miércoles, 27 de agosto de 2008

Estela Trágica: Tras las Huellas del Poder

El siguiente texto corresponde al capítulo I (página 11) del libro “La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytia” publicada en enero de 2007. Su reproducción busca dar a conocer “Un proceso de extrema violencia que tenía las características de “estallido social” acompañado de “rituales sangrientos” que fue la causante de miles de muertes, cientos de desapariciones, innumerables torturas y otras graves formas de violación a los derechos humanos, que tuvieron efecto directo en el incremento de la pobreza, lesiva impunidad, creciente corrupción y prolongada exclusión social; que dio origen a la “cultura de la violencia”:

La violencia del periodo 1974-2004, por la toma del poder y en defensa del poder, generada en parte por un grupo político organizado y el propio Estado, es sin duda, la tragedia social, política y económica de mayor impacto negativo en la corta historia de los departamentos de: Huánuco, San Martín y Ucayali. Donde a diferencia de otras zonas del país, se produjeron múltiples sucesos ejecutados por el narcotráfico, la subversión armada, la contrasubversión y las operaciones anti narcóticos; a los que se sumaron grupos de paramilitares, la delincuencia común y la corrupción del Estado. Otro sector no menos importante en la prolongada confrontación, lo constituyeron los campesinos afectados por la represión a los cultivos de coca y calificados como narcoterroristas. Ayer como hoy, las acciones de reivindicación social fueron sindicadas por el burocratismo gubernamental y un sector de la prensa de estar alentadas o manipuladas por narcotraficantes y subversivos. La excepción no hace la regla.

Este proceso de extrema violencia que tenía las características de un “estallido social” acompañado de “rituales sangrientos” fue la causante de miles de muertes, cientos de desapariciones, innumerables torturas y otras graves formas de violación a los derechos humanos, que tuvieron efecto directo en el incremento de la pobreza, lesiva impunidad, creciente corrupción y prolongada exclusión social; que dio origen a la “cultura de la violencia”, que se constituye hoy en seria amenaza para un pueblo golpeado que intenta restañar sus heridas y voltear la página.

Luego que en 1981 SL inicia su accionar violento, en 1984, al declararse el estado de emergencia en Huánuco y San Martín, se autoriza la intervención de las fuerzas armadas, con desacertada estrategia y pobre logística, reprimieron sin contemplaciones (asesinatos, desapariciones y torturas) a Sendero Luminoso, diezmándole militarmente, lo que fue reconocido por líderes del grupo subversivo. Pero, inexplicablemente, en diciembre de 1985, se ordenó levantar el estado de emergencia con el encuartelamiento de los militares y restituir a la Policía (Umopar, PIP, Guardia Republicana) la tarea de combatir a los subversivos –no obstante haber sido superados al inicio- dándoles así indirectamente la oportunidad de recomponerse y aplicar mayor fuerza a sus planes sediciosos, al extremo que en el periodo 1,987-1,994, el accionar subversivo y contra subversivo y el incremento del tráfico ilícito de drogas, fue espectacular.

A partir de 1,986, el Sendero Luminoso revolucionario, se involucra plenamente con el narcotráfico al cobrar “cupos” por la producción y comercialización de la droga, siguiendo el antecedente de las FARC de Colombia y a cometer excesos contra la población, lo que al final le significó perdida de sustento social y derrota militar. Establecer alianzas con los carteles de la droga fue un grave error que destruyó la concepción política de la “lucha armada”.

Los integrantes de las fuerzas contrasubversivas harían lo mismo, resaltando por escandalosa la participación de Vladimiro Montesinos en aparente contubernio con Alberto Kenya Fujimori.

En 1989, se crea “El Comando Político Militar del Huallaga” su primer jefe el General Alberto Arciniegas Huby, fue presentado y juramentado por el presidente de la república en la plaza de armas de Uchiza, a partir de entonces -en versión de los moradores y autoridades locales- la alta autoridad de la nación visitaría varias veces las ciudades de Tocache y Uchiza, a veces junto a periodistas, según se dijo entonces para respaldar la “estrategia” de Arciniegas. También Fujimori, visitaría Tingo María, Uchiza, Aucayacu, Aguaytia entre otros lugares desde 1991, cuando declaró “interlocutores válidos” a los cocaleros del Alto Huallaga. En esta región se ha encontrado evidencias y pruebas, que implicaban a casi todos los jefes policiales y militares, autoridades y funcionarios públicos de todo nivel; jueces y fiscales en actos de corrupción (colusión con el narcotráfico), excesos y abuso de autoridad que permitieron la estrategia de “tierra arrasada”, y el asesinato de centenares de presuntos subversivos aplicando la táctica de los “bombardeos” para destruir a pueblos enteros considerados como bastiones del senderismo. ¿Lo fueron?

El 9 de abril de 1992, con el decreto Ley 25426, el gobierno declaró en estado de emergencia a todos los aeropuertos y aeródromos existentes en la región Huallaga y donde se sembraba coca, encargándose a la Fuerza Área del Perú- FAP, a asumir el control de los mismos, para interceptar a las naves nacionales y extranjeras e inclusive con la orden de derribarlas si se negaban al aterrizaje (en esta tarea fueron derribadas o destruidas en tierra no menos de 20 avionetas, con tripulación y pasajeros incluidos). Las fuerzas armadas (Ejercito Peruano, Marina de Guerra, Fuerza Área) resultaron gravemente afectadas al ser alcanzadas por el efecto corruptor del narcotráfico que melló su solvencia moral y profesional, determinando que varios militares enmarcados en el delito sean juzgados en prisión o como reos ausentes.

En algún momento se determinará la responsabilidad política y criminal por los hechos ocurridos en el Huallaga, Aguaytia y Monzón, basándose en la información y testimonios existentes, entonces en orden de prioridad podrían ubicarse en: primer lugar Sendero Luminoso; segundo lugar, el MRTA; tercer lugar, Alberto Fujimori y la dupla Montesinos-Hermosa; cuarto lugar, Alan García y Agustín Mantilla; y quinto lugar, Fernando Belaunde y varios de sus políticos y militares.

Pero, si se considerarían: los vínculos con el narcotráfico, el tráfico de armas, la apropiación de presupuestos destinados a la lucha contrasubversiva, la utilización de escuadrones de la muerte, el manejo político de la guerra interna con objetivos de perpetuación en el poder, el sometimiento a periodistas y medios de comunicación, etc, entonces: Sendero Luminoso ocuparía el primer lugar, el gobierno de Fujimori-Montesinos-Hermoza, el segundo; el tercero Alan García-Agustín Mantilla, el cuarto el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y quinto el gobierno de Fernando Belaunde y algunos de sus políticos involucrados en sonados casos de masacres y tráfico ilícito de drogas. El sexto lo ocuparía Francisco Morales por no haber detectado el surgimiento de SL.

Este supuesto ranking de los perpetradores de los derechos humanos y otros delitos cometidos, estaría basada en la percepción de los afectados, que fijarían posición distinta entre los que iniciaron y quienes lucharon por aplacar el proceso violentista.

Por otra parte, después de 25 años del inicio de la violencia política y criminal en el Perú, es muy poco lo que el Estado hizo por proteger los derechos humanos de las poblaciones afectadas y menos por aplacar algo del enorme sufrimiento de miles de familias en cientos de comunidades. A tres años de entrega del informe final de la CVR, el gobierno se ha resistido en dar cumplimiento a las recomendaciones con relación a las indemnizaciones y sanciones; solo ha desembolsado varios cientos de miles de dólares para indemnizar a unas cuantas víctimas apoyados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pareciera no tener conciencia real del grado de afectación y del número de victimas y de los pocos recursos del Estado. Es cierto que se ha constituido una comisión de seguimiento a las conclusiones de la CVR, pero sin recursos importantes; que se han diseñado planes de desarrollo para los departamentos afectados, pero con pocos recursos adicionales y se busca concluir con un plan nacional de derechos humanos sustentado en paradigmas y utopías. Se ha asignado presupuesto insignificante para las reparaciones colectivas. En realidad muy poco, para lo que se necesita con urgencia.

No se llegó a degradar públicamente a los perpetradores de derechos humanos o corruptos de cuello blanco y son pocos los juicios que permitieron llevar a los tribunales a los autores de execrables excesos en la lucha subversiva y contrasubversiva. No existen sentencias importantes, mientras procuradores, jueces y fiscales juegan al gran bonetón respecto a competencias y avances. Y no se ha logrado la extradición del presunto jefe de la red mafiosa sin precedentes en la historia del país. Japón juega a cómplice de la corrupción e impunidad.

No pocos sostienen que el gobierno del presidente Toledo ha defraudado las expectativas de la población peruana, pues no ha puesto el empeño prometido en luchar contra la corrupción y la impunidad y eso es algo que deberá explicar en algún momento, pues el país debe ser informado si fue por negligencia o hubo complicidad con la delincuencia que pugna por evitar el castigo.

Los familiares de la victimas siguen esperando justicia con la sanción para los que asesinaron o desaparecieron, ayuda tangible para superar la miseria que les toca enfrentar. Pero es la falta de humanismo y la felonía de ciertos personajes de espaldas a la realidad del Perú, que lo impiden y contra ellos se debe luchar.

Aquellos que en un momento hicieron de las suyas pretenden negarlo todo con el cinismo a flor de piel. Los tontos útiles de ayer y de hoy que le hacen el juego al delito y apuntan a lograr la exculpación sin atenuantes, le hacen mucho daño al país. Por que mañana, es seguro, volverán a hacer lo mismo.

¡Esta terrible historia no debe repetirse jamás!

* Imágenes: 1) Desenterrando restos de la guerra sucia en Apiza. 2) Cadáveres de presuntos narcos sacados de la gran tumba colectiva: el río Huallaga. 3) La defensa de la coca frente a la arremetida del plan destructor. Fotos: Prensa Verde.

2 comentarios:

Alí dijo...

Saludos, muy interesante lo publicado y gracias por la información. Soy estudiante de psicología, natural de tocache y me interesa saber algo mas de la historia del Alto huallaga desde inicos de los ochenta o talvez antes, narcotrafico, terrorismo, etc. y veo que usted tiene información que me interesaria leer; por ello seria un gusto estar en contacto y compartir informacion.

atte. Alí Shupingahua Vargas
tokch_2008@hotmail.com

Anónimo dijo...

TELMO HURTADO HURTADO, UN MILITAR EJEMPLAR, OBEDIENTE DE LAS ORDENES SUPERIORES, NO CONTÓ CON UN "PADRINO", POR ESO LO OBLIGARON A DAR LA CARA POR EL SUCIO SISTEMA ANTITERRORISTA IMPERANTE EN ESA EPOCA,
FUERZA TELMO,
ERES UN VARON QUE DA LA CARA
RECIO EL CORAZON SIEMPRE¡¡¡

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