Fujimori se declara corrupto. No quiere mostrar sus miserias

Verdad incómoda. Videos, testimonios y documentos muestran delitos en gobierno de Fujimori. La fiscalía pretendía difundir imágenes de pagos a congresistas y dueños de medios de comunicación, entre otras contundentes pruebas en su contra.

Pudo más el peso de su conciencia respecto de la monstruosa corrupción cometida contra todos los peruanos. Sin embargo sueña que su hija parte de la corrupción la absuelva en el supuesto negado que llegue a ser presidente. Fotocomposición La República.

Por: César Romero Calle

Con la sentencia anticipada que recibirá hoy por el ‘chuponeo’, la compra de congresistas y medios de comunicación, Alberto Fujimori evadió confrontar en público los videos, testimonios y documentos que revelan el nivel de la corrupción del gobierno fujimorista.

Tránsfugas

En el video Kouri-Montesinos que hace nueve años lo puso en fuga a Japón se observa al recién electo congresista Alberto Kouri recibir US$ 15 mil del asesor Vladimiro Montesinos (VM), como parte del llamado “plan reclutamiento”.

Los diálogos son claros:

VM: La imagen es fundamental. La imagen de un país ¿cómo se gana? Se gana con un Congreso fuerte, una mayoría sólida, una mayoría pensante.

Kouri: Necesitan la mayoría para (?).

VM: Ya tenemos la mayoría, pero yo no quiero tener esa mayoría simple de 70, 75. (...)

Montesinos: ¿Cuánto quiere usted? Acá hay diez. Usted dígame.

Kouri: Yo veo la posibilidad de quince, veinte...

Montesinos: Bueno.

Cable Canal de Noticias

Los vladivideos números 1778, 1491, 1490, 1736, 1737, 1753 y 1754, 1473 y 1474 pusieron en evidencia la compra de ciertos medios de comunicación para distraer a la opinión pública de las investigaciones sobre la corrupción estatal.

En este grupo de vladivideos, que el fiscal José Antonio Peláez pidió visualizar en público, se observa a Montesinos entregar en dos oportunidades 500 mil dólares al entonces director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, para garantizar el apoyo de ese medio a la reelección de Fujimori.

En otro, Montesinos entrega dos millones de dólares a Vicente Silva Checa para hacerse con el control de CCN, Canal 10 , que se transmitía por la señal de cable.

‘Chuponeo’

En abril de 1998, La República publicó una foto entregada por la ex agente María Luisa Zanatta Muedas al periodista Edmundo Cruz, en la que aparecían los agentes Zanatta y Marco Flores Alván en el centro de interceptación de Los Naranjos.

Luego, el 7 de julio del 2001, Montesinos admitió que la interceptación telefónica se realizaba por orden de Fujimori y utilizando fondos del Estado que se desviaban de las Fuerzas Armadas.

“Admito responsabilidad en estos hechos... Actué por orden obligatoria del entonces presidente... El ingeniero Fujimori expidió órdenes en el ejercicio de las funciones para la interceptación de teléfonos...”, declaró Montesinos.

El ex asesor precisó que Fujimori señaló los blancos en el campo político y personal, y recibía las transcripciones directamente.

La cuarta condena

A partir de las 11 de la mañana de hoy, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema leerá la cuarta condena a Alberto Fujimori, en la sede judicial de la Diroes, en Ate-Vitarte. El veredicto que imponga, de acuerdo con nuestra legislación, será absorbido por la pena mayor que ya viene cumpliendo, de 25 años de cárcel.

Fujimori ya fue condenado a 6 años de prisión por allanamiento ilegal de domicilio, 7 años y 6 meses por el pago de la CTS a Montesinos, y 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

La Corte Suprema de Justicia ya confirmó la primera condena. Las otras dos están pendientes de resolver los recursos de nulidad presentados por el sentenciado.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090930/3/node/221696/todos/15

Terrorismo de estado en Honduras. “Me pusieron la pistola en la cabeza.”

EL RELATO DE DELMER MEMBREÑO, VICTIMA DE LA REPRESION EN HONDURAS

Un fotógrafo del diario El Libertador, pro Zelaya, fue capturado. Vivió para contarla: unos hombres con pasamontañas que podían ser militares o policías lo torturaron y le dijeron que le lleve ese mensaje al director de su medio.

La imagen tomada por Delmer Membreño capta las horas de conflicto en el país centroamericano. Imagen: Delmer Membreño

Por Angel Berlanga

“Ahí vamos, recuperándonos del susto.” Delmer Membreño pensó el lunes que no la contaba, que lo iban a matar, pero ayer al mediodía, minutos después de narrar desde Tegucigalpa sus horas de secuestro en la víspera, salía a hacer la cobertura de una nueva marcha de la resistencia. Pocas horas después de que la policía clausurara y desmantelara Radio Globo y Canal 36, en sintonía con la vigencia del decreto de suspensión de garantías constitucionales, este fotógrafo del quincenario El Libertador fue capturado por cuatro paramilitares encapuchados. “A las nueve y media, cuando salía del periódico para cubrir el cierre de estos medios, y mientras buscaba para tomar un taxi, se me atravesó una pick-up, color rojo, de la que bajaron dos tipos armados, con pasamontañas –relató–. Me obligaron a subir con ellos en la parte de atrás de la cabina.” Adelante había otros dos. Empezaba otra historia de terrorismo de Estado en la Honduras de Roberto Micheletti.

Lo esposaron y, apenas subió, le pusieron una capucha. “Podían ser militares o policías, no lo sabemos –contó Membreño–. Andaban de civil, los cuatro con pasamontañas, ahorita está de moda entre ellos.” Anduvieron una hora y media, calculó, y en algún momento sintió que el camino ya era de tierra. Luego, cuando le sacaron la capucha, vio que el vehículo no tenía patentes identificatorias, un dato relevante porque al salir desde Tegucigalpa sortearon sin que los detuvieran los retenes policiales dispuestos para que los manifestantes de las colonias y los barrios no lleguen al centro de la ciudad. “Como si ya supieran que iba a pasar tal carro a tal hora –dedujo–. Cuando la pick-up se detuvo estábamos en un paraje solitario, que no tengo idea dónde es. Me bajaron y uno le dijo a otro: ‘Quítale el pasamontañas, que quiero verle los ojos a éste cuando lo mate’. Me hizo poner de rodillas y, acto seguido, me puso la pistola en la frente y la cerrojeó. Entonces el otro intervino y dijo: ‘No, no lo mates, mejor que sirva para que le lleve el mensaje al director del periódico (por Jhonny José Lagos), que es el que sigue. Pero a ése le va a ir peor.”

“Luego de eso –siguió– emprendieron contra mí a golpes: se pusieron una camisa en el puño y comenzaron a darme en la cara. Me tiraron, me dieron patadas. Después me pusieron con el pie la cabeza contra la tierra, prendieron cigarrillos y me quemaron en la cara, los brazos, el pecho.” Le decían: “Llorá, ñángara, llorá. ¿No es que te las das de muy hombrecito? Mira, aquí le dicen ñángara a quienes tienen ideales izquierdistas –explicó Membreño–. Era gente con mucha saña, con mucho rencor guardado. ¿Vamos a darle otra vuelta?, dijo uno de ellos. Me pusieron otra vez la capucha, yo seguía todavía con las esposas, que me lastimaron las manos. Luego de unos minutos en el carro, otra vez, el conductor, que hasta ese momento no había hablado, dijo: ‘Dejémoslo aquí, ya va a dar el mensaje”. Me quitaron los zapatos y me tiraron’. Estaba en el kilómetro 34 de la ruta que lleva a Olancho, hacia Oriente.”

Membreño hizo la denuncia ante la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Cofadeh) y también lo hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le parece absurdo hacerlo ante las autoridades actuales de Honduras: “Si este ataque vino de ellos mismos, son los autores intelectuales: sería como botar fuerzas –planteó–. Esta gente va más allá de cerrar medios, lo que quieren es callar voces, que no haya ninguna en contra: quiere cortar de raíz la dignidad de cada uno de nosotros. Estamos en un estado de indefensión”.

El Libertador es el medio gráfico en papel que más cuestiona a la dictadura de Micheletti y a los sectores económicos que sustentaron el golpe, por eso vienen padeciendo acosos y vigilancias desde hace meses, algo que el director Lagos venía denunciando. Membreño considera que en este momento la represión está en su clímax y que la salida de esta situación pasa por una “verdadera” presión internacional y por el abandono, de parte de Estados Unidos, de una posición oscilante, ambigua. “Pero no sería conveniente una intervención militar, porque iría en detrimento de toda la sociedad”, opinó.

El secuestro y la sensación de cercanía de la muerte, contó, lo hicieron pensar en renunciar; Membreño viene haciendo un gran registro contemporáneo de la represión en Honduras. Teme, sobre todo, lo que pueda pasarle a su familia. “Pero luego reaccioné, creo que sería una cobardía si me retirara cuando la batalla arrecia, ahora sólo pienso en seguir adelante”, señaló.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/132638-42773.html

Honduras la hora de los gorilas: Represión y magnicidio

Por Sandra Russo

Desde hace tres meses es posible seguir con algún detalle la situación en Honduras sólo con la ayuda de Internet. Prácticamente no hemos tenido crónicas desde la resistencia. Ese prolongado, persistente e increíble gesto colectivo de nunca, ni por instante, dar “por hecho” el golpe, o resignarse. Ese gesto de millones es ahora un gesto heroico. En América latina hemos tenido muchos golpes de Estado, pero pocas veces o ninguna un pueblo reaccionó con la decisión del hondureño. En 2002, los venezolanos pudieron revertir el golpe con mucha más rapidez, ya con unas fuerzas armadas en parte seducidas con el acople a un nuevo orden político.

En blogs, en diarios digitales, en correos reenviados, es posible reconstruir las voces de quienes están dentro de la pesadilla. Y también es posible escuchar sus miedos. Puede que sean fantasmas, o puede que sean presentimientos. Como fuere, con la deportación de los funcionarios de la ONU y la OEA, con el ultimátum dado al gobierno de Brasil, con las armas químicas usadas contra los ocupantes de la embajada, con los miles de detenidos en los estadios de fútbol, con los discursos en inglés, cierto rasgo borderline se insinúa en la cúpula golpista, que incluye a civiles y militares. En algunos testimonios de intelectuales hondureños que circulan en medios alternativos es posible advertir que el magnicidio constituye el peor temor de la resistencia, y que creen a los golpistas capaces de todo. El día a día hace cada vez más verosímil lo exagerado.

Desde las bases, en los barrios, entre la gente que puebla las manifestaciones diarias contra la dictadura, recibí un correo. De su lectura se desprende por qué es necesario publicarlo. Lo escribe una joven encerrada en su casa de Tegucigalpa. Está escrito con mucho miedo. El pueblo hondureño es hoy el enemigo interno de esta absurda patrulla perdida de la Escuela de las Américas. ¿Será eso? ¿O será una patrulla piloto para inaugurar un ciclo?

El correo dice:
Andrea: nos acaban de avisar que van a realizar un corte de energía por 48 horas a partir de las siete de la noche en el territorio nacional, así que no podremos salir a comprar comida, ni nada. Van a sitiarnos. Desde San Pedro Sula reportan que los militares se han metido a las casas a sacar a la gente que venía de la manifestación. Mi hermana, que es dirigente magisterial, está golpeada, pero pudo llegar a su casa. El ejército está en los barrios y en las colonias entrando a las casas, así que estamos esperando, y listas. En San Pedro Sula están deteniendo a la gente y encerrándola en el estadio Olímpico. Aquí, en Tegucigalpa, en el estadio Chochi Sosa (al más puro estilo Pinochet). El ejército está entrando en los hospitales, sacando a la gente. Necesitamos estar conectadas, por favor difundan esta noticia, difundan que estamos en peligro de ser detenidas, lo de la entrada a los hospitales, la detención de la gente. Si no pueden comunicarse por esta vía, porque no sabemos qué viene, traten de comunicarse a los celulares. Un abrazo, desde el amor, el temor y la resistencia.

Jessica
Mientras tanto, en los ámbitos académicos de la resistencia, otras voces dan la mirada macro. Leticia Salomón es directora de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Honduras. Ha circulado un artículo suyo en el que afirma que hay diez familias en el nudo del golpe de Estado. Lo mismo afirmó hace poco el presidente Zelaya en declaraciones a la CNN, y responsabilizó a esas diez familias por su seguridad. Leticia Salomón explica por qué esta reacción salvaje del gobierno de facto puede llegar a consecuencias terribles si no se lo detiene. “Es conocido nacional e internacionalmente que detrás del golpe de Estado hay una alianza política, económica, mediática y religiosa que es la que promovió, financió y sostuvo el golpe de Estado. Están ahí, se muestran o se ocultan y mueven su poderío para impedir la restitución del presidente Zelaya. Su comportamiento es irracional, absurdo y casi demencial. No dudo de que serían capaces de llevar al límite sus miedos, sus mentiras y sus fantasmas.”

Ricardo Arturo Salgado es investigador social. Escribió una nota que leí en el periódico digital Rebelión, cuyo título es “Honduras: la obstinada intención del régimen de facto por matar a Zelaya”. Salgado escribe desde su propia conmoción. El regreso de Zelaya obligó a acelerar todos los niveles de la organización de la resistencia. Pasaron pocas horas hasta que se desató la cacería sobre ellos. La impunidad con la que los golpistas están violando las reglas diplomáticas espanta a los hondureños, cuyo única esperanza es la visibilidad internacional de lo aberrante. El mundo ve, el mundo está en contra del golpe, el mundo condena. Pero en su casa está Jessica, despidiéndose por mail de su amiga argentina, gritando que necesita seguir conectada, que se difunda, que se sepa lo que pasa.

Es la desesperación de la incomunicación, sumada a la impotencia de ver cómo en los medios hay cómplices que callan. Dice Salgado: “La sola reacción fascista demuestra que el huésped de honor de la embajada es un elemento que no sólo les importa y los incomoda, sino que es necesario quitarlo del camino, contra reloj, en un plan para liquidar el problema”. En la embajada hay cien refugiados. “Es realmente ridículo ver cómo la ONU llega con los víveres y un sargentón los manda de regreso sin que ellos puedan hacer nada”, escribe Salgado. Hay dos servicios sanitarios para todos. Han arrimado allí armas sofisticadas, como cañones del dolor, químicos que producen diarrea. La primera dama Xiomara Castro denunció un ultrasonido que les provoca jaquecas y olores que los descomponen. La entrada de agua la maneja el ejército. Y escribe Salgado:

“A nosotros sólo nos queda el recurso de la denuncia a través de medios alternativos amigos. En muchos casos, cuando hemos denunciado acciones y planes para concretar el magnicidio, se nos han pedido nombres de fuentes, pruebas de lo que decimos. Señores, la única prueba que podría darles, eventualmente, serían los cadáveres que ya suman cientos. Para nosotros es difícil poner fuentes al descubierto, pero los medios amigos deberían entender que una denuncia no es una noticia; la denuncia todavía representa la esperanza de que se eviten las monstruosidades de los fascistas; una noticia es la presentación de un hecho consumado”.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-132618.html

Trata de personas. Un negocio sucio e impune

En cinco años sólo 570 personas han sido rescatadas por la policía. Lo que Estrella no sabe es porqué casi todos los tratantes siguen atrapando personas en sus redes sin recibir su merecido.

(1) Muy pocos son los casos en los que la trata es castigada. (2) Adolescentes explotadas en las calles. (3) El servicio doméstico puede ser otra forma de explotación.

La trata de personas queda generalmente sin castigo por la incapacidad de los fiscales, la corrupción policial, la demora del sistema judicial y la ineficacia del gobierno.

También la falta de una legislación clara sobre la muy extendida prostitución, favorece a los traficantes.

Estrella fue traída a Lima por vía terrestre cuando tenía 15 años, anotó Ángela Villón en sus cuadernos de registrar los datos de las mujeres que escapaban de las garras de proxenetas y mafias de tratantes y luego acudían a ella en busca de ayuda. Ya entonces Villón, antigua trabajadora sexual, tenía el hábito de refugiar prostitutas en su casa y regresar a su lugar de origen a menores de edad víctimas de tratantes. Luego comenzaría a defender desde la asociación “Miluska, Vida y Dignidad”, que fundó el año 2002, el ejercicio de la prostitución, pero sin presiones ni amenazas de ninguna mafia.

Ahora esas anotaciones sirven para recrear casos de víctimas de tratantes que nunca alcanzaron ni alcanzarán justicia, como Estrella, aquella quinceañera pobre recién bajada de la sierra piurana que fue obligada por su empleadora a alquilar su cuerpo en las prostibularias calles del Centro de Lima. Dos años pasó esta muchacha siendo utilizada como instrumento de placer carnal hasta que un parroquiano quiso ayudarla y pagó 500 soles para rescatarla de la zona en donde la prostituían. Ella tenía 17 años recién cumplidos y, una vez libre de sus raptores, decidió denunciarlos, pero en la comisaría no le aceptaron la queja porque era “una simple prostituta”. Ese día supo que en nuestro país es difícil, casi imposible, encontrar justicia cuando de castigar a tratantes se trata.

Ahora Estrella, con 23 años, ejerce la prostitución por su propia cuenta. Sabe que el Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines (RETA) que emplea la Policía Nacional ha detectado, desde su formación en el año 2004 hasta setiembre de este año, 227 casos similares al suyo y también casos de trata en otras modalidades. Conoce además que en los últimos cinco años 80 personas han sido detenidas por cometer este delito pero sólo 21 son procesadas actualmente en los juzgados penales de Lima y Mala. Peor aún, sabe que existe registro de un sólo condenado por trata de personas, se llama Edwin Sánchez y fue sentenciado a diez años de prisión en diciembre de 2006. En cinco años sólo 570 personas han sido rescatadas. Lo que Estrella no sabe es porqué casi todos los tratantes siguen atrapando personas en sus redes sin recibir su merecido.

¿Por qué tan pocos enjuiciados, porqué no se les castiga? ¿Por qué no hay justicia? pregunta Estrella.

Ocurre que, señala Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuando la Policía detiene a los tratantes y los entrega a las autoridades fiscales para que investiguen el caso, muchas veces los representantes del Ministerio Público no formulan denuncia. Como no dominan el tema, entonces no aplican la legislación y los criminales se van a sus casas luego de pasar algunos días en la carceleta de la Fiscalía.

La congresista Rosario Sasieta, quien preside un grupo parlamentario que analiza el delito de trata, indica que, efectivamente, hay un problema en el tratamiento del delito. “Los fiscales no califican bien el delito, creen que todo lo relacionado a trabajo sexual es prostitución y confunden a los tratantes con proxenetas. No están bien capacitados, hay que hacerles entender a los fiscales que la trata es un delito muy grave, porque es trasladar a una persona de un lugar a otro para sacar provecho de ella, sobre todo mediante la explotación sexual y laboral”, sostiene Sasieta.

Los fiscales, a lo mucho, denuncian a los detenidos como si hubieran cometido el delito de proxenetismo y no como tratantes. Muchas veces, ante la falta de pruebas, los mismos tratantes prefieren confesar que son proxenetas, con la intención de evadir elevadas condenas. Los delincuentes saben que por proxenetismo recibirían sólo una condena de 6 años de prisión mientras que por trata de personas la pena puede llegar a 25 años.

Los detenidos argumentan que ellos sólo cumplen una función protectora con las prostitutas y que desconocen si las muchachas con las que trabajan son menores de edad. Por eso es importante conocer, añade Sasieta, que cuando una chica de 16 años es vista ofreciendo sus servicios sexuales en la calle no es un casoo de prostitución sino un caso de explotación sexual de menores y es casi seguro que existe detrás de esa muchacha una red de esclavistas modernos. Situación diferente es la de las trabajadoras sexuales que por su propia voluntad mantienen relaciones a cambio de dinero.

Mar Pérez añade que existe un tema de “insensibilidad” de los fiscales que por dejadez no ponen empeño al investigar estos casos. Con ella coincide Heidi Noriega, consultora de la ONG Capital Humano y Social, quien indica que “la falta de sensibilidad de los fiscales es un punto crítico, porque ellos realizan su propio análisis, su evaluación del delito y, cuando no consiguen las pruebas suficientes, dicen que un determinado caso de trata no configura este delito”.

Pero no todo es culpa de los fiscales, la Policía tiene también responsabilidad. Ángela Villón denuncia que los efectivos policiales no resultan ser tan efectivos al momento de perseguir a los tratantes y los proxenetas. “Soy testigo de la entrega de coimas a cambio de soltar y dejar en libertad a tratantes; en la policía también se traban muchas denuncias”, dice la directora de “Miluska, Vida y Dignidad”.

“Estas mafias están bien organizadas, allí corre muchísimo dinero porque la trata es un negocio lucrativo, casi casi como el tráfico de armas y el de drogas. Entre los tratantes y la policía hay arreglos y seguro por eso en los operativos los únicas perjudicadas son las mujeres detenidas, casi nunca presentan a los tratantes ni a los proxenetas”, sostiene Villón quien por desenmascarar la asociación entre policías y delincuentes sufrió dos intentos de asesinato que la obligaron a huir a Trujillo.

En esa ciudad norteña Villón encontró lugares de explotación que habían captado niñas discapacitadas y hasta con retardo mental y las obligaban a prostituirse a vista y paciencia de la policía. A su vez, Sasieta critica al gobierno por no resolver problemas como estos y detalla que el informe que elaboró concluye que instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior cuentan con los recursos y la logística necesarios para luchar contra estos delitos pero los funcionarios responsables hacen poco o nada.

El círculo de la impunidad se cierra en el Poder Judicial, donde demora la solución de los pocos casos de trata que han llegado a los tribunales. Así la justicia para las víctimas de tratantes está aún muy lejana, mientras los delincuentes continúan caminando libres por las calles y llevando su mafiosa actividad a más regiones del país.

La pobreza detrás de la trata

Según Mar Pérez, la trata es un delito que está extendido en el Perú porque es casi una costumbre, sobre todo en el interior del país, donde los padres entregan a sus hijos al padrino o al compradre para que se hagan cargo de los menores. Mar fue testigo de esta situación. Cuenta que viajando por Santa Rosa de Quives, en Canta, una mujer quiso entregarle a su hija para que la críe lejos de esa zona pobre de Lima.

—¿Y qué le dijiste a la mujer?

—Que no podía llevarme a su hija, que no debía entregarla a nadie, por más pobres que sean y que su hija era lo más valioso que podía tener.

La negativa de Mar casi nunca se repite. Ante tal ofrecimiento, personas inescrupulosas reciben a los menores, los traen a Lima y los ponen a trabajar en casas como empleados del hogar o en fábricas de ladrillos o extrayendo minerales en socavones o mendigando en las calles. Como los padres entregan a sus hijos, la trata a nivel nacional, asegura Mar, está muy extendida y es una problemática social grave, mucho más grave que a nivel internacional.

Además, mientras no haya un marco legal que regularice la prostitución, la situación seguirá favoreciendo a las mafias de tratantes y proxenetas, que se camuflan bajo el término “prostitución” y evaden la cárcel. Por eso, asociaciones como “Miluska, Vida y Dignidad”, que preside Ángela Villón, demandan que el Congreso y el gobierno priorice un marco legal para su trabajo para regular, por ejemplo, las cooperativas de trabajadoras sexuales y la entrega de certificados médicos a mujeres sin verificar si son mayores o menores de edad ya que los tratantes consiguen documentación para las muchachas y así explotarlas con “permiso”.

Marcelo Puelles
Redacción

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/un-negocio-sucio-e-impune_47279.html

Narcotráfico y estrategias fallidas: Morir por la coca en el Alto Huallaga

La coca por su connotación económica, política y social, al ser la materia prima para la cocaína, ha sido y será un factor de violencia. Lo triste es que en la estrategia fallida contra las drogas se tengan que enfrentar a muerte integrantes de una misma sociedad con evidencias de gran corrupción que sostiene al narcotráfico. Foto Internet.

En 45 años de lucha por la defensa del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (1964-2009), con jornadas memorables para los intereses de los campesinos, han fallecido varios productores, algunos como dirigentes de sus organizaciones que desde 1930 no solo defienden la coca, sino cultivos tradicionales como el maíz, plátano, arroz, café y cacao.

En 1968, José Pratto Ratto, Luis Rubiños y Gabino de la Cruz fallecieron al caer el avión donde retornaban desde Lima luego de haber realizado gestiones para la modificación del DS 054-64 que prohibía nuevas áreas de cultivos de coca y concentraba la producción de hojas de coca a las zonas tradicionales, entre las que no se encontraba el Huallaga.

En 1983, Enrique Bruckman Falcón dirigente cocalero, maderero y alcalde de Aucayacu, distrito de José Crespo Castillo, salvó de morir y tuvo que huir luego de un alevoso atentado contra sus propiedades y su vida por presuntos elementos de Sendero Luminoso.

En 1984, Tito Jaime Fernández y Víctor Piñan Verde dirigentes cocaleros fueron acribillados a balazos. El primero en la ciudad de Tingo María junto a sus familiares por un sujeto desconocido, sobre la autoría del crimen hubo especulaciones pero nunca se llegó a determinar a los autores intelectuales o materiales del hecho que privó a la provincia de Leoncio Prado de un líder social y autoridad edil humanitaria. El segundo fue muerto por Sendero Luminoso en la víspera de la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes en la localidad de Pumahuasi.

En 1988, Guillermo Gonzáles Pajares ex dirigente de los cocaleros del Valle del Monzón, fue asesinado por Sendero luminoso, en venganza por su actitud rebelde frente al grupo subversivo como militante aprista, se conoce que no obstante haber sido amenazado en reiteradas veces, todos los domingos izaba la bandera nacional en el mástil del parque del caserío Palo Acero donde vivía y se mostraba contrario a la utilización bajo presión de los cocaleros en acciones subversivas.

Evacuando herido del Corah, la sangre de cocaleros y erradicadores ha sido derramada en enfrentamientos desiguales. Los del Corah cumplen una labor y los cocaleros defienden sus cultivos. Foto Grupo Prensa Verde (archivo).

En 2009, Diodora Espinoza Vara dirigente de una de las dos organizaciones de cocaleros, fue asesinada en Aucayacu por Sendero Luminoso, acusada de presunta traición en la modalidad de soplonaje; acusación negada por quienes la conocían. Espinoza mantenía fuerte animadversión con la dirigente de la otra agrupación Rosa Obregón, lo que explicaría que Espinoza Vara la acusara antes de morir de ser la autora del atentado en su contra.

También en 2009, Vicente Rufino Castillo Esteban (46) murió a consecuencia de dos impactos de bala (tórax y estómago) disparados a matar por un efectivo policial que daba protección a erradicadores de cultivos de coca, que él en forma temeraria y desesperada quiso evitar. Agonizó tres días en compañía de su pareja sin recursos económicos, es decir en pobreza absoluta. Deja seis menores hijos en la orfandad.

Fue declarado mártir de la coca y sepultado en el cementerio de Tingo María, donde se reiteró las denuncias contra el gobierno nacional de ejercer represión criminal y en respuesta los gremios de agricultores acordaron realizar una huelga indefinida desde el 05 de octubre en el Alto Huallaga y valle del Monzón, la medida de fuerza inicialmente tendrá como centro de coordinación la ciudad de Tingo María para luego trasladarse a la ciudad de Huánuco y la capital de la República.

Mientras se daba el adiós a Vicente Castillo Esteban en la municipalidad de Leoncio Prado, en el caserío Julio C. Tello a las 9.45 a.m el cocalero Santos Garioso (45) fue muerto por un disparo en la cabeza de un efectivo policial en reacción al ataque que Garioso realizó con una escopeta contra el trabajador del Proyecto Corah Marco David Valera Cueva que erradicaba su plantación de coca, provocándole heridas de perdigones en la parte izquierda del cuerpo.

La versión de la policía fue que en reacción al ataque de narcotraficantes que protegían una poza de maceración de hojas de coca, dieron muerte a Santos Garioso, esta información fue difundida por medios que según los dirigentes cocaleros son voceros del Ministerio del Interior. Sin embargo, la versión que vinculaba al cocalero muerto con narcotraficantes resultó ser falsa, por que el fiscal Jeremías Rojas Velásquez que llegó hasta el lugar del hecho sangriento para la investigación y levantamiento del cadáver no ubicó la poza de maceración, ni habría obtenido evidencias sólidas sobre la presencia de varios hombres armados (francotiradores) para perpetrar el ataque.

Todo indica que el agricultor que poseía una retrocarga logró burlar el cerco de seguridad y disparar contra Valera Cueva, siendo liquidado en el acto. De ser este el caso debe investigarse esta negligencia que costó la vida de un agricultor y pudo cobrar una nueva víctima al proyecto CORAH. La versión oficial inicial es insostenible por que en caso de haberse producido el ataque armado por narcotraficantes los primeros en caer debieron ser los policías que brindan seguridad a los erradicadores.

La ignominia enmascarada de ‘agentes antinarcóticos’ no solo justificó y justifica estas muertes, por que en su obtuso entender y por la defensa de intereses económicos esta vedado el factor social. El argumento de los campesinos sobre la necesidad de cultivar la coca como fuente económica ante el fracaso del ‘Desarrollo Alternativo’, es combatida con el falso y grosero expediente que el 99.7% o el 99.9% de la coca va al narcotráfico y a partir de ello la tendenciosa aseveración que todos los cocaleros son narcotraficantes o terroristas y que existiría narcodependencia de la economía regional o nacional.

El tema cocalero como problema económico, social y político, ha sido convertido en un asunto meramente criminal, por oportunistas con la careta de analistas y expertos de nuevo cuño, que no buscan soluciones, sino la extensión del conflicto para seguir prosperando.

Para nadie es un secreto que gran parte de la producción de coca deriva al mercado negro, pero ello es posible por que existe demanda de la droga cocaínica en los países desarrollados que fortalece la cadena multimillonaria y multinacional del narcotráfico, permitiendo la oferta exponencial de la materia prima. Así que quienes con malicia postulan el control de la coca a sangre y fuego, mientras el mercado de la cocaína es creciente con la complicidad de los gobiernos, simplemente actúan como incendiarios sin medir las consecuencias.

Llegó la hora que el gobierno nacional con el apuntalamiento de los gobiernos regionales y locales, diseñen y apliquen su propia estrategia contra las drogas y el narcotráfico, como lo viene haciendo Bolivia. Basta de seguir aplicando estrategias fallidas con el derramamiento de sangre y la muerte de los explotados de la cadena criminal.

Senderistas de derecha por la impunidad de los depredadores.

Por Augusto Álvarez Rodrich

Los otros también empezaron matando perros.

No debe tomarse a la ligera la amenaza de muerte contra Salomón Lerner Febres, el ex presidente de la CVR, pues podría ser el preludio de una escalada violenta de esas que es fácil entrar pero difícil salir.

A Lerner lo están amenazando desde hace tiempo por su rol en la CVR, pero los que quieren intimidarlo ya pasaron del dicho al hecho. El 5 de setiembre, envenenaron a los dos perros de su casa y el miércoles le dejaron en el Instituto de Democracia y DDHH –que él preside– y en su domicilio el mensaje “lo mismo que le hicimos a tus perros lo vamos a hacer contigo”.

Esto es condenable. Primero, porque ningún ciudadano debe sufrir eso, especialmente una persona como Lerner que ha cumplido una tarea tan importante –como incomprendida– para el país. El gobierno debe disponer una investigación inmediata y exhaustiva para identificar a los facinerosos.

Segundo, porque detrás de ese tipo de acciones se deben estar moviendo grupos que creen que la amenaza, el chantaje y hasta el asesinato se justifican a favor de una causa que sus promotores puedan considerar importante para la sociedad.

Es decir, el mismo método de Sendero Luminoso pero desde el otro extremo político, lo cual constituye una de las herencias más negativas del terrorismo: contagiar su procedimiento abominable –en forma o fondo– a algunos que se le oponen.

Sin embargo, la amenaza a Lerner no debe sorprender pues ocurre en un contexto de creciente intolerancia y deterioro de las formas que son claves en la política como en la vida, especialmente entre los que discrepan. Hoy proliferan unos matoncitos –en política, medios de comunicación o gremios empresariales y sindicales, para solo citar algunos sectores– incapaces de debatir ideas y para quienes el agravio es su forma de vida.

A la vez, algunos sectores vinculados al gobierno están lanzando señales erróneas. No estoy sugiriendo, en modo alguno, que el vicepresidente Luis Giampietri o los ministros Rafael Rey o Aurelio Pastor estén detrás de la amenaza a Lerner. Pero sí creo que sus propuestas en temas como derechos humanos, museo de la memoria o justicia militar, y la forma como las plantean y algunos medios se las difunden, pueden estar siendo malinterpretadas por grupos que ven en esas arengas una invitación para hacer justicia con sus propias manos.

Asimismo, los grupos vinculados a la defensa de los derechos humanos deben esforzarse para que, sin ceder un ápice en el imperio de la ley, se reconozca mejor el significativo papel de la fuerza armada y policial contra el terrorismo, el de antes y el que todavía queda.

Tomado de:
http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/26/09/2009/senderistas-de-derecha

Bienvenido el G-20: Reformulación del FMI y banco Mundial.

EL G-20 DESPLAZO AL G-8 O G-14 COMO FORO DE DISCUSION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El organismo se pronunció por políticas que resguarden el empleo decente, promovió regulaciones a los bancos de inversión y paraísos fiscales y avanzó en la reformulación del FMI y el Banco Mundial. Se modificó la cuota de poder dentro de los organismos.

Por Fernando Cibeira
Desde Pittsburgh

El G-20 se convirtió desde ayer en el organismo que se ocupará de la situación económica mundial, desplazando a otras “G”, como el G-8 o el G-14. En su primera definición como foro permanente, entonces, el G-20 se pronunció por políticas que resguarden el empleo decente, promovió regulaciones a los bancos de inversión y paraísos fiscales y avanzó en la reformulación del FMI y el Banco Mundial. “Hay que dar vuelta la página a una era de irresponsabilidad y adoptar una serie de políticas, regulaciones y reformas para hacer frente a las necesidades de la economía global del siglo XXI”, sostuvieron los presidentes en el primer punto del documento final. La reunión de ayer en Pittsburgh quedó marcada por la influencia de Obama y el creciente poder chino y de los países en vías de desarrollo en general, que van logrando colar sus puntos de vista.

La decisión de convertir este grupo como la G principal fue anunciado por Obama en la cena de apertura del jueves a la noche, todo un dato frente a los países –principalmente los europeos– que preferían un más manejable G-14, con lo que Argentina quedaba afuera. Incluso, a nadie le pasó por alto el gesto que apenas hecho el anuncio comenzó dándole la palabra a los presidentes de Corea y de Australia, otros dos que hubieran sido desplazados. La Casa Blanca sacó un comunicado calificando el acuerdo alcanzado como “histórico”.

“Trae a la mesa a los países necesarios para construir una economía global más fuerte y equilibrada, reformar el sistema financiero y mejorar la vida de los más pobres”, se congratuló la oficina de Obama.

Cristina Kirchner ayer le agradeció al presidente norteamericano. “Sé que su posición fue muy importante para que el G-20 continúe”, le dijo cuando se cruzaron al momento de las fotos. “Usted déjelo en mis manos que yo lo hago”, le respondió el norteamericano. La broma provocó las risas de la imagen en la que se ve a ambos abrazados.

El G-20 nació a fines de los noventa para dar respuesta a las consecuencias generadas por las crisis rusa y de Asia. Argentina, como poco después pudo verificarse, había sido una de las economías más afectadas. Al grupo lo conforman los ocho países más industrializados, diez emergentes, Australia y la Unión Europea. España hasta ahora participó como invitado y tiene asegurada su inclusión para los encuentros del año que viene porque presidirá la UE. Fueron fijadas una cumbre para junio del año que viene en Canadá y otra en noviembre en Corea. Además, adelantaron un encuentro en 2011 en Francia. Los presidentes reunidos aquí ayer definieron al grupo como “el principal foro para la cooperación económica internacional”.

Yes, we can

Los presidentes se encontraron desde la mañana en el Centro de Convenciones David Lawrence, de Pittsburgh, una moderna y enorme edificación a orillas del río Allegheny, que cruza el centro de la ciudad. El “¿Por qué Pittsburgh?” es una pregunta que figuraba en varios folletos que se repartieron en la cumbre. La ciudad, ubicada en el estado de Pensilvania, es conocida como “la ciudad del acero”. En los setenta tenía altos índices de contaminación y para peor sufrió duro la crisis internacional de ese momento. Pero con el tiempo se reconvirtió de una manera espectacular, congeniando la instalación de muchas empresas, varias de ellas tecnológicas, con el mantenimiento de altos estándares de “energía verde”. Incluso, en los alrededores se replantaron miles de árboles que habían sido devastados por la explotación. La combinación fascinó a Obama, que ya en su campaña puso a la ciudad como ejemplo de desarrollo y ahora la designó sede de esta cumbre, obligando a los presidentes a recorrer los 600 kilómetros que la separan de Nueva York, a donde habían viajado para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la previa, la Cumbre del G-20 llegaba con el telón de un supuesto tironeo entre los países que sostenían que ya había que frenar las medidas de estímulo porque lo peor de la crisis había pasado y quienes consideraban que había que continuar inyectando fondos porque se corría el riesgo de perder lo avanzado. También acerca de la necesidad de establecer regulaciones a los bancos y a los famosos bonus que cobran los banqueros. Sin embargo, en la reunión, esas diferencias no se notaron. Todos coincidieron en mantener las políticas para establecer “un crecimiento mundial más equilibrado”. “Queremos crecimiento sin ciclos extremos y mercados que fomenten la responsabilidad, no la temeridad”, sostuvieron.

En la conferencia de prensa de cierre, Obama aseguró que el G-20 adoptó “duras” regulaciones financieras para garantizar que la crisis no pueda repetirse y garantizar el desarrollo a largo plazo.

El trabajoso documento final que fue negociado por los representantes de los presidentes en varios encuentros y terminado de pulir en estos dos días de cumbre tiene varios puntos referidos al Fondo Monetario. El más sustancioso modifica la cuota de poder dentro del organismo: los países más desarrollados se comprometen a ceder el 5 por ciento de sus votos a los países en vías de desarrollo. Respecto del Banco Mundial, la cesión será del 3 por ciento. “Es una victoria espectacular”, celebró el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En la comitiva argentina, y pese a que era un reclamo que habían levantado en las reuniones previas, no se festejó tanto porque no significa ningún cambio en la representación. Es que la constitución del FMI se basó en los Productos Brutos de los países luego de la Segunda Guerra Mundial y en aquel entonces Argentina tenía un mayor porcentaje del PBI mundial que ahora. El beneficio aprobado ayer será principalmente para los integrantes del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), en ascendente poder mundial.

Por otro lado, el FMI fue confirmado como el organismo que debe encargarse de monitorear y ayudar a los países miembro del G-20 respecto de su situación económica. Alérgicos a cualquier inspección del Fondo, los funcionarios argentinos aseguraban que esta iniciativa no modifica la actual situación, porque se había sacado el párrafo donde se consideraba que esas modificaciones eran obligatorias.

Una intervención final de la canciller alemana Angela Merkel terminó levantando un extenso párrafo en el que dejaba en claro que los países desarrollados solventarían el recambio energético en los países más pobres para ayudar a resolver el cambio climático. Merkel cuestionó el texto y Obama concedió que era una cuestión compleja. Quedaron que en una próxima reunión de los ministros de Economía, que se hará en noviembre, se resolvería sobre esta cuestión.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132452.html

Corrupción en el mercado persa: Allison la joyita de Alan García.

Allison es una joyita. Más antecedentes del ministro que el presidente Alan García mantiene en agonía.

El ministro renunciante dijo que siempre trabajó por los ‘pobres’, pero la realidad parece ser otra y no la pudo ocultar. Una raya más al gobierno aprista de Alan García. Foto La Primera.

Documento que demuestra la forma en que se evadía los impuestos que debían de ingresar a la Sunat.

En el 2002, el abogado Allison actuó como representante de Indecopi en la defensa de un grupo de 30 funcionarios de esa institución involucrados en un caso de fabricación de deuda fraudulenta, por un monto de 35 millones de dólares.

No sólo es tan descuidado como para asesorar a una empresa de chuponeadores (Business Track), sin enterarse de lo que hacía, y para pensar que este antecedente no era relevante a la hora de aceptar el cargo de ministro de Vivienda, cinco meses después de la detención de todos sus asesorados, sino que, de acuerdo con sus antecedentes, ha estado involucrado en operaciones contra la ley literalmente desde que era chico. En efecto, el discutido ministro Allison no empezó su carrera de abogado de causas oscuras con el comandante Carlos Tomassio y el almirante Manuel Elías Ponce Feijóo.

En fecha tan lejana como 1995, un joven Francis James Allison era practicante de derecho en el Estudio de Pedro Schulz y, según su propia manifestación, “en el desempeño de tal cargo participó en la formulación de contratos, en su mayoría ficticios, los mismos que se efectuaban con el objeto de aparentar transacciones comerciales cuyas facturas generaban un crédito fiscal ilegal…”.

Y agrega que estas transacciones ilegales las efectuaba “por orden de Pedro Schulz a través de Segundo Gonzales Cachay, quien señalaba los detalles y montos a consignar en los mismos”.

Es decir, recién salidito de la universidad, el hoy ministro de Vivienda era experto ya en falsificación de facturas para estafar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Es lo que aparece en la denuncia ante el fiscal provincial realizada por la Sunat del 23 de abril de 2003, contra diversas personas por diversos delitos tributarios.

Y como bien asegura en su propia declaración, el ministro Allison lo hacía porque se lo ordenaban, que eso era lo que había aprendido en sus cursos universitarios.

Indecopi

En el 2002, el abogado Allison actuó como representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en la defensa de un grupo de 30 funcionarios de esa institución involucrados en un caso de fabricación de deuda fraudulenta, por un monto de 35 millones de dólares. En este caso específico, Allison estaba obligado a actuar investigando la denuncia que venía desde finales de los años 90, y advertir si los involucrados habían actuado en forma dolosa.

Pero lo que hizo fue lo contrario. Presumiendo que su deber era defender a sus colegas como si se tratara de una cofradía o una banda, Allison contestó la denuncia señalándola como una calumnia. Este caso fue investigado por la Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción de la Década 1990 al 2000, presidida por el congresista Ernesto Herrera, que concluyó en que “Algunos funcionarios de Indecopi en uso de los vacíos de la legislación, no fiscalizaron adecuadamente algunos procesos de reestructuración ni realizaron las respetivas denuncias penales o administrativas correspondientes, permitiendo hechos impunes que perjudicaron a una de las partes implicadas. Así se permitió la generación de deuda fraudulenta en los procesos concursales de AEROPERÚ y VISTA FLORIDA”.

Posteriormente, Indecopi admitió que había habido un manejo doloso y que la deuda inventada nunca existió. Pero a pesar de todas las evidencias que comprometían a personajes tan notorios como el hombre de confianza del presidente Toledo, César Almeida; al que más tarde sería ministro de ese mismo gobierno, Fernando Zavala, y al hoy ministro del APRA, Francis Allison, el fiscal Óscar Zevallos Palomino de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, ha mantenido congelado el caso durante cinco años, lo que permite suponer que poderosos intereses protegen a los implicados.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=47087

Coca y Narcotráfico en el Huallaga: Sangre Derramada en Defensa de la Coca.

La erradicación violenta de los cultivos de coca se inició en el Huallaga en 1978, van 31 años y seguimos en lo mismo, ¿Hasta cuándo? Foto Grupo Prensa Verde.

“Este gobierno se está cebando con la sangre de los campesinos” asegura Leonardo Ocaña, dirigente cocalero del Bolsón Cuchara en el margen izquierdo del Río Huallaga, donde la mañana del miércoles 23 se registró un grave enfrentamiento entre cultivadores de la hoja de coca y efectivos de la policía nacional que prestan seguridad al contingente de 300 erradicadores del Proyecto Especial para la Erradicación de la Coca – CORAH, que un día antes fueron obligados a abandonar la erradicación de cocales en el caserío Alto Pacae por un grupo numeroso de campesinos que se concentraron en el lugar y amenazaban con generar enfrentamientos ante la desesperación de ver destruidos sus cultivos, que son fuente de ingresos económicos para sostener a sus familias ante la falta de apoyo del gobierno nacional y la cooperación internacional para una economía alterna.

Según el agricultor Benjamin Bocanegra del caserío Cedro, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, el martes 22 el Corah dio inicio a la erradicación de cocales en la zona, entonces unos 100 cocaleros intentaron parar los trabajos de erradicación sin lograrlo. Ese mismo día y la mañana del miércoles 23 se realizaron asambleas de emergencia para tomar acuerdos orientados a la defensa del cultivo, cerca de mil campesinos se concentraron e iniciaron camino al lugar donde se ejecutaban los trabajos de erradicación. Al notar la numerosa concentración la policía realizó disparos al aire y ordenó que retrocedieran pero los campesinos continuaron avanzando en bloque por lo que fueron dispersados con gases lacrimógenos y disparos de bala al cuerpo.

Seis campesinos cayeron heridos, los ánimos se caldearon tornándose la confusión inicial en situación incontrolable. Los agricultores heridos por proyectiles de arma de fuego son:

- Vicente Rufino Castillo Esteban (46) herida de bala en el estómago.
- Miguel Peña Adriano (27) herida de bala en la cabeza.
- Lizeth Ambicho Villar (25) herida de bala en muslo.
- Pedro Villogas Tolentino (43) herida de bala en pierna izquierda.
- Willy Alejo Flores (19) herida de bala pierna izquierda.
- Hugo Dávila Casimiro (18) herida en el rostro, impacto cartucho de gas lacrimógeno.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Tingo María donde ingresaron a las 12:15 horas para ser atendidos por emergencia, los familiares y otros dirigentes llegaron al nosocomio para interesarse por los lesionados porque corrían voces que algunos habían fallecido, felizmente lo médicos lograron controlar y estabilizar a los pacientes, siendo el de mayor gravedad Vicente Rufino Castillo.

La erradicación concertada de los cultivos de coca fue un fracaso, según los cocaleros que se acogieron al convenio marco, por que fueron engañados por Devida. Foto Grupo Prensa Verde.

Mientras tanto los campesinos seguían reunidos en Venenillo, Cuchara, Santa Martha, hasta donde llegaban centenares de agricultores, volviéndose la situación explosiva, ante la ausencia de alguna autoridad que intercediera a fin de lograr el diálogo entre las partes y evitar más heridos incluso muertos, porque los campesinos estaban decididos a todo, según sus manifestaciones.

El proceso de erradicación de los cultivos de coca que se reinició en diciembre de 2008 en el distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado, registró numerosos amagos y leves enfrentamientos entre agricultores, erradicadores y efectivos de la policía nacional, pero lo ocurrido hoy supera ampliamente los incidentes registrados antes donde también hubo algunos contusos y heridos leves.

La violencia con derramamiento de sangre en el Alto Huallaga en torno a los cocaleros puede resultar fatal para la estabilidad social y la paz, porque el odio, resentimiento, impotencia y dolor generado en las familias de campesinos puede abonar el caldo de cultivo para la subversión armada y de ser este el caso, el principal beneficiado será Sendero Luminoso, con consecuencias difíciles de imaginar.

Este es el corolario de una serie de intervenciones mal intencionadas y con mala leche de los denominados anticoca al servicio de la estrategia norteamericana quienes con una serie de informes carentes de veracidad y perfectamente coordinados por la NAS y la Embajada USA, satanizan permanentemente al cultivo de la coca, al extremo de ubicar al productor de la hoja de coca como el elemento más importante de la cadena mafiosa del tráfico ilícito de drogas, todo esto para justificar la brutalidad represiva en la eliminación de los cultivos de coca considerados ilegales. Este grupo de ex funcionarios del Ministerio del Interior o personal del NAS, USAID y la embajada de Estados Unidos, inventan cifras para parir libros que en la práctica son mamotretos, estudios sobre el valor de la coca con cifras oficiales o de la ONU que no tienen la menor credibilidad por su falta de sustento en la realidad, todo esto con el fin de narcotizar la economía regional y nacional y así forzar a la estrategia de ‘Sangre y fuego’ contra la coca y por ende contra las familias productoras.

El gobierno peruano y el gobierno estadounidense al margen de lo que hagan o digan sus servidores muy bien remunerados, han fracasado en la lucha contra las drogas, porque son incapaces de enfrentar y desarticular a las bandas del narcotráfico (redes, lavado de activos, insumos, etc.) y es por eso que se consuelan atacando con furia y sin contemplaciones al eslabón más débil de la cadena multinacional de la cocaína. Combatir con las armas a quienes no tienen armas y son pobres, es la muestra de valentía del ‘poderoso’.

El Apra con su escopeta de dos cañones olvida que cuando estuvo en campaña se comprometió a no erradicar los cultivos de coca y apoyar a los cultivadores que entonces eran reprimidos por Alejandro Toledo que tomó la posta del brutal represor de los 90 Alberto Fujimori.

Educación Peruana: Municipalización, anarquía y liberalismo.

El Plan Piloto de municipalización de la Educación en el distrito de Padre Felipe Luyando, enfrenta una serie de obstáculos, como el proceso de revocatoria al alcalde José Quiroz Alva por acusaciones de corrupción y autoritarismo. Foto Grupo Prensa Verde.

¡Atrás, Atrás, alcalde incapaz! ¡Y va a caer, y va caer, con la revocatoria va caer! ¡La escuela no se vende, la escuela se defiende!; son algunas de las arengas de un sector de docentes del distrito de Padre Felipe Luyando – Naranjillo en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco; que se oponen a un proceso plagado de vicios y arbitrariedades en el contexto del Plan Piloto de Municipalización de la Educación.

El alcalde José Quiroz quien según sus críticos se ha convertido en un factor de confrontación, responde desafiante con el puño en alto sentado en su motocicleta Honda 185 recientemente adquirida, envalentonado porque le cubren las espaldas un contingente de 40 policías que hicieron eco a su llamado desesperado ante el anuncio de una nueva movilización contra el experimento dizque ‘descentralizador’ de la educación primaria.

La municipalización de la educación en Naranjillo va camino al fracaso según los contestatarios del proceso, entre otras cosas por lo siguiente: - Los municipios han demostrado ser instituciones corruptas con alcaldes incapaces de cumplir con sus promesas electorales y que no solucionan la limpieza, vivienda, alimentación, salud, etc. - Porque los gobiernos nacional, regional y local abandonaron los locales escolares que hoy presentan estructuras deficientes y carentes de los servicios elementales, no tienen mobiliario adecuado, carecen de insumos, material didáctico; faltan talleres politécnicos para el adiestramiento, sin comedores estudiantiles para combatir la desnutrición. - Además porque José Quiroz Alva con su prepotencia y soberbia demostró ser un funcionario indecente al servicio de sus intereses; las numerosas denuncias por presunta corrupción aún no investigadas, parecen sustentar estos alegatos.

Entre los criterios imprescindibles para la municipalización de la educación están:

1- Voluntad favorable de la municipalidad de participar en el Plan Piloto; lo que significa que es la municipalidad quien decide acogerse al Plan Piloto y no como asegura falsamente el alcalde que es impuesta por ley.

2- La municipalidad cuenta con aprobación de la población; lo que significa que en asamblea del pueblo debió debatirse y aprobarse el Plan Piloto, lo que se obvió por decisión arbitraria del alcalde.

3- El distrito cuenta con condiciones básicas de infraestructura, equipamiento, logística, etc; condiciones primordiales que no se tuvo en cuenta y se soslayó irresponsablemente, porque la casi totalidad de centros educativos tienen infraestructura defectuosa, no están equipadas, no tienen logística y presentan otras debilidades. Se quiso sorprender al pueblo entregando unas cuantas computadoras con funciones elementales para decir que los centros educativos estaban implementados.

Docentes y padres de familia protestan contra el Plan Piloto de Municipalización desde el año pasado y anuncian para el 29 de setiembre una respuesta a los insultos y actitudes discriminatorias de un burgomaestre con serios problemas. Foto Grupo Prensa Verde.

La administración y gestión del sistema educativo dentro del Plan Piloto de Municipalización de la Educación tiene tres niveles: A- Central, a cargo del Ministerio de Educación, que tiene la función técnica, normativa y política. B- Regional, a cargo de las direcciones regionales de educación y los organismos regionales de desarrollo que tienen la función ejecutiva. C- Local, UGEL Y ADE de los centros educativos que tienen la función operativa. Entonces ¿Dónde está la autonomía que alegan los alcaldes por ignorancia? Sencillamente no existe o es sumamente limitada.

El proceso de modernización y adecuación de la educación a los intereses locales dependerá del desarrollo de formas de organización y operación ajustadas a las características, condiciones y aspiraciones de la población, requerirá de una labor paciente y compartida de búsqueda, creación y adecuación de instrumentos, herramientas y procedimientos afines eficientes. Que no pueden darse en un ambiente de desconfianza y pugna, como el que caracteriza al municipio de Padre Felipe Luyando, cuyo alcalde José Quiroz no solo hace frente a un proceso de revocatoria al cargo hasta el 29 de noviembre, sino que ha perdido la confianza de un sector importante de la población por sus actitudes al margen de la ley y los principios éticos.

Aparte de las sensibles carencias de la municipalidad de ‘Naranjillo’ veamos otras características de un proceso que el gobierno de Alan García presentó como novedoso y como el remedio a los problemas ancestrales de la educación en el Perú.

En el 2007, el gobierno nacional inició un Plan de Municipalización de la Gestión Educativa con una experiencia piloto en 56 municipios distritales del país. El plan establece nuevas competencias educativas para las municipalidades y prevé una etapa de expansión en 2009 y otra de generalización a partir de 2011. Ese año en el departamento de Huánuco solo los municipios de Amarilis y Chinchao fueron parte del Plan Piloto, en 2008 fueron acreditadas otras instituciones educativas.

¡Los maestros y padres de familia estamos resistiendo a la municipalización educativa en Luyando! Dice un volante del magisterio organizado. Foto Grupo Prensa Verde.

La pregunta del millón es que si las municipalidades distritales serían las instancias más adecuadas para convertirse en el eje de una gestión educativa descentralizada. Preocupan, en este sentido, las limitaciones de recursos y la débil capacidad de gestión que caracterizan a la gran mayoría de los gobiernos locales, así como el peligro de ahondar las inequidades educativas entre localidades.

El Plan de Municipalización prevé transferir a las municipalidades distritales la contratación y los pagos del personal docente y administrativo de las instituciones educativas, así como la implementación de programas de capacitación docente, el control de la asistencia de los maestros y la distribución de material educativo. Estas responsabilidades exceden la experiencia de los gobiernos locales, casi siempre centrada en construcción y refacción de locales escolares. Por eso, es crucial que el proceso de municipalización de la educación vaya acompañado de un programa de desarrollo de capacidades y de asesoría a las municipalidades. Asimismo, es importante dotarlas de los recursos necesarios para una adecuada implementación de las nuevas responsabilidades asignadas.

“¿Cuál fue el argumento del Sr. Alan García para justificar su ‘novedosa’ propuesta de municipalización de la educación? Simplemente que los municipios han demostrado eficiencia en la inversión de los recursos asignados. Evidentemente desconoce la incapacidad y el proceso de corrupción en que se encuentran los gobiernos municipales en todos los niveles y también los gobiernos regionales!. Por el lado de la eficiencia y de la honestidad el Sr. Alan García no puede demostrar nada, ni en sus propios partidarios en alcaldías y gobiernos regionales. Pero no solo se trata de eficiencia y honestidad, que son necesarias. Se trata, además, de tener en cuenta que la educación esta relacionada estrechamente, con la cultura y su desarrollo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con la prensa y los medios de comunicación que en el Perú ‘educan’ con el lodo de su contenido y sus protagonistas, salvo honrosas excepciones.” Señalan los pronunciamientos del Sutep.

El otro problema que se esquiva es el significado real de la descentralización de la educación, como si este proceso podría desarrollarse al margen de la descentralización del país y ésta, a su vez, sin la existencia de un proyecto nacional democrático y autosostenido.

“Quienes consideran que descentralizar la educación significa transferir ciertas competencias a las unidades subnacionales (regionales y locales) con el propósito de reducir el gasto estatal en educación, aunque digan que ese no es el propósito, están repitiendo las historias fracasadas de la Municipalización de la Educación en Chile, Argentina, México, Nicaragua y otros países de nuestra América”. Asegura José Ramos Bosmediano, un destacado educador.

En vista de los problemas presentados en el proceso inicial de Municipalización de la Educación José Ramos propone que el debate y la reflexión se sustenten en los siguientes considerandos:

1. La nueva educación en el Perú constituye la premisa fundamental para ejercer una docencia al servicio del país y del pueblo. Cada docente debe emprender los esfuerzos intelectuales en el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas y ejercer el liderazgo social fuera de ellas. La ética pedagógica debe plasmarse en el comportamiento moral consecuente con la condición profesional de maestro, y con el compromiso político en la búsqueda de un país democrático, soberano, justo y desarrollado. Ser maestro no significa ser un ciudadano sumiso y condescendiente con la injusticia.

2. La educación debe ser compenetrada con la estructura económica y social del país cuya crisis es integral. Sin comprender el carácter histórico y estructural de la crisis de la educación peruana no será posible forjar una alternativa de nueva educación ni hacer que el trabajo cultural y el trabajo educativo se conviertan en instrumentos liberadores, forjadores de una nueva conciencia para producir los cambios sociales que el Perú requiere.

3. Toda reforma educativa, para ser renovadora, debe superar el sistema en crisis renovando el currículo y los métodos de la enseñanza, pero fundamentalmente, y en primer lugar, la concepción sobre los fines y objetivos de la educación que el país requiere para eliminar las actuales concepciones pragmatistas que el neoliberalismo ha impuesto en estos tiempos.

4. La planificación de la educación peruana debe formar parte de un proyecto nacional y su aplicación descentralizada en todo el país tomando en cuenta las realidades regionales y locales, dentro de una visión de conjunto y articulado. Es en este contexto donde deben jugar su papel las regiones y los gobiernos municipales, sin sustituir a los organismos nacionales de la educación en la conducción nacional de la educación y sin sustituir al gobierno nacional de las responsabilidades presupuestales en materia educativa.

Evo Morales. Descertificación es represalia de Estados Unidos.

El mandatario boliviano declara frente a la sede de NNUU, en Nueva York (ABI)

Nueva York, 23 sep (ABI) - El presidente Evo Morales, denunció el miércoles en Nueva York que la descertificación de la lucha antinarcóticos de Bolivia, resuelta la semana pasada por Washington, responde a una represalia por la expulsión de la agencia estadounidense de drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la rotunda oposición boliviana a la instalación de bases militares en la región.

"Como no hay bases militares en Venezuela y Bolivia y de Bolivia y Venezuela expulsamos a la DEA de Estados Unidos pues nos descertifican. Es una decisión política que tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos", afirmó el gobernante sudamericano durante una entrevista al vivo divulgada por la cadena internacional Telesur.

Morales dijo que la política de descertificación unilateral antidrogas de EEUU no hizo otra cosa enturbiar más aún el relacionamiento bilateral.

"Esta descertificación perjudica la buena relación con EEUU (..) Con EEUU, lamentablemente, no se puede avanzar porque esa descertificación sólo a Venezuela y a Bolivia levanta muchas sospechas", afirmó, al tiempo de alentar el establecimiento de mejores condiciones en el futuro para reencauzar la relación bilateral, averiada tras la expulsión mutua de embajadores, en setiembre de 2008, y agudizada por la decisión de Morales de correr, además, a la DEA de Bolivia y a la agencia de cooperación estadounidense (Usaid) del central Chapare boliviano, epicentro entre 1989 y 2005 de la cruenta lucha antidrogas boliviana.

"Seguiremos buscando una relaciones de no sometimiento, de no subordinación y, si hay relaciones, enfocarlas para un trabajo conjunto", lejos de que una lucha antidrogas en consorcio se desnaturalice, sostuvo.

•Se trata, consideró, de evitar que "una lucha contra el narcotráfico desemboque en un control geopolítico a Sudamérica".

Y, "eso no aceptaremos", advirtió.

Consideró, sin embargo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la administración demócrata del presidente Barack Obama.

"Esperamos que el gobierno de Obama pueda mejorar las relaciones bilaterales con el país y con todos los países", remarcó.

El mandatario boliviano describió, sin embargo, un clima poco propicio para restañar la relación bilateral.

"Nosotros, oportunamente, planteamos nuevas relaciones pero con nuevas bases de diálogo y, sin embargo, no ha habido ninguna respuesta. Quiere decir que el gobierno de EEUU no quiere relaciones diplomáticas con nuevas reglas, donde se respete la soberanía, especialmente", hizo notar al tiempo de revelar que Washington se opuso sistemáticamente a que Bolivia se dote de aviones y helicópteros con radar para enfrentar efectivamente al narcotráfico internacional que opera en el país andino amazónico.

RedCentral/cc ABI

Tomado de:
http://abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20090923001759&l=200909220056_El_mandatario_boliviano_declara_frente_a_la_sede_de_NNUU,_en_Nueva_York_(ABI)

Colombia: más de 11.000 niños participan en el conflicto armado

Escrito por elmercuriodigital

FIDH y OMCT alertan sobre la situación de los defensores de derechos humanos, denuncian la impunidad del Gobierno ante los casos de violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros, la necesidad de tomar medidas complementarias para reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, han expresado "gran preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, que siguieron desenvolviéndose desde principios de 2009 en un clima adverso y arriesgado, con pocos cambios con respecto al año 2008".

Durante 2008 y 2009, la población colombiana ha seguido sufriendo las consecuencias del conflicto armado interno que asola al país desde hace más de 40 años y los diferentes actores del conflicto - las fuerzas regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y la guerrilla- han continuado violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario bajo la forma de, entre otros, crímenes de carácter internacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y secuestros, en contra de la población civil.

En lo referente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), éstas parecen haberse debilitado debido a varias operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército y que resultaron en la captura o la ejecución de algunos de sus miembros más importantes. Sin embargo, las FARC no han cesado sus violaciones al derecho internacional humanitario muy especialmente entre las comunidades rurales y han sido las protagonistas de más de una crisis diplomática en la región, lo que demuestra su capacidad de incidencia internacional. Por otra parte, el Gobierno no debe subestimar la adaptabilidad de esta guerrilla, que aún mantiene su estructura organizativa y su potencial de acción.

Con respecto a los grupos paramilitares, si bien desde el año 2001 se han producido más de 30,000 desmovilizaciones de miembros de estos grupos, el proceso de desmovilización impulsado a través de la Ley de Justicia y Paz ha sido un fracaso en sus objetivos de paz y en la consagración de la impunidad de muchos crímenes internacionales cometidos por estas bandas. En este sentido, durante su visita a Colombia en octubre de 2008, la Sra. Pillay (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) exhortó al gobierno de ese país a que evitara toda amnistía de facto por violaciones a los derechos humanos y a asegurar que los derechos de las víctimas permanezcan en el centro de cualquier política de desmovilización. Además, la ligereza del mecanismo de desmovilización previsto por la Ley de Justicia y Paz ha facilitado que los paramilitares hayan vuelto a tomar las armas. Así, se ha detectado que ciertos paramilitares "desmovilizados" participan a la cabeza de "nuevos" grupos que operan en las mismas regiones y con los mismos métodos que antes de las desmovilizaciones.

Por otra parte, a finales de septiembre de 2008, salió a la luz que la fuerza pública estaba realizando ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de bajos recursos con el fin de presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Esta modalidad, conocida comúnmente como "los falsos positivos", se inscribe en el marco de la política de "seguridad democrática" impulsada por el Presidente Uribe para combatir a la guerrilla y que incluye un sistema de estímulos a los militares en función del número de bajas de presuntos guerrilleros. El propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Sr. Philip Alston, ha señalado durante su visita a Colombia en junio de este año, que estas ejecuciones no son simplemente perpetradas por algunas "manzanas podridas" como quiere hacer creer el Gobierno, sino que las pruebas demuestran que se trata de una práctica más o menos sistemática cometida por un número significativo de miembros del Ejército y que los casos conocidos y mediáticos de septiembre de 2008 no son sino la punta del iceberg de un hecho que viene sucediendo desde hace años. A raíz de estas revelaciones, fue abierta una investigación y a finales de 2008, cerca de cuarenta militares fueron destituidos, pero muy pocos han sido procesados judicialmente y la cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, tal y ha destacado Philip Alston. Una de las consecuencias más graves del conflicto armado interno es el desplazamiento. Hacia finales de 2008, el Gobierno de Colombia había registrado más de 2,8 millones de desplazados internos en el país. Sin embargo, algunas ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que esta cifra es muy superior, sobrepasando los cuatro millones de personas desplazadas por el conflicto armado interno desde mediados de la década de los 80. CODHES afirmó en un reciente informe que el desplazamiento forzado se incrementó en un 24,47% con respecto a 2007. Según el mismo informe, durante 2008 se vieron obligados a desplazarse en Colombia al menos 76.172 núcleos familiares. Los indígenas, junto con las poblaciones afrocolombianas, son especialmente vulnerables a este fenómeno, y son además quienes más sufren las violaciones de sus derechos durante y tras el desplazamiento ya que se ven forzados a emigrar a las grandes urbes en donde han de renunciar a sus culturas y hábitos de vida.

La situación de los menores en este contexto es especialmente delicada: según un informe del Secretario General de Naciones Unidas, más de 11.000 niños participan en el conflicto armado. Son utilizados por los paramilitares y la guerrilla para fines informativos, transporte de material y mantenimiento de armas...Según las cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), entre el 7 de agosto de 2002 y el 26 de agosto de 2009, 2.737 menores se desmovilizaron individual y voluntariamente y se reincorporaron a la sociedad civil. Sin embargo, centenares de niños soldados habrían sido reenviados a sus casas por sus jefes, sin pasar por el proceso de reinserción y sin que el Estado colombiano les dé una protección y acompañamiento psicológico. Por otra parte, y a pesar de la publicación el 6 de marzo de 2007 de una directiva del Ministerio de Defensa prohibiendo la utilización de niños con fines de inteligencia, el Ejército continúa recurriendo a menores para estos fines y para actividades conexas.

"Todo esto prueba que, a pesar de negar la existencia de un conflicto armado por parte del Gobierno de Uribe, éste sigue presente y es cada vez más profundo y arraigado entre la sociedad colombiana", señala el informe.

En términos de justicia, hubo varios avances, como la detención y el inicio de procesos penales contra más de 80 miembros del Congreso de la República investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con el paramilitarismo. La gran mayoría de los congresistas investigados son miembros de la coalición pro-Uribe. Esta meritoria labor de la Corte, que ha permitido conocer la profunda infiltración de los grupos paramilitares en las más altas esferas del Estado colombiano, ha sido fuertemente descalificada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha intentado someter a la Corte a una sala del Consejo Superior de la Judicatura -políticamente ligado al Presidente y al Congreso-, introducir una doble instancia en caso de juzgamiento de los miembros del Congreso, quitar de su competencia las investigaciones penales contra los congresitas e introduicr nuevas reglas en materia de nominación y mandatos de los magistrados de la Corte Suprema.

En el seno de las Naciones Unidas, Colombia fue considerada en el marco del Examen Periódico Universal el 10 diciembre de 2008. Durante dicho examen fueron puestos de relieve, por parte de los Estados, temas que necesitan especial atención por parte del Gobierno colombiano tales como: la impunidad ante los casos de violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública ,de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros, la preocupante situación de los defensores de derechos humanos, la necesidad de tomar medidas complementarias para reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.

En ese contexto, los defensores de derechos humanos siguieron pagando en 2008 y 2009 un pesado tributo. Desde hace más de 20 años los defensores son víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, torturas, amenazas, desplazamientos forzados, señalamientos, detenciones y judicializaciones con escaso o nulo fundamento, destrucción de sedes, ataques a sedes con sustracción de documentación y material informático, y otras vulneraciones graves de los derechos humanos. Y todo esto a pesar del programa de protección del gobierno que prevé medidas logísticas de protección (oficinas blindadas, transportes, comunicaciones, escoltas). La falta de efectividad de ese programa se debe en parte al comportamiento hostil hacia los defensores por parte de militares de alto rango, así como por parte del gobierno y del mismo presidente Uribe, tal y como el Informe 2008 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Colombia señala por lo que los victimarios de estas violaciones son tanto el Estado como los grupos paramilitares afines o que se relacionan con ellos, y los grupos guerrilleros que operan en el país.

Además, este programa de protección de defensores y de evaluación de riesgos está sufriendo de una progresiva privatización. Así, la seguridad de los defensores está dejándose en manos de empresas privadas contratadas por las instituciones públicas, de manera que el Estado está dejando de brindar y cumplir con su obligación de protección (pública) de los defensores.

Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/21774/290/

Coca y narcotráfico: La urgente reingeniería de Devida.

Devida es sinónimo de videos, fotografías, festivales, talleres, ferias, campañas cívicas, estudios y monitoreos hechos a la medida y por amigos. Pero desarrollo sustentable, naca la pirinaca. Foto Internet.

Es para no creerlo. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), que por Decreto Supremo No. 032-PCM de mayo de 2002 tiene como misión principal diseñar y conducir la lucha contra el tráfico ilícito de drogas está ausente del Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE), la zona donde ahora se procesa más del 70 por ciento de las aproximadamente 300 toneladas métricas de cocaína que se produce en el país anualmente.

La oficina que antes tenía en el VRAE fue desactivada y trasladada a Huamanga por el actual jefe de DEVIDA, el señor Rómulo Pizarro, el mismo que hace poco convocó a un pacto ético contra la infiltración del narcotráfico en la política. Sin duda necesario. Pero junto a esa iniciativa debería haber planteado una urgente e imprescindible reingeniería de la institución que dirige.

Tanto la crisis de DEVIDA como los errores y debilidades del Plan VRAE tienen una causa y origen de fondo: no tenemos una política de Estado de lucha contra el narcotráfico. La que ejecutamos a pie juntillas es un diseño y una estrategia de la lucha antidrogas de Washington.

Roger Rumrill estudioso de la realidad amazónica y amplio conocedor de la problemática del narcotráfico.

DEVIDA, heredera de CONTRADROGAS, aplica esa estrategia que Estados Unidos ejecuta en todos los países donde interviene y que consiste en poner los caballos delante de la carreta. Es decir, primero se erradica la coca ilegal y luego se construye el desarrollo. Por supuesto que esta lógica no ha funcionado en ninguna parte y el fracaso está a la vista de todo el mundo: ahora hay más producción de drogas ilícitas y consumo que hace treinta años cuando empezó la “guerra mundial contra las drogas”.

La crisis de DEVIDA salta por todos lados: ha perdido el peso político que tenía antes, se ha burocratizado y sus acciones en las áreas cocaleras casi han desaparecido. Sólo en su sede en Lima tiene casi un centenar de funcionarios (7 de ellos abogados). Por el contrario, de sus 12 sedes en zonas cocaleras sólo quedan tres.

Los fondos aportados por la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos a través de AID, escasean cada vez más y los millones de soles asignados por el Estado para los Proyectos de Impacto Rápido (PIR) son devorados por la espesa capa de intermediarios haciendo que, gracias al efecto “cascada”, de cada 100 soles sólo llegue al campesino beneficiario en el mejor de los casos 20 soles.

La triunfalista campaña del “milagro sanmartinense” logrado supuestamente con el desarrollo alternativo en la Alta Amazonía no puede tapar la crisis de una institución que requiere un cambio de emergencia.

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/la-urgente-reingenieria-de-devida_46634.html

Gobierno de Alan García vulnera libertad de expresión: Caso Diario La Primera.

Sentencia contra el periodista Efraín Rúa es seriamente cuestionada.

“El director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, dijo que estudiarán el contenido del fallo de la jueza Irma Simeón, para luego proceder a emitir un pronunciamiento en el transcurso de la semana para difundirlo a nivel nacional e internacional”. Foto: El Mercurio.

Aclara. Para el abogado del IDL, el periodista Efraín Rúa lo único que hizo es correr traslado de la denuncia de los comuneros y eso no reviste ningún delito. Además, el caso debe ser visto por la OCMA, ya que es claro que el juez se parcializó.

DETALLE

La sentencia expedida por la jueza Irma Simeón Velasco condena al periodista a dos años de prisión suspendida y al pago de cinco mil soles por el supuesto delito de difamación en agravio del hijo del presidente Alan García, Alan Simón García Nores.

Las presiones del gobierno del presidente García estarían detrás de la “atípica y equivocada” sentencia expedida por el 54 Juzgado Penal de Lima contra el periodista Efraín Rúa, afirmó la directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León.

“Dónde se ha visto que una jueza, por un lado, con los mismos argumentos, absuelva al director del diario, César Levano; y por el otro, sentencie a Efraín Rúa”, preguntó.

Kela León manifestó que las rectificatorias publicadas por LA PRIMERA no son a nombre propio y no se hacen a nombre personal del director.

Luego de rechazar el fallo de la jueza que calificó de injusto, mostró su confianza en que la Corte Superior de Lima enmendará este grave error contra el autor del libro “El crimen de La Cantuta”.

Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana.

“También me parece que existe cierta presión por parte del hijo del presidente García, Alan Simón García Nores, quien querelló al hombre de prensa, pero hay que tener presente que el presidente de la República y su familia en todas partes del mundo son objeto del escrutinio de la prensa”, dijo.

El secretario ejecutivo de APRODEH, Miguel Jugo, dijo que la jueza Irma Simeón cometió una arbitrariedad al sentenciar sin pruebas al hombre de prensa.

“La magistrada no tuvo en cuenta que el periodista denunció un hecho que es de pleno conocimiento de los pobladores de San Pedro de Lloc. Ahora será la Corte Superior de Lima la que deberá definir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Efraín Rúa, porque de lo contrario marcaría un pésimo precedente para la libertad de prensa. Vivimos en un país democrático que respeta la libertad de prensa”, replicó.

Antonio Salazar del IDL, manifestó que este es un caso que atenta contra la libertad de prensa, ya que no existe difamación contra el hijo del presidente Alan García.

“El periodista lo único que hace es transmitir la denuncia de los comuneros y eso no reviste ningún delito. Este caso deberá ser visto por la OCMA, ya que está claro que el juez se parcializó para un solo lado”, señaló.

En tanto, el director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, dijo que estudiarán el contenido del fallo de la jueza Irma Simeón, para luego proceder a emitir un pronunciamiento en el transcurso de la semana para difundirlo a nivel nacional e internacional.

César Ascues.
Redacción

Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=46620

Gobierno de Alan García vulnera libertad de expresión: Caso Radio La Voz de Bagua

“El Consejo Directivo del IPYS condena una nueva arbitrariedad cometida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contra Radio La Voz de Bagua, a la que por razones políticas en junio pasado canceló la licencia de funcionamiento mediante un acto administrativo ilegal, como informó el IPYS ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.” Foto CNR.

La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de quitar la licencia a Radio La Voz de Bagua (Amazonas) es una clara advertencia para aquellos medios de comunicación que pretendan "salirse de la línea" y cuestionar al gobierno central, sostuvo Jaime Cisneros, integrante del consejo consultivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

A través de la CNR, Cisneros resaltó que el caso de la emisora amazonense pone en evidencia la preocupación del Ejecutivo por las radios en provincias, que son numerosas y poderosas en términos de alcance regional, y donde paralelamente hay muchos intereses en juego.

Indicó que los abogados de Radio La Voz han agotado la vía administrativa para que el Estado dé marcha atrás en su resolución, asumida a mediados de junio último, de cancelar la licencia a la emisora bajo el argumento de la homologación de sus equipos.

Agregó que pese a que la radio ha cumplido con seguir los canales regulares para gestionar su pedido de reposición, el portafolio encabezado por Enrique Cornejo opta por el silencio.

"Las autoridades no se han rectificado en el retiro de licencia (...) Consideramos que se trata de una medida arbitraria e ilegal porque las autoridades (del MTC) no han sabido fundamentarla", anotó.

Sin embargo, Cisneros dijo que la negativa del MTC a rectificarse abre un abanico de posibilidad para que el IPYS llame la atención de la opinión pública en este caso, el cual dijo mancha la trayectoria de libertad de expresión del régimen de turno.

En ese sentido, resaltó que cada vez más medios de comunicación toman conciencia de las implicancias de la situación que atraviesa Radio La Voz y asumen una postura solidaria.

Por último, adelantó que, si el MTC se pronuncia en contra del pedido formulado por la estación radial, el IPYS evaluaría acciones institucionales a nivel nacional y regional. "Lamentablemente, (este caso) coloca al Perú en una esfera cuyo ámbito es muy negativo para la libertad de expresión", concluyó.

Cabe recordar que, este sábado, el IPYS divulgó un comunicado donde afirma que el caso de Radio La Voz de Bagua configura "una manifiesto caso de atentado contra la libertad de expresión" la cual está protegida por la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"En tal sentido, el IPYS rechaza la cancelación de la autorización (de funcionamiento de la radio), exhorta al MTC a restituirla a la brevedad y acompañará al medio en todas las reclamaciones y denuncias necesarias para la restitución de su derecho", concluye el documento. (Con información CNR).

COMUNICADO INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD.

Edmundo Cruz Vílchez director del IPYS que en conjunto con el Consejo Directivo fijaron posición en torno a la amenaza que se cierne sobre los medios y periodistas independientes. Foto La República.

1. El Consejo Directivo del IPYS condena una nueva arbitrariedad cometida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contra Radio La Voz de Bagua, a la que por razones políticas en junio pasado canceló la licencia de funcionamiento mediante un acto administrativo ilegal, como informó el IPYS ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.

2. En efecto, el 15 de septiembre pasado, el MTC denegó a Radio La Voz de Bagua su solicitud de homologación presentada en febrero del 2009, con el argumento de que no cuenta con autorización. Sin embargo, dicha autorización fue denegada por el propio ministerio en junio del 2009, para lo cual invocó precisamente la falta de homologación que se encontraba en trámite y que desde hacía cuatro meses no cumplía con atender.

3. Respecto de los antecedentes de este caso, deseamos puntualizar que:

• El MTC no ha demostrado mínimamente la legalidad de las razones que expuso el 8 de junio del 2009 para cancelar la autorización de Radio La Voz de Bagua, siendo evidente que carece de argumentos jurídicos consistentes para fundamentar dicha decisión.

• El MTC tampoco resolvió en el plazo legal, el recurso de reconsideración formulado por la defensa de Radio La Voz de Bagua contra la cancelación de su autorización. Y a la fecha, tampoco resuelve el recurso de apelación presentado el 25 de agosto del 2009 ante su anterior omisión de respuesta.

• Contrariamente a esta conducta omisiva, desde el mes de julio a la fecha, Radio La Voz de Bagua recibió cuatro notificaciones del MTC: dos requerimientos de pago de multas por hechos ocurridos entre el año 2005 y 2007, el inicio de un procedimiento sancionador por unos hechos subsanados por el medio en marzo del 2009, y la denegatoria de su solicitud de homologación antes señalada.

4. Los desaciertos y arbitrariedades que se vienen verificando contra Radio La Voz de Bagua por parte del MTC, confirman que tienen como origen la falsa atribución pública a este medio por parte de diversos representantes del gobierno, de haber difundido contenidos que incitaron a la comisión de los hechos violentos en la ciudad de Bagua el 5 de junio del 2009.

5. Esta imputación no sólo ha sido negada por los representantes de Radio La Voz de Bagua, sino que hasta la fecha ningún representante gubernamental ha demostrado la veracidad de esta acusación. En todo caso, no es legalmente posible cancelar administrativamente a un medio por discrepar con los contenidos que emite.

6. Para el IPYS lo que viene sucediendo con Radio La Voz de Bagua constituye un manifiesto caso de atentado contra la libertad de expresión, que califica como el abuso de controles oficiales y que se encuentra prohibido por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tal sentido, el IPYS rechaza la cancelación de su autorización, exhorta al MTC ha restituirla a la brevedad, y acompañará al medio en todas las reclamaciones y denuncias necesarias para la restitución de su derecho.

Mirko Lauer (Presidente); Mabel Cáceres, Augusto Álvarez Rodrich, Luis Jaime Cisneros, Rosa María Palacios, Edmundo Cruz, Carlos Basombrío. Lima 19/09/09.