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“La amenaza que plantea el narcotráfico y el crimen organizado y el fracaso de las políticas antinarcóticos son las dos caras de una misma moneda…está teniendo un serio impacto en las instituciones democráticas, los sistemas políticos y las sociedades en general en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y México... la batalla contra el narcotráfico es una lucha cuesta arriba, y el flujo de cocaína de la región andina está aumentando…la comunidad internacional debe reconocer una década de errores y hacer ajustes básicos en sus políticas…Bolivia y Perú se están convirtiendo en un segundo polo de producción de cocaína en los Andes, aunque todavía a escala relativamente menor en comparación con Colombia, y abastecen en especial un mercado latinoamericano cada vez más grande, además de los mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa. De manera igualmente importante, las políticas que allí se adelantan como parte de la guerra contra la droga liderada por Estados Unidos están agravando las tensiones sociales, con resultados potencialmente explosivos para las instituciones democráticas extremadamente débiles de ambos países. Si se quieren revertir estas tendencias, es preciso poner en marcha políticas nuevas y mejor financiadas que pongan mayor énfasis en desarrollo alternativo y construcción de instituciones y no tanto en erradicación forzada, y que demuestren una mayor sensibilidad frente a la cultura local. Sin embargo, el nuevo presupuesto que se propone en Estados Unidos va en dirección contraria… así como es poco constructivo y desaconsejable tildar de "narcodelincuentes" o "narcoterroristas" a los movimientos sociales de Bolivia y Perú y a sus líderes, las organizaciones de cocaleros en dichos países adquirirán una mayor credibilidad internacional si cortan todos sus vínculos con las redes de narcotráfico y articulan de una manera democrática sus demandas legítimas de cambio socioeconómico, incluido el cultivo legal de coca para fines tradicionales. Al mismo tiempo, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina, Chile, las instituciones financieras internacionales (IFI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU deben apoyar firmemente las estrategias de desarrollo alternativo y rural en ambos países, y suministrar, en lo posible, más ayuda para programas dirigidos a combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de precursores químicos” Internacional Crisis Group ICG.
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