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Comparado con el desastre del gobierno aprista de 1985-90, se acepta que los primeros dos años de gobierno del presidente Alan García ha tenido aspectos positivos, pero igual sucedió en su primer gobierno, para acabar devorado por la inflación, la corrupción y la violación de derechos humanos, jaqueado por el auge del terrorismo, al que primero concedió ventajas para luego intentar aplastarlo, fracasando en el objetivo.
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Los empresarios bailan en un pie, por que el gobierno ha hecho lo imposible para mantener la política económica y la promoción de las inversiones iniciada a un costo social muy alto por sus antecesores Fujimori y Toledo, ellos afirman que esa es la única forma aumentar el empleo, pero la realidad es que cada vez hay menos empleo formal y son centenas de miles los jóvenes y adultos que salen de las universidades y no encuentran trabajo o son sometidos a la explotación inhumana.
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En contraposición, las reformas profundas brillan por su ausencia, pese a que serán puntales en la estrategia de apoyo a los sectores más necesitados o menos favorecidos por el crecimiento macroeconómico, por ejemplo se ha estimado como muy urgente la ley de reforma laboral y la ley de compras públicas que frene la galopante corrupción, que peligrosamente se institucionaliza, pero, eso no se toma en cuenta.
Mientras tanto, los ofrecimientos incumplidos que desesperan a sectores crecientes de la población, son: 1- Se incrementará en 0.25% el presupuesto anual de Educación. 2- El objetivo fundamental del gobierno será la lucha contra la pobreza. 3- Se promoverá un Pacto Social para lograr empleo decente y derechos a la seguridad social y jubilación. 4- Se creará el Centro Estratégico de Planeamiento (Ceplan). 5- Foncodes transferirá a los gobiernos locales sus proyectos de infraestructura. 6- Las acciones de las empresas de distribución regional de electricidad se entregarán a las regiones. Nada de esto se ha cumplido, a pesar de la bonanza en las cifras macroeconómicas, de la estabilidad económica y la calificación del grado de inversión, es por eso que una inmensa mayoría de peruanos no siente que el “Perú avanza” para todos como es la alharaca oficial, y esto causa descontento que se manifiesta en paros y movilizaciones, calificadas con grosero despropósito como manifestaciones antisistema y por ello se quiere frenarlos con decretos represivos, sacando a las fuerzas armadas a las calles o llevando militares USA a Ayacucho con supuestos fines sociales.
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Un objetivo importante era crear empleo a través de la inversión y hoy el número de nuevos empleos no es conocido en cifras serias y los trabajadores protestan contra la baja calidad de esos empleos, la falta de estabilidad laboral, las horas excesivas de trabajo y los magros salarios. Tampoco ha cumplido la promesa de duplicar el capital del Banco Agrario, de aumentar el ingreso de los campesinos en las zonas de Sierra y Selva y de crear 300 mil nuevos empleos con el proyecto Sierra Exportadora, que a la fecha ha fracasado. Un siguiente objetivo era restablecer los derechos laborales y sociales, pero hoy los hospitales se caen a pedazos, están desabastecidos de medicinas y logística y tienen que operar como en las cavernas con cincel y martillo o serrucho, las comisarías no tienen gasolina para los patrulleros y los buses de la muerte no son controlados, por que el plan tolerancia cero es inoperante, por efectos de la gran corrupción, entre otros motivos.
La lucha contra la corrupción fue uno de los anuncios rimbombantes, se llegó a crear la Oficina Nacional Anticorrupción –ONA- mediante Decreto Supremo No 085-2007-PCM, pero, semanas antes Carolina Lizárraga su titular presentó renuncia, manifestando que no había voluntad política para combatir la cancerosa corrupción, mientras que un grupo de congresistas de Unión por el Perú por iniciativa del congresista Carlos Cánepa presentó el 23 de julio un proyecto de ley para desactivar la ONA, por que supuestamente duplica funciones de otros organismos del Estado.
El “aporte extraordinario” de las compañías mineras, que reemplazó a la propuesta original de un impuesto a las sobreganancias, es un fiasco y merece un monumento a la mezquindad y la explotación virreynal, por que hasta el momento esos aportes no se están entregando y el gasto se hace sin control del Estado, en realidad las empresas mineras hacen lo que quieren, con la venia de ministerio de economía, según los pobladores de las áreas donde se explotan los recursos.
El gran “shock de inversión en infraestructura”, que incluía obras de agua potable, electrificación rural, carreteras, caminos vecinales, infraestructura educativa y hospitalaria, pequeñas irrigaciones y canales, con “un monto aproximado de 5 mil millones de soles”, no se ha ejecutado y de lo realizado se conoce muy poco.
La Ley de Libre Desafiliación de las AFPs, se ha constituido en una “Ley del embudo”, por que miles de pensionistas luego de cumplir con engorrosos trámites, siguen esperando que les otorguen ese derecho. Si bien este aspecto es un cúmulo de desaciertos desde otros gobiernos, se espera que cumpla con lo prometido.
Así las cosas, el 187 aniversario de la independencia nacional, solo será motivo, una vez más en la historia, para desfiles, mensajes grandilocuentes, buenas intenciones y esperanzas perdidas. Sobre todo si nos atenemos a lo apreciado en la última elección en el congreso, lo lumpanesco, y la característica de lo “sucio, comechado y mentiroso” son sello de la calidad democrática, que enarbolan los integrantes de este gobierno y de sus enmascarados aliados.
* Imágenes: 1) El gobierno intenta consolidar la represión contra el pueblo, descontento y frustrado. 2) La agricultura de sierra y selva la más afectada por el alza del costo de vida y de los insumos agrícolas. 3) Difícil situación de la niñez en los cinturones de la miseria de opulentas ciudades. 4) Las bases contrasubversivas abandonadas a su suerte, sin presupuesto y sin logística.
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