Ofensiva del narcotráfico y las drogas II

Perú.

En la década de los 60 y 70 fueron leyendas los capos del narcotráfico: Guillermo Porto Cárdenas “mosca loca” quien intentó pagar la deuda externa del Perú a cambio de operar libremente con las drogas en el Huallaga Central. “Pata cala” y “Tío José” en el Alto Huallaga, fueron secundados por decenas de jefes mafiosos en los 80 y 90: “El vampiro”, Armando Ríos “Tío Ríos”, Catalino Escalante; Nicolás, Segundo y Adolfo Cachique, Waldo Vargas “Ministro”, Willer Alvarado “Champa”, Luís Pineda “Trompa de Buque”, Luís Lagos “Cristal”, Raúl Chávez “Mongol”, entre otros que “revolucionaron” el negocio de la droga y ejercieron poder económico y político con cierta influencia social.

Sumado a ellos, de lo que siempre se habló y denunció fue la participación directa o indirecta en el narcotráfico de casi todos los jefes de las bases policiales y militares en el Huallaga, Monzón y Aguaytía en 30 años, quienes salvo excepciones nunca fueron investigados como recicladores de dólares del negocio de las drogas (pago de cupos y asaltos a narcos). Hoy son los nuevos ricos de una sociedad condescendiente con las prácticas corruptas. Pocos están en el banquillo de los acusados y todos tienen el respaldo de sus instituciones. Aseguran que por haber pacificado el país, nadie los puede tocar, es más deberíamos rendirles pleitesía y sumo agradecimiento. Nadie ha querido esclarecer los viajes y reiteradas visitas de presidentes o ministros a zonas donde eran bastión del narcotráfico. El presidente Alan García durante su primer mandato visitaba Uchiza y Tocache. Los pobladores tienen versiones interesantes que se van convirtiendo en leyenda.

Algo similar sucedió con la supuesta alianza entre un poderoso jefe del narcotráfico colombiano, el oscuro ex capitán del Ejército de Perú y abogado especializado en defensa de narcotraficantes, y un desconocido aspirante a presidente del Perú, Alberto Fujimori, que se cimentó, a fines de la década de los años 80, según un libro que pretendió ser testimonial y que dio mucho que hablar en Colombia, Perú y el Estados Unidos. Entre otros detalles desconocidos, el libro presentaba a Pablo Escobar Gaviria, como el narco más célebre de Colombia a lo largo de toda su historia. Roberto ``Osito'' Escobar, hermano mayor y lugarteniente del mafioso puso en circulación “Mi hermano Pablo”, el libro que ofrecía ``los secretos de Pablo Escobar”. El autor sostiene que su hermano llegó a dominar el mercado mundial de la cocaína gracias a una alianza estratégica que conformó desde la década de los años 80 con el ex capitán peruano Vladimiro Montesinos a quien él llamaba ``Montecristo''. La historia de Montesinos y Fujimori se ventila en el mega juicio que lleva 39 sesiones.

El Departamento de Estado norteamericano presentó el viernes 29 de febrero de 2008, su "Informe sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos", en el que reconocen los logros de la política antidrogas del Perú al superar -durante el 2007- las metas de erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca. Según el informe, Perú sobrepasó la meta de 10 mil hectáreas, al eliminarse 11 mil 057 hectáreas ilícitas de dicho cultivo. Sin embargo, estas cifras están en cuestión por que según indicios y testimonios existentes no serían reales desde 1981, año en que el CORAH inicia la erradicación violenta de cultivos de coca. La erradicación concertada vigente desde el 2003 no funcionó por una serie de defectos que hicieron posible que por cada hectárea de coca erradicada se volviera a plantar otras dos.

En Perú el desarrollo alternativo se inicia con la creación del Proyecto Especial Alto Huallaga con fondos de los Estados Unidos (18.5) y el tesoro público (8.0): 26.5 millones de dólares (1981). Los otros elementos de esta estrategia, la erradicación de cultivos y la interdicción a las mafias se ha cumplido con cierto esfuerzo y logros en la incautación de drogas e insumos químicos fiscalizados - IQF con porcentajes reducidos. Para el caso de la erradicación de cultivos se informa que cumplen con la meta, pero nunca se ha mostrado las planillas de las áreas erradicadas y su ubicación exacta para hacer la verificación respectiva por que testimonios de ex trabajadores del Proyecto para la Reducción y Erradicación de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga - CORAH y de efectivos de la policía antidroga que brindan resguardo a los trabajos de erradicación (y prefieren mantenerse en el anonimato), otra es la realidad, según ellos las cifras no expresarían la verdad sino que son manejadas con criterio político, para justificar un pretendido éxito en la eliminación de los cultivos de coca o para quedarse con los recursos destinados para tal fin. Sostienen que bastaría con realizar un examen a los signos exteriores de riqueza entre algunos de los que fueron directores y funcionarios del CORAH para descubrir el por que de la frustración en la eliminación de cultivos de coca en 27 años.

Otra de los artificios para confundir a la población son las notas de prensa donde se presentan supuestos grandes logros en la lucha antinarcóticos con el sobredimensionamiento de cifras. Para muestra una reciente que el Ministerio del Interior, con fecha 10 de marzo envió a los medios y periodistas, que en esencia decía: “(Luis) Alva Castro precisó que en lo que va del año se ha incautado más de 5.5 toneladas de droga; el CORAH ha erradicado 2 mil hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca que servirían para la elaboración de siete toneladas de estupefacientes; se ha destruido una hectárea de almácigos; y se ha decomisado 11.6 toneladas de insumos químicos fiscalizados con lo que se evitó la producción de siete toneladas de narcóticos. Todo esto hace un total de 20 toneladas de droga valorizadas en aproximadamente mil 600 millones de dólares en el mercado internacional” (el subrayado es nuestro). Primero, que es una cifra en cuestión que a esa fecha el CORAH hubiese erradicado 2 mil hectáreas de cocales y en el supuesto que fuese cierto no hay formula técnica que demuestre que hubiesen producido 7 toneladas de clorhidrato de cocaína. Por último, si aceptáramos como cierto el cálculo, deberíamos pensar que las 50 mil hectáreas de cocales ilegales producen por cosecha 175 toneladas de cocaína y como se cosechan en promedio 4 veces al año, tendríamos que el Perú produce 700 toneladas de cocaína lo que resulta un despropósito. Si con 11.6 toneladas de IQF se producen 7 toneladas de cocaína, cuántas toneladas de IQF se necesitaría para producir las hipotéticas 700 toneladas de droga o las 280 toneladas que ciertos “expertos”, de universidades y Ongés aseguran que produce el Perú?

La manipulación fue puesta en evidencia, el 17 de marzo en una invitación del Mininter a la incineración de drogas: “El ministro del Interior, Luís Alva Castro, presidirá el acto quema de 3 mil 656. 179 kilos de drogas. Los estupefacientes a incinerar (pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, entre otros) corresponden a los decomisos efectuados por la Policía Nacional desde el 02 de enero del presente año”. Una diferencia de casi dos toneladas entre lo anunciado el 10 (5.5 tn) y el 17 de marzo (3.6 tn). El 18 luego de incinerar las drogas, Alva Castro dijo: “Esta droga está valorizada en aproximadamente mil 600 millones de dólares en el mercado internacional, me refiero a la droga incautada y también a la que hemos evitado que se produzca en el país”. ¿Acaso se busca revertir la decepción en la lucha contra las drogas, mediante el engaño, el ocultamiento de la verdad y el uso político de las cifras?

En el país se ha denunciado con frecuencia la presunta corrupción existente en los programas de interdicción y desarrollo alternativo pero ninguna autoridad supo acogerlas con firmeza, antes bien las minimizaron expresando que provenían de los enemigos políticos, de los agentes del narcotráfico o de los apologistas de la coca y el narcoterrorismo, convirtiéndose así en cómplices de un proceso irregular, plagado de vicios. Recién cuando mil 500 agricultores “beneficiarios” del Programa de Desarrollo Alternativo en la provincia de Tocache región San Martín efectuaron manifestaciones de protesta con movilización por las calles y plantones con toma de carreteras denunciando la “estafa” del Programa de Desarrollo Alternativo de Devida, los funcionarios, autoridades y sus voceros aceptaron que la ejecución del PDA no tuvo los resultados que decían los informes por que había corrupción e ineficacia y a ello se debía la contrariedad por la no efectivización del cambio de la economía cocalera por la de cultivos lícitos o la ganadería.

Los congresistas apristas Mercedes Cabanillas y Aurelio Pastor prometieron en una reunión en la municipalidad de Tocache una comisión investigadora sobre la denunciada “estafa” como un indicativo del fracaso del Programa de Desarrollo Alternativo -PDA, pero esta aún no ha sido constituida. Sugerimos que esta comisión revise el informe No 103-2001-CG/B375 elaborado por la Contraloría General de la República el año 2001 donde se encontró gravísimas irregularidades con la “desaparición” de 32 millones de dólares, estos hallazgos no fueron investigados y los responsables de Contradrogas y DEVIDA no respondieron por nada, es más continuaron haciendo lo mismo con presunta total impunidad. La protesta y las denuncias de los beneficiarios del PDA en Tocache y otras regiones así lo confirmarían.

Sendero Luminoso desde 1986 se valió del narcotráfico para conseguir recursos y sostener o expandir su lucha armada (el fin justifica los medios), pero al final le fue contraproducente por que corrompió a los líderes y desencadenó la descomposición del movimiento insurgente, lo que posibilitó su caída con la aplicación de la ley de arrepentimiento, la conformación de Comités de autodefensa y el retiro de apoyo de la población.

En el Alto Huallaga y el Valle de los Ríos Apurimac y Ene – Vrae, los grupos remanentes de Sendero Luminoso tienen sostenida presencia a pesar de los golpes que las fuerzas policiales y militares les propinaron con la captura o eliminación de sus principales mandos (Clay y JL), siendo una incógnita por falta de inteligencia efectiva el real poderío militar y la influencia política del senderismo.

Por versión de un ex senderista (contactado en Aspuzana) conocimos que SL se financiaría con los “aportes” de los madereros, contrabandistas de combustibles y narcotraficantes, estos cupos sumarían 100 mil dólares al año en Leoncio Prado, Huamalies, Puerto Inca y Marañón, en la región Huánuco; en la provincia de Tocache, región San Martín y provincia de Padre Abad región Ucayali. El ex camarada negó que Sendero Luminoso sea el brazo armado del narcotráfico o un grupo narcoterrorista que produce su propia droga y la comercializa como aseguran fuentes de inteligencia. Asegura que no hay elementos de las FARC en el Huallaga y que SL no tiene vínculos con ellos. La situación de Sendero es complicada, las fuerzas de seguridad los persiguen permanentemente y Artemio vive a salto de mata, no tienen tranquilidad, mientras que la desconfianza cunde por la delación. “Por culpa del soplonaje pagado cayeron Clay y JL y otros mandos fueron capturados” dice.

El narcotráfico presenta un crecimiento acelerado desde el 2001 dado que tiene a su favor la demanda creciente de la cocaína por los problemas en Colombia y la aparente facilidad para operar en estos escenarios contando con la presunta corrupción de los encargados del control de las drogas y la supuesta venalidad de autoridades en distintos niveles de la administración pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La prueba son las detenciones de varios oficiales y suboficiales de la Policía Nacional coludidos con el narcotráfico. Hay quienes sostienen que los ataques a una comisaría y patrullas en Ayacucho habrían sido ejecutados por grupos de narcotraficantes o paramilitares para obligar al repliegue de la represión o para dar la sensación de un descontrol de las mafias de la droga y el terrorismo.

En el contexto, lo ocurrido con Fernando Zevallos y lo que puede ocurrir con los hermanos Sánchez Paredes uno sentenciado por narcotráfico y lavado de dinero y el otro investigado por los mismos delitos constituyen excepciones en la inmensa lista de “lavanderas” existentes en el país, lo que podría llevar a ser vistos como chivos expiatorios de la cuestionada lucha antinarcóticos, por que otros indicios señalan que los principales lavadores de dólares sucios del narcotráfico fueron y son los bancos y financieras, a los que extrañamente nadie ha tocado hasta hoy ni con el pétalo de una rosa. Recordemos como un banco recolectaba en los 80 y 90s grandes cantidades de dólares en Paraíso, Nuevo Progreso, Uchiza, Tocache, Juanjui, Tarapoto, Aguaytía y Pucallpa. Hoy este banco sustenta todo un emporio económico y goza de las gollerías de los gobiernos de turno.

Quienes juegan su propio partido en este escenario equívoco contando con la ayuda de ciertos medios de comunicación, son los denominados anticoca que para lograr su objetivo inventan cifras, espacios y realidades, con el fin de demonizar al cultivo y alentar o justificar su erradicación violenta. Por citar un ejemplo, en el informe “El Desborde de la Coca” Caretas 06/03/08 el periodista Enrique Chávez con opiniones de personas con un claro sesgo frente al cultivo de la coca, indica que: la coca sería responsable por el desborde del Huallaga y su ingreso por los jirones Pratto y Aguaytía a la ciudad de Tingo María o la inundación de la ciudad de Aja en Tacna. La coca es responsable de la deforestación de 120 mil hectáreas en el 2007, cuando se incrementó en menos de 10 mil hectáreas ese mismo año en cifras oficiales. La coca es responsable del cambio climático, etc.

“En la otra orilla de la frontera, por el lado peruano, también se produce un fenómeno llamativo. Según los documentos del Comando Conjunto, hay aproximadamente 1,500 hectáreas de coca sembrada en territorio peruano que son administradas por las FARC. El cálculo se basa en la suma de los sembríos en el sector del río Napo (690), Putumayo (470) y Amazonas (180). La zona no es cuenca tradicional cocalera y al otro lado de la frontera operan los frentes Amazonas, 48, 15 y 14 de las FARC. Es obvio el destino de la coca sembrada allí en los últimos años” escribe esta vez en “El Tocache de las FARC”, Caretas 19/03/08. Pero, omite otros informes que también advirtieron que las FARC ingresarían a territorio peruano no solo por la coca sino para reclutar personal o comprar alimentos y brindar campañas de salud a los pobladores abandonados a su suerte por los gobiernos regional y nacional. Coincidentemente un día antes que se publicara el informe fueron capturados en Iquitos dos presuntos integrantes de las FARC, que según el ministro de defensa Antero Flores habrían ingresado de civil por que uniformados y armados ni de vainas. El uso del nombre Tocache en un informe que no guarda relación con esta emblematizada provincia provocó protestas en comunicadores y pobladores.

"En toda la zona del Putumayo, en todas las comunidades, e inclusive en las capitales de distrito, los guerrilleros están ahí, vestidos de civiles. En toda esta zona calculo que mínimo habrá entre 100 y 150 miembros de las FARC. Ellos tienen grupos de inteligencia, grupos que se encargan de captar cultivos de coca, otros que buscan víveres y medicina, y otros que contactan con los vendedores de armas", le dijo un dirigente indígena no identificado a La República 21/03/08. Todo esto mientras los alimentos se disparaban hacia las nubes en Semana Santa y el presidente García visitaba China, la cuna del comunismo polpotiano.

La iglesia católica asumió por primera vez posición contraria a la coca, de acuerdo a las declaraciones del Párroco de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús de Tingo Maria, Kiko Flores: “Desde el momento en que se planta la coca ya se está afectando a la tierra, esas tierras ya no sirven para otros cultivos, entonces afecta y atenta directamente contra la vida humana, por eso ya Su Santidad dijo que los responsables tendrán que responder algún día ante Dios, por hacer que los niños y los jóvenes pierdan sus vidas tan prematuramente con este mal que son las drogas, entonces los que promueven eso, los que invierten en eso tendrán que responder ante Dios” Correo 13/03/08. El religioso desconoce que la coca en sí no destruye el suelo sino que son las prácticas agronómicas incorrectas que se realizan para su conservación y mantenimiento. Denostar y condenar a los cocaleros antes que a los narcotraficantes se ha convertido en todo un deporte nacional.

El gobierno del presidente Alan García no cuenta con una estrategia antidrogas propia igual que sus antecesores en 30 años. Por eso las amenazas y gestos grandilocuentes para confundir y entretener: bombardeo de pozas de maceración, utilización de aviones de guerra contra los cultivadores de coca a quienes se debe reprimir aún más; presentar el caso Zevallos o de los Sánchez Paredes como acciones exitosas únicas en el lavado de activos; anunciar la instalación de más bases militares y policiales para acabar con el narcotráfico y terrorismo y luego no cumplirlas (el valle del Monzón parece haber canjeado campañas sociales incipientes por bases policiales, luego de lo ocurrido el 15 de marzo), entre otros anuncios direccionados a cumplir con una estrategia antidrogas que ha demostrado no ser efectiva. Lo corrobora el hallazgo de un narcolaboratorio de morfina en Soritor San Martín. La producción de drogas se expande, sofistica y diversifica. Mientras tanto que el gobierno y los países corresponsables destinan mínimos recursos para erradicarla.

En su primer gobierno el presidente García fue el responsable de la explosión del narcotráfico y las drogas, la corrupción y la violación de derechos humanos. En el segundo gobierno olvidando su promesa de campaña electoral a favor de la coca intenta revertir esa penosa experiencia aunque para ello tenga que apelar a una actitud autoritaria y represora a los productores y dirigentes a quienes acusa de narcoterroristas, chavistas, etc.

Que el 90% de la coca vaya a las pozas de maceración para producir cocaína, es una realidad (un funcionario de Devida dice que el 99% de la coca en Puno es para producir droga). Condenar o defender líricamente a la coca por cualesquier interés no detendrá la producción de cocaína, sino que la sostendrá en el tiempo en detrimento de la sociedad. El ataque al cultivo de la coca origina y potencia los conflictos sociales que amenazan la seguridad y la paz y frenan el desarrollo sostenible al alimentar el prolongado conflicto. Pensar que priorizando la erradicación violenta de los cultivos de coca se acabará con el narcotráfico es una tontería, por que igual que hace 60 años se continuará cultivando coca mientras haya demanda de cocaína y existan mafias dispuestas a ofertarla. Atacar al débil de la cadena criminal multinacional es menos riesgoso y complicado pero a la vez denota incapacidad y cobardía.

Imágenes: 1. Felipe Páucar Mariluz, Autor del Artículo. 2. Presentación de cocaína incautada. Foto: Mininter. 3. En Tocache 1500 agricultores y ganaderos denuncian "estafa" del Desarrollo Alternativo. Foto: Archivo Prensa Verde.