domingo, 27 de septiembre de 2009

Corrupción en el mercado persa: Allison la joyita de Alan García.

Allison es una joyita. Más antecedentes del ministro que el presidente Alan García mantiene en agonía.

El ministro renunciante dijo que siempre trabajó por los ‘pobres’, pero la realidad parece ser otra y no la pudo ocultar. Una raya más al gobierno aprista de Alan García. Foto La Primera.

Documento que demuestra la forma en que se evadía los impuestos que debían de ingresar a la Sunat.

En el 2002, el abogado Allison actuó como representante de Indecopi en la defensa de un grupo de 30 funcionarios de esa institución involucrados en un caso de fabricación de deuda fraudulenta, por un monto de 35 millones de dólares.

No sólo es tan descuidado como para asesorar a una empresa de chuponeadores (Business Track), sin enterarse de lo que hacía, y para pensar que este antecedente no era relevante a la hora de aceptar el cargo de ministro de Vivienda, cinco meses después de la detención de todos sus asesorados, sino que, de acuerdo con sus antecedentes, ha estado involucrado en operaciones contra la ley literalmente desde que era chico. En efecto, el discutido ministro Allison no empezó su carrera de abogado de causas oscuras con el comandante Carlos Tomassio y el almirante Manuel Elías Ponce Feijóo.

En fecha tan lejana como 1995, un joven Francis James Allison era practicante de derecho en el Estudio de Pedro Schulz y, según su propia manifestación, “en el desempeño de tal cargo participó en la formulación de contratos, en su mayoría ficticios, los mismos que se efectuaban con el objeto de aparentar transacciones comerciales cuyas facturas generaban un crédito fiscal ilegal…”.

Y agrega que estas transacciones ilegales las efectuaba “por orden de Pedro Schulz a través de Segundo Gonzales Cachay, quien señalaba los detalles y montos a consignar en los mismos”.

Es decir, recién salidito de la universidad, el hoy ministro de Vivienda era experto ya en falsificación de facturas para estafar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Es lo que aparece en la denuncia ante el fiscal provincial realizada por la Sunat del 23 de abril de 2003, contra diversas personas por diversos delitos tributarios.

Y como bien asegura en su propia declaración, el ministro Allison lo hacía porque se lo ordenaban, que eso era lo que había aprendido en sus cursos universitarios.

Indecopi

En el 2002, el abogado Allison actuó como representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en la defensa de un grupo de 30 funcionarios de esa institución involucrados en un caso de fabricación de deuda fraudulenta, por un monto de 35 millones de dólares. En este caso específico, Allison estaba obligado a actuar investigando la denuncia que venía desde finales de los años 90, y advertir si los involucrados habían actuado en forma dolosa.

Pero lo que hizo fue lo contrario. Presumiendo que su deber era defender a sus colegas como si se tratara de una cofradía o una banda, Allison contestó la denuncia señalándola como una calumnia. Este caso fue investigado por la Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción de la Década 1990 al 2000, presidida por el congresista Ernesto Herrera, que concluyó en que “Algunos funcionarios de Indecopi en uso de los vacíos de la legislación, no fiscalizaron adecuadamente algunos procesos de reestructuración ni realizaron las respetivas denuncias penales o administrativas correspondientes, permitiendo hechos impunes que perjudicaron a una de las partes implicadas. Así se permitió la generación de deuda fraudulenta en los procesos concursales de AEROPERÚ y VISTA FLORIDA”.

Posteriormente, Indecopi admitió que había habido un manejo doloso y que la deuda inventada nunca existió. Pero a pesar de todas las evidencias que comprometían a personajes tan notorios como el hombre de confianza del presidente Toledo, César Almeida; al que más tarde sería ministro de ese mismo gobierno, Fernando Zavala, y al hoy ministro del APRA, Francis Allison, el fiscal Óscar Zevallos Palomino de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, ha mantenido congelado el caso durante cinco años, lo que permite suponer que poderosos intereses protegen a los implicados.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


Tomado de:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=47087

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