de los individuos de portar un arma.

Desde el otro lado intelectual, Vanda Felbab-Brown experta en política exterior del Instituto Brookings, coincide al señalar las dificultades para que haya un cambio real. “No creo que vaya a ser fácil introducir modificaciones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos”, dice Felbab-Brown. “El control ha sido muy difícil y no ha cambiado por muchas décadas, sin importar la situación en México… El gobierno de este país no podrá contar con cambios en la legislación de armas en Washington, como vía para resolver el problema. Necesitan enfocarse en lo que ellos pueden hacer internamente”.

No obstante, el problema es cada vez más doméstico para Estados Unidos: las armas permiten el tráfico de drogas que consumen sus ciudadanos y la violencia en el país del lado migra en la forma de secuestros, asesinatos y balaceras vinculadas con el tráfico de droga, y que no han podido ser evitados con la mayor supervisión en la frontera. “Hoy existe más conciencia respecto a que éste no es sólo un problema de México, sino de toda la región, porque las pandillas de EE.UU. están íntimamente integradas en las operaciones de los carteles”, dice Tom Díaz, analista del Centro de Políticas sobre Violencia, en Washington.

Fue eso lo que inspiró al congresista Eliot Engel, cuando a mediados de febrero, envió una carta al presidente Obama en nombre de 53 representantes de ambos partidos, pidiéndole que regrese la ley de prohibición de importación de armas de asalto o semi-automáticas dentro de EE.UU. Además, personajes respetados en el área de drogas y tráfico, y que son escuchados en el Capitolio, como el general retirado Barry McCaffrey, han afirmado que México necesita ayuda y que éste no es un problema unilateral. Tras su visita al país en diciembre de 2008, McCaffrey presentó un reporte en el que aseguraba que las autoridades y el ejército mexicano enfrentan a carteles considerablemente armados con armas automáticas de alto poder. “Las compran con frecuencia de distribuidores localizados en Texas, Arizona y California”, escribió en un memorando. “Rifles similares a los AK- 47 son adquiridos por cientos de una sola vez y traficados ilegalmente a México”.

Sin embargo, Obama puede acudir a medidas que no requieren la aprobación del congreso. Esto pues el ejecutivo puede interpretar a su modo una cláusula de la ley de armas que se presta para ambigüedades. Y es que para entrar al país, dice la ley, las armas deben ser adaptadas para uso deportivo, un concepto sin una definición única. “Algunos presidentes han usado esta ambigüedad para restringir la importación”, dice Díaz. “Pero otros como George W. Bush la han usado para relajar la entrada de diferentes tipos de armas. Obama puede limitar fácilmente el acceso reinterpretando el concepto de deportivo”. Con ello, podría restringir las importaciones que han ido al alza en los últimos años, con las armas fabricadas en Brasil entre las favoritas de los estadounidenses (ver cuadro). En 2007, por ejemplo, EE.UU. importó 2,5 millones de armas, un 18% más que en 2006. Mientras que la producción local alcanzó las 3,5 millones, con tasas de crecimiento anual sobre el 10%.

Otro mecanismo útil para coartar el tráfico y que depende exclusivamente del Presidente, es la mejor supervisión de los gun shows, grandes eventos comerciales de armas que incluso permiten que privados comunes puedan vender sus propias armas, en un mercado secundario que carece de todo monitoreo.

La señal de Obama. Con una pistola en la mano, Heriberto Zazueta custodiaba atentamente una casa en el poblado de Las Tapas, a 50 kms al norte de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, su arma no fue suficiente para enfrentar al operativo Cualiacán-Navolato liderado por el ejército mexicano, que ahora tiene a Zazueta tras las rejas. Y es que el botín que escondía estaba compuesto por 12 rifles del tipo AK-47, dos ametralladoras, cinco granadas, 5.210 cartuchos de diferentes calibres, una camioneta Hummer, un chaleco antibalas y muchos otros elementos que conformaban un verdadero arsenal de guerra. Aunque gran parte de estas armas venía de Estados Unidos, no son pocos los que señalan que cortar las fuentes de acceso desde el norte sea suficiente para bajar la intensidad a esta guerra, pues los carteles podrían usar otros suministros para proveerse, aunque les sea más difícil y costoso adquirirlos.

La salida radica para muchos, en una estrategia global para enfrentar el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos y que afectaría directamente los recursos con los cuáles los carteles compran las armas. Por eso no llama la atención que surjan los llamados a legalizar algunas drogas de manera de disminuir el poder los carteles ilegales. Los ex presidentes de México Ernesto Zedillo, de Brasil, Fernando Henrique Cardoso y de Colombia, César Gaviria, defendieron públicamente la posibilidad de buscar vías alternativas para la lucha contra las drogas que vayan acompañadas de la legalización de algunas de ellas. Una posición incómoda para Estados Unidos.

El Instituto México del Woodrow Wilson Center aboga por otra línea, aunque también destaca la necesidad de que Estados Unidos levante algunas prohibiciones efectivas contra el comercio de armas, como la que expiró el 2004, centrada en todas las armas de asalto. También incluye aumentar personal de seguridad en la frontera dedicado a rastrear tráfico de armas y monitorear a los distribuidores. Un estudio de su autoría propone asimismo proveer un mecanismo para que se pueda dar información anónimamente sobre ventas cuestionables y rechazar la prohibición del Congreso respecto a los datos que la ATF puede liberar. Hoy, esta agencia está exenta de someterse al Acta de Libertad de Información, lo que impide una revisión y análisis sobre la estrategia que el gobierno estadounidense aplica contra el tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

El tema ha erizado las siempre intensas relaciones entre Estados Unidos y México. A comienzos de marzo el Presidente mexicano declaró que "el mayor poder dado al crimen organizado a través de las armas viene de Estados Unidos. Desde 2006 hemos decomisado 27.000 armas, entre las que hay desde lanzamisiles hasta 2.500 granadas, e incluso hemos encontrado uniformes y armas del Ejército estadounidense".

Ya sea mediante una estrategia global o centrada en limitar el tráfico de armas, Estados Unidos debe dar señales a México en su hora más compleja. Una de ellas, sería según la ex embajadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), Harriet Babbitt, que Washington ratificara la Convención Interamericana contra Producción Ilícita, Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Ni los más optimistas lo consideran posible, aunque sí esperan que haya señales en la próxima cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, cuando el presidente Obama se encuentre por primera vez con los presidentes latinoamericanos. Será el momento para conocer la política de armas del nuevo gobierno y hacia donde van sus tiros contra la narco-violencia en su vecino del sur.

Tomado de:
http://www.americaeconomia.com/234863-Armas-y-narcotráfico-ensucian-relación-México-EEUU-.note.aspx