El inicio de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia contra la denominada parapolítica en el Valle era esperado. Llegó el momento de saber la verdad acerca de unos hechos que desde hace mucho tiempo conspiran contra el ejercicio democrático de la política en la comarca y desvirtúan la transparencia de la representación popular.
El 7 de febrero del 2002, el arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, se atrevió, junto a siete obispos del Valle, a denunciar el contubernio entre algunos dirigentes políticos y grupos de delincuencia dedicados al narcotráfico, que financiaban campañas electorales. En ese momento, vísperas de unas elecciones, el Estado anunció las consabidas investigaciones exhaustivas, después incluso de que uno de sus más importantes voceros amonestara al prelado por la imprudencia de sus palabras, conminándolo entonces a revelar las pruebas que respaldaban su aserto.
Pues bien, a los pocos meses fue asesinado Duarte Cancino. Y nadie dio razón de las investigaciones que se anunciaron a los cuatro vientos. Nadie fue juzgado entonces y el departamento siguió padeciendo la influencia nefasta de los carteles de las drogas ilícitas que, con su poder mezcla de corrupción y amedrentamiento, cambiaron en forma radical el equilibrio y el mapa político del Valle. Allí está el antecedente más próximo de la contaminación que se inició años atrás y fue atacado con el llamado Proceso 8.000. Esos hechos cambiaron de manera radical las costumbres políticas, creando hegemonías y dominios nuevos basados en el silencio, el temor y la complicidad.
Ahora las cosas están en la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de los escándalos producidos por la vinculación entre la política y los grupos paramilitares y guerrilleros. Además, las declaraciones de un senador de la República sobre la corrupción y el narcotráfico han extendido las acusaciones hasta la Gobernación del Departamento. Eso ha generado respuestas del Mandatario seccional, quien, al defenderse de las sindicaciones, anunció denuncias penales contra el denunciante. Y ha ocasionado la reacción de otro Senador por el Valle y aliado del Gobernador, quien reclama su inocencia.
Estos hechos no constituyen motivo de alegría para nuestra región. Pero, vista la trascendencia que tienen, es necesario pedirle a la Justicia que esta vez sí se llegue al fondo del asunto. Que se sepa la verdad de lo ocurrido, sin desconocerle el derecho a la defensa a quienes resulten involucrados. Y que el desmantelamiento de los carteles del narcotráfico esté acompañado de acciones para devolverles a sus habitantes el derecho al ejercicio libre de la democracia.
Que se haga lo que se requiera para desmantelar las maquinarias políticas que se esparcieron por varias zonas del departamento, impidiendo el juego libre de la política y el derecho a elegir. Con ello se le hará un reconocimiento, aunque tardío, a las denuncias de monseñor Duarte Cancino, sacrificado hace seis años por reclamar transparencia en la política vallecaucana.
* Imagen: La Farc y la política en la hora decisiva de la verdad. Fuente: Diario el País
Tomado de:
http://www.elpais.com.co/historico/jul132008/OPN/editorial.html
El 7 de febrero del 2002, el arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, se atrevió, junto a siete obispos del Valle, a denunciar el contubernio entre algunos dirigentes políticos y grupos de delincuencia dedicados al narcotráfico, que financiaban campañas electorales. En ese momento, vísperas de unas elecciones, el Estado anunció las consabidas investigaciones exhaustivas, después incluso de que uno de sus más importantes voceros amonestara al prelado por la imprudencia de sus palabras, conminándolo entonces a revelar las pruebas que respaldaban su aserto.
Pues bien, a los pocos meses fue asesinado Duarte Cancino. Y nadie dio razón de las investigaciones que se anunciaron a los cuatro vientos. Nadie fue juzgado entonces y el departamento siguió padeciendo la influencia nefasta de los carteles de las drogas ilícitas que, con su poder mezcla de corrupción y amedrentamiento, cambiaron en forma radical el equilibrio y el mapa político del Valle. Allí está el antecedente más próximo de la contaminación que se inició años atrás y fue atacado con el llamado Proceso 8.000. Esos hechos cambiaron de manera radical las costumbres políticas, creando hegemonías y dominios nuevos basados en el silencio, el temor y la complicidad.
Ahora las cosas están en la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de los escándalos producidos por la vinculación entre la política y los grupos paramilitares y guerrilleros. Además, las declaraciones de un senador de la República sobre la corrupción y el narcotráfico han extendido las acusaciones hasta la Gobernación del Departamento. Eso ha generado respuestas del Mandatario seccional, quien, al defenderse de las sindicaciones, anunció denuncias penales contra el denunciante. Y ha ocasionado la reacción de otro Senador por el Valle y aliado del Gobernador, quien reclama su inocencia.
Estos hechos no constituyen motivo de alegría para nuestra región. Pero, vista la trascendencia que tienen, es necesario pedirle a la Justicia que esta vez sí se llegue al fondo del asunto. Que se sepa la verdad de lo ocurrido, sin desconocerle el derecho a la defensa a quienes resulten involucrados. Y que el desmantelamiento de los carteles del narcotráfico esté acompañado de acciones para devolverles a sus habitantes el derecho al ejercicio libre de la democracia.
Que se haga lo que se requiera para desmantelar las maquinarias políticas que se esparcieron por varias zonas del departamento, impidiendo el juego libre de la política y el derecho a elegir. Con ello se le hará un reconocimiento, aunque tardío, a las denuncias de monseñor Duarte Cancino, sacrificado hace seis años por reclamar transparencia en la política vallecaucana.
* Imagen: La Farc y la política en la hora decisiva de la verdad. Fuente: Diario el País
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http://www.elpais.com.co/historico/jul132008/OPN/editorial.html
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