Desde el 6 de junio y durante todo este mes, varias movilizaciones y protestas en diversos puntos del Perú se han realizado para frenar la ofensiva legislativa del Gobierno de Alan García que atenta a los Derechos colectivos de los diversos Pueblos Indígenas que existen en el Perú, cuya política estatal pretende ir en beneficio directo de grupos de poder económico.Para el mes de julio se preparan acciones por la defensa de la Amazonía. Entre ellas está la convocatoria de un paro los días 7, 8 y 9 en diversos puntos de la Amazonía, convocado por diversos referentes políticos-sociales, indígenas, ambientales, gremios. Para el mes de agosto, nuevas acciones y movilizaciones indígenas se vienen con fuerza.
Las bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se encuentran movilizadas en diversos escenarios, en protesta a este nuevo atropello y que entre otros impactos, acarrearía la pérdida de los derechos colectivos territoriales, la fragmentación y despojo de las tierras para la sobreexplotación de los Recursos Naturales a un espacio que es vital para la existencia del planeta.
La ofensiva legislativa es inconstitucional de forma y de fondo, siendo una de las razones la contraposición que se quiere hacer a un tratado Internacional de Derechos Humanos de primer rango constituyente, que es el convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT), como asimismo, a la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que fuese apoyada por el Estado peruano el 13 de septiembre del 2007.
El resguardo de los Derechos colectivos, asegurado por esas determinaciones es ignorado por el gobierno de Alan García, que se ha empeñado en iniciar una violenta política de imposición, comenzando con el ya promulgado Decreto legislativo "1015", que busca fragmentar las tierras por medio de títulos individuales y riesgo latente de despojo.
La Aidesep presentó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una acción legal de inconstitucionalidad en contra el decreto legislativo que fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, atenta al derecho de consulta y de consentimiento previo libre e informado, en un País donde se están negando los derechos indígenas.
"Nosotros indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales", señalaba a la agencia al momento de viajar a Washington para las gestiones ante la CIDH.
* Imagen: Las plantaciones provocan grandes impactos ambientales
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