Preguntada la ministra Susana Pinilla por la colega Mariella Balbi acerca de la contratación del cuestionado Carlos Arana como responsable de Foncodes, siendo como es un hombre muy cercano al ex ministro Agustín Mantilla –quien cumplió prisión por haber recibido US$ 30,000 de manos de Montesinos (le pidió US$ 100,000)–, la ministra responde que a ella no le consta esa relación y que, en todo caso, "el doctor Mantilla es un hombre honorable".
Esta respuesta podría ser calificada de escandalosa si es que no fura sintomática de cuanto viene ocurriendo en un gobierno para el cual la corrupción –señalada como problema mayor en todas las encuestas de opinión– no merece particular acción de parte de las autoridades. El cierre de la Oficina Nacional Anticorrupción, nacida de un improntus presidencial y clausurada sin pena ni gloria un año después, es buena prueba de cuanto decimos.
La ministra Pinilla no es una improvisada en política y su trayectoria no permite disculparla por ingenuidad o desconocimiento. Sabe bien cuáles son los cargos que pesan contra Arana y ocurre lo mismo con aquellos por los cuales fue procesado y condenado Agustín Mantilla pero, por alguna razón –no queremos pensar que por ser ambos apristas–, se muestra contemporizadora con ellos.
Pero no es la única con mala memoria. También la totalidad de miembros del TC –con la honrosa excepción del magistrado César Landa– incurre en ella cuando, amparándose en que Ramiro de Valdivia no era vocal supremo cuando fue sancionado y apartado del PJ por el CNM, autoriza su reincorporación a la Corte Suprema. Ello a sabiendas de que De Valdivia enfrenta un proceso por haber formado parte del JNE que coordinó con Montesinos la re-reelección de Alberto Fujimori a partir de visitas regulares al SIN. Y es solo la falta de cupo en la Suprema –todas las vocalías están provistas– la que nos libra de tenerlo allí.
Los casos podrían seguir. Y ya que hemos mencionado al CNM, imposible olvidar el cambio de fallo de sus miembros para permitir el retorno del vocal Ángel Romero a la presidencia de la Corte Superior de Lima, pese a estar envuelto en un caso punible que le ha merecido una denuncia del BCR, institución perjudicada por un fallo que hubiese costado al ente emisor compensaciones por 60 millones a un grupo de ex funcionarios.
Somos un país cuyos responsables no escarmientan y acaban haciéndose la vista gorda ante casos comprobados de inconducta. Basta dejar pasar unos años, y aquellos envueltos en escándalos retornan, como si nada. Y los pocos que tienen el coraje de recordar y cuestionarlos son vistos como aguafiestas o bichos raros. Mientras esta actitud condescendiente siga, nuestras posibilidades de cambiar acabarán estrellándose contra quienes siguen viendo en el Estado una posibilidad de gollería o enriquecimiento fácil.
Imagen: Ministra Susana Pinilla. Fuente RPP.
Tomado de:
http://www.larepublica.com.pe/content/blogcategory/58/480/
Esta respuesta podría ser calificada de escandalosa si es que no fura sintomática de cuanto viene ocurriendo en un gobierno para el cual la corrupción –señalada como problema mayor en todas las encuestas de opinión– no merece particular acción de parte de las autoridades. El cierre de la Oficina Nacional Anticorrupción, nacida de un improntus presidencial y clausurada sin pena ni gloria un año después, es buena prueba de cuanto decimos.
La ministra Pinilla no es una improvisada en política y su trayectoria no permite disculparla por ingenuidad o desconocimiento. Sabe bien cuáles son los cargos que pesan contra Arana y ocurre lo mismo con aquellos por los cuales fue procesado y condenado Agustín Mantilla pero, por alguna razón –no queremos pensar que por ser ambos apristas–, se muestra contemporizadora con ellos.
Pero no es la única con mala memoria. También la totalidad de miembros del TC –con la honrosa excepción del magistrado César Landa– incurre en ella cuando, amparándose en que Ramiro de Valdivia no era vocal supremo cuando fue sancionado y apartado del PJ por el CNM, autoriza su reincorporación a la Corte Suprema. Ello a sabiendas de que De Valdivia enfrenta un proceso por haber formado parte del JNE que coordinó con Montesinos la re-reelección de Alberto Fujimori a partir de visitas regulares al SIN. Y es solo la falta de cupo en la Suprema –todas las vocalías están provistas– la que nos libra de tenerlo allí.
Los casos podrían seguir. Y ya que hemos mencionado al CNM, imposible olvidar el cambio de fallo de sus miembros para permitir el retorno del vocal Ángel Romero a la presidencia de la Corte Superior de Lima, pese a estar envuelto en un caso punible que le ha merecido una denuncia del BCR, institución perjudicada por un fallo que hubiese costado al ente emisor compensaciones por 60 millones a un grupo de ex funcionarios.
Somos un país cuyos responsables no escarmientan y acaban haciéndose la vista gorda ante casos comprobados de inconducta. Basta dejar pasar unos años, y aquellos envueltos en escándalos retornan, como si nada. Y los pocos que tienen el coraje de recordar y cuestionarlos son vistos como aguafiestas o bichos raros. Mientras esta actitud condescendiente siga, nuestras posibilidades de cambiar acabarán estrellándose contra quienes siguen viendo en el Estado una posibilidad de gollería o enriquecimiento fácil.
Imagen: Ministra Susana Pinilla. Fuente RPP.
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