Escrito por elmercuriodigital
FIDH y OMCT alertan sobre la situación de los defensores de derechos humanos, denuncian la impunidad del Gobierno ante los casos de violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros, la necesidad de tomar medidas complementarias para reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, han expresado "gran preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, que siguieron desenvolviéndose desde principios de 2009 en un clima adverso y arriesgado, con pocos cambios con respecto al año 2008".
Durante 2008 y 2009, la población colombiana ha seguido sufriendo las consecuencias del conflicto armado interno que asola al país desde hace más de 40 años y los diferentes actores del conflicto - las fuerzas regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y la guerrilla- han continuado violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario bajo la forma de, entre otros, crímenes de carácter internacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y secuestros, en contra de la población civil.
En lo referente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), éstas parecen haberse debilitado debido a varias operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército y que resultaron en la captura o la ejecución de algunos de sus miembros más importantes. Sin embargo, las FARC no han cesado sus violaciones al derecho internacional humanitario muy especialmente entre las comunidades rurales y han sido las protagonistas de más de una crisis diplomática en la región, lo que demuestra su capacidad de incidencia internacional. Por otra parte, el Gobierno no debe subestimar la adaptabilidad de esta guerrilla, que aún mantiene su estructura organizativa y su potencial de acción.
Con respecto a los grupos paramilitares, si bien desde el año 2001 se han producido más de 30,000 desmovilizaciones de miembros de estos grupos, el proceso de desmovilización impulsado a través de la Ley de Justicia y Paz ha sido un fracaso en sus objetivos de paz y en la consagración de la impunidad de muchos crímenes internacionales cometidos por estas bandas. En este sentido, durante su visita a Colombia en octubre de 2008, la Sra. Pillay (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) exhortó al gobierno de ese país a que evitara toda amnistía de facto por violaciones a los derechos humanos y a asegurar que los derechos de las víctimas permanezcan en el centro de cualquier política de desmovilización. Además, la ligereza del mecanismo de desmovilización previsto por la Ley de Justicia y Paz ha facilitado que los paramilitares hayan vuelto a tomar las armas. Así, se ha detectado que ciertos paramilitares "desmovilizados" participan a la cabeza de "nuevos" grupos que operan en las mismas regiones y con los mismos métodos que antes de las desmovilizaciones.
Por otra parte, a finales de septiembre de 2008, salió a la luz que la fuerza pública estaba realizando ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de bajos recursos con el fin de presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Esta modalidad, conocida comúnmente como "los falsos positivos", se inscribe en el marco de la política de "seguridad democrática" impulsada por el Presidente Uribe para combatir a la guerrilla y que incluye un sistema de estímulos a los militares en función del número de bajas de presuntos guerrilleros. El propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Sr. Philip Alston, ha señalado durante su visita a Colombia en junio de este año, que estas ejecuciones no son simplemente perpetradas por algunas "manzanas podridas" como quiere hacer creer el Gobierno, sino que las pruebas demuestran que se trata de una práctica más o menos sistemática cometida por un número significativo de miembros del Ejército y que los casos conocidos y mediáticos de septiembre de 2008 no son sino la punta del iceberg de un hecho que viene sucediendo desde hace años. A raíz de estas revelaciones, fue abierta una investigación y a finales de 2008, cerca de cuarenta militares fueron destituidos, pero muy pocos han sido procesados judicialmente y la cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, tal y ha destacado Philip Alston. Una de las consecuencias más graves del conflicto armado interno es el desplazamiento. Hacia finales de 2008, el Gobierno de Colombia había registrado más de 2,8 millones de desplazados internos en el país. Sin embargo, algunas ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que esta cifra es muy superior, sobrepasando los cuatro millones de personas desplazadas por el conflicto armado interno desde mediados de la década de los 80. CODHES afirmó en un reciente informe que el desplazamiento forzado se incrementó en un 24,47% con respecto a 2007. Según el mismo informe, durante 2008 se vieron obligados a desplazarse en Colombia al menos 76.172 núcleos familiares. Los indígenas, junto con las poblaciones afrocolombianas, son especialmente vulnerables a este fenómeno, y son además quienes más sufren las violaciones de sus derechos durante y tras el desplazamiento ya que se ven forzados a emigrar a las grandes urbes en donde han de renunciar a sus culturas y hábitos de vida.
La situación de los menores en este contexto es especialmente delicada: según un informe del Secretario General de Naciones Unidas, más de 11.000 niños participan en el conflicto armado. Son utilizados por los paramilitares y la guerrilla para fines informativos, transporte de material y mantenimiento de armas...Según las cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), entre el 7 de agosto de 2002 y el 26 de agosto de 2009, 2.737 menores se desmovilizaron individual y voluntariamente y se reincorporaron a la sociedad civil. Sin embargo, centenares de niños soldados habrían sido reenviados a sus casas por sus jefes, sin pasar por el proceso de reinserción y sin que el Estado colombiano les dé una protección y acompañamiento psicológico. Por otra parte, y a pesar de la publicación el 6 de marzo de 2007 de una directiva del Ministerio de Defensa prohibiendo la utilización de niños con fines de inteligencia, el Ejército continúa recurriendo a menores para estos fines y para actividades conexas.
"Todo esto prueba que, a pesar de negar la existencia de un conflicto armado por parte del Gobierno de Uribe, éste sigue presente y es cada vez más profundo y arraigado entre la sociedad colombiana", señala el informe.
En términos de justicia, hubo varios avances, como la detención y el inicio de procesos penales contra más de 80 miembros del Congreso de la República investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con el paramilitarismo. La gran mayoría de los congresistas investigados son miembros de la coalición pro-Uribe. Esta meritoria labor de la Corte, que ha permitido conocer la profunda infiltración de los grupos paramilitares en las más altas esferas del Estado colombiano, ha sido fuertemente descalificada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha intentado someter a la Corte a una sala del Consejo Superior de la Judicatura -políticamente ligado al Presidente y al Congreso-, introducir una doble instancia en caso de juzgamiento de los miembros del Congreso, quitar de su competencia las investigaciones penales contra los congresitas e introduicr nuevas reglas en materia de nominación y mandatos de los magistrados de la Corte Suprema.
En el seno de las Naciones Unidas, Colombia fue considerada en el marco del Examen Periódico Universal el 10 diciembre de 2008. Durante dicho examen fueron puestos de relieve, por parte de los Estados, temas que necesitan especial atención por parte del Gobierno colombiano tales como: la impunidad ante los casos de violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública ,de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros, la preocupante situación de los defensores de derechos humanos, la necesidad de tomar medidas complementarias para reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.
En ese contexto, los defensores de derechos humanos siguieron pagando en 2008 y 2009 un pesado tributo. Desde hace más de 20 años los defensores son víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, torturas, amenazas, desplazamientos forzados, señalamientos, detenciones y judicializaciones con escaso o nulo fundamento, destrucción de sedes, ataques a sedes con sustracción de documentación y material informático, y otras vulneraciones graves de los derechos humanos. Y todo esto a pesar del programa de protección del gobierno que prevé medidas logísticas de protección (oficinas blindadas, transportes, comunicaciones, escoltas). La falta de efectividad de ese programa se debe en parte al comportamiento hostil hacia los defensores por parte de militares de alto rango, así como por parte del gobierno y del mismo presidente Uribe, tal y como el Informe 2008 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Colombia señala por lo que los victimarios de estas violaciones son tanto el Estado como los grupos paramilitares afines o que se relacionan con ellos, y los grupos guerrilleros que operan en el país.
Además, este programa de protección de defensores y de evaluación de riesgos está sufriendo de una progresiva privatización. Así, la seguridad de los defensores está dejándose en manos de empresas privadas contratadas por las instituciones públicas, de manera que el Estado está dejando de brindar y cumplir con su obligación de protección (pública) de los defensores.
Tomado de:
http://elmercuriodigital.es/content/view/21774/290/
FIDH y OMCT alertan sobre la situación de los defensores de derechos humanos, denuncian la impunidad del Gobierno ante los casos de violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros, la necesidad de tomar medidas complementarias para reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, han expresado "gran preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, que siguieron desenvolviéndose desde principios de 2009 en un clima adverso y arriesgado, con pocos cambios con respecto al año 2008".Durante 2008 y 2009, la población colombiana ha seguido sufriendo las consecuencias del conflicto armado interno que asola al país desde hace más de 40 años y los diferentes actores del conflicto - las fuerzas regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y la guerrilla- han continuado violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario bajo la forma de, entre otros, crímenes de carácter internacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y secuestros, en contra de la población civil.
En lo referente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), éstas parecen haberse debilitado debido a varias operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército y que resultaron en la captura o la ejecución de algunos de sus miembros más importantes. Sin embargo, las FARC no han cesado sus violaciones al derecho internacional humanitario muy especialmente entre las comunidades rurales y han sido las protagonistas de más de una crisis diplomática en la región, lo que demuestra su capacidad de incidencia internacional. Por otra parte, el Gobierno no debe subestimar la adaptabilidad de esta guerrilla, que aún mantiene su estructura organizativa y su potencial de acción.
Con respecto a los grupos paramilitares, si bien desde el año 2001 se han producido más de 30,000 desmovilizaciones de miembros de estos grupos, el proceso de desmovilización impulsado a través de la Ley de Justicia y Paz ha sido un fracaso en sus objetivos de paz y en la consagración de la impunidad de muchos crímenes internacionales cometidos por estas bandas. En este sentido, durante su visita a Colombia en octubre de 2008, la Sra. Pillay (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) exhortó al gobierno de ese país a que evitara toda amnistía de facto por violaciones a los derechos humanos y a asegurar que los derechos de las víctimas permanezcan en el centro de cualquier política de desmovilización. Además, la ligereza del mecanismo de desmovilización previsto por la Ley de Justicia y Paz ha facilitado que los paramilitares hayan vuelto a tomar las armas. Así, se ha detectado que ciertos paramilitares "desmovilizados" participan a la cabeza de "nuevos" grupos que operan en las mismas regiones y con los mismos métodos que antes de las desmovilizaciones.
Por otra parte, a finales de septiembre de 2008, salió a la luz que la fuerza pública estaba realizando ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de bajos recursos con el fin de presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Esta modalidad, conocida comúnmente como "los falsos positivos", se inscribe en el marco de la política de "seguridad democrática" impulsada por el Presidente Uribe para combatir a la guerrilla y que incluye un sistema de estímulos a los militares en función del número de bajas de presuntos guerrilleros. El propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Sr. Philip Alston, ha señalado durante su visita a Colombia en junio de este año, que estas ejecuciones no son simplemente perpetradas por algunas "manzanas podridas" como quiere hacer creer el Gobierno, sino que las pruebas demuestran que se trata de una práctica más o menos sistemática cometida por un número significativo de miembros del Ejército y que los casos conocidos y mediáticos de septiembre de 2008 no son sino la punta del iceberg de un hecho que viene sucediendo desde hace años. A raíz de estas revelaciones, fue abierta una investigación y a finales de 2008, cerca de cuarenta militares fueron destituidos, pero muy pocos han sido procesados judicialmente y la cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, tal y ha destacado Philip Alston. Una de las consecuencias más graves del conflicto armado interno es el desplazamiento. Hacia finales de 2008, el Gobierno de Colombia había registrado más de 2,8 millones de desplazados internos en el país. Sin embargo, algunas ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que esta cifra es muy superior, sobrepasando los cuatro millones de personas desplazadas por el conflicto armado interno desde mediados de la década de los 80. CODHES afirmó en un reciente informe que el desplazamiento forzado se incrementó en un 24,47% con respecto a 2007. Según el mismo informe, durante 2008 se vieron obligados a desplazarse en Colombia al menos 76.172 núcleos familiares. Los indígenas, junto con las poblaciones afrocolombianas, son especialmente vulnerables a este fenómeno, y son además quienes más sufren las violaciones de sus derechos durante y tras el desplazamiento ya que se ven forzados a emigrar a las grandes urbes en donde han de renunciar a sus culturas y hábitos de vida.
La situación de los menores en este contexto es especialmente delicada: según un informe del Secretario General de Naciones Unidas, más de 11.000 niños participan en el conflicto armado. Son utilizados por los paramilitares y la guerrilla para fines informativos, transporte de material y mantenimiento de armas...Según las cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), entre el 7 de agosto de 2002 y el 26 de agosto de 2009, 2.737 menores se desmovilizaron individual y voluntariamente y se reincorporaron a la sociedad civil. Sin embargo, centenares de niños soldados habrían sido reenviados a sus casas por sus jefes, sin pasar por el proceso de reinserción y sin que el Estado colombiano les dé una protección y acompañamiento psicológico. Por otra parte, y a pesar de la publicación el 6 de marzo de 2007 de una directiva del Ministerio de Defensa prohibiendo la utilización de niños con fines de inteligencia, el Ejército continúa recurriendo a menores para estos fines y para actividades conexas.
"Todo esto prueba que, a pesar de negar la existencia de un conflicto armado por parte del Gobierno de Uribe, éste sigue presente y es cada vez más profundo y arraigado entre la sociedad colombiana", señala el informe.
En términos de justicia, hubo varios avances, como la detención y el inicio de procesos penales contra más de 80 miembros del Congreso de la República investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con el paramilitarismo. La gran mayoría de los congresistas investigados son miembros de la coalición pro-Uribe. Esta meritoria labor de la Corte, que ha permitido conocer la profunda infiltración de los grupos paramilitares en las más altas esferas del Estado colombiano, ha sido fuertemente descalificada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha intentado someter a la Corte a una sala del Consejo Superior de la Judicatura -políticamente ligado al Presidente y al Congreso-, introducir una doble instancia en caso de juzgamiento de los miembros del Congreso, quitar de su competencia las investigaciones penales contra los congresitas e introduicr nuevas reglas en materia de nominación y mandatos de los magistrados de la Corte Suprema.
En el seno de las Naciones Unidas, Colombia fue considerada en el marco del Examen Periódico Universal el 10 diciembre de 2008. Durante dicho examen fueron puestos de relieve, por parte de los Estados, temas que necesitan especial atención por parte del Gobierno colombiano tales como: la impunidad ante los casos de violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública ,de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros, la preocupante situación de los defensores de derechos humanos, la necesidad de tomar medidas complementarias para reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.
En ese contexto, los defensores de derechos humanos siguieron pagando en 2008 y 2009 un pesado tributo. Desde hace más de 20 años los defensores son víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, torturas, amenazas, desplazamientos forzados, señalamientos, detenciones y judicializaciones con escaso o nulo fundamento, destrucción de sedes, ataques a sedes con sustracción de documentación y material informático, y otras vulneraciones graves de los derechos humanos. Y todo esto a pesar del programa de protección del gobierno que prevé medidas logísticas de protección (oficinas blindadas, transportes, comunicaciones, escoltas). La falta de efectividad de ese programa se debe en parte al comportamiento hostil hacia los defensores por parte de militares de alto rango, así como por parte del gobierno y del mismo presidente Uribe, tal y como el Informe 2008 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Colombia señala por lo que los victimarios de estas violaciones son tanto el Estado como los grupos paramilitares afines o que se relacionan con ellos, y los grupos guerrilleros que operan en el país.
Además, este programa de protección de defensores y de evaluación de riesgos está sufriendo de una progresiva privatización. Así, la seguridad de los defensores está dejándose en manos de empresas privadas contratadas por las instituciones públicas, de manera que el Estado está dejando de brindar y cumplir con su obligación de protección (pública) de los defensores.
Tomado de:
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