Entrevista: El Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, dice que no hay manera de medir la verdadera magnitud de la corrupción en Colombia.
Foto: Óscar Enrique Ortiz González, Zar Anticorrupción. Colprensa / El País
¿Cuál es su percepción sobre el fenómeno de la corrupción?
La corrupción es un fenómeno absolutamente grave. Cuando se habla de corrupción no solo se habla de dineros públicos, sino del costo para la legitimidad de las instituciones. Así como organizaciones ilegales atacan al Estado desde afuera, el ataque también es interno. Si no tenemos un sistema inmunológico con variables jurídicas, culturales y éticas, la corrupción equivaldría como a un sida para el Estado.
¿Y es que es muy grave la situación colombiana?
En Colombia ese fenómeno es más grave porque va acompañado de servidores públicos de elección popular que en lugar de confrontar las organizaciones ilegales se pusieron a su servicio. Ese tipo de funcionario se convierte en un traidor que debería tener la más alta sanción jurídica, política y ética.
Esas personas son tan indeseables que fueron quienes corrompieron a las organizaciones al margen de la ley e, incluso, a algunos narcotraficantes, porque no sólo les mostraron cómo se puede evitar que el Estado las combata sino que además les mostraron cómo usar el Estado para enriquecerse aún más.
¿De cuántos tipos de corrupción puede hablarse?
Hay de diferentes ámbitos en los distintos niveles del Estado. Hay empresas particulares que violan la ley sin tener que entrar en contacto con el Estado, hay conductas entre particulares que lesionan el interés público, y de ahí en adelante todas las combinaciones posibles.
¿Cuánto le cuesta la corrupción al Estado colombiano?
No tenemos una valoración total porque hay un alto margen de impunidad. Hay mucha corrupción y poco corrupto: muchas denuncias, pero pocos condenados. Hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12,9%. Al aplicar ese porcentaje al Presupuesto de Inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es $3,9 billones a precios reales de hoy.
"Valdría la pena abrir la discusión sobre la conexidad real entre el hurto de bienes y recursos públicos con la pérdida de vidas humanas. No es una figura literaria sino que debería llevarse al campo penal”.
¿Cuáles sectores son los más vulnerables?
Sin querer macartizar a nadie, en los entes territoriales es más vulnerable la contratación en acueducto, alcantarillado, salud. Por eso estamos reforzando los mecanismos de control a los recursos que se giran para los planes departamentales de agua.
¿Su despacho cuántas denuncias por corrupción maneja?
Nos llegan miles de denuncias al año. En 2008 llegaron unas 7000 informaciones. Claro, hay que depurarlas, no todas llegan con soporte, otras vienen muy sustentadas.
¿Su oficina sí tiene dientes para luchar contra la corrupción?
Si me pregunta por nuestra capacidad para proferir sanciones, pues no tenemos dientes. Esa función es del Ejecutivo y de los organismos judiciales. Este es un organismo veedor que colabora con los organismos de control y de investigación para facilitarles su tarea para que impongan las sanciones que correspondan en cada caso.
El ex fiscal Iguarán dijo que la corrupción debería juzgarse como un homicidio. ¿Está de acuerdo?
Usualmente se asocia la corrupción con el hurto. Pero en muchos casos la sustracción de bienes o servicios a través de mala contratación, pueden terminar en homicidio: casas mal hechas, centros de salud sin dotación, el ‘paseo de la muerte’, pésima alimentación para los niños. En esos casos la corrupción termina no en el simple hurto de dineros público, sino en homicidio, a veces de muchas personas.
En sus propias palabras
"Este programa es mueco, pero no tonto. Estamos impulsando el ‘reality de la democracia’: que las sesiones de concejos y asambleas sean transmitidas en directo por internet”.
Óscar Ortíz G., Zar Anticorrupción.
Tomado de:
http://www.elpais.com.co/historico/sep062009/NAL/corrup2.html
¿Cuál es su percepción sobre el fenómeno de la corrupción?La corrupción es un fenómeno absolutamente grave. Cuando se habla de corrupción no solo se habla de dineros públicos, sino del costo para la legitimidad de las instituciones. Así como organizaciones ilegales atacan al Estado desde afuera, el ataque también es interno. Si no tenemos un sistema inmunológico con variables jurídicas, culturales y éticas, la corrupción equivaldría como a un sida para el Estado.
¿Y es que es muy grave la situación colombiana?
En Colombia ese fenómeno es más grave porque va acompañado de servidores públicos de elección popular que en lugar de confrontar las organizaciones ilegales se pusieron a su servicio. Ese tipo de funcionario se convierte en un traidor que debería tener la más alta sanción jurídica, política y ética.
Esas personas son tan indeseables que fueron quienes corrompieron a las organizaciones al margen de la ley e, incluso, a algunos narcotraficantes, porque no sólo les mostraron cómo se puede evitar que el Estado las combata sino que además les mostraron cómo usar el Estado para enriquecerse aún más.
¿De cuántos tipos de corrupción puede hablarse?
Hay de diferentes ámbitos en los distintos niveles del Estado. Hay empresas particulares que violan la ley sin tener que entrar en contacto con el Estado, hay conductas entre particulares que lesionan el interés público, y de ahí en adelante todas las combinaciones posibles.
¿Cuánto le cuesta la corrupción al Estado colombiano?
No tenemos una valoración total porque hay un alto margen de impunidad. Hay mucha corrupción y poco corrupto: muchas denuncias, pero pocos condenados. Hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12,9%. Al aplicar ese porcentaje al Presupuesto de Inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es $3,9 billones a precios reales de hoy.
"Valdría la pena abrir la discusión sobre la conexidad real entre el hurto de bienes y recursos públicos con la pérdida de vidas humanas. No es una figura literaria sino que debería llevarse al campo penal”.
¿Cuáles sectores son los más vulnerables?
Sin querer macartizar a nadie, en los entes territoriales es más vulnerable la contratación en acueducto, alcantarillado, salud. Por eso estamos reforzando los mecanismos de control a los recursos que se giran para los planes departamentales de agua.
¿Su despacho cuántas denuncias por corrupción maneja?
Nos llegan miles de denuncias al año. En 2008 llegaron unas 7000 informaciones. Claro, hay que depurarlas, no todas llegan con soporte, otras vienen muy sustentadas.
¿Su oficina sí tiene dientes para luchar contra la corrupción?
Si me pregunta por nuestra capacidad para proferir sanciones, pues no tenemos dientes. Esa función es del Ejecutivo y de los organismos judiciales. Este es un organismo veedor que colabora con los organismos de control y de investigación para facilitarles su tarea para que impongan las sanciones que correspondan en cada caso.
El ex fiscal Iguarán dijo que la corrupción debería juzgarse como un homicidio. ¿Está de acuerdo?
Usualmente se asocia la corrupción con el hurto. Pero en muchos casos la sustracción de bienes o servicios a través de mala contratación, pueden terminar en homicidio: casas mal hechas, centros de salud sin dotación, el ‘paseo de la muerte’, pésima alimentación para los niños. En esos casos la corrupción termina no en el simple hurto de dineros público, sino en homicidio, a veces de muchas personas.
En sus propias palabras
"Este programa es mueco, pero no tonto. Estamos impulsando el ‘reality de la democracia’: que las sesiones de concejos y asambleas sean transmitidas en directo por internet”.
Óscar Ortíz G., Zar Anticorrupción.
Tomado de:
http://www.elpais.com.co/historico/sep062009/NAL/corrup2.html
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