Hoy, lunes, el procurador anticorrupción Pedro Gamarra envió un oficio a la Fiscalía anticorrupción de turno, en el que pide que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el material impreso y, sobre todo, el electrónico encontrado en la casa del último jefe del SIN del fujimorato, coronel EP (r) Luis Rodríguez Silva, durante un operativo anti drogas.
Como reveló IDL-SC, en la edición del viernes 27 de marzo, el material de inteligencia encontrado en una caja fuerte en la casa de Rodríguez Silva contenía 18 cintas de almacenamiento masivo de datos, con la información aparentemente más importante del SIN el año dos mil.
Coronel EP (r) Luis Rodríguez Silva en el momento de su detención.
Además, la policía anti drogas encontró en esa caja fuerte un documento anillado que, entre otras cosas, contenía la relación de remuneraciones y bonificaciones que Vladimiro Montesinos recibió entre el 1 de enero de 1992 y el 30 de septiembre de 2000.
Como reseñó IDL-SC el viernes último, esa información fue dejada bajo la custodia de la esposa de Rodríguez Silva, aunque lacrada, por un día. Luego estuvo unos pocos días en la Dirandro, donde, el martes 24, se revisó el material impreso, pero no el electrónico, en presencia de personal del Ministerio Público y del propio acusado, Rodríguez Silva. Esa revisión estuvo a cargo del suboficial PNP Nativo Peña, quien solo pudo leer lo que estaba impreso, dado que en la dirección anti drogas no se disponía del aparato reproductor de cintas de almacenamiento de información, ni del software necesario para abrir los datos.
El jueves 26 de marzo, todo el caso, incluyendo el material informativo incautado, fue trasladado al Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del juez Segismundo León.
Hoy lunes 30, el juez León envió el paquete informativo encontrado en la caja fuerte (las cintas y el impreso) –que él no revisó al considerar que el material no pertenecía a la investigación sobre drogas- a la Quinta Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a cargo del fiscal Marco Antonio Ruggiero.
Pedro Gamarra, el procurador, se ha dirigido precisamente a Ruggiero, solicitando estar presente en la diligencia de “visionado” (como les gusta decir en los juzgados a la actividad de ver material gráfico) de las cintas y lo impreso.
No queda claro, pese a que IDL-SC lo preguntó a varios funcionarios de la procuraduría anticorrupción y la fiscalía, qué medidas se están tomando para proteger la integridad de los datos almacenados electrónicamente, teniendo en cuenta la fragilidad de ese sistema de almacenamiento y su posible gran importancia. Lo único que ha quedado en claro es la exigencia de la procuraduría de examinar ese material cuanto antes. Es obvio, sin embargo, que para hacerlo se va a necesitar el concurso de expertos en recuperación de datos electrónicos.
En esa misma fiscalía, la quinta, hay una investigación abierta contra Rodríguez Silva desde el 2005, por falsificación de documentos, peculado y falsedad genérica. Ahora, el material descubierto se une, en principio, a dicha investigación, hasta que se revele su contenido y las implicancias que éste suponga.
Entre las, por decirlo de alguna manera, ingenuidades de los fiscales anti drogas a cargo de este operativo, resaltan particularmente el haber dejado un día entero el material (aunque lacrado), en manos de la esposa de Rodríguez Silva; y luego, de haberlo pasado al juez anti drogas, cuando debió haber sido remitido de inmediato a la fiscalía anti corrupción.
Pedro Gamarra no fue el único procurador al que las novedades sobre esta investigación pusieron en movimiento.
La procuradora anti drogas, Sonia Medina, pasó buena parte de hoy lunes revisando el atestado sobre el caso de Rodríguez Silva, y, según fuentes con conocimiento de causa, habría decidido interponer una queja de derecho contra la decisión del fiscal de exonerar a Rodríguez Silva de la investigación anti drogas. “Es increíble. Ni siquiera contemplan ampliar la investigación”, dijo a IDL-SC una fuente vinculada con la lucha anti drogas. La procuraduría, por lo contrario, según se pudo saber, “encuentra indicios de responsabilidad de Rodríguez Silva”.
Hasta que la procuraduría anti drogas presente dicha queja, Rodríguez Silva solo será citado como testigo en el caso, y su empresa no será investigada, a menos que el juez León decida lo contrario.
Un examen somero de la documentación disponible indica que es por lo menos extraño que se haya sustraído a Rodríguez Silva y su empresa, Cayma Trading SAC, tan rápido de la investigación. Aún bajo la presunción de inocencia, la continuación de una investigación policial de un caso tan importante, merecía, todo indica, más diligencias y averiguaciones que la de una simple toma de manifestación.
En dicho interrogatorio fiscal, realizado el 21 de marzo, Rodríguez Silva afirmó haber cedido el uso de su compañía para realizar una exportación de café que el acopiador, y principal acusado, Artemio Huaqui, no podía realizar, al no tener una compañía propia.
¿Por qué exportó por Paita, le preguntan, cuando siempre lo hacía por el Callao? Porque supuestamente la exportación era de café “de la zona Norte del Perú”, de Jaén. Sin embargo, Rodríguez Silva supo que por lo menos una parte del cargamento había salido de Lima hacia Chiclayo. Él lo explicó diciendo que “a mí la señora Nelly (catadora de café de la empresa Cayma Trading SAC) cuando retorna de Chiclayo, de verificar el café de Jaén me llama a Villa Rica y me comunica que está ayudando a comprar café al señor César (Artemio) Huaqui en Lima y me habló de únicamente cuarenta sacos”.
Como se ha visto, los sacos que contenían cocaína presentada como café fueron 27.
A la vez, pese a que supuestamente se iba a mandar café de alta calidad, Rodríguez Silva reconoció que Nelly Aldea le había dicho que el café “era una basura, que no servía para ser exportado” y que lo único que le respondió fue que “guarde una muestra”, para compararla con la que Huaqui había enviado a Holanda.
Cuando le preguntaron si algo de eso le hizo sospechar que “Huaqui estaba realizando acciones irregulares o ilícitas con el café” Rodríguez Silva respondió que tenía “idea de que Huaqui estaba comprando un café de mala calidad, pero trataría de procesarlo a fin de obtener un producto mejorado”.
Y vaya que lo procesó, nada menos que con casi 70 kilos de pasta básica lavada de cocaína.
El hecho es que Rodríguez Silva estuvo en contacto directo con el importador holandés, Max Paap, de quien recibió dinero para hacer las operaciones de compra y exportación del café. De otro lado, casi todo el personal de su compañía estuvo presente en el acopio final y preparación del embarque.
En otro momento del interrogatorio, el propio Rodríguez Silva admite que el 17 de marzo, tanto “la Sra. Isela y la Sra. Nelly me llamaron, para informarme que estaban revisando todos los sacos, porque se había encontrado droga”. Pero añade que el día siguiente, 18 de marzo, Nelly Aldea le envió un mensaje de texto “informándome que el contenedor había pasado sin ningún problema y también otro mensaje con otro texto similar en que no había problema con el contenedor”. Sin embargo, Rodríguez Silva no indica haber tomado ninguna acción para prevenir a las autoridades. De hecho, según lo que IDL-SC ha podido averiguar, las autoridades de Aduana, una vez detectada la droga, permitieron que el cargamento llegara al puerto para estudiar el comportamiento de los exportadores, y solo entonces intervinieron tanto la carga como a las personas. Esto parece no haber sido tomado en cuenta por el fiscal.
Todo ello pareciera indicar la necesidad de una investigación más profunda, que obviamente incluya también al importador. Ya fuentes policiales habían manifestado su desazón a IDL-SC por el apresuramiento fiscal en exonerar a casi todos los investigados en el caso, opinión, a lo que parece, compartida por la procuradora anti drogas.
Como reveló IDL-SC, en la edición del viernes 27 de marzo, el material de inteligencia encontrado en una caja fuerte en la casa de Rodríguez Silva contenía 18 cintas de almacenamiento masivo de datos, con la información aparentemente más importante del SIN el año dos mil.
Coronel EP (r) Luis Rodríguez Silva en el momento de su detención.Además, la policía anti drogas encontró en esa caja fuerte un documento anillado que, entre otras cosas, contenía la relación de remuneraciones y bonificaciones que Vladimiro Montesinos recibió entre el 1 de enero de 1992 y el 30 de septiembre de 2000.
Como reseñó IDL-SC el viernes último, esa información fue dejada bajo la custodia de la esposa de Rodríguez Silva, aunque lacrada, por un día. Luego estuvo unos pocos días en la Dirandro, donde, el martes 24, se revisó el material impreso, pero no el electrónico, en presencia de personal del Ministerio Público y del propio acusado, Rodríguez Silva. Esa revisión estuvo a cargo del suboficial PNP Nativo Peña, quien solo pudo leer lo que estaba impreso, dado que en la dirección anti drogas no se disponía del aparato reproductor de cintas de almacenamiento de información, ni del software necesario para abrir los datos.
El jueves 26 de marzo, todo el caso, incluyendo el material informativo incautado, fue trasladado al Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del juez Segismundo León.
Hoy lunes 30, el juez León envió el paquete informativo encontrado en la caja fuerte (las cintas y el impreso) –que él no revisó al considerar que el material no pertenecía a la investigación sobre drogas- a la Quinta Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a cargo del fiscal Marco Antonio Ruggiero.
Pedro Gamarra, el procurador, se ha dirigido precisamente a Ruggiero, solicitando estar presente en la diligencia de “visionado” (como les gusta decir en los juzgados a la actividad de ver material gráfico) de las cintas y lo impreso.
No queda claro, pese a que IDL-SC lo preguntó a varios funcionarios de la procuraduría anticorrupción y la fiscalía, qué medidas se están tomando para proteger la integridad de los datos almacenados electrónicamente, teniendo en cuenta la fragilidad de ese sistema de almacenamiento y su posible gran importancia. Lo único que ha quedado en claro es la exigencia de la procuraduría de examinar ese material cuanto antes. Es obvio, sin embargo, que para hacerlo se va a necesitar el concurso de expertos en recuperación de datos electrónicos.
En esa misma fiscalía, la quinta, hay una investigación abierta contra Rodríguez Silva desde el 2005, por falsificación de documentos, peculado y falsedad genérica. Ahora, el material descubierto se une, en principio, a dicha investigación, hasta que se revele su contenido y las implicancias que éste suponga.
Entre las, por decirlo de alguna manera, ingenuidades de los fiscales anti drogas a cargo de este operativo, resaltan particularmente el haber dejado un día entero el material (aunque lacrado), en manos de la esposa de Rodríguez Silva; y luego, de haberlo pasado al juez anti drogas, cuando debió haber sido remitido de inmediato a la fiscalía anti corrupción.
Pedro Gamarra no fue el único procurador al que las novedades sobre esta investigación pusieron en movimiento.
La procuradora anti drogas, Sonia Medina, pasó buena parte de hoy lunes revisando el atestado sobre el caso de Rodríguez Silva, y, según fuentes con conocimiento de causa, habría decidido interponer una queja de derecho contra la decisión del fiscal de exonerar a Rodríguez Silva de la investigación anti drogas. “Es increíble. Ni siquiera contemplan ampliar la investigación”, dijo a IDL-SC una fuente vinculada con la lucha anti drogas. La procuraduría, por lo contrario, según se pudo saber, “encuentra indicios de responsabilidad de Rodríguez Silva”.
Hasta que la procuraduría anti drogas presente dicha queja, Rodríguez Silva solo será citado como testigo en el caso, y su empresa no será investigada, a menos que el juez León decida lo contrario.
Un examen somero de la documentación disponible indica que es por lo menos extraño que se haya sustraído a Rodríguez Silva y su empresa, Cayma Trading SAC, tan rápido de la investigación. Aún bajo la presunción de inocencia, la continuación de una investigación policial de un caso tan importante, merecía, todo indica, más diligencias y averiguaciones que la de una simple toma de manifestación.
En dicho interrogatorio fiscal, realizado el 21 de marzo, Rodríguez Silva afirmó haber cedido el uso de su compañía para realizar una exportación de café que el acopiador, y principal acusado, Artemio Huaqui, no podía realizar, al no tener una compañía propia.
¿Por qué exportó por Paita, le preguntan, cuando siempre lo hacía por el Callao? Porque supuestamente la exportación era de café “de la zona Norte del Perú”, de Jaén. Sin embargo, Rodríguez Silva supo que por lo menos una parte del cargamento había salido de Lima hacia Chiclayo. Él lo explicó diciendo que “a mí la señora Nelly (catadora de café de la empresa Cayma Trading SAC) cuando retorna de Chiclayo, de verificar el café de Jaén me llama a Villa Rica y me comunica que está ayudando a comprar café al señor César (Artemio) Huaqui en Lima y me habló de únicamente cuarenta sacos”.
Como se ha visto, los sacos que contenían cocaína presentada como café fueron 27.
A la vez, pese a que supuestamente se iba a mandar café de alta calidad, Rodríguez Silva reconoció que Nelly Aldea le había dicho que el café “era una basura, que no servía para ser exportado” y que lo único que le respondió fue que “guarde una muestra”, para compararla con la que Huaqui había enviado a Holanda.
Cuando le preguntaron si algo de eso le hizo sospechar que “Huaqui estaba realizando acciones irregulares o ilícitas con el café” Rodríguez Silva respondió que tenía “idea de que Huaqui estaba comprando un café de mala calidad, pero trataría de procesarlo a fin de obtener un producto mejorado”.
Y vaya que lo procesó, nada menos que con casi 70 kilos de pasta básica lavada de cocaína.
El hecho es que Rodríguez Silva estuvo en contacto directo con el importador holandés, Max Paap, de quien recibió dinero para hacer las operaciones de compra y exportación del café. De otro lado, casi todo el personal de su compañía estuvo presente en el acopio final y preparación del embarque.
En otro momento del interrogatorio, el propio Rodríguez Silva admite que el 17 de marzo, tanto “la Sra. Isela y la Sra. Nelly me llamaron, para informarme que estaban revisando todos los sacos, porque se había encontrado droga”. Pero añade que el día siguiente, 18 de marzo, Nelly Aldea le envió un mensaje de texto “informándome que el contenedor había pasado sin ningún problema y también otro mensaje con otro texto similar en que no había problema con el contenedor”. Sin embargo, Rodríguez Silva no indica haber tomado ninguna acción para prevenir a las autoridades. De hecho, según lo que IDL-SC ha podido averiguar, las autoridades de Aduana, una vez detectada la droga, permitieron que el cargamento llegara al puerto para estudiar el comportamiento de los exportadores, y solo entonces intervinieron tanto la carga como a las personas. Esto parece no haber sido tomado en cuenta por el fiscal.
Todo ello pareciera indicar la necesidad de una investigación más profunda, que obviamente incluya también al importador. Ya fuentes policiales habían manifestado su desazón a IDL-SC por el apresuramiento fiscal en exonerar a casi todos los investigados en el caso, opinión, a lo que parece, compartida por la procuradora anti drogas.
Sin quebrantar la presunción de inocencia de todo ciudadano, la seriedad del caso, la trayectoria de Rodríguez Silva, el material descubierto en su casa, y la casi beatífica ingenuidad con la que describe su participación en el caso, hacen necesaria una mayor investigación en ambos frentes judiciales.
Tomado de:
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2009/30-03/la-droga-reveladora-las-cintas-misteriosas.htm
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